Tras las elecciones: Guatepeor

GUATEMALA: CERCA DE 50 PERSONAS MUEREN EN LOS COMICIOS MÁS SANGRIENTOS DE LA HISTORIA DEL PAÍS

Por Decio Machado / Guatemala

Guatemala se prepara para la segunda vuelta en la pugna para las presidenciales. Corrupción, narcotráfico y paramilitarismo se afianzan en el país, mientras las opciones de izquierda quedan desarmadas.

Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el más votado en la primera vuelta con el 28%, y el ex militar ultraderechista Otto Pérez del Partido Patriota (PP), segundo con el 23%, aspiran a lograr la presidencia del Gobierno tras la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 4 de noviembre. Hasta el momento, Colom ha recibido el respaldo de una decena de alcaldes electos, mientras que Pérez ha sido apoyado por empresarios farmacéuticos y líderes evangélicos.

No obstante, los dos candidatos centran sus fuerzas en convencer al caudal de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), que quedó en tercer puesto en la lucha por la presidencial con el 17% de los votos. La romería hacia los alcaldes electos comenzó después de que el comité ejecutivo de la GANA dio “libertad” a sus simpatizantes al no decantarse por ningún candidato. GANA quedó en segundo lugar en las alcaldías, al ganar 78 de las 332 que se disputaron el 9 de septiembre.

Una jornada en teoría “limpia”
La totalidad de los observadores nacionales e internacionales presentes en el proceso electoral del 9 de septiembre han coincidido en destacar la “normalidad y eficiencia democrática” con la que se celebraron los comicios y felicitar al actual Gobierno de Óscar Berger por ello.

Sin embargo, Orlando Amado, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), denuncia lo siguiente a DIAGONAL: “El proceso electoral en Guatemala lleva más de 50 años siendo una farsa: durante la dictadura militar votaban hasta los muertos, ahora compran el voto en barriadas enteras por lo que apenas viene a significar dos platos de comida. Aprovechan las necesidades que tiene el pueblo, se aprovechan del analfabetismo político de la inmensa mayoría de la población, y se aprovechan de la sumisión de la población indígena, la cual ha sido vapuleada históricamente en nuestro país y se ha convertido en sumisa”.

“Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y la local Mirador Electoral apenas visualizaron la ausencia de incidentes violentos graves el día de las votaciones, pero esta campaña electoral ha sido la más violenta de la historia del país”, indicó a DIAGONAL Gregorio Caicedo, miembro del colectivo MAIZ en la localidad de Las Flores, en el norte de Guatemala. Y prosigue: “medio centenar de personas, entre candidatos a diferentes cargos, activistas políticos y familiares de ellos, han sido asesinados durante la campaña electoral”.

La intromisión sin precedentes del crimen organizado en los comicios locales ha sido motivo de preocupación de todas las organizaciones sociales, especialmente en aquellas zonas cuyos aspirantes a alcalde son más que sospechosos. Ante la amenaza del narcotráfico a los poderes locales, el Foro Guatemala, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil, lanzó una intensa campaña sobre el riesgo de convertirse en cómplice de los delincuentes a la hora de depositar la papeleta en la urna.

“Hay regiones donde el narcotráfico ya está invirtiendo en beneficio de la población, y esto es un problema serio, porque la población empieza a pensar: si el Gobierno no me da esto... mejor sigamos con ellos”, denunció Fernando Leal, representante de la Alianza Evangélica en el Foro Guatemala. En dichas zonas rurales, los alcaldes sólo adoptan decisiones con el visto bueno de las mafias.

El comportamiento mafioso llega en muchas ocasiones hasta sus últimas consecuencias. En Chimaltenango, el hijo del alcalde que se presentaba a la reelección tiene una compañía de moto-taxis, conocidos popularmente como tuc-tuc. Un vecino intentó entrar en ese sector de negocio y compró una moto. No contaba con la autorización del hijo del alcalde. Tras varias amenazas, un día apareció muerto. Un informe elaborado por el Procurador de Derechos Humanos sobre el proceso electoral indica que el crimen organizado controla el noreste del país, y que es imposible presentar candidatos limpios de toda conexión con estas mafias.

