Antonio das Mortes

Expulsión de diplomáticos estadounidenses en el Ecuador y la realidad de la política antidrogas en el continente

2009-02-21T09:20:00.003-05:00

Por Decio Machado

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, procedió el miércoles 18 de febrero a notificar la expulsión en las próximas 48 horas del adjunto civil de la embajada de los Estados Unidos en Quito, Mark Sullivan, por actuaciones ilegales de interferencia en la seguridad del Estado ecuatoriano.

Es el segundo diplomático norteamericano expulsado del Ecuador en los últimos 12 días, dado que el pasado 7 de febrero fue expulsado el agregado diplomático norteamericano de origen puertorriqueño, Armando Astorga, por un motivo similar.

En el caso de Mark Sullivan, este funcionario promovió la entrega de los archivos de seguridad nacional, por parte de los policías miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

La decisión de expulsión del funcionario estadounidense fue adoptada por el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, al enterarse este que a través de Sullivan, la embajada norteamericana procedió a llevarse los archivos de seguridad del estado nacional, pertenecientes a la inteligencia policial.

“La expulsión del funcionario norteamericano se dio por intromisión en asuntos internos de Ecuador. Tiene 48 horas para salir del país”, afirmó el canciller Falconí en conferencia de prensa realizada en la mañana del 18, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Ecuador (COSENA).El empleado de la embajada norteamericana Mark Sullivan fue señalado por el mayor de policía Manuel Eduardo Silva Torres, jefe saliente de la UIES, como el funcionario que presionó y exigió la entrega de los archivos de seguridad, por lo cual habría cometido el delito de atentado contra la seguridad nacional.

Este acto incluyó una injerencia en las decisiones del mando policial y del Estado ecuatoriano, toda vez que la información que fuera sacada de los archivos de la UIES no estaba ligada al retiro de la cooperación norteamericana con la fuerza pública de Ecuador.

La ruptura de esta cooperación se dio el pasado 8 de enero, cuando el gobierno del Ecuador le indicó a la embajada de los Estados Unidos en Quito, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que los norteamericanos fuesen los que calificasen al personal de las unidades encargadas de lucha antinarcóticos y contra el tráfico de personas, de igual manera que tampoco se permitiría que fuesen los funcionarios estadounidenses quienes designasen al Comandante de dichas unidades policiales. Rafael Correa anunció en ese momento a la embajada gringa que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional, y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” (15 de enero de 2007) este tipo de lógicas habían cambiado.

En el trasfondo político de esta cuestión están las formas de intervención e injerencia interna estadounidense sobre los países del Sur, entre otras temáticas, en materia de lo que en EE.UU. se considera la “guerra global contra las drogas”, y una lógica clientelar desarrollada desde el Imperio hacia los países del Sur en las políticas antinarcóticos diseñadas desde la Drug Enforcement Administration (DEA).

Políticas antinarcóticos en el Ecuador.

Ecuador es un país de tránsito de estupefacientes, no existe producción o cultivos. Su situación como país de tránsito implica que organizaciones criminales operen en zonas del territorio ecuatoriano para el acopio, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como para actividades de lavado de activos y delitos conexos.

Al igual que en el resto del mundo, las políticas de mano dura en el Ecuador se han consolidado a partir de acuerdos y convenciones internacionales.

La Estrategia Nacional de Drogas desarrollada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, contemplada para el período 2004-2008, enfatizó en la necesidad de reducir y anular la demanda de drogas y combatir el delito en todas sus manifestaciones como son la producción de plantas ilícitas, el lavado de activos, el ingreso de precursores, entre otros. Para esto se establecieron canales de cooperación económica y colaboración estratégica con el fin de unificar procedimientos, acciones, intercambio de información y asistencia judicial recíproca, en un claro planteamiento subsidiario de la política antinarcóticos norteamericana.

En la actualidad, en el marco de la era Correa, la tendencia a nivel diplomático ha pasado a ser impulsar procesos de integración y compromiso entre varios actores para fomentar el desarrollo local. Una de éstas es el Plan Ecuador, que se creó para impulsar en la frontera norte un proceso de paz, desarrollo y seguridad fundamentado en los principios del “desarrollo alternativo” y del “desarrollo alternativo preventivo”. Con este Plan se buscó establecer un proceso distinto al de la “guerra contra las drogas”, mediante el impulso desde el Estado de proyectos agroforestales y de producción de diversos productos agropecuarios cómo leche, caña de azúcar, cacao y café, así como ciertos estímulos para la comercialización interna y eventual exportación.

Afectación en la frontera norte del Ecuador del Plan Colombia.

Durante la última década se intensificó el enfoque represivo para la producción. En la región, el Plan Colombia es el ejemplo. A continuación se describen algunas de las principales consecuencias que ha generado el plan en la frontera ecuatoriana:

- Agudización del conflicto militar en la frontera norte.
- Penetración de mafias y grupos irregulares (FARC y paramilitares) en las provincias fronterizas. Sicariato extendido en todo el país.
- Profundización de conflictos sociales y armados. Inseguridad. Pueblos colonos e indígenas en amenaza.
- Desplazamiento e incremento de refugiados colombianos.
- Destrucción de medios de vida de miles de productores.
- Las fumigaciones aéreas de “fusarium oxisporum” generaron severos impactos en la salud de la población de frontera y contaminación de recursos naturales.
- Se generaron las condiciones para el tráfico ilícito de derivados.
- Conformación de redes de trata y tráfico de personas.
- Corrupción de las autoridades locales y jueces. Desestructuración y debilitamiento de las instituciones del estado.

Estos impactos son asumidos casi en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Los aportes obtenidos de la cooperación internacional se centraron en atacar los cultivos y muy poco se ha destinado al desarrollo e integración.

Sin embargo la evaluación de los datos es contundente: durante la ejecución del Plan Colombia, los cultivos de coca en la región andina se incrementaron en 16%, reduciéndose parcialmente en Perú y en Bolivia, mientras que en Colombia se expandía la superficie y mejoraban los rendimientos. En los últimos ocho años, la producción de Colombia se incrementó en 27% (datos del informe de la ONUDD, 2008).

En una evaluación sincera, habría que preguntarse: ¿para qué han servido la altísima inversión que se ha hecho en armamento y demás costos de orden militar y logístico en Colombia? Datos oficiales cifran en más de 5 mil millones la inversión desarrollada, y su único rédito ha sido incremento de la violación de derechos humanos en Colombia, deterioro de las instituciones del Estado a través de la “parapolítica” y fumigaciones a mansalva, lo que ha significado el desplazamiento de poblaciones residentes de los territorios fumigados, así como un incremento espectacular del número de refugiados especialmente hacia la frontera con el Ecuador.

Contexto internacional de la lucha antinarcóticos.

En las últimas décadas, la lucha antidrogas se ha constituido progresivamente como un eje fundamental de la política internacional de los EE.UU. y la UE en el continente Latinoamericano, y de forma especial en los países del eje andino.

La situación ha llegado a tal punto, que gran parte de las relaciones políticas, económicas y de cooperación están determinadas por los resultados que presentan anualmente la policía antinarcóticos de cada país.

Se ha desarrollado en el contexto mundial una lógica de protocolos internacionales, convenciones y tratados que han determinado la regulación, y esencialmente el control de la oferta de narcóticos diferenciando entre estos, actividades licitas e ilícitas, y estableciendo de acción, roles y funciones de instituciones del Estado para el control de la oferta y la demanda de estupefacientes.

En líneas generales, la evolución de las políticas de drogas a nivel mundial, ha estado enmarcada en tres etapas fundamentales en las que con el pasar de los años se ha intensificado gradualmente el enfoque de mano dura y “guerra contra las drogas” del Estado norteamericano.

La primera etapa se puede situar a inicios del siglo XX y estuvo caracterizado por el empuje que EE.UU. y China dieron para generar acuerdos mínimos a nivel internacional. Cabe significar que en aquel momento el tema no tenía un interés protagónico e incluso algunos países hasta veían con recelo este tipo de negociaciones. Sin embargo, se negociaron algunos tratados de carácter normativo que contemplaban la posibilidad de establecer restricciones administrativas a las exportaciones de opiáceos. Se destacan entre ellas la Primera Convención de La Haya (1912), la Convención Internacional sobre el Opio (1925) y la Convención de 1936. En esta última se acuerda por primera vez establecer prohibiciones pero con una participación de muy pocos países. Aún no existían las prohibiciones globales ni al cultivo ni al consumo.

La segunda etapa se caracteriza por la unificación y extensión de los acuerdos iniciales y la limitación del uso de plantas. Se dan las pautas para el abastecimiento de un sistema mundial de control y erradicación de cultivos, ahora llamados ilícitos, provenientes principalmente de países subdesarrollados. En esta etapa destacan: por un lado, la Convención Única de la ONU en 1961 y su enmienda por protocolo en 1972, donde se estableció un sistema universal para controlar el cultivo, producción, distribución, uso y posesión de sustancias narcóticas (se determina la prohibición y control de más de 100 sustancias clasificadas según su peligrosidad); por otro lado, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, donde se incluyen en esta lista más sustancias, esta vez farmacéuticas y anfetaminas.

La tercera etapa marca el inicio del proceso de intensificación y militarización de la “guerra contra las drogas” y se convierte en tema fundamental y visible de la agenda de seguridad de los países desarrollados. Las leyes y las penas se endurecen a nivel mundial y se inician distintas iniciativas de carácter general regional para diseñar sistemas de control y fiscalización. Estas políticas quedan enmarcadas en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes en 1988 –donde se establecen medidas de acción contra el narcotráfico, blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos (se establece la obligación de criminalizar las actividades de producción, tráfico y posesión en todo el planeta)-, y en la Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. sobre Drogas (UNGASS) de 1998.

Con el conjunto de acuerdos y legislaciones internacionales emanados de estos encuentros, se constituye el sistema mundial de control antidroga, se otorgan lineamientos generales para el diseño de políticas a nivel nacional y también para el diseño de iniciativas regionales. Este marco general contiene concepciones sobre el control de la oferta organizada que poco a poco han ido tomando un carácter más punitivo, justificados en base a principios como “países libres de drogas”, “tolerancia cero”, “lucha contra el flagelo de las drogas”, entre otros. Al mismo tiempo, estas consignas fueron trasladadas mecánicamente al control de la demanda o consumo de sustancias psicoactivas.

Todo esto también generó voces discrepantes en algunos países de Europa y en especial en América Latina, con respecto a la escala de la militarización norteamericana en la lucha antinarcóticos y la injerencia interna.

A inicios de febrero del presente año, los EE.UU. resolvieron bloquear las negociaciones en caso de que se incluya el concepto de “reducción del daño” en la próxima declaración política. Este tema ha sido impulsado principalmente desde la UE y América Latina y el Caribe (ALC). El desenlace de esto está por verse y en las semanas previas a la reunión de la UNGASS (que tendrá lugar a mediados del mes de marzo).

Sin embargo, el principal argumento que sustentan las posiciones disidentes, y muy razonables por cierto, es que las reducciones de los cultivos de plantas ilícitas no se cumplieron con este tipo de políticas coercitivas y represoras. La marihuana y el opio han duplicado su superficie y la coca se ha incrementado en un 20%.

Las posiciones de los países son múltiples y responden a su propia realidad. Sin embargo, muchas se quedan en el discurso y finalmente la “guerra” continúa. Tal como están las cosas finalmente la cuestión en la reunión de la UNGASS el próximo mes está en la dicotomía de “reafirmar o replantear”.

Contexto regional andino.

En los países andinos se reproducen, en pequeña escala, los debates mundiales para enfrentar el tema de las drogas. Las posiciones de cada uno de los países responden a distintas realidades y por lo tanto las estrategias y objetivos nacionales difieren mucho entre sí.

La posición de Colombia y Perú está alineada en gran medida con la estrategia antidroga norteamericana, mientras que Bolivia sacó a la USAID y a la embajada americana acusándolas de intervenir en sus fuerzas armadas y de fragmentar al pueblo indígena.

La posición boliviana es una de las más vanguardistas en el mundo en lo que se refiere a la producción de droga ya que reclama la revalorización del cultivo de la hoja de coca y de las manos que lo hacen. La posición de Bolivia se fundamenta en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el hecho de que la hoja de coca no es nociva para la salud de ninguna manera (de hecho, un documento de la OMS de 2007, demuestra que la hoja de coca no es dañina para la salud y demuestra que además es una medicina muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades –los EE.UU. amenazaron con recortar sus aportes a la organización en caso de que este estudio se publicase, hecho que evidentemente no sucedió-), y que además constituye un elemento sagrado de su cultura. A pesar que la posición boliviana fue tradicionalmente minimizada, actualmente muchas voces e instancias a nivel internacional la reconocen y promueven. Lamentablemente, los principales opositores a sus tesis se encuentran en su propia vecindad.

La influencia norteamericana en la región andina llevó a que se inserte, en el seno de la CAN, un fuerte debate acerca del vínculo conceptual entre terrorismo y narcotráfico.

Tanto Bolivia como Ecuador se oponen a este enfoque ya que aceptar el “terrorismo” puede ser motivo para justificar la violación de la Carta de Derechos Humanos y la soberanía e integridad territorial de los países.

En el marco ecuatoriano, la ruptura de determinados convenios de colaboración en lucha antinarcóticos con los EE.UU. a partir de las expulsiones de funcionarios gringos por injerencia en la seguridad nacional de este país, abre una nueva crisis para los norteamericanos en la región, a la que hay que sumar la salida de los estadounidenses de la Base de Manta en este año (la base de Manta fue justificada por los EE.UU. como un centro de operaciones protagónico en la lucha antinarcóticos en la región en el contexto del desarrollo del Plan Colombia).

Mafias mexicanas toman el relevo de los cárteles colombianos.

El control del ciclo del alcaloide, es decir el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de la cocaína procedente de la frontera colombiana ha pasado paulatinamente de las manos de mafias colombianas hacia mafias mexicanas. En este sentido, los mexicanos se aliaron primero con las organizaciones de Cali y del Norte del Valle, pero luego los abandonaron e incluso los delataron ante autoridades, por lo que importantes capos de estos grupos fueron y extraditados a EE.UU.