En el Petén, zona noreste del país, han surgido fortunas de la noche a la mañana. “Algunos de estos nuevos ricos han llegado a cargos municipales o han apoyado a determinados candidatos”, dice Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Y continúa: “El candidato usa el partido como un vehículo para llegar a la alcaldía. Es él quien financia la campaña y no el partido, al que no le debe nada. Por esta razón, los narcotraficantes, que disponen de buenos recursos, tienen grandes posibilidades de ganar”.

Y la izquierda desapareció
La sorprendente irrelevancia de Rigoberta Menchú en los resultados electorales, con tan sólo el 3%, tira por tierra la tesis del racismo como elemento básico del rechazo de su propuesta política. “Claro que algo de racismo hubo, pero no fue lo más importante. Menchú perdió ante el escrutinio del pueblo maya mayoritario en el padrón electoral. Si las elecciones se hubieran realizado en las Naciones Unidas, habría ganado. Pero para ser líder político hace falta algo más que fama internacional. Rigoberta no es el Moisés que nos llevará a la Tierra Prometida”. Así de rotunda se mostró a DIAGONAL Clarita Winapuc, líder comunal en el departamento de Quiché, predominantemente indígena.

De igual manera piensa el analista y académico indígena Estuardo Zapeta, el cual declaraba recientemente a ArgenPress: “Creo que fue un error pensar que los indígenas iban a votar por ella sólo por ser indígena, además el hecho de que el 95% de la población la conozca y tenga buena opinión de ella no quiere decir que voten por ella para la presidencia... lograr eso requiere trabajo”.

A la división indígena hay que añadir que la izquierda social y política chapín nunca le dio legitimidad a la candidatura de Rigoberta. “Ella fue un invento de las ONG españolas, nunca ha hecho nada en la política interna de Guatemala, los que la conocemos sabemos que no es una persona de izquierdas. En 2004 aceptó ser la embajadora de buena voluntad para los Acuerdos de Paz, un cargo creado ‘ad hoc’ por el Gobierno del neoliberal Óscar Berger para incluirla en el gabinete, ¿usted lo puede entender?”, sentencia con severidad Mario Beltrán, miembro del Frente Nacional de Lucha.

Con respecto al resto de las fuerzas de la izquierda, el resultado fue aún más calamitoso. La histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antigua fuerza guerrillera, estuvo a punto de desaparecer del escenario político, habiendo logrado tan sólo un “curul” en el Congreso de la República.

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Inmunidad para un genocida
El ex dictador Efraín Ríos Montt consiguió un escaño como diputado por su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), logrando así la inmunidad legislativa que buscaba para evadir la acción de la justicia española. Los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal. En la actualidad pesa una orden de búsqueda y captura contra el ex dictador y otros altos cargos cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para juzgarlo por genocidio y torturas. “Estuve disponible cuatro años [sin inmunidad].

Si los otros son inútiles y no supieron presentar demandas, es cuestión de ellos”, afirmó recientemente el ex dictador, pastor evangélico y un ferviente lector de la Biblia que dio un golpe de Estado en 1982 contra el general Romeo García. Su mandato es considerado el más sangriento de todos los que se sucedieron durante la cruenta guerra civil de 36 años (1960-1996) que asoló el país. Después de más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos el conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz hace 11 años.

Fuente: Periódico Diagonal núm.61, 20 de septiembre de 2007

Maras o pandillas: tatuajes con dolor en Centroamérica

Por Decio Machado / Honduras

l fenómeno pandillero importado desde los EE UU se ha asentado en el sur. Las diferentes maras, especialmente la Salvatrucha y Barrio 18, se han convertido hoy en factores de inestabilidad para los Gobiernos centroamericanos. Se estima que entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, actúan más de 100.000 mareros.

Los líderes en Honduras de las temibles Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13) y Barrio 18 (o M-18)firmaron el cese de la violencia entre ellos y acordaron un reparto del territorio, según informes policiales filtrados por la prensa hondureña a primeros de septiembre.