Ejemplos de mafias mexicanas: el cártel de Sinaloa opera en 35 países del mundo y es considerada como una de las mafias más poderosas. Actualmente, éste grupo enfrenta una verdadera guerra con el ejército mexicano y con otras mafias como el cártel del Golfo. La cabeza de su líder “El Chapo” Guzmán está valorada en 5 millones de dólares.

La violencia de estas mafias es una epidemia en varias ciudades de Brasil, Colombia y México, así como de otros países. Son agrupaciones con un elevado nivel de organización y acceso a tecnología y armamento muy sofisticados. Además las repercusiones de la actividad criminal de los implacables carteles mexicanos se sienten desde hace un par de años incluso en ciudades como Atlanta y Boston.

La mayor parte del armamento de los narcos proviene de EE.UU., de donde también fluye hacia México más de $30.000 millones al año, como producto de la venta de narcóticos. La larga guerra contra las drogas no ha logrado acabar con el consumo ni con los crímenes ¿habrá llegado la hora de considerar en serio la legalización como medio para poner fin a la violencia?

Publicado en Wordlpress el pasado 20 de febrero de 2009

Para Rafael Correa, la dignidad y la soberanía del Ecuador están por encima de todo

2009-02-07T22:40:00.005-05:00

Decio Machado // Quito (Ecuador)

Desde la mañana del sábado 7 de febrero, corren las 48 horas otorgadas por el presidente Rafael Correa a su canciller, Fander Falconí Benítez, para que proceda a la expulsión de territorio ecuatoriano del agregado de la embajada norteamericana, Armando Astorga (quien ha ejercido hasta la fecha el cargo de agregado estadounidense para asuntos migratorios, de seguridad y aduana) , tras tener notificación de una carta enviada por este a la Comandancia General de la Policía Local.

La carta, cuya fecha es del 8 de enero, fue dirigida al General Jaime Hurtado, Comandante de la Policía del Ecuador, e indicaba la finalización del entendimiento del apoyo logístico y operativo brindado al Centro de Operaciones Anti Contrabando –COAC-, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) de la policía nacional a partir de su recepción. Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.

La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” –desde dos años- este tipo de lógicas habían cambiado.

En el programa radiotelevisivo de la mañana del sábado, utilizada por el presidente Correa para su rendición de cuentas semanales a la ciudadanía de su país, este rechazó la decisión del diplomático norteamericano al indicar que es potestad de los mandos policiales del Ecuador, calificar a su personal y evidentemente a su Comandante, indicando que ya le había dado orden al general Hurtado de que terminara con la práctica anterior. Correa calificó la carta como “insolente” e indicó que dichas prácticas se habían terminado en su gobierno.

De esta manera el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, "la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".

La carta enviada por Astorga, solicita que como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del Ecuador de dar por terminado el acuerdo anteriormente existente, también quedan suspendidos 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo otorgado por el gobierno norteamericano al COAC. De igual manera, en la misiva norteamericana, se indica que todos los activos, vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas a la COAC, sean devueltas de manera inmediata.

En este sentido, Rafael Correa indicó: “Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”. Con respecto a la infraestructura demandada por Astorga, el presidente ecuatoriano ordenó al Comandante de la Policía que devuelva a las autoridades norteamericanas hasta el último centavo entregado por los gringos de manera inmediata. “Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.

De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales. En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.

El presidente Correa indicó que en la carta que el Ecuador enviará a las autoridades norteamericanas, propondrá “una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos”, denunciando de esta manera que “se está torturando en cárceles como la de Guantánamo”.

“Estos señores no saben con quién están tratando”, señaló Correa, indicando que recientemente la embajadora de los EE.UU., Heather Hodges, le había solicitado que tras la salida de los norteamericanos de la base de Manta –hecho que se desarrollará en este año en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución en la cual se indica que "No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" en territorio ecuatoriano-, se permitiera el aterrizaje de aviones de control antidrogas en el suelo ecuatoriano con el fin de poder hacer repostaje.

En referencia a esto, el primer mandatario ecuatoriano indicó que aceptaba la petición de la embajadora con la condición de: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país”, y prosiguió, “nosotros calificaremos a los pilotos, si no, aquí no aterriza ningún avión norteamericano”.

Al finalizar, el presidente Correa, sostuvo que Estados Unidos debe “perder las esperanzas” de que su gobierno revise su posición respecto a ese acuerdo con Washington, porque “mientras esté el gobierno de la revolución ciudadana, las circunstancias no cambiarán, (…), estamos no en una colonia norteamericana, sino en una país digno y soberano”.

Fuentes de la embajada norteamericana en el Ecuador indican que el funcionario expulsado por Correa no se encuentra en el país desde finales del mes de enero.

Artículo publicado en la web "Vamos a cambiar el mundo" el pasado 8 de febrero de 2009

Correa se niega a cargar con la ‘deuda ilegítima’

2009-01-25T00:09:00.002-05:00

Decio Machado (Ecuador)

La decisión del Gobierno de Ecuador de auditar la deuda externa del país, identificando sus orígenes “ilegítimos, inmorales e ilegales” abre la puerta a una renegociación de la deuda favorable a los intereses de Ecuador.

El 15 de enero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su informe a la Nación, anunciaba cuál sería la estrategia ecuatoriana con respecto a la deuda externa. Correa precisó, entre otros puntos, que Ecuador intentará recomprar un tercio de la deuda externa (3.210 millones de dólares), que dejó de pagar en noviembre al ser considerada ésta como “deuda ilegítima” por una auditoría independiente.

El presidente ecuatoriano lo decía de esta forma: “Vamos a hacer una propuesta de compra de esa deuda ilegítima, pero quitándole la mayor fuente de ilegitimidad, que fue el alto precio a la que se renegoció, y volviendo a los precios o estimando los precios a los cuales debió canjearse esa deuda”. Correa señaló que “la mayor fuente de ilegitimidad de esa deuda es que cuando el país estaba quebrado y los bonos vendiéndose a 20% de su valor nominal, agenciosamente, fueron nuestros negociadores para que se recuperen los precios y canjear la deuda, pero al 60% de su valor nominal”.

Consultado por DIAGONAL, Diego Borja, ministro coordinador de la política económica, nos indica que Ecuador planea recomprar los bonos con un descuento de al menos un 70% sobre su valor nominal.

La deuda ilegítima

El llamado Gobierno de la ‘revolución ciudadana’ declaró en diciembre el default (suspensión de pagos) para la deuda externa comercial que involucra a los bonos Global con vencimiento en 2012 (por 510 millones de dólares) y 2030 (2.700 millones), los cuales fueron canjeados por los Brady en 2000.

El cuestionamiento del Gobierno de Correa es sobre los tramos de deuda que se consideraron “ilegítimos, inmorales e ilegales” en el estudio realizado por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) y que se presentó oficialmente en el mes de noviembre. Esto ha significado que desde el 15 de noviembre no se esté cumpliendo con los pagos correspondiente a los bonos Global 2012 y 2030, aunque paralelamente se hayan desembolsado 30,5 millones de dólares por intereses de los Global 2015 (que ascienden a 650 millones de dólares), y que fueron emitidos por el propio Ecuador en 2005 para generar directamente recursos. El Gobierno no considera que formen parte de los tramos ilegítimos de deuda, dado que ésta no fue impuesta desde las instituciones financieras internacionales, sino por el propio Gobierno.

Al mismo tiempo que suspende estos pagos, el Gobierno de Ecuador prepara en estos momentos las acciones legales contra los acreedores, instituciones financieras internacionales y, en el plano interno, contra los responsables en gobiernos anteriores de haber generado esta crisis.

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, declaró a DIAGONAL que “el servicio de la deuda externa en nuestro Gobierno jamás estará por encima de la inversión social, que en el año 2008 superó en 940 millones de dólares el pago de la deuda”.
El total de la deuda ecuatoriana ascendía en noviembre de 2007 a 9.985 millones de dólares, el equivalente al 19% del PIB de Ecuador.

Ex presidentes en la mira

Gustavo Noboa, quien fue presidente de Ecuador entre 2000 y 2003, es el quinto jefe de Estado que se presenta ante el fiscal encargado de la indagación previa, Byron Granja, después de que la Fiscalía decidiera investigar el tratamiento que se dio a ciertos tramos de la deuda externa en los gobiernos de las últimas tres décadas. Noboa, quien fue amnistiado el pasado 4 de julio por la desaparecida Asamblea Constituyente del país, tuvo que presentarse ante la Fiscalía el 9 de enero por requerimiento de la justicia ecuatoriana.

La Fiscalía ha llamado a declarar a Noboa, después de haber requerido ya a Lucio Gutiérrez, quien gobernó el país entre 2003 y 2005. También han declarado Rodrigo Borja, presidente entre 1988 y 1992; Fabián Alarcón, presidente entre 1997 y 1998; y Alfredo Palacio, último mandatario ecuatoriano antes de la elección de Rafael Correa.

“El informe de auditoría sobre la deuda externa detecta una serie de problemas de eventuales responsabilidades e ilegalidades que tiene que ser sometido a las autoridades competentes en el tema interno de la Fiscalía General y en el tema externo eventualmente a demandas y juicios en el exterior bajo los tribunales de Nueva York”, declaró a DIAGONAL uno de los portavoces de la CAIC, el historiador argentino Alejandro Olmos.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público estableció responsabilidades en presidentes de la República, ministros de Finanzas, autoridades del Banco Central y Junta Monetaria, dictadura militar y procuradores que actuaron en el período que se investiga.

Este artículo fue publicado en el periódico DIAGONAL número 94, el 22 de enero de 2009

Un atraco millonario

2009-01-25T00:05:00.003-05:00

Decio Machado (Ecuador)

El 80% de los casi 10.000 millones de dólares de deuda externa de Ecuador proviene de operaciones de refinanciación, y sólo un 20% para proyectos de desarrollo.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), constituida por decreto gubernamental y compuesta por auditores y economistas independientes del Gobierno, investigó y analizó durante más de un año el conjunto de los casi 10.000 millones de deuda externa ecuatoriana. Preguntado por DIAGONAL, su coordinador, Hugo Arias, aseguró que tras las investigaciones “se encontraron indicios de una actitud fraudulenta en la contratación y negociación de deuda que la convirtió en un monstruo gigante e impagable”, añadiendo que “más del 80% de la deuda corresponde a refinanciamiento, y apenas el 20% a proyectos de desarrollo”.

Según el vocero de la CAIC, este manejo estuvo presente en todos los gobiernos desde hace más de 30 años, a excepción del gobierno del presidente Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997) que en sus apenas siete meses de gestión, antes de tener que salir prófugo a Panamá, no registró negociaciones de deuda. Según Arias, “el país sabe que el endeudamiento externo fue un atraco millonario. Nunca se favorecieron los intereses nacionales sino el de los acreedores, porque ellos manejaron procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros, y todos perversos”.

Ecuador cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones aunque sus ingresos se han visto afectados por la caída del precio del petróleo, que financia casi el 40% del presupuesto público, por lo que la decisión tomada, por Correa de entrar en default es una decisión de índole política sin precedentes en América Latina.

Sube el Riesgo-País

La consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno ecuatoriano ha hecho que los precios de los bonos caigan y que el índice de Riesgo-País se eleve por encima de los 4.000 puntos, lo que puede significar un handicap para la inversión extranjera en el país. En ese sentido, Rafael Correa se ha expresado rotundamente: “Que caigan los bonos, que suba el Riesgo-País, nos tiene sin el menor interés, sin la menor preocupación, pero mi Gobierno no dejará en la impunidad el caso de la deuda”.

Los bonos de deuda Global 2012 y 2030 se intercambiaron en 2000 por unos bonos anteriores, denominados Brady, con vencimiento en 2025, y que habían sido emitidos en 1994 por el Gobierno de entonces.

El presidente Jamil Mahuad había anunciado en agosto de 1999 una moratoria unilateral de los bonos Brady y al año siguiente, el sucesor de Mahuad, Gustavo Noboa, propuso a los tenedores el canje de bonos en medio de una crisis económica que condujo a la quiebra a 21 de los 42 bancos privados del país, que se vio entonces envuelto en una hiperinflación.

La protección de Mahuad a los bancos quebrados provocó que este mandatario decretara un día de fiesta bancario, un congelamiento de depósitos y una virtual quiebra del sistema de economía real. El exceso de impresión de billetes para afrontar las obligaciones de rescate bancario provocó que la inflación aumentase considerablemente y la crisis de la economía real disparó la cotización del dólar a niveles nunca antes vistos.

Mahuad quebró el país y el 21 de enero de 2000 fue depuesto después de que la CONAIE tomara las calles de Quito y avanzara al Congreso Nacional, apoyados por un grupo de coroneles. Ahora, Mahuad reside en EE UU (país al que permitió crear la base militar de Manta) y tiene cargos pendientes en su contra por varios actos gubernamentales. Aún así ha recibido el sobreseimiento provisional del proceso en su contra, dictado a su favor por la Corte Suprema.

Publicado en el periódico DIAGONAL número 94, el 22 de enero de 2009

Nueva Constitución para Ecuador

2008-10-02T11:09:00.002-04:00

Tras la consulta popular para la aprobación de la nueva Constitución, Ecuador y en especial la ciudad de Guayaquil muestran una clara polarización social sin precedentes en el país.

La campaña del referéndum constitucional ha tenido un elevado tono de enfrentamiento durante los meses de agosto y septiembre en Ecuador. A pesar de que el ex presidente Lucio Gutiérrez, principal figura de la oposición a nivel nacional, anunciara sospechas de fraude en el referéndum, el propio jefe de la misión de observadores internacionales de la OEA, Enrique Correa, lo desmintió públicamente : “No existen indicios de fraude electoral en el Ecuador, aunque sí hemos asistido a una campaña basada en la lógica de la confrontación basada en la descalificación del contrario”.

El 28 de septiembre, el proceso de transformación social que vive Ecuador, conocido popularmente como la “revolución ciudadana”, se jugaba el todo por el todo. Con la aprobación de la Constitución se pone en marcha uno de los catálogos de derechos más extensos del mundo, con sus correspondientes garantías, que llevan a convertir incluso a la naturaleza en sujeto de derecho, algo hasta ahora insólito en los tratados constitucionales.

Esta nueva Constitución sienta las bases para una democracia participativa, con la posibilidad, por poner un ejemplo, de poder destituir al jefe de Estado por votación popular. El texto incorpora derechos fundamentales entre los que destaca el derecho al agua, a la alimentación, los derechos de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores o de los pueblos indígenas.

La nueva Constitución de Ecuador rescata un término kichwa, el sumak kawsay (traducido al castellano como “el buen vivir”), y lo convierte en el principal objetivo del poder público. Horas antes de que se abrieran las urnas, el presidente Rafael Correa definía la situación por la que pasa el país : “Estamos ante un momento histórico. Es una oportunidad maravillosa para construir el nuevo Ecuador, por el que hemos venido luchando durante muchas generaciones”. De igual manera declaraba a DIAGONAL Manuela Gallegos, titular de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana : “No tiene viabilidad el proyecto de transformación social que se está desarrollando en el Ecuador si el pueblo no aprobase la Constitución. Por fin las minorías étnicas se ven reflejadas en la carta magna en toda su magnitud. Por fin las mujeres, los indígenas, los negros…, se empoderarán. Este proceso de cambio ya no tiene freno”.

Las élites, intranquilas

La Iglesia ha sido uno de los actores claves de la oposición durante la campaña por el ‘no’ a la Constitución. Monseñor Arreguí, cura de origen vasco y miembro destacado del Opus Dei, así como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se manifestó claramente en contra de la Constitución. Sus motivos : “Esta Constitución atenta contra los principios de la Iglesia. Es abortista, da pie al matrimonio entre parejas del mismo sexo, y en su preámbulo invoca el nombre de Dios junto al de la Pachamama”. De igual manera, manipulando y tergiversando los contenidos del proyecto constitucional, la oligarquía y extensos sectores empresariales llamaban a votar por el ‘no’, indicando a través de múltiples vocerías que la nueva Constitución atenta contra el principio de la propiedad privada, que es comunista, que se ha hecho a través de asesores extranjeros financiados por el presidente venezolano Hugo Chávez, que no permitirá las inversiones extranjeras en el país... Walter Larrea, trabajador de la cadena comercial AKI, con múltiples establecimientos en diversas ciudades de Ecuador, declara a DIAGONAL : “En nuestros puestos de trabajo, nuestros jefes nos amenazaron con el despido si votábamos ‘sí’ a la Constitución. Mi hermano y mis primos, que trabajan en negocios que nada tienen que ver con el mío, también fueron amenazados”.

Ecuador se ha caracterizado por ser un país razonablemente tranquilo, a pesar de que Rafael Correa sea el sexto presidente de la República en tan solo 12 años. Muchos de sus antecesores fueron derrocados por movimientos populares, así como por procesos judiciales. Según declara a DIAGONAL el sociólogo Jon Avatares : “La sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por no haber vivido grandes procesos de represión política, los militares no protagonizaron dictaduras del estilo de las que existieron en el Cono Sur, y el nivel de enfrentamiento político ha tenido habitualmente un perfil relativamente bajo dentro del contexto social”. Y prosigue : “Sin embargo esto está cambiando, la campaña para el referéndum constitucional es un claro ejemplo de ello. Nuestra sociedad se está polarizando entre quienes están a favor o en contra de Correa, y este fenómeno se da de manera especial en Guayaquil”.

“No jodas a Guayaquil”

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se transformó en el vocero fundamental de la campaña por el ‘no’ a la Constitución. Bajo el lema “No jodas a Guayaquil”, puso en marcha gigantescas brigadas ‘puerta a puerta’ por toda la ciudad, con el fin de convencer a sus ciudadanos de que la Constitución es centralista y negativa para la ciudad que él dirige. Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con dos millones de habitantes, y se ha convertido en el bastión de la oligarquía tradicional ecuatoriana. Nebot, histórico militante del Partido Social Cristiano, es el portavoz de esa oligarquía y, de hecho, junto con la provincia de Zulia en Venezuela y los territorios de la ‘medialuna’ en Bolivia, Guayaquil es socio fundador de CONFILAR, la Confederación que agrupa a los territorios secesionistas de América Latina. El presidente Correa ha alertado varias veces sobre el peligro de que se dé en Guayaquil un proceso de características similares al de Santa Cruz en Bolivia. Correa advertía sobre las declaraciones autonomistas de Nebot durante la campaña : “Lean bien lo que quiere decir esa oligarquía. Nos quieren convertir en otra Bolivia donde, pese a que Evo Morales saque el 68% del apoyo popular, la oligarquía separatista de Santa Cruz quiere destrozar a Bolivia porque nunca se sintieron bolivianos”.

Publicado en el Diagonal nº 86, 2 de octubre de 2008

Ecuador: comienza a hacerse justicia 10 años después

2008-07-08T21:40:00.004-04:00

Decio Machado (desde Quito -Ecuador-).

El Estado incauta 195 empresas pertenecientes a una de las familias oligárquicas más importante del país. Los medios de comunicación en manos de la derecha comienzan una dura campaña de desprestigio sobre Rafael Correa. Los medios de comunicación internacional: CNN, grupo PRISA, etc… secundan la campaña de la derecha.
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De igual manera que se manipuló la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de Radio Caracas TV (RCTV) el 27 de mayo del año pasado, los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales ya están manipulando la incautación de varias empresas de comunicación en la madrugada del día de ayer, 8 de julio, por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Garantías de Depósito (AGD) ecuatoriana.

Mientras los medios recogen declaraciones del tipo de “atentado y atropello a la libertad de expresión”, emitida entre otros muchos periodistas, por Nicolás Vega, gerente de la televisión Gamavisión; o incluso las del alcalde de Guayaquil, el líder “secesionista” socialcristiano y portavoz de la oligarquía tradicional, Jaime Nebot , en las cuales advierte demagógicamente: “es el inicio del fin de la libertad de expresión en el país”; la realidad se corresponde, al igual que pasó en Venezuela hace algo más de un año, a algo muy distinto.

¿Qué ha sucedido en realidad?

La Agencia de Garantías y Depósito AGC, conforme al artículo nº 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica y tributaria, dispuso la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998; cuyas pérdidas fueron determinadas por la Junta Bancaria, por 661 millones de dólares, conforme lo previsto en la resolución JB-2008-01084, con fecha 26 de febrero de 2008.

Artículo 29, Ley AGD: “…en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad…”.

No es una incautación única sobre medios de comunicación o por el mero hecho de ser medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano ha incautado 195 empresas entre ellas: empresas agrícolas, de comercio, de seguros; de construcción; yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles, además de las empresas mediáticas. Sus propietarios, el llamado Grupo Isaías, eran los propietarios de Filanbanco, entidad que junto con otras articularon la estafa más grande de la historia del Ecuador, hace 10 años. De hecho, la familia Isaías, vive desde entonces en Miami, Estados Unidos.

Con esta medida, que debió ser tomada hace 10 años, renace la esperanza de los cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco. Además estas incautaciones no vulneran ningún derecho laboral ni paralizará ninguna de las empresas en cuestión, es el Estado ecuatoriano el que ahora velará y garantizará la estabilidad laboral.

La intoxicación mediática a la que una vez más esta siendo sometida la comunidad internacional por medio de los grandes grupos de comunicación, intenta hacer creer que el llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Rafael Correa, ha desarrollado una acción para hacerse con los medios de comunicación opositores, y que dicha acción carece de legitimidad jurídica.

Lo cierto es que, entre las 195 empresas de la familia Isaías incautada, se encuentra tres canales de televisión (TC Televisión, Gamavisión, Cable Noticias CN3), más la televisión por cable, Cable Deportivo. Además, los Isaías, tiene entre su holding empresarial, media docena de radios (entre ellas destacan Súper K8 800 y Radio Carrusel), así como otra media docena de revistas (La Onda, Generación XXI, El Agro, Samborondón,…). Todos ellos han quedado incautados por el Estado.

¿De quién son los medios de comunicación en el Ecuador?

La industria mediática ecuatoriana, al igual que la del resto del planeta, ha derivado en dos efectos importantes en los últimos treinta años. Por un lado, una creciente privatización monopólica que genera significativos lazos entre grupos de poder y medios de comunicación. Pero además, dicha relación tiene un efecto directo sobre la intención y direccionalidad de la información, instrumentalizada desde los intereses de quienes son propietarios de los medios.

Esta relación -prensa-grupos económicos- no es nueva. La tendencia mundial por comercializar los medios de comunicación responde a la importancia ideológica que tienen, y al poder que supone el manejo de información. En ese sentido, Ecuador no ha sido una excepción.

Los medios ofrecen la posibilidad de controlar de manera indirecta, a través de la unificación de pensamiento y la injerencia en la percepción ciudadana. Se trata de una hábil estrategia, considerando que se ampara en el discurso de la democracia y la libertad de expresión.

La manipulación de información responde a un interés específico de control social a través de la homogenización de percepciones, incidiendo directamente en el imaginario social y el debate público. El papel de los medios ya no es informar sino moldear una sociedad funcional a los grandes poderes económicos.

Durante los últimos años, en Ecuador se han producido una serie de acontecimientos que han ido modificando la configuración de los grupos económicos del país. En este sentido, resulta importante destacar el papel de la crisis bancaria de 1998 en el reordenamiento de los grupos de poder económico del país.

En la actualidad, la propiedad sobre los medios en el Ecuador presenta características monopólicas. Son los grandes grupos económicos del país los que concentran los espacios mediáticos, bajo el tradicional formato de familias cerradas. Un cruce de información sobre accionistas y directorios de medios revela además una importante imbricación entre estos grupos vinculados a través de relaciones comerciales, familiares y por propiedades compartidas.

En la actualidad, y a falta de una oposición sólida capaz de estructurar alternativas al gobierno del presidente Correa, son los medios las herramientas utilizada por la oligarquía para intentar desprestigiar y deslegitimar el actual momento de transformación social que vive el Ecuador.

Los grupos tradicionales que controlan los medios en el en Ecuador son:

- Isaías de Guayaquil Eljuri de Cuenca y Vivanco de Quito, entre estos tres grandes grupos, conforman el supergrupo IEV, el holding multimedia más importante. Cada familia mantiene el control total sobre determinados medios pero además tienen un conjunto de intereses mutuos en un número importante de medios de comunicación.

- Mantilla Mosquera y Mantilla Anderson, ambos de Quito, conforman el supergrupo Mantilla: Relación familiar (primos hermanos). Intereses comunes en sector editorial. Cuentan con empresas que los enlazan económicamente. Separación de intereses a nivel de prensa escrita.

- Y los grupos sueltos, Vivanco y Egas de Quito; así como, Alvarado, Pérez y Martínez de Guayaquil.

Todos ellos son de perfil conservador, no habiendo sectores progresistas mediáticos más allá de la televisión estatal –Ecuador TV, sin emisión permanente-, el periódico El Telégrafo (también estatal y con una limitada tirada de 25.000 ejemplares) y una red de radios comunitarias, entre las que destaca La Luna (activa protagonista durante el derrocamiento del coronel Lucio Gutiérrez).

En el Ecuador actualmente son 19 familias oligárquicas, las que controlan a nivel nacional la pantalla chica: de 348 concesiones, 287 están en manos de estos grupos familiares, ya sea como personas jurídicas o como personas naturales. El resto de concesiones se encuentran en provincias, principalmente en posesión de políticos o empresarios locales.

Entre estas familias, los Isaías son los más importantes, teniendo en su poder el 27% de la concentración mediática televisiva.

Los antecedentes investigativos.

El pasado 4 de agosto de 2007, el presidente Rafael Correa, afirmaba que el atraco bancario de 1999 al que se vio sometido el país es una “historia tenebrosa” que “no quedará en la impunidad” y pidió a los ecuatorianos estar atentos al futuro.

En ese momento, Correa advertía a los ciudadanos que los resultados del informe que la comisión de auditoría del salvataje bancario “eran estremecedores”. Dicho informe fue presentado públicamente el 9 de agosto del año pasado, y a partir de ahí, el gobierno pidió al Fiscal General de la Nación que investigue a los responsables y conforme una veeduría ciudadana para que estos delitos fueran sancionados y no quedasen en la más absoluta impunidad.

Correa denunciaba entonces, que “todo fue un plan para quebrar al país y llenar el bolsillo de los banqueros” (en la actualidad, todos instalados en los Estados Unidos), indicando también que ese “atraco” financiero de 1999 y 2000 tuvo como antecedentes la manipulación de las leyes.

La banca controló la Constituyente de 1998.

Los banqueros intervinieron en varias leyes en elaboración de la Asamblea Constituyente de entonces, dominada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana, con el fin de realizar modificaciones legales para su beneficio.

Se modificó por ejemplo la transitoria número 42 de la Constitución en relación con la gestión del Banco Central para incorporar el siguiente contenido: “Hasta que el Estado cuente con los instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como crédito para atender el derecho de preferencia a las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

Los banqueros se prepararon la legislación, ya sabiendo que venía la crisis e hicieron una Constitución a su medida para que todo el pueblo ecuatoriano pagase su irresponsabilidad y sus lucros indecorosos.

Tras este primer paso para atracar el país, vino el segundo, en diciembre de 1998, con la aprobación de ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), cuyo lema parece haber sido, según Correa: “quiebren no más que todo el Ecuador paga”.

Después de marzo de 1999, llegó el congelamiento de depósitos, que se convirtió en el mayor decomiso de la historia del país (versión ecuatoriana del “corralito” argentino), y se registró una devaluación del sucre (moneda del país en aquel momento), que pasó de un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar, con lo que se consumó el robo de las cuatro quintas partes de los depósitos del pueblo ecuatoriano.

Los presidentes implicados.

Toda esta operación de robo a escala nacional, comenzó durante el mandato de Fabián Alarcón, declarado presidente interino después de la destitución, tras fuertes movilizaciones populares, de Abdalá Bucaram, el 11 de febrero de 1997. Esto llevó a una crisis política, ya que constitucionalmente la sucesión correspondía a la entonces vicepresidenta, Rosalía Arteaga, que había asumido el poder sin la autorización del Congreso el 6 de febrero. Arteaga ejerció de manera oficial como presidenta entre 9 al 11 de febrero, pero cedió finalmente ante Alarcón, que asumió de manera interina hasta el 10 de agosto de 1998.