Según estos documentos, que recogerían informaciones de agentes infiltrados, líderes de las pandillas M-18 y MS-13 han firmado un pacto para que sus integrantes no se exterminen en cada conflicto. “Nosotros ya quedamos en que no nos íbamos a matar unos a otros y que no haya pleitos, pero nosotros no por eso dejamos de pertenecer a nuestra home (pandilla), sólo es que estamos distribuyéndonos los sectores”, habría explicado un marero (pandillero) a un agente infiltrado. Un portavoz de la Policía hondureña declaró que “hemos observado que ellos volvieron a pintar las paredes para dar a conocer que ya tienen nuevamente marcados los sectores que operan para la venta de droga, cobro de impuestos de guerra y asaltos”. Sin embargo, otro portavoz de la Policía, Héctor Mejía, manifestó a DIAGONAL que “esto no es nada nuevo. En muchos otros momentos las maras han llegado a acuerdos de reparto de territorio y de tregua entre bandas, que son sistemáticamente rotas cuando cambian los líderes locales, consecuencia de las detenciones a las que son sometidos por los cuerpos de seguridad hondureños”.

Sin embargo, este pacto se produce después de que, a mediados de julio, los representantes de los servicios de seguridad de los países centroamericanos, junto a los de República Dominicana, México y Estados Unidos acordaran en Ciudad de Guatemala impulsar una estrategia conjunta para el combate de las pandillas, el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico. Los responsables de seguridad se comprometían a desarrollar sistemas de intercambio de datos y el uso y la difusión de información entre los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y EE UU.

La declaración final de la cumbre de seguridad estableció que esta lucha “se basará no solamente en actividades policiales, sino también en programas de prevención y rehabilitación” de los jóvenes miembros de estos grupos. Según Thomas Shannon, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio Occidental de EE UU, su país aportará un millón de dólares al SICA para este proyecto. Según fuentes del SICA, el acuerdo de seguridad podría costar entre 600 y 800 millones de dólares. Hasta el momento, lo único puesto en marcha ha sido la coordinación de la Unidad TAG (Transnational anti- gang Unit), un nuevo grupo supranacional para reforzar la lucha contra las maras con el FBI y las policías de los distintos países.

¿Qué son las maras?
La violencia en Centroamérica no es un fenómeno reciente. Desde hace varias décadas estos países han ocupado un lugar privilegiado entre las naciones con los índices más elevados de violencia. Según declaró a DIAGONAL Aristide Carpio, de la asociación salvadoreña Casa de los Mestizos, “uno de los grupos que mayor protagonismo han tenido en la violencia generada en la historia reciente de nuestros países son los jóvenes, quienes tienen un alta participación en la dinámica de la violencia tanto en calidad de víctimas, como de victimarios”. En este contexto, indica, “una de las expresiones de la violencia juvenil que en la última década ha cobrado cada vez mayor visibilidad pública a partir de su rápido crecimiento y de la complejización de sus dinámicas es el de las maras o pandillas juveniles, que surgieron en Centroamérica a finales de los años ‘80”.

El factor desencadenante es la deportación masiva desde los EE UU, tras el endurecimiento de sus leyes migratorias, de jóvenes centroamericanos llegados allí por la crisis económica de los ‘80 y ‘90. Para Roberto Gómez, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “mientras estuvieron allá, estos jóvenes fueron asimilados por la cultura y la organización pandillera del Estado de California, específicamente del Condado de Los Ángeles, en particular por la ‘18th Street’ y la ‘Mara Salvatrucha-13’, que desde entonces se convirtieron en los principales referentes organizativos y simbólicos de la rebeldía juvenil contra la sociedad establecida”.