Su gobierno fue caótico. La crisis constitucional desatada a partir de su designación acabó con un referéndum que dio paso a la Asamblea Constituyente anteriormente referenciada, que redactó la nueva Carta Magna de 1998.

El interinazgo de Alarcón se prolongó hasta el 10 de agosto de 1998, cuando asumió un nuevo presidente elegido en las urnas, el alcalde de Quito Jamil Mahuad.

Mahuad, líder de la Democracia Popular, gobernó el país entre 1998 y su derrocamiento en el 2000. Recordado como el presidente más nefasto de la historia del Ecuador desde su regreso a la vida democrática, actualmente dicta clases en Harvard, donde imparte cursos de escenarios políticos.

La consecuencia: el éxodo de un pueblo.

El masivo robo desarrollado por los tenebrosos banqueros ecuatorianos, en contubernio con el Gobierno de Jamil Mahuad, causó repercusiones terribles, valorándose el desfalco económico en unos 6.000 millones de dólares.

Sin embargo, el costo de este asalto ha tenido repercusiones aún más graves para la población ecuatoriana. Desde 1995, con énfasis principalmente en 1999 y 2000 (momento del atraco bancario), cerca del 25 % de la población del Ecuador, tuvo que emigrar.

Los estragos económicos de la última guerra contra el Perú (1995), la devastación causada a lo largo de toda la costa del país por el Fenómeno del Niño durante 1998, y en especial, que quiebra fraudulenta de los principales bancos (1999), fueron los principales causantes del éxodo masivo ecuatoriano a Europa y Estados Unidos.

El atraco bancario y la posterior dolarización del país, en el año 2000, dejó a la economía ecuatoriana contra las cuerdas, la cual de hecho se salvó consecuencia de las divisas enviadas por los inmigrantes que tuvieron que salir del país.

Lo que está por venir...

El presidente Correa ya lo ha advertido, se hará justicia, aunque sea 10 años después, no son los Isaías los únicos que serán incautados por el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Un acto de valentía como este por parte del Ejecutivo ecuatoriano, con Correa a la cabeza, merece ser aclarado, con independencia de la manipulación mediática a la que se le intente someter por parte de medios de comunicación que desde hace ya muchos años, dejaron de lado la ética períodística y su función primordial: la facilitación de una información objetiva para el conjunto de la ciudadanía.

Sr. Rafael Correa, al margen de lo que los medios estén publicando en el día de hoy, no dude nunca que una acción como esta, su pueblo se lo agradece. Han tenido que pasar 10 años para que se empiece a hacer justicia.

Balcanizar América Latina, la receta definitiva de EE UU

2008-06-29T13:33:00.002-04:00

Decio Machado // Ecuador (Guayaquil)

A medida que los procesos transformadores avanzan en países como Bolivia, Venezuela o Ecuador, se multiplican las pulsiones separatistas de las élites de las regiones más ricas en recursos naturales. La ‘medialuna’ en Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) ; Zulia, en Venezuela ; y Guayaquil, en Ecuador, se han transformado en la avanzadilla de los intentos de ‘balcanización’, tal como se empieza a denominar esta nueva estrategia.

Detrás de los partidos autonomistas, la financiación de EE UU : desde 2005, Washington ha entregado 120 millones de dólares a la oposición boliviana.

Tras la balcanización de América Latina

Después de los referéndum autonomistas en Santa Cruz, Beni y Pando en Bolivia, ha quedado abierta una puerta hacia un proyecto de balcanización en América Latina que deja muchos interrogantes para el futuro de la región.

El reclamo autonómico de los prefectos de la llamada ‘medialuna’ boliviana (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), que pretende socavar el poder del presidente Evo Morales, está sentando precedentes peligrosos en el resto de América Latina. De esta manera, el eje conformado por Santa Cruz (Bolivia), Zulia (Venezuela) y Guayaquil (Ecuador), intenta quebrar el proceso de integración regional. La particularidad de este eje autonomista es que las mismas regiones son bastiones fuertes de la oposición a los presidentes Morales, Chávez y Correa respectivamente. Asimismo, poseen ingentes recursos naturales (petróleo y gas) y representan una parte importante del PIB de sus respectivos países.

Según declara a DIAGONAL Rigoberto Martínez, investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, “todo este movimiento es una estructuración de un conjunto de instituciones que propician el libre comercio en regiones ricas, promocionando las autonomías como una simple estrategia de desestabilización de gobiernos progresistas y planteando el control de las oligarquías locales sobre sus recursos naturales”.

Zulia, Estado petróleo

Desde el siglo XIX alrededor del Zulia ronda la idea del separatismo. Hoy, a pesar de que el país es una republica única e indivisible, los planes secesionistas, impulsados por las elites opositoras, parecen retomar posición en el tapete político nacional.

El presidente Hugo Chávez denunciaba ante los medios de comunicación el pasado 30 de mayo : “Zulia es tierra de petróleo, de pueblo alegre y dicharachero. Pero al mismo tiempo hay que recordar que más allá de toda esa belleza geográfica, histórica y cultural que reúne, aquí está el epicentro del plan separatista contra Venezuela, y ese plan se expande ahora hacia Táchira y Mérida”, y proseguía : “Tomando el ejemplo de Bolivia, los opositores a la revolución bolivariana han ideado un plan divisionista que se expande ahora hacia el Estado Apure, en lo que ellos han llamado el arco, la media luna venezolana”.

Según el mandatario venezolano, la intención separatista va a intentar ser puesta en marcha en caso de que la oposición obtenga gobiernos regionales “estratégicos” en las elecciones del próximo noviembre.

El gas secesionista de Bolivia

A pesar de lo que ocurre en Venezuela, es en Bolivia donde los sectores autonomistas están más empoderados. El pasado 4 de mayo se realizó en Santa Cruz la primera consulta autonómica. A pesar del triunfo del ‘sí’, es necesario recordar que dicho referéndum fue convocado fuera de los canales que estipula la Constitución del Estado y que no gozó del aval de la Corte Nacional Electoral boliviana ni de los exigidos controles electorales. De igual manera, el 1 de junio también se desarrollaron referéndum en Beni y Pando, con objetivo de convalidar los estatutos redactados por sus correspondientes comités cívicos locales. Representantes de la oligarquía cruceña, como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, viajaron a estas regiones para respaldar la “causa autonómica”.

Durante las votaciones llevadas a cabo en Beni y Pando, se sucedieron fuertes disturbios con varios heridos en algunas localidades de estos departamentos. En estos sucesos fue asesinado Carlos Ali, simpatizante del MAS y opositor a las consultas autonómicas. La víctima murió por ocho disparos de bala. Los enfrentamientos se dieron entre opositores al referéndum con el grupo de choque Unión Juvenil Cruceñista. Esta organización recorrió las calles armada para amedrentar a la población. La propuesta secesionista del Comité Cívico de Santa Cruz no tiene discusión : “Serán de dominio originario del Departamento, la región o la nación que le corresponda, todos los recursos naturales que contengan el suelo y el subsuelo. Toda la concesión de los mismos a empresas nacionales o extranjeras deberá ser aprobada, previamente, por las instancias legislativas y ejecutivas a nivel departamental o regional”.

Según Ramiro Vinueza, director del periódico ecuatoriano Opción, vinculado al Movimiento Popular Democrático, “este regionalismo y localismo reaccionario está exacerbado por los intereses del capital financiero internacional y las transnacionales del petróleo, que pretenden sustituir el supuesto centralismo establecido desde la capital boliviana, por la sumisión al centralismo de las grandes transnacionales, los separatistas pretenden negociar con éstas la entrega de los inmensos recursos naturales que posee esta región, de los cuales recibirán miserables privilegios, pero que les asegura su posición dominante frente a los pueblos pobres y explotados”.

Guayaquil, capital opositora

A primeros de mayo, el embajador boliviano en Quito, Javier Zárate, denunció que grupos opositores están coordinando en Ecuador y Venezuela referendos autonómicos como los organizados en Bolivia. Según declaró a DIAGONAL el mandatario ecuatoriano Rafael Correa : “Lo que está ocurriendo en Bolivia no es una acción aislada, tiene el soporte de países extranjeros, que quieren desestabilizar la región ; y de las elites separatistas de Guayaquil y de Zulia en Venezuela”. Guayaquil es considerada la ciudad más próspera y poblada del Ecuador, bastión de la derecha que se opone a Correa y cuyo alcalde Jaime Nebot, se referencia ante la ciudadanía guayaquileña por su proyecto de regeneración urbana y la privatización de la administración pública municipal. Su proyecto autonómico es un plan económico, político y social de carácter local y no nacional : intenta convertir a Guayaquil en una plataforma de exportación de bienes y servicios, sin pasar por el Estado central.

En la actualidad, Nebot intenta pactar con los 25 alcaldes existentes en la provincia del Guayas la formalización de un proyecto autonómico de corte separatista, que pudiera extenderse a través de la costa ecuatoriana, incluyendo entre sus objetivos la colindante provincia de Manabí, cuya segunda ciudad más importante es Manta. En esta ciudad se ubica la base norteamericana más importante del continente, que será desmantelada a finales del año que viene, según indicaciones del presidente Rafael Correa, y cuya única posibilidad de subsistencia sería a través de una proceso secesionista o bien por el derrocamiento del régimen.

¿Quién financia el separatismo?

Bolivia supone un buen ejemplo. La abogada venezolana-estadounidense Eva Golinger demostró documentalmente hace apenas un mes, que el Gobierno de los EE UU ha transferido 120 millones de dólares a la oposición desde 2005.

El Gobierno estadounidense ha utilizado a la National Endowment for Democracy (NED) y a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros organismos, para financiar a la oposición a Evo, incluso momentos antes de su ascenso. La argumentación fue la de destinar fondos a la lucha contra el narcotráfico. Este reparto de millones se desarrolló entre organizaciones de todo tipo, incluyendo estudiantiles, periodistas y empresas mediáticas, partidos políticos, empresariado y otros. El objetivo era preciso : provocar el fracaso de la Asamblea Constituyente. Los medios, amplios : fuerzas de choque, enfrentamientos, movimientos por las autonomías, paros “cívicos”, movilizaciones permanentes en las siete regiones del país, “violencia callejera”, hasta llamamientos para derrocar al Gobierno. Todo esto es palpable en la mayoría de los medios de comunicación masiva, en manos de la derecha, y activos protagonistas políticos de la disidencia, que impulsan un enfrentamiento interno y una intervención externa.

Durante 2007 incluso se produjeron atentados con dinamita contra el consulado de Venezuela y una residencia de médicos cubanos en Santa Cruz, sin olvidar el intento de atacar a un avión venezolano en el aeropuerto de esa ciudad. Entre otros graves hechos, destacó una serie de atentados realizados por una pareja de estadounidenses y la detención de una funcionaria de EE UU que traía cajas de municiones para su ‘sede’ diplomática, según explicación oficial de la Embajada de los EE UU. Durante el mes de abril, previo al referéndum, EE UU posicionó en diversas regiones de Bolivia a la USAID a través de la empresa Casals & Associates para entregar 13,3 millones de dólares a 379 organizaciones de la “sociedad civil”, partidos opositores y proyectos separatistas.

CONFILAR : UN PROYECTO SECESIONISTA EN UN CONTINENTE EN TRANSFORMACIÓN

La Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional (Confilar) fue creada el 19 de septiembre de 2006 en Guayaquil (Ecuador), y tiene como misión, según recoge su acta fundacional, “impulsar y difundir en Latinoamérica y el mundo el ideario de libertad y autonomía mediante foros, cursos, talleres, seminarios, conferencias y otros medios de difusión”. Se definió explícitamente que esta Confederación brinde total apoyo a los cuatro departamentos “autonómicos” bolivianos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). La iniciativa del evento provino de Alberto Mansueti, vicepresidente del Movimiento Rumbo Propio para el Zulia, y director presidente de la Conferencia Liberal Hispanoamericana. En este evento se eligió como presidente de la Confilar a Carlos Dabdoub, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia y secretario departamental de Autonomía y Constituyente del Gobierno de Santa Cruz. También fue nombrado José Luis Tapia como secretario general. Tapia es miembro del Instituto de Libre Empresa y director ejecutivo de la Conferencia Liberal Hispanoamericana, recibe donaciones en una cuenta bancaria en Georgia, Estados Unidos, y cuenta entre sus “asesores académicos” con dos conocidos ideólogos de la derecha latinoamericana como Carlos Alberto Montaner, buscado por actividades terroristas en Cuba, y Álvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute de EE UU. Firmaron su creación organizaciones de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, y acordaron hacer su segundo foro en Santa Cruz, el cual se realizó en septiembre de 2007. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció en su enlace radial del pasado 3 de mayo que esta Confederación es promotora de “intentos separatistas” en Bolivia, y mencionó que estas acciones son apoyadas por elites de Guayaquil y de Zulia, en Venezuela. Agregó a su vez que intereses internacionales “están financiando estos grupos para crear problemas a gobiernos progresistas, y una balcanización en América Latina”.

LOS LIBERTADORES DE LAS CLASES ALTAS

Branko Marinkovic

Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Proviene de una familia de inmigrantes croatas que tuvieron relación con la ultraderecha de su país, los ustachis. Es partidario de conformar la “media luna” empresarial y de firmar el TLC con EE UU. Una de sus funciones es defender los intereses de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, el gremio petrolero. Se le considera como el más lúcido del movimiento empresarial. En las elecciones a la presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz, se denunció la compra de votos a su favor de los delegados. Inicialmente vendió una imagen de persona joven, sin militancia anterior en partidos políticos desgastados y de empresario “productor”. En la actualidad, proyecta la imagen de un fascista fanático y soberbio y es un apólogo del terrorismo verbal, que practica conciente de su influencia. Tiene el apoyo de los medios, prácticamente todos en manos de la derecha, que se esmeran en amplificar su discurso. Con su marcado anticomunismo Marinkovic tuvo papel central en el juego nada cívico de generar pánico en la población para obligarla a obedecerles ciegamente, con declaraciones que señalan gran ignorancia, una dañina ligereza y mentalidad de señor feudal que dispone de la vida de la gente.