En los países centroamericanos, la influencia cultural pandillera californiana, con sus novedosas modas de vestir, de tatuarse, de hablar caliche (el lenguaje empleado por los sectores más marginales de la sociedad) y de beligerancia provocó la fascinación de decenas de miles de jóvenes que adoptaron su modo de ser e hicieron suyas las reglas de los pandilleros deportados de EE UU a quienes veían “más poderosos”. Para Stefan Johanson, cooperante de la asociación de iglesias libres de Suecia, Diakonía, “las maras se convirtieron en un verdadero movimiento contracultural juvenil fanatizado, que les proveía un ambiente familiar sustituto, amistad, protección, seguridad física y económica, pero, sobre todo, una identidad juvenil autónoma, cuya existencia la sociedad antes había rechazado pero que ahora se le imponía de la peor manera”.

“Las pandillas en Centroamérica han existido desde hace mucho tiempo”, indica Roberto Gómez. “Eran espacios donde los jóvenes buscaban constante de diversión y escándalo, pero donde la muerte era la excepción”. Johanson opina en el mismo sentido: “la brutal realidad de las maras californianas estaba muy lejos de ser lo que fueron las pandillas tradicionales centroamericanas”. En las nuevas maras, la violencia, el conflicto con la ley, la cárcel, el hospital y la muerte se convirtieron en la compañía permanente de los jóvenes involucrados. “Lo peor es que las reglas de las nuevas pandillas no eran fijadas por sus miembros, sino que ya estaban establecidas y se imponían desde Los Ángeles”, sentencia el cooperante sueco. Tanto para Gómez como para Johanson, la especial democracia interna de las maras tradicionales centroamericanas fue asfixiada aquí por el mandato proveniente del exterior.

El término ‘mara’ viene de un sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil. Para Graciela Morales, portavoz de la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz de Guatemala, “con el aumento de personas que fueron y siguen siendo deportadas diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también regional. Y se ha agravado a partir de la introducción del crack, pegamento para zapateros o inhalantes, heroína y otras drogas que azotan las zonas marginales de las grandes urbes capitalinas centroamericanas”.

Aunque en la última década, ya se advertía entre las pandillas importantes transformaciones relacionadas con un mayor ejercicio de la violencia, el incremento en el consumo de drogas y el mayor acceso y uso de armas, el salto cualitativo más importante en la dinámica pandillera se ha producido en el último trienio. A él han contribuido de forma importante las medidas de represión y control impulsadas por los Gobiernos de la zona a partir de 2003. El que los Estados los hayan identificado como enemigos sociales y en función de ellos construyan su política de seguridad ha generado que estos grupos cambien de organización interna para defenderse y sobrevivir bajo nuevas y sofisticadas modalidades.

Hasta hace algunos años, la estructura básica de la pandilla, la ‘clica’, mantenía el control territorial de un barrio o una colonia. Su ámbito de operación estaba circunscrito a una pequeña zona, sin mayores posibilidades de comunicación entre los grupos de diferentes sectores. Por lo general, los miembros de una ‘clica’ eran residentes de la zona donde operaban y difícilmente extendían su control territorial a otros sectores. No tenían una red de coordinación y comunicación entre ‘clicas’ de diferentes lugares y menos aún una articulación a nivel nacional. “En la actualidad, las maras se han reestructurado, ahora existe una división del trabajo en la que se asignan roles como el de ‘palabreros’ o ‘segunderos’, los cuales asumen el rol de voceros; misioneros a quienes se les asignan tareas o misiones importantes para el grupo y avecillas o soldados, quienes desempeñan funciones más operativas como la defensa del territorio. Esta división asegura una mayor efectividad y coordinación en sus acciones colectivas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Gavilán, miembro de una brigada de investigación de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala.

Así, la desatención hacia las condiciones de exclusión social -que generan las maras- y al tiempo la apuesta por el acoso y la persecución policial permanente de las pandillas han contribuido a generar una importante recomposición de la estructura, organización interna, sistema de normas y valores, fines y objetivos de las pandillas. Las maras se perfilan ahora como una nueva modalidad de estructura criminal que amenaza la seguridad pública de los países afectados. Todo parece indicar que las soluciones planteadas por los gobiernos afectados, desde EE UU (plan tolerancia cero) hasta Nicaragua (planes mano dura), mientras se limiten a un enfoque policial y represivo, no darán mayores resultados. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, resumió el problema en pocas palabras: “Las maras desaparecerán cuando se abata la pobreza, se eleven los niveles educativos y haya oportunidades de trabajo para todos”.

MARAS EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN
La persecución policial indiscriminada y las capturas masivas y arbitrarias contra jóvenes mareros, en el marco de los ‘planes mano dura’ implantados en Centroamérica a partir de 2003, han provocado transformaciones importantes. Como los criterios policiales estaban fundamentados en buena medida en los estereotipos tradicionalmente asociados a las pandillas, éstas han adaptado su imagen para dificultar su identificación y garantizar una mayor clandestinidad.

Sus miembros, por ejemplo, están evitando tatuarse o lo están haciendo en lugares menos visibles del cuerpo, renunciando así al uso de un importante símbolo de identidad grupal y pertenencia a la pandilla, considerado internamente un signo de respeto y prestigio, de rebeldía y desafío al orden social establecido. Para Brigitte Nelson, de Diakonía, la transformación estética de los mareros ha sido aún mayor: “También han cambiado su forma de llevar el cabello rapado por uno más largo y tradicional; su típica vestimenta holgada ha sido sustituida por ropa más tradicional, lo que facilita que puedan pasar desapercibidos. Los códigos de comunicación basados en las señales con las manos solamente descifrables entre ellos ya no son tan ampliamente utilizados en la vía pública, ni siquiera para rifarse el barrio con la pandilla rival”. Esto les permite actuar en un territorio que ya no se circunscribe a las comunidades marginales o barrios populosos, sino que se ha expandido a amplias zonas de las ciudades y vuelto más difuso.

Según Carpio, “la represión ha conllevado que se incremente la movilidad de las maras, al obligarlos a salir de las comunidades, reorganizarse en nuevos territorios de las ciudades o mantenerse en la clandestinidad total”. Las pandillas se desvinculan de su comunidad y se desarraigan, lo que afecta a toda posibilidad de reinserción. El portavoz de la salvadoreña Casa Mestiza afirma que “las maras ya no se disputan el barrio, la MS- 13 y Barrio 18 se están disputando ahora un territorio simbólico que ya no se circunscribe a un espacio geográfico determinado, lo que ha hecho que la violencia entre ellos se expanda”.

Alcance internacional
Las maras se extienden dentro de las fronteras de los EE UU, llegando a sus suburbios. Un informe del Congressional Research Service del Congreso de EE UU estimaba en mayo de 2005 que solamente la MS-13 tenía entre 8.000 y 10.000 miembros activos en unos 33 Estados y en el Distrito de Columbia. En El Salvador, según el Ministerio de Gobernación (datos de 2005), el número de mareros podría alcanzar los 15.000 miembros. Las agrupaciones más representativas son la Mara Salvatrucha (54,4%) y Barrio 18 (45,3%), ambas surgidas originalmente en Los Ángeles. Sólo un 0,3% se identifica con otras pandillas. La PNC de Guatemala maneja una cifra de entre 8.000 y 10.000 mareros activos, a los que hay que sumar unos 30.000 simpatizantes.

Algunas investigaciones universitarias elevan a 14.000 los pandilleros activos. La MS (80%) y Barrio 18 (15%) protagonizan el escenario de pandillas (entre ambas el 95% de los mareros). Aunque todavía se habla de otras pandillas tales como Breakeros (BKS), los Wifers (WF), los Roqueros, los Cholos y los Latin Kings. En cuanto a Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas contabilizó cerca de 26.000 miembros de maras a nivel nacional para 2000 (sin contar simpatizantes), siendo la MS y Barrio 18 las dos organizaciones más importantes. El crecimiento de la población y de los suburbios urbanos en Honduras derivó en cruentas disputas territoriales tanto entre miembros de la ‘18’ como de la ‘13’.


Fuente: Periódico Diagonal, núm. 61, 20 de septiembre.

La migración centroamericana hacia los Estados Unidos

Por Decio Machado

Tanto la externalización del control de fronteras norteamericanas hacia el sur de México, como la militarización de la frontera norte, están significando un notable incremento de víctimas entre los migrantes que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos. Paralelamente a esto, el Senado norteamericano ha bloqueado cualquier posibilidad de regularización masiva de sus ya más de 12 millones de clandestinos. El camino de las políticas migratorias norteamericanas se endurece y con él el drama que ocasiona.