Jaime Nebot

Alcalde de Guayaquil. Proviene del Partido Social Cristiano y está casado con Cinthia Bohrer. Su cuñado Leonardo Bohrer fue presidente del Barcelona de Guayaquil y dirigió CATEG (empresa de energía eléctrica de la ciudad). Hace un año, CATEG presentó una demanda contra Leonardo Bohrer, por supuesta asociación ilícita con los representantes de la compañía Bismark para perjudicarla a través de la compra de servicios de telemetría de los medidores de consumo de energía de grandes usuarios en Guayaquil, por un monto de 10.380.000 dólares. Actualmente las elites de la ciudad constituyen el eje de la oposición al Gobierno de Rafael Correa. La imagen que proyecta en los medios, casi todos en manos de la derecha, es la de un líder mesurado, que realiza una gran obra con eficiencia a través del municipio. Según Nebot, su propuesta busca evitar una crisis similar a la de Bolivia. Sin embargo su historia lo delata : durante el Gobierno de León Febres Cordero, el más sangriento de la historia reciente del Ecuador, Nebot fue su mano derecha, ejerciendo la gobernación del Guayas durante aquel período. Tiene asesores llegados directamente desde Miami, como es el caso de Enrique Campuzano, actual líder de la ‘Colaboración Cívica del Guayas’. A través de las mafias locales, Nebot ha conseguido desplegar una estrategia organizativa clientelar y subordinada a la oligarquía guayaquileña. Sin éxito, ha intentado posicionarse como un líder nacional, alejado de los viejos partidos políticos de donde proviene e intentando ocultar su historia pasada. Sin embargo se declara dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para “defender a Guayaquil” de los ataques del supuesto “centralismo comunista” de Rafael Correa.

Manuel Rosales

Gobernador del Zulia. Fue el único gobernador venezolano que firmó el acta que disolvía los poderes públicos durante el golpe de Estado de abril de 2002. Representa a los sectores de los viejos y defenestrados partidos como Acción Democrática, y de igual manera a sectores poderosos de la oligarquía regional como Fedecámaras o la federación de ganaderos. Rosales ha sido concejal, parlamentario regional y alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad del país. Dirige un partido zuliano (Un Nuevo Tiempo) desde que en 1995 rompió con el desprestigiado Acción Democrática. Fue el candidato opositor a Chávez en las elecciones de diciembre de 2006, por la alianza Unidad Nacional. Siendo un personaje bastante gris, ha podido dar la imagen de hombre capacitado y conocedor de la realidad política de la región que dirige y del país. Mucho hicieron sus asesores para mejorar su léxico y su oratoria, si bien el actual gobernador del Zulia lo echa todo a perder en sus arranques de espontaneidad. Recientemente ha sido acusado de llevar ocho años financiando sus campañas políticas con recursos públicos, entre ellos becas estudiantiles y desviando los recursos de la región para su beneficio personal, así como de recibir financiación constante desde los EE UU.

Este artículo ha sido publicado en el Diagonal num. 81 de la primera quincena de julio/2008

Uribe y el Congreso de Colombia, en la picota

2008-05-17T10:54:00.002-04:00

Decio Machado

La detención del primo de Álvaro Uribe o el inicio de una causa contra el propio presidente son sólo dos muestras del gigantesco escándalo de la parapolítica.
Colombia vive una parálisis política sin precedentes en la era Uribe. El 20% de los 268 integrantes del Congreso está en la cárcel y otros 27, entre los que se encuentra la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, están bajo proceso de investigación. Son indagados por la colaboración en sus candidaturas de grupos paramilitares de la extrema derecha. En varios casos, incluso, estos políticos están acusados de planear asesinatos junto a los ‘paras’.

El mes pasado, el primo de Uribe, el ex senador Mario Uribe y líder del partido Colombia Democrática, fue encarcelado por este motivo. En una entrevista divulgada el pasado 23 de abril en RCN radio, el encarcelado ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, denunció que más del 50% del Congreso podría estar involucrado en la “parapolítica”.

El Ejército, también tocado
La fiscalía dictó medidas de control contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón La Popa de Valledupar los que están siendo investigados por vinculación con el paramilitarismo.

La investigación sobre estos oficiales comenzó en enero de 2007, cuando se relevó de su cargo al coronel Mejía Gutiérrez por denuncias que le implican en la conformación de un grupo especial con 14 militares al que se le conoció como el grupo Zarpazo, de acción rápida y que cada vez que operaba causaba bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo al frente del batallón, aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos (sólo en el primer semestre de 2003 fueron asesinados 53 indígenas). Los kankuamos denunciaron a dicho Batallón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsables de varios de estos asesinatos.

Bloqueado el TLC con EE UU
La crisis política de Uribe puede acentuarse aún más si el Partido Demócrata en el Congreso de los EE UU sigue bloqueando la aprobación del TLC con Colombia.

La desesperación del mandatario colombiano es tal que a primeros de mayo contrató a una nueva firma, The Fratelli Group, como lobbista en EE UU con el costo de 300.000 dólares anuales. Aparte de esta empresa de relaciones públicas, la Embajada de Colombia recibe en Washington el apoyo de otras empresas lobbistas : Jonson, Madigan, Pech, Boland & Stewart Inc, y el Glover Park Group.

El presidente Bush había presentado al Congreso estadounidense la propuesta a mediados de abril, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, consiguió que los congresistas aplazaran la votación sobre el tratado hasta nueva orden. No se sabe cuándo se fijará la nueva fecha, aunque los candidatos demócratas en sus campañas han declarado estar en contra del TLC dado que traerá como consecuencia la pérdida de empleo en EE UU.

Compra de congresistas
La ex congresista de Barranca, Yidis Medina, ha acusado a altos funcionarios públicos de haberle “comprado” con puestos su voto para que diera el sí a la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial inmediata. Esta reforma permitiría a Uribe presentarse para su tercer mandato.

El pasado 30 de abril, Yidis entregó lo que se podría considerar la prueba reina : diez resguardos de consignaciones de dinero, por 200 millones de pesos, en una cuenta del ex representante Teodolindo Avendaño, para que se ausentase de la sesión en que sería votada la reelección.

Este artículo ha sido publicado en el número 78 del periódico Diagonal, en la segunda quincena de mayo/2008

La Base de Manta y la estrategia de militarización en América Latina

2008-04-20T20:24:00.002-04:00

Decio Machado

En los últimos quince años, Estados Unidos consolidó su sistema de bases militares en un nuevo sistema global de control planetario. Según datos del Pentágono, hay más de 735 bases militares estadounidenses en 130 países, lo cual constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y seres humanos. En este listado, no se incluyen instalaciones proporcionadas por otras naciones en el exterior, por lo cual si se tomara en cuenta todas las bases, el ejército estadounidense contaría con más de 1000 bases en otros tantos países. Según denuncia el presidente del Japan Policy Research Institute, Chalmers Johnson (1), las bases extranjeras tienen 5 misiones:

- Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo.
- Interferir comunicaciones.
- Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras.
- Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar.
- Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad.

Bajo su “Programa de Transformación de Defensa”, EE.UU. ha convertido el noreste asiático en una gran plataforma para sus operaciones militares globales y regionales, y en la actualidad tiene la mayor concentración militar en el Golfo Pérsico y en el área andina en América Latina.

La militarización de América Latina

Richard Burton, estratega del Comando Conjunto de Estados Unidos, señalaba en los años 90 que existían 16 áreas de “real trouble” (verdaderos problemas) en el mundo, y comenzaba su lista por aquel entonces con Haití, Colombia y Brasil-Argentina.

Quizás por eso, EE.UU. mantiene una compleja red de instalaciones militares y de operaciones en América Latina y el Caribe, denominada por el Comando Sur estadounidense, como su “arquitectura del teatro”. Desde allí desarrolla la lucha antinarcóticos, no enfrentándolo como un problema de salud pública, sino como un ataque a la oferta. Desde mediados de los 80, se comenzó a transformar la lucha antinarcóticos en la región andina en un asunto de orden militar. Para ello se utilizan los Forward Operanting Locations (FOL, Centro Operativos de Avanzada), antes considerados simplemente bases militares.

En el norte de América Latina y en el Caribe las instalaciones militares estadounidenses son oficialmente reconocidas:

- 17 sitios con instalaciones de radar (principalmente Colombia y Perú).
- 4 bases miliares FOL, situados en Ecuador, El Salvador, Aruba y Curazao.
- La base de “Tres Esquinas” en Colombia juega un papel fundamental en la implementación del Plan Colombia.
- La base Puerto Buchanan en Puerto Rico.
- 2 bases militares: Guantánamo en Cuba y Toso Cano/Palmerola en Honduras.

La estrategia militar estadounidense hacia América Latina y el Caribe se controla desde el Comando Sur con base en Key West, Florida. Este Comando Sur tiene más empleados trabajando sobre América Latina que la suma de los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa.

La presencia militar directa en la región se ha incrementado desde el cierre en 1999 de la Base Howard (Panamá) que utilizaba el ejército de los EEUU para las operaciones anti-drogas. EEUU instaló 4 FOL, hoy redefinidas bajo el eufemismo de Puestos de Seguridad Cooperativa (CSL), entre las cuales se incluye Manta. A esto se suma la Base de Guantánamo (sin fecha de expiración), Cuba, como base logística para operaciones antinarcóticos, y hoy universalmente conocida como uno de los espacios donde se han cometido mayor número de violaciones de los Derechos Humanos en el planeta (2).

Pero los FOL/CSLs tienen objetivos más allá de la lucha contra las drogas, e incluyen la migración, el “terrorismo” y una estrategia de control sobre la zona. En efecto, en las FOL/CLSs funcionan la DEA (Departamento Anti-narcóticos), la Guardia Costera y la Aduana de EEUU.

Base de Manta (Ecuador).

Ecuador ha sido un lugar estratégico para el control del Pacífico desde hace dos siglos. En 1812, EEUU estableció en las Islas Galápagos una primera base naval para atacar a barcos ingleses en el Océano Pacífico. Luego quiso comprar o arrendar las islas, y, en la Segunda Guerra mundial, levantó allí una nueva base militar, que abandonó en 1946.

Manta es el segundo puerto más grande de Ecuador, con una población de 200.000 habitantes, ubicada en la provincia de Manabí, se encuentra a solo 20 minutos en avión de la frontera colombiana, país en el cual se implementa el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.

Como decía anteriormente, Manta forma parte de un estructura militar estratégica de interrelación entre Centros Operativos de Avanzada (FOL/CSL), junto a Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz en Aruba; y Hato Rey en Curazao. Así, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, “los cuatro sitios juntos cubren un área geográfica más grande que la Base Aérea Howard… y ofrecen una cobertura más profunda”.

Manta forma parte de las estrategias de control desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de proteger sus intereses e inversiones militares y comerciales a nivel mundial.

La mayor inversión entre las cuatro FOL/CSL antes mencionadas, se realizó en Manta, con un montante de 80 millones de dólares, habiéndose convertido el aeropuerto de la base aérea en uno de los mejores equipados de América Latina.

En la región andina, el Plan Colombia es el que define las operaciones militares, como se evidencia en la interrelación entre la Base de Manta y la frontera ecuato-colombiana. Desde 1999, la Base de Manta se constituyó en un enclave ilegítimo de militares estadounidenses, que gozan de inmunidad y cuyas acciones vulneran la soberanía nacional. Desde 2002, se crearon 16 nuevos puestos militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, para la vigilancia fronteriza, los cuales aún se mantienen. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2003, se unificaron las operaciones aeronavales que establecían a Manta como un “nuevo eje de seguridad de la frontera norte”. EE.UU. aprobó fondos en ese mismo año para la adquisición de 18 helicópteros, 150 vehículos y la construcción de una base antidrogas en Manta, en un lateral de la pista de la FOL/CSL.

“La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área”, declaró el teniente coronel Javier Delucca, Comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones de EEUU en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta (17 de agosto de 2006).

Afirmaciones como la del coronel Jorge Brito reafirman esta cuestión: “la Base de Manta es como los ojos y los oídos del Plan Colombia. Con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la base proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las FARC para que sean utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que está entrenando EE.UU. y que estarían integrados por 1000 hombres cada uno”.

La actuación de la Base de Manta en el asesinato de Raúl Reyes.

Los últimos sucesos acaecidos en el pasado primero de marzo, en el que fueron asesinados casi una treintena de guerrilleros mientras dormían, entre ellos el número 2 de las FARC, el comandante Raúl Reyes, y el comportamiento posterior del mandatario colombiano vienen a determinar que EE.UU. se mantiene firme en sus objetivos de internacionalizar el conflicto interno de Colombia.

La continua provocación del presidente Uribe a su homólogo ecuatoriano, viene a indicar que EE.UU. pretende un mayor involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano y para ello intentará desplegar todos los medios posibles.

Aunque el director de prensa de la embajada estadounidense, Michael Geernnald, decía que la base de Manta nada tenía que ver con el operativo militar colombiano, fue el comandante de la FOL/CSL –Base de Manta-, el coronel Bud Leonard, quien aseguró que una avión C 130 de la Base de Manta se encontraba en el aire en el momento de la operación colombiana. El comandante Leonard dijo que efectivamente el FOL/CSL proporciona información a los estamentos militares y reconoció que esa información es recabada por un “centro de inteligencia en Dey West, Florida, donde tienen acceso diferentes departamentos del gobierno estadounidense y se la entrega en caso de ser requerida a 14 países latinoamericanos”.

Existen muchas posibilidades que las labores de información y localización del campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano hayan sido facilitadas por ese C 130 que se encontraba en vuelo. Lamentablemente este tipo de operaciones de información no dejan rastro, lo que excluye la posibilidad de poder demostrar tal actuación, lo que significaría la implicación del Ecuador en el conflicto. Si se diera este caso, la soberana Asamblea Nacional Constituyente actualmente en vigor en el Ecuador, tendría la posibilidad de determinar la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses de Manta.

Antecedentes históricos del acuerdo para la utilización estadounidense de la Base de Manta.

El año 1999 fue clave para el norte de Sudamérica, pues en este año, los Estados Unidos inician una arremetida político-militar para consolidar su hegemonía en la región; éste es el año de la implementación del Plan Colombia, con el afán de desarticular a los movimientos subversivos colombianos; paralelamente, en el plano comercial, se intenta consolidar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); también se inician conversaciones en Centroamérica para la implementación del denominado Plan Puebla Panamá, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vinculaba a México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la ofensiva de EE.UU. en el plano comercial, perdía terreno en el geopolítico (consolidación del régimen de Chávez y emergencia del PT en Brasil). También pasaba a ser indispensable buscar una compensación a la pérdida de la Base Howard (pese a los esfuerzos de última hora, los norteamericanos se vieron obligados a abandonar esta referencial base militar) para mantener su presencia militar en la zona.