La ruta centroamericana de la inmigración a los Estados Unidos se está volviendo cada vez más dramática. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.

La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los “polleros” o “coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000 dólares por llevar allí a los indocumentados, una amplia fluctuación que depende del origen y de la ruta del migrante indocumentado.

El comienzo del infierno

La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México (1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice) en su intento por llegar a “El Dorado” norteamericano se hace cada vez más preocupante. Según diversas fuentes, en los últimos cinco años han muerto o desaparecido al menos 5.000 salvadoreños y más de medio millar de hondureños, al intentar atravesar uno de los cruces más difíciles del comienzo de la travesía: la frontera Guatemala-México.

La presión política a la que ha sido sometido México por parte de EE UU desde hace ya varios años en esta materia ha hecho que la frontera sur mexicana sea una zona tremendamente militarizada, convirtiéndose así en el inicio de la “pesadilla del sueño americano” para muchos de los indocumentados que la cruzan.

En México las organizaciones sociales que trabajan en la atención a los inmigrantes cada vez están teniendo mayores problemas para poder ingresar en las estaciones de inmigrantes (centros de detención). De igual manera se están viendo afectadas por una intensa campaña de criminalización por parte del Estado. Hay activistas que sufren condena de hasta seis años, bajo la acusación de pertenecer a redes de tráfico de migrantes, simplemente por haber ofrecido alimentos a los “indocumentados”. Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la república.

Según datos oficiales México detuvo entre primeros de 2005 y finales de 2006 a 422.984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. Se están realizando más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.

Felipe de Jesús Preciado, jefe del estatal Instituto Nacional de Migración de México, justifica la situación diciendo: “La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”.

En la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas desde que se implementó el Operativo Guardián en 1994, según revela un informe presentado por la Fundación Asistencia Legal de California (FALC) (ver cuadro 1).

Claudia Smith, portavoz de la FALC, denunció que sólo en el primer trimestre de 2007 las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas, habiéndose casi duplicado el número de víctimas en el período de la Administración Fox. Según Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros 10 migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.


Operativo Guardián

El 1 de octubre de 1994 el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo del Operativo Guardián, también llamado “operación muerte” era “asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas, y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una profunda militarización de la frontera entre México y el Estado de California. Este Operativo sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa “Hold the Line” en Texas o “Safeguard” en Arizona.

Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de Derechos Humanos y las miles de muertes que acontecen en la frontera, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Además, al primer muro que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991, se le ha añadido otro segundo muro de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas para detectar a los candidatos al “sueño americano”: detectores con luces infrarrojas o de calor humano, y cámaras múltiples auxilian a las patrullas que están presentes las 24 horas del día.

Cada día, en la “línea” entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades, indican lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas (derecho universal).

“El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.

De igual manera, se han formado “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de “vigilantes”, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. A través de la lucha estadounidense contra el terrorismo se justifica la actuación de estas milicias paramilitares, que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial.

La locura llega a tal nivel que a finales del año pasado, el gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, llegó a proponer un nuevo plan para combatir la inmigración irregular en la frontera. La idea consistía en poner cámaras que estarían conectadas a un servidor de red para que cualquier persona pueda, desde Internet, convertirse en vigilante voluntario desde cualquier lugar del mundo. Un clic del ratón o una llamada a un número gratuito serán suficientes para alertar a la policía del posible “peligro”.

Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significa luto, el luto de miles de familias.

Sin embargo el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, pues ya suponen el 12,5 por ciento de la población, es decir, más de uno de cada 10 residentes en EE UU son hispanos. Se estima que en este país hay un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y cerca de tres millones de salvadoreños. El caso de México es especial, se estiman 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 11 millones son nacidos en México y los otros 19 son descendientes de mexicanos.