Tras una serie de visitas y evaluaciones, donde especialistas militares norteamericanos consideraron las posibilidades de ubicar la base militar diferentes puntos estratégicos, se miró al Ecuador, dominado entonces por el conservador partido Democracia Popular, y con Jamil Mahuad en la presidencia de la República. Además de Manta, se consideró la posibilidad de ubicar la base en el puerto de Guayaquil y la base de Salinas. En enero de 1999 se inician conversaciones entre miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos oficiales ecuatorianos. Este primer sondeo resultó positivo para los estadounidenses y, en febrero, ya el cabildeo involucró a la Cancillería ecuatoriana, el Ministro de Defensa y la Embajada de los Estados Unidos. El 19 de febrero estaba listo un borrador de acuerdo que fue avalado por el embajador estadounidense Richard Brown, Negociador Especial de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El primer acuerdo de acceso estadounidense a la Base de Manta se firmó el 1 de abril de 1999. Hasta entonces, todo el proceso se había mantenido en secreto, tan solo con notas diplomáticas en las que la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos acordaban firmar un primer documento, que tendría vigencia por seis meses y en el que se concedía el acceso y uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro, de Manta, a militares y personal civil estadounidense, con el fin de realizar una serie de operaciones incluyendo la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.

El acuerdo que logró Estados Unidos con Ecuador y Holanda para acceder a las bases de Manta, Aruba y Curazao se diseñó con el fin de reemplazar a la Base Howard y mantener sus operaciones militares en la región. En los acuerdos se hablaba de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL – Forward Operating Location), y no de una base militar; esto se hizo con el fin de evitar que dichos convenios pasasen a revisión de los Congresos de los países implicados, tal y como lo establecían los principios constitucionales.

Así, el 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio entre ambos países que otorgaba al ejército estadounidense el acceso a la Base de Manta por diez años, renovables. Dicho acuerdo se estableció con suma rapidez, con el fin de sortear las voces disidentes de varios oficiales del ejército ecuatoriano, algunos miembros de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de las principales organizaciones de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos de la izquierda.

Para estas fechas, Ecuador entraba en una profunda espiral inflacionaria, la economía liberal presentaba su verdadero rostro profundizando la pobreza; las instituciones del Estado empezaban a desgajarse y el gobierno se veía fuertemente deslegitimado.

En diciembre de 1999, el país es conminado a aceptar una serie de decisiones económicas que permiten el saqueo de los dineros depositados en la banca nacional. Un total de ocho mil millones de dólares (3) se licuaron en las arcas de banqueros que habían llevado a la quiebra al sistema financiero nacional, lo que provocó una grave crisis entre la población, dado que todos los usuarios de la banca nacional vieron esfumarse sus ahorros.

Las movilizaciones populares inmediatas que se dieron encaminadas a derrocar al gobierno de Mahuad enfocaron sus argumentos en la economía, convirtiendo el tema de la Base de Manta en un punto secundario y poco relevante ante la situación nacional que se vivía. La sublevación popular de enero del 2000 que derrocó a Mahuad, fue manipulada por la derecha, que logró mantenerse en el poder, manteniendo la dolarización, sin sentar en los banquillos a los responsables del fraude bancario y consolidando a los estadounidenses en la Base de Manta.

La Base de Manta desde el ámbito local.

Para convencer a la población de Manta de la aceptación de la presencia militar estadounidense en la Base y por ende en la ciudad, las élites mantenses esgrimieron argumentos tales como:

- La presencia de los militares estadounidenses en Manta, es una oportunidad para romper la dependencia de Guayaquil y constituirse en un polo autónomo de desarrollo.
- Los sectores oligárquicos de la ciudad, esperaban acceder a los beneficios de la construcción del puerto de transferencia y aeropuerto internacional. También pretendían que la presencia de la Base, permitiera el financiamiento del plan maestro de agua potable y alcantarillado de Portoviejo y Manta. Se habló de modernización de la ciudad al conjunto de los mantenses.
- Con respecto al empleo, se dijo que la Base de Manta generaría cientos de empleos. Incluso periódicos de corte conservador como El Mercurio indicaban que se trabajaría en Ecuador, pero se ganaría como en Estados Unidos.
- También se esgrimió el argumento de que la presencia estadounidense significaría mayor seguridad frente a la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico.
- Se desarrolló la tesis de que la base militar dinamizaría el comercio, se incrementaría el turismo (vendrían familiares y amigos de los militares) y la inversión.
- E incluso se llegó a enunciar, que con el matrimonio entre estadounidenses y ecuatorianas, se llegaría a alcanzar un mejoramiento de la raza.

La realidad se ha convertido en una dura decepción. Las promesas realizadas por las élites matenses no se cumplió, ni para la población de escasos recursos, ni para la clase media; éstos últimos habían invertido mucho dinero para mejorar sus negocios a la espera de los nuevos consumidores, los cuales nunca llegaron.

Con respecto al empleo, tampoco se creó apenas nada, siendo la única excepción de importancia el tiempo que duró la reconstrucción de la pista del aeropuerto y fue la empresa ABB Susa la que subcontrató a empresas locales esta tarea.

Tampoco los norteamericanos han participado en los planes de seguridad de la ciudad, ni han evitado el narcotráfico. Es más, en ese sentido es de destacar la presencia en Manta de la empresa de seguridad norteamericana Dyn Corp (4), relacionada con el tráfico de personas y drogas en otros países, así como por la contratación de mercenarios ecuatorianos y colombianos para Irak.

La Base de Manta ha desarrollado un papel importante en el control del flujo migratorio a los Estados Unidos, interceptando y hundiendo barcos de inmigrantes en altamar, a pesar de presentarse ante la opinión pública como “salvadores de inmigrantes” de “barcos averiados, a la deriva, a punto de hundirse…” (5). En el mar, también los pescadores artesanales han denunciado en innumerables ocasiones los abusos cometidos por los soldados gringos en contra de sus embarcaciones (el caso más emblemático fue el hundimiento del pesquero Jorge IV y la desaparición de su tripulación) (6).

Por último, la página web de la Embajada de los Estados Unidos, indica que la FOL/CSL aporta a la economía de Manta 6,5 millones de dólares, cifra que hay que relativizar porque en estos rubros se encuentran los gastos operacionales de la base, sobre todo combustible, mantenimiento y atención de los militares. La base sólo ha contratado de manera directa a 167 personas encargadas de la limpieza y de los servicios con sueldos promedio de 300 dólares mensuales (aproximadamente 200 euros). El propio alcalde de la ciudad, Jorge Zambrano, ha relativizado la incidencia económica de la Base en Manta. Según él, el cambio de la ciudad se debe a las inversiones en el sector pesquero, las indemnizaciones por la caída del avión de Million Air (7) y las remesas de los inmigrantes.

La Base de Manta en el contexto de la política exterior ecuatoriana.

Si bien la Base de Manta se presentó como necesaria para el control del narcotráfico y la migración, enseguida quedó desvelado que sus instalaciones servían para la intervención militar estadounidense en cualquier parte de la región, pues el aeropuerto está en capacidad de recibir aeronaves que pueden transportar tropas y pertrechos militares, incluidos tanques y helicópteros (material poco apropiado para la lucha antinarcóticos o para el control de flujos migratorios). El conocimiento público en el año 2003 del denominado “Convenio Operativo” desveló la certeza de que la Base de Manta se había convertido en una base militar operativa con capacidad para recibir contingentes y material de guerra aerotransportado.

El incumplimiento de las ofertas de desarrollo y nuevos ingresos, empezó a molestar a Manta, al punto que su alcalde, Jorge Zambrano, en repetidas ocasiones afirmó que Manta no le debe nada al FOL/CSL; pero el descontento se agudizó por las acciones que realizaban los militares estadounidenses (8), y también por lo que no hacían.

Una muestra de que la seguridad de Manta no estaba en manos de los militares estadounidenses fue el incendio del 21 de julio del 2005, el cual consumió casi una manzana de edificaciones históricas de Manta, en el que la FOL/CSL, a pesar de sus equipos avanzados tecnológicamente, no prestó la ayuda oportuna para controlar el incendio.

El derrocamiento de Lucio Gutiérrez, en abril del 2005, puso en el escenario político a Alfredo Palacio, y con él, a un nuevo canciller: Antonio Parra Gil. Las declaraciones del nuevo canciller ecuatoriano desataron una serie de críticas en los círculos políticos estadounidenses y colombianos, enfriando las relaciones diplomáticas. Colombia y Ecuador retiraron sus embajadores titulares por largos periodos y de manera intermitente.

Antonio Parra, siguiendo las directrices de Palacio, definió la política que guiaría la gestión diplomática: soberanía nacional y no intervención en asuntos internos de otros Estados.

Estas directrices, que han sido postulados tradicionales del Ecuador, han permitido al Ecuador mantenerse al margen de los conflictos de los países vecinos. Dichos posición fue violentada por Mahuad, al ceder la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, paralelamente votar en el seno de las Naciones Unidas a favor de una resolución contra Cuba contrariando incluso a los mismos funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana. De igual manera actuó Lucio Gutiérrez, al comprometer al país con una estrategia militar ajena y convertirse, tras el presidente colombiano, en el principal portavoz latinoamericano de los estadounidenses y de los intereses del gobierno colombiano.

La nueva realidad política del Ecuador.

La elección de Rafael Correa como Presidente de la República, puso en apuros a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, e inmediatamente inició una agresiva campaña de relaciones públicas con las élites mantenses para evitar el anunciado cierre de la Base de Manta. Este proceso de lobby le llevó a reunirse con las cámaras de producción de Manta, ofrecer ayuda para obras, los soldados estadounidenses salieron a la ciudad para jugar beisbol con algunos jóvenes ciudadanos aficionados; además pintaron escuelas y regalaron equipos nuevos a los bomberos locales, a los mismos que no ayudaron durante el incendio en el centro histórico de Manta.

El más agresivo plan de lobby político de los estadounidenses se desarrolló fuera de territorio ecuatoriano, generando dudas sobre la palabra del Presidente Correa. El jefe del Comando Sur de los EE.UU., realizó declaraciones en Perú y Colombia, asegurando que se estaba negociando la renovación del convenio con Ecuador. La entonces canciller, María Fernanda Espinoza, tuvo que aclarar que el Ecuador no renovará el Convenio.

Para generar una opinión pública favorable, la Embajada invitó a periodistas a visitar sus instalaciones en la Base de Manta, incluso los hizo subir a sus aviones, y se llevó a algunos de ellos a las oficinas centrales del Comando Sur, en Florida.

El proceso de lobby político de los EE.UU. se extendió a sectores de fuerte incidencia en la población, como lo es la Iglesia Católica, especialmente, las parroquias. Así, los curas párrocos de Manta también fueron invitados a la base. Con excepción de aquellos vinculados a las bases sociales, la mayoría de los párrocos quedaron convencidos que en la base no hay nada que huela a militarización, al contrario, son varios los beneficios sociales de la base y lo que en adelante puede aportar.

Pero el proceso de transformación social en el Ecuador ha dejado definitivamente cerrado el camino a cualquier posible renovación al convenio de la FOL/CSL.

El pasado 1 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba los 5 primeros artículos que tendrá la nueva Carta Magna ecuatoriana. En esta nueva redacción, el artículo 5 de la nueva Constitución dirá: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

El Movimiento PAIS, organización que llevó a Correa a la presidencia, se impuso con 89 votos a favor sobre el total de 130. Además de los asambleístas de PAIS, también votaron a favor de dicha redacción los dos asambleístas presentes de la RED (Luís Hernández y Martha Roldós). Tanto el partido de Lucio Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica, como el Partido Social Cristiano y Futuro Ya, fueron incapaces de impedir que en noviembre de 2009, las fuerzas militares estadounidenses se vean obligadas a abandonar el país.

Notas:
(1) Chalmer Johnson es autor de libros como “Blowbak: The Costs and Consequuences of American Empire” o “The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and teh End of the Republic”, entre otros.
(2) Estas bases albergan o pueden albergar el siguiente personal militar:
- Guantánamo, Cuba 8100
- Soto Cano, Honduras 550
- Manta, Ecuador 475
- Puerto Buchanan, Puerto Rico 118
- Comalapa, El Salvador 100
- Aruba y Curazao 450
A esto se suman las bases que pertenecen a ejércitos latinoamericanos, construidas o utilizadas por militares de EE.UU., como el Centro de Capacitación conjunto Riverino de Perú en Iquitos y el ingreso de militares estadounidenses para entrenamientos y las denominadas acciones cívicas.
(3) Datos de la Comisión Especial de Investigación del Feriado Bancario.
(4) La empresa Dyn Corp mantiene una plantilla entorno a 134 empleados en Manta, desde marzo de 2002. Esta empresa estadounidense que mantiene un contrato con el Comando Sur de EE.UU., ha sido cuestionada en muchos países por sus actividades de paramilitarismo, trata de blancas, narcotráfico, secuestro y explotación infantil. La Dyn Corp presta “servicios de apoyo” en los FOL/CSL de Ecuador, Aruba y Curazao. Y aunque el contrato con Dyn Corp se limitaría a tareas relacionadas con infraestructura, mantenimiento y apoyo técnico, sin incluir actividades operativas, en Colombia esta misma empresa realiza las aspersiones con glifosato en Putumayo y la frontera colombo-ecuatoriana, con lo cual no solo destruye los cultivos ilícitos, sino la vida misma. También entrena pilotos y, “maneja sitios operativos de avanzada en varias bases aéreas de la policía y del ejército colombianos”. Según el Acuerdo de la Base de Manta, EE.UU. puede contratar cualquier compañía nacional o extranjera cuando así lo estime conveniente a sus intereses, sin que el gobierno ecuatoriano pueda opinar. Más aún, el personal de Dyn Corp goza de inmunidad diplomática.
(5) Pese a que el Convenio de la Base de Manta establece que las acciones de interdicción marítima sólo serán realizadas por la Armada del Ecuador, buques militares estadounidenses han desarrollado del orden de 45 abordajes ilegales a barcos que llevaban migrantes o estaban en faenas de pesca, hundiendo o causando destrozos al menos a ocho embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 hasta junio del 2005.
(6) EE.UU. aborda barcos pesqueros donde no encuentran ni drogas ni migrantes y hunden los barcos que consideran peligrosos para el tráfico marítimo. Uno de estos casos fue el Buque Pesquero “Santa María” que fue hundido el 3 de marzo de 2004 en faenas de pesca en aguas ecuatorianas. Otro caso referente, fue el barco “Don Ignacio”, el 2 de diciembre de 2002, según testimonio de los marineros: “los marinos gringos nos hicieron bajar del barco y luego hundieron la nave de nueve cañonazos” (la nave ecuatoriana no llevaba droga, según el expediente judicial en el Tribunal Sexto de lo Penal de Manabí. Los casos de los barcos “Guayaipe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa María” y “Challenger”, también pasaron por situaciones similares. El “Santa María” fue interceptado y hundido por torpedos lanzados desde una fragata estadounidense. El maltrato a los pescadores durante las interdicciones es permanente.
(7) El 22 de octubre de 1996, el avión cayó en el barrio de La Dolorosa, las indemnizaciones a los moradores del barrio, a los familiares de las víctimas, así como a la Alcaldía y a la Curia manabita, fueron millonarias y permitieron en embellecimiento de la ciudad de Manta.
(8) Desde la instalación de la Base de Manta, se han devenido algunos conflictos que afectan a la población local, entre ellos: la afectación a la población de Chorrillos por la explotación de canteras para aprovisionar el material necesario para la construcción de la pista del aeropuerto, el acelerado crecimiento de los registros de trabajadoras sexuales, y el desalojo desde hace 30 años a más de 800 familias campesinas para consolidar el actual territorio de la Base Naval de Jaramijó (también involucrada en el convenio de la Base de Manta).