Todo ello a pesar de que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EE UU, (ICE por sus siglas en inglés), deportó un record de 185.431 personas en el año 2006, un 10 por ciento más que en 2005, tras redadas a empresas que empleaban a trabajadores inmigrantes sin papeles. Situación que se está reproduciendo con asiduidad durante el 2007. Se estiman en unos 12 millones, la mayoría mexicanos, los inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos.


Fracaso de la reforma migratoria

El pasado 27 de junio el proyecto de ley de reforma migratoria quedó estancado por segunda vez en el Senado de EE UU, después de que el pleno rechazara limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.

La mayoría de los legisladores republicanos en el Senado votó en contra, algunos de ellos incluso se vincularon en debates y propaganda de emisoras de radio “antiinmigrantes”. En el caso de los demócratas, todos dijeron siempre estar a favor de la reforma, y al final, los que votaron en contra manifestaron que lo hicieron porque no era suficientemente buena para los inmigrantes.

Es la segunda vez que el pleno de la cámara alta vota en contra de limitar el debate sobre esta reforma, dado que el pasado día 7 de junio ya sufrió el mismo revés, con la mínima diferencia de 45 a favor y 50 en contra.

De esta manera el Senado ha invalidado toda posibilidad de establecer un nuevo marco legal para los más de 12 millones de indocumentados existentes y mejorar así el sistema migratorio norteamericano, que data de 1986, cuando se aprobó una amnistía para unos tres millones de clandestinos.

Las consecuencias de esta decisión son importantes. Ya no será posible retomar el proyecto hasta el 2009, cuando haya un nuevo presidente y Congreso tras las elecciones de noviembre de 2008.

George Bush, conocedor de la capacidad perdida por parte del Partido Republicano de captar una mayor cantidad de votos hispanos para los próximos comicios presidenciales, es consciente de que este fracaso puede ser su puntilla definitiva de cara a las elecciones de finales del año que viene.

“Podrá tal vez haber una ventaja política a corto plazo para los que votaron en contra de la reforma migratoria, pero en el largo plazo tendrá un efecto desastroso para el Partido Republicano en términos de voto hispano”, señala Linda Chávez, del Centro de Oportunidad Equitativa. De igual manera opina Antonio González, presidente del Instituto Latino de Investigación William Velásquez: “Me parece que va a ser sangriento para los republicanos, algunos de estos senadores que más se han significado en sus discursos antiimigrante, van a ser masacrados por el voto hispano en el futuro”.

“Definitivamente el voto hispano va a afectar al Partido Republicano a pesar de que el presidente Bush y el senador Mel Martínez apoyaron totalmente el proyecto”, manifiesta también Bettina Inclán, directora de la Asamblea Nacional de Hispanos Republicanos. Un estudio del Centro Hispano en Washington estima que los hispanos en el país representaron el 8,6 por ciento de votantes elegibles en 2006 en comparación con el 7,4 por ciento en 2000.

Las necesidades económicas del gigante americano

“La economía estadounidense necesita, absolutamente, de los inmigrantes”, hizo público Andrew Sum, director del Centro para Estudios del Mercado Laboral. Y prosiguió: “A algunos trabajadores (estadounidenses) esto les perjudica, y algunas personas se enojarán porque diga esto, pero nuestra economía se ha vuelto más dependiente ahora de la mano de obra inmigrante que en cualquier otra época en los últimos 100 años”.

Si no hubiese sido por los inmigrantes “la fuerza laboral masculina de todo el país hubiera crecido apenas marginalmente en la última década, y hubiera habido una escasez de mano de obra masculina, especialmente en el nordeste y la región del Pacífico”. Con respecto a las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son inmigrantes.

Además, el aporte demográfico de los inmigrantes no ha tenido impacto sólo en la mano de obra, sino que representa todo el incremento, en el ámbito nacional, de la matrícula en las escuelas públicas en los últimos 25 años.

Pero no sólo el sector empresarial saca tajada. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó desde primeros de junio un 86 por ciento el costo de los trámites migratorios. Suponiendo que uno cumpla las normativas, hacerse ciudadano cuesta ya en Estados Unidos unos 600 dólares.

Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.