La guerra global llega a América Latina

2008-03-20T21:31:00.002-04:00

Decio Machado, Ecuador

La operación de las fuerzas militares colombianas, que abatieron a cerca de 30 personas en un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano ha generado una crisis diplomática de imprevisibles consecuencias.

Los apretones de manos y abrazos repartidos por doquier tras la inusitada cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, el pasado día 7 de marzo, gestan un hipotético final feliz que ha llenado de optimismo e ilusión en un futuro de paz, las bocas de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos. Aunque parezca que todo está dicho sobre la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, cada vez aparecen más interrogantes sobre el caso y el futuro de la región.

Si bien es cierto que las contundentes denuncias del presidente de Ecuador, Rafael Correa, obligaron a Álvaro Uribe a arrepentirse en público de sus pecados, declarando que no volvería a cometer acciones de estas características en territorio extranjero, también es verdad que aparecen cada vez más datos que apuntan a toda una estrategia de desestabilización de la zona.

Evolución geopolítica

Si en el mes de abril las elecciones en Paraguay le dan la victoria, según apuntan las encuestas, al candidato de la coalición progresista Fernando Lugo, ya solo quedarán en América Latina dos gobiernos de perfil conservador: Perú y Colombia. Según declaró a DIAGONAL Ignacio Velarde, analista político peruano: “Los bajos índices de popularidad del Gobierno de Alán García –apenas un 28,2% de los peruanos apoya su gestión– y el alto nivel de convulsión social existente en Perú, permiten prever la posibilidad de que el mandatario peruano no llegue ni siquiera a terminar su mandato, todo ello en beneficio de su opositor izquierdista Ollanta Humala”. Con este escenario, el único país que mantendría un gobierno conservador claramente aliado de los Estados Unidos, y con signos de continuidad sería Colombia. Para Fernando Feito, sociólogo brasileño del Centro Universitario Araraquara: “Colombia está pasando a desarrollar en Sudamérica el mismo papel que desarrolla Israel en Oriente Medio. Aislado políticamente y siendo la cabeza de puente de los intereses norteamericanos en la zona, ejerce un rol obstruccionista para la integración latinoamericana y, debido a su enorme capacidad militar, es un potencial elemento de desestabilización en la zona”.

Capacidad militar colombiana

Según denuncia el periodista y analista político uruguayo Raúl Zibechi, la capacidad militar colombiana ha tenido un crecimiento asombroso en los últimos años: “En estos momentos, las tres ramas de las fuerzas armadas colombianas tienen 270.000 uniformados a los que deben sumarse 142.000 policías. En total, más de 400.000 personas en armas en siete divisiones, con una Fuerza de Despliegue Rápido y una Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas”. Y prosigue: “Sólo en 2007 el ejército creó 52 nuevas unidades. Recibió donaciones de helicópteros Black Hawk de EE UU, compró 13 aviones caza a Israel y 25 aviones de combate Super Tucano a Brasil en 2006”. Colombia, en muy pocos años y con una fuerte inversión en material bélico proveniente de fondos norteamericanos a través del Plan Colombia, ha desarrollado una capacidad militar comparable con la de Brasil (país de mayor capacidad militar de Sudamérica), que tiene cuatro veces más población y siete veces más territorio, pero con una diferencia fundamental: Colombia cuenta con tropas especializadas en combate en la selva y un fuerte respaldo logístico norteamericano. Comparativamente con Venezuela, la capacidad militar de los colombianos supera a su vecina en un índice de seis a uno. Mientras que con Ecuador, esta diferencia se ve acentuada disparándose a once a uno, según publicó la revista Military Power Review a finales del año pasado.

Entrenamiento y armas israelíes

Varias voces, y entre ellas, la del presidente venezolano Hugo Chávez, han venido denunciando en reiteradas ocasiones la presencia de instructores militares israelíes en territorio colombiano.

A primeros del pasado mes de febrero trascendió la noticia de que Colombia cerró una operación con Israel para la compra de 24 aviones supersónicos “renovados” del tipo “cachorro de león” (Kfir, en hebreo). Para calmar los ánimos de los países periféricos, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, declaró: “Se piensa en el conflicto armado interno, no en los vecinos”. Santos cerró dicha operación en su última visita a Tel Aviv, señalando que el motivo del viaje es “el fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Colombia”. Israel ha pasado a ser uno de los principales proveedores de armas y entrenamiento del ejército colombiano, según han indicado recientemente en la prensa israelí fuentes de la fuerzas armadas de este país, que apuntaron que las relaciones con Colombia son de “importancia estratégica”. Al fin y al cabo, decían, “ellos combaten allá a las FARC, al igual que nosotros combatimos aquí a Hamas”.

¿Qué pasó en Santo Domingo?

De forma acertada o no, la labor diplomática desarrollada en la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, vino a desarticular una carrera de agresiones mutuas entre Colombia, Venezuela y Ecuador que podrían haber desencadenado un grave conflicto regional auspiciado por EE UU. Siendo conscientes de que los compromisos adquiridos por Uribe son “pan para hoy y hambre para mañana”, Brasil construirá nuevos emplazamientos militares y creará una base de control aéreo en la frontera con Colombia, y de igual manera posicionará nuevas unidades militares en la región de Acre limítrofe con Bolivia en prevención de una profundización de la crisis política en ese país. Según declaró a DIAGONAL Joao Amarelo, general brasileño en la reserva: “Brasil, hasta ahora la mayor potencia militar latinoamericana, se prepara para blindarse ante posibles operaciones de desestabilización auspiciadas por los gringos en la zona”.

¿Cuántos países intervinieron en la Operación Fénix?

Muchas dudas quedan sobre lo que sucedió en la llamada ‘Operación Fénix’, en la madrugada del pasado 1 de marzo en el campamento clandestino de las FARC, en territorio ecuatoriano. Por un lado, la intervención colombiana en Ecuador tiene varios elementos de similitud con los procedimientos utilizados en las operaciones de incursión militar y eliminación de líderes opositores desarrollados por los israelíes en los territorios de sus países fronterizos: alta precisión militar, un alto grado de desarrollo tecnológico militar y una brutalidad desmesurada, en este caso sin precedentes en el territorio de Ecuador, considerado en todo el continente como un país de paz.

Hay que tener en cuenta que diez bombas de 226 kg fueron lanzadas cayendo en un radio de 600 metros, todas en el corazón del campamento, cuando este es imposible de detectar desde la visión aérea por lo frondoso y tupido de la vegetación selvática en esa zona. Sin duda, se utilizaron censores para detectar el calor humano, así como tecnología de espionaje muy avanzada.

También es importante destacar que la masacre se perpetró con un nivel de sangre fría impresionante, y fue desarrollado por comandos especiales. Tras los bombardeos, esperaron algo más de una hora para perpetrar una nueva incursión, en esta ocasión con helicópteros Black Hawk, con el fin de exterminar a los guerrilleros que quedaron vivos e intentaban auxiliar a sus compañeros heridos tras el bombardeo. Además, las investigaciones forenses y de balística realizadas por las autoridades ecuatorianas demuestran que varios de los guerrilleros masacrados fueron asesinados con disparos a quemarropa y en diferentes horas de la mañana, por parte de los comandos que descendieron desde los helicópteros al territorio ecuatoriano.

Según indican estos informes forense, por las horas de muerte de los guerrilleros, la operación militar y ocupación del campamento de las FARC pudo extenderse hasta altas horas de la madrugada, lo que vislumbra que pudo haber torturas, antes de las ya confirmadas ejecuciones extrajudiciales. Por último, queda otra duda por despejar: hasta donde se sabe, hoy por hoy, la aviación militar colombiana no tiene capacidad de cargar con bombas inteligentes de 500 libras (250 kilos), lo cual apunta a la intervención de aviones pertenecientes muy posiblemente a EE UU y procedentes de alguna base aérea del Comando Sur.

Publicado en el periódico Diagonal número 74, marzo 2008

Repsol miente sobre un vertido en la amazonía ecuatoriana

2008-03-20T21:23:00.003-04:00

Decio Machado, Ecuador

El petróleo derramado en el parque Yasuní no se corresponde a 100 barriles, como declaró la multinacional, sino a unos 2.500. El Gobierno ecuatoriano interpondrá una denuncia por mentir y contaminar.

El pasado 1 de febrero, las autoridades ecuatorianas tuvieron constancia de un derrame de petróleo en los límites de la reserva natural del Yasuní causado por Repsol YPF. El viceministro de Minas y Petróleo, José Serrano, declaró públicamente que Ecuador sancionará a la transnacional española por haber tardado en informar al Gobierno sobre el vertido.

El derrame tuvo lugar al menos una semana antes de que las autoridades conocieran el vertido, pero la multinacional española lo ocultó, violando el reglamento de seguridad ecuatoriano. En su nota oficial, días más tarde de los sucesos, Repsol indicaba que “se había logrado contener un pequeño derrame de petróleo en un bloque que limita con el mayor parque tropical de Ecuador”. El portavoz de Repsol, Federico Cruz, dijo que la compañía no había determinado la causa del derrame, el cual se estima en unos 100 barriles de crudo. “Sabemos que el derrame no causó contaminación en ríos o comunidades”, aseveró Cruz.

Las investigaciones que están siendo llevadas a cabo por las autoridades de protección ambiental ecuatorianas demuestran que la compañía española, una vez más, mintió. El petróleo derramado no se corresponde a 100 barriles, como declaró Repsol, sino a unos 2.500 barriles, de los cuales unos 1.500 son de agua de formación. Esta mezcla dificulta aún más la determinación exacta del daño ecológico. Además, intentaron aprovechar el periodo de fiestas de carnaval, considerando que los funcionarios medioambientales estaban de descanso para ocultar lo sucedido, pero afortunadamente las autoridades inspeccionaron y se verificó el delito.

En este mar de falsedades vertido por la compañía española, también es importante determinar las causas del derrame. Mientras Repsol expone ante sus filiales internacionales que la extracción de crudo que ellos desarrollan en el Ecuador es un modelo a seguir en todos los países en los cuales tienen inversiones, la realidad demuestra lo contrario. Según organizaciones medioambientales, la falta de inversión en infraestructura fue la causa real del derrame en Ecuador. La tubería afectada sufre un deterioro considerable y debería haber sido cambiada hace tiempo por parte de los equipos de mantenimiento de la compañía. Lamentablemente, la legislación ecuatoriana, en materia de sanciones medioambientales, aún mantiene vigente el régimen de sanciones de los antiguos Gobiernos conservadores. La multa por la falsa información y por el impacto ambiental es irrisoria y Repsol posiblemente no sea sancionado por más de 50.000 dólares.

Según Adela Chilonango, de la comunidad indígena de los huaoranis, “es urgente que el Gobierno de la revolución ciudadana que encabeza el presidente Rafael Correa tome medidas sobre el control de las actuaciones de las multinacionales en la Amazonía, así como que aplique un régimen de sanciones severas ante la violación de la legislación vigente”.

Imagen corporativa

Un anuncio publicitario presentado en la TV ecuatoriana muestra a un colibrí tomando néctar de una flor, casi sin tocarla. Ese es el mensaje subliminal que Repsol YPF pretende transmitir en el Ecuador. Sin embargo la actividad petrolera es una de las industrias que mayores impactos produce en el ambiente y en las comunidades locales asentadas en su área de influencia. El Parque Yasuní tiene una extensión aproximada de un millón de hectáreas donde se encuentran, según autoridades locales, el 44% de las especies de aves existentes en la Amazonía, el 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica y más de 100.000 clases de insectos por hectárea. El Yasuní, que además acoge cientos de pueblos indígenas tradicionales, que han protegido estos bosques porque de ellos depende su supervivencia material y cultural, es la región con mayor diversidad biológica del mundo. Para su desgracia este incomparable parque natural tiene en su subsuelo petróleo.

Publicado en el número 74 del periódico Diagonal

La gran mentira de El País y su periodista Maite Rico sobre como sucedieron los hechos del asesinato de Raúl Reyes y otros 23 guerrilleros de las FARC

2008-03-09T20:52:00.001-04:00

Decio Machado

Sonroja desde la perspectiva periodística que el diario “El País” se considere el periódico con mayor seriedad informativa existente en el Estado español, y también sonroja el nivel de infamia, intoxicación y falta de ética profesional que son capaces de desarrollar varios de sus articulistas.

La intoxicación mediática a la que nos somete dicho diario y el conjunto del Grupo Prisa no es nueva, y desde América Latina sorprende menos si uno tiene la ocasión de escuchar las emisiones de Radio Caracol, insigne bandera de Prisa en Colombia, convertida en el "panfleto de los panfletos uribistas" entre los medios de comunicación colombianos. Esta manipulación informativa ha sido denunciada “una y mil veces” por muchos analistas comunicacionales en diferentes medios de información alternativa, por lo tanto no voy a centrarme en ello.

Sin embargo en este artículo quiero denunciar la farsa descrita en el reportaje titulado “Así fue la Operación Fénix”, publicado en el día de ayer, domingo 9 de marzo por este diario y firmado por la periodista Maite Rico.

Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange, Rico ha publicado libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), sobre la figura del supcomandante Marcos, o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), los cuales son considerados en el mundo de la política como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.

Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del año pasado, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como De la Grande, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.

La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla. Todo ello con el mismo criterio invetigativo que caracterizan sus trabajos y que veremos a continuación.

Las mentiras de Maite Rico sobre la muerte de Raúl Reyes.

En el artículo elaborado por Maite Rico y publicado en el día de ayer en el diario “El País”, dicha periodista procede a cometer un alto nivel de intoxicación informativa que paso a denunciar punto por punto:

1.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “El 1 de marzo, la onda expansiva de un bombazo puso fin a la vida del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Hasta el momento las autoridades colombianas no han hecho pública la autopsia de Raúl Reyes, sin embargo las fotografías que hemos podido ver por los medios de comunicación colombianos, demuestran que el jefe guerrillero tiene entre otras heridas un orificio en la parte izquierda de su cara, lo que perfectamente podría significar un impacto de bala. De ser así, su muerte podría haber sido posterior a las cuatro bombas lanzadas por aviones no ecuatorianos que invadieron el espacio aéreo ecuatoriano. La existencia de esta incursión aérea ha sido denunciada por las autoridades locales, los colonos de la zona y las tres guerrilleras que se han encontrado vivas en el lugar de los hechos.

Los trabajos de investigación que se están desarrollando por las autoridades ecuatorianas, así como la existencia de orificios, en varios casos en la espalda, de múltiples guerrilleros muertos, indica que se ejercieron ejecuciones extrajudiciales por parte de los comandos especiales que descendieron desde los helicópteros colombianos. Raúl Reyes podría ser perfectamente uno de los ejecutados, el hecho de que su cuerpo esté en manos de las autoridades colombianas dificulta la posibilidad de investigar si los orificios de su cuerpo son de bala, y en caso de ser así, si estas se han disparado desde corta distancia.

2.) Según Maite Rico y El País, se indica que en el momento de su muerte, Raúl Reyes: “Dormía a pierna suelta. Lo último que podía imaginar era que el Ejército colombiano lo fuera a alcanzar en su santuario de Ecuador”.

Efectivamente Raúl Reyes dormía, al igual que el conjunto de guerrilleros instalados en el campamento, lo cual demuestra que Uribe y el conjunto de autoridades colombianas mintieron cuando decían que se había actuado en territorio ecuatoriano en caliente (durante un combate), y que el ejército había recibido disparos de las FARC desde territorio ecuatoriano. Pero más allá de Uribe, donde miente la reportera de El País, es en definir a la República del Ecuador como un santuario. Durante el año 2007 fueron descubiertos y desmantelados 47 campamentos de retaguardia y descanso de las FARC en territorio ecuatoriano. También hubo varios guerrilleros detenidos al ser localizados por las fuerzas armadas del Ecuador, y pasados a disposición judicial. El concepto santuario tendría sentido cuando hay connivencia entre el gobierno local y la fuerza externa que utiliza el territorio, no es el caso del Ecuador, aunque si tiene antecedentes en América Latina, recuérdese por ejemplo, las posiciones de la “contra” nicaragüense, armada y entrenada con instructores norteamericanos, que tenía sus principales cuarteles en territorio hondureño, zona a la que nunca pudo penetrar el Ejército Popular Sandinista, dado que habría podido justificar la invasión de este país por los “marines” estadounidenses.

3.) Según Maite Rico y El País: “El general colombiano Freddy Padilla extiende una enorme fotografía aérea de la región de Piñuña Blanco. Separando a los dos países, las aguas rojizas del río Putumayo discurren en meandros. Algunas manchas amarillas rompen la monotonía verde de la vegetación selvática. Son "chacras de coca" abandonadas. "Sabíamos que estaba en su campamento madre", explica, señalando a una cruz roja en el lado ecuatoriano, a 1.850 metros de la frontera”.

La periodista de El País, en un alarde de sagacidad sin igual, ni cuestiona ni se documenta sobre las palabras del general colombiano. El campamento no estaba a 1.850 metros, estaba a casi 2.500 metros, además suponer que el campamento “madre” de Raúl Reyes constaba de una infraestructura de 7 camas y en él, un dispositivo de unos 25 guerrilleros, demuestra que el nivel de documentación de la reportera o bien su capacidad intelectual, es realmente escaso. De no ser así, el hecho es más grave, pues demuestra una voluntad por manipular la noticia. Los campamentos "madre" de las FARC son innacesibles, su composición militar es enorme y el nivel de sus infraestructuras están muy lejos del que destruyeron violando las normas del derecho internacional, los operativos militares colombianos. Por si la señora Rico no se había percatado, estamos hablando de un grupo armado que lleva más de 50 años operando en la selva.

4.) Según Maite Rico y El País: “Ecuador ha denunciado que las aeronaves penetraron 10 kilómetros y bombardearon el campamento de las FARC. "No entramos en su espacio aéreo", asegura el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. "El recorrido está registrado en los sistemas de navegación. Y hay un enorme radar ecuatoriano a 46 kilómetros del lugar, que los hubiese detectado". Quito esgrime que su radar no funcionaba. "¡Qué casualidad!", ironiza Padilla, y dibuja parábolas y flechas en un papel para explicar que es posible atacar sin traspasar la frontera. "¿Sabe qué entró? Cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, para registrar y verificar si estaba Reyes".”

Las investigaciones que están siendo desarrolladas por las autoridades ecuatorianas demuestran que los aviones que bombardearon el campamento de las FARC atacaron por el sur (lado opuesto a la frontera con Colombia), entraron en el espacio aéreo del Ecuador haciendo una maniobra de media luna para no ser escuchados por la vigilancia guerrillera del campamento, y este es el motivo que explica que se hubiesen introducido hasta 10 km sobre territorio ecuatoriano. Para cualquier experto en investigación militar no es difícil deducir la orientación desde donde se lanzaron las bombas, así como la posición de los árboles derribados.

La República del Ecuador se caracteriza por ser un territorio de paz. Efectivamente desde el año 2000 existe en ese sector un radar, un grupo antiaéreo y armas antiaéreas, pero el sistema de defensa aéreo no funcionó. Ecuador como país de paz, carece de recursos para mantener de forma permanente su sistema operativo de defensa fronterizo. Colombia no era considerado por las autoridades ecuatorianas como un país agresor, los operativos militares y de protección aérea estaban dedicados a trabajos de ayuda humanitaria en la costa del Ecuador, donde las fuertes lluvias han asolado a la población, motivo por el cual Ecuador se ha visto en la necesidad de solicitar cooperación humanitaria a la comunidad internacional.

No poner en cuestión las palabras del colombiano general Padilla, demuestra una vez más un escaso interés en informar debidamente por parte de una reportera que pretende contarnos que sucedió realmente en la madrugada del 1 de marzo. Los orificios encontrados por doquier en la arboleda destrozada entre la que se encontraba el campamento demuestra que una infinidad de disparos procedieron de los helicópteros colombianos y a través de los cuales se continuó asesinando a los guerrilleros que pudieron haber quedado heridos tras el bombardeo.

5.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “A la una de la mañana, Uribe telefonea a su homólogo Rafael Correa. Le comenta que ha habido un enfrentamiento que ha rebasado la frontera. Han muerto un soldado y una veintena de guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes. Correa se inquieta: "¿Dónde cayó Reyes?". "Estoy casi seguro que en territorio de Ecuador", responde Uribe. "Con algún rubor", el colombiano admite que no le dijo que era una operación planificada. "Asumo mi responsabilidad. Pero si lo hubiera comunicado antes, estoy seguro de que todo hubiera fracasado".”

La llamada de Álvaro Uribe ha Rafael Correa se da a entorno a las ocho horas de la mañana, esto justifica que el ejército ecuatoriano no llegara hasta después a la zona de la masacre. Uribe no podía avisar antes al mandatario ecuatoriano, pues según confirman los testigos y colonos de la zona, el bombardeo duró hasta altas horas de la madrugada en diferentes fases de incursiones aéreas. El mero hecho de que se encontraran camillas fabricadas artesanalmente en el campamento guerrillero, indica que tras el bombardeo con armamento pesado, posiblemente los guerrilleros que quedaron vivos en un primer momento, o los que se encontraban de guardia en la periferia del campamento, intentaron rescatar a sus compañeros heridos, siendo masacrados cuando llegaron los helicópteros colombianos, entorno a una hora después según indican los testimonios de los moradores de la zona. Testimonios por cierto, ignorados por la corresponsal de El País.

Si tanto Maite Rico, como el diario El País, no están dispuestos a ponerle oído a los testimonios de las guerrilleras que quedaron vivas tras la masacre desarrollada por operativos militares colombianos bajo beneplácito del presidente Álvaro Uribe; serán los informes de balística los que demostrarán a la comisión de la OEA, que varios de los guerrilleros muertos, especialmente los que tienen disparos por la espalda, fueron asesinados a quemarropa.

Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos que la veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fiabilidad.

Toda la verdad sobre la muerte de Raúl Reyes.

2008-03-03T07:42:00.007-05:00

Por Decio Machado

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades ecuatorianas van arrojando luz sobre lo que realmente sucedió en la madrugada del pasado 1 de marzo, donde fuerzas armadas colombianas abatieron entre 20 y 22 guerrilleros en territorio ecuatoriano. Emboscada en la que fue abatido, el comandante Raúl Reyes, número 2 en la estructura de mando de las FARC.

Las imágenes, los testimonios de los colonos de la zona, las declaraciones de tres guerrilleras que se encontraron aun con vida, los informes de balística e inteligencia militar ecuatoriana, vienen a demostrar el montón de mentiras declaradas por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, tanto al presidente Rafael Correa, del Ecuador, como al conjunto de la comunidad internacional y los medios de comunicación.

La versión colombiana.

Según la versión colombiana, se venía persiguiendo al frente 48 de las FARC, en base a una información que indicaba que el líder guerrillero, Raúl Reyes, haría presencia en un poblado denominado Granada, cerca de los límites fronterizos con Ecuador, pero aun en territorio colombiano.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que durante dicha operación, las fuerzas armadas colombianas habían sido atacadas desde un campamento de las FARC situado a 1.800 metros de la frontera, en el interior del territorio ecuatoriano.
Se indica que entonces la fuerza aérea colombiana procedió a localizar y atacar el campamento guerrillero, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano; indicando que luego entró la fuerza armada colombiana para asegurar la zona y dejando a la Policía colombiana a cargo del campamento atacado, hasta la llegada del ejército ecuatoriano.

La verdad de los hechos.

Las investigaciones que se están desarrollando por parte de las autoridades ecuatorianas demuestran que nunca hubo combate por parte del comando atacado de las FARC. Con excepción de tres de ellos que cumplían funciones de vigilancia, los 18 fallecidos estaban durmiendo en ropa interior, ninguno del comando guerrillero tuvo ocasión de entrar en combate o rendirse.
El armamento existente en el campamento estaba apilado, no tuvieron la ocasión ni siquiera de acceder a sus fusiles y granadas, fueron masacrados mientras dormían.
Los testimonios de los colonos de la zona, así como los socavones desarrollados sobre el piso de tierra del campamento demuestran que se dispararon cuatro bombas desde aviones colombianos que incursionaron sobre territorio ecuatoriano. Según las investigaciones de inteligencia militar, estas se dispararon desde el sur del campamento, lo que quiere decir que los aviones habían incursionado a más de 10 kilómetros al interior del territorio ecuatoriano cuando se procedió al ataque.
Tras el lanzamiento de bombas desde estos aviones, incursionaron varios helicópteros “Supertucanes”, pertenecientes a la fuerza aérea colombiana. Desde ellos se continúo atacando el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. De dichos helicópteros descendieron comandos especiales que remataron a los guerrilleros que quedaron heridos en el campamento, según se demuestra por las balas que tienen en sus cuerpos gran parte de los cadáveres de los guerrilleros, muchos de ellos apilados en una zona determinada del campamento y asesinados por la espalda. Incluso las fotografías enseñadas por el gobierno colombiano del cadáver del comandante Raúl Reyes, muestra como este tiene un disparo en la parte izquierda de su cara.
Las informaciones que provienen de inteligencia militar ecuatoriana, indican que el espacio aéreo del Ecuador no solo se violó en la madrugada del 1 de marzo, si no que en la madrugada del 2, hay una nueva penetración de helicópteros con visores nocturnos para sacar a miembros de las fuerzas armadas y policía colombiana que aún se mantenían sobre territorio ecuatoriano.
La posición de los árboles derribados en el bombardeo, los múltiples orificios de disparos en los árboles, así como la posición de los cadáveres, viene a demostrar que mientras las FARC vigilaban el campamento en su posición norte, la que mira hacía la frontera con Colombia, la incursión aérea sobrevino del sur, lo que indica que la fuerza aérea colombiana invadió sin permiso, sin notificar y contraviniendo todo tipo de normativa internacional el espacio aéreo ecuatoriano.
Los testimonios de los moradores de la zona, indican que el ataque se prolongó desde aproximadamente pasada la media noche hasta las seis de la mañana del 1 de marzo.
La precisión del ataque demuestra también la utilización de una importante tecnología militar que también pone sobre la mesa, la posibilidad de la participación de los Estados Unidos en la masacre, al menos en tareas de información y localización del comando guerrillero.
Los testimonios de los pobladores hablan de la posibilidad de que los helicópteros colombianos se hayan llevado cuatro cadáveres y no dos, los correspondientes a Raúl Reyes y Julián Conrado, como indican las autoridades del país agresor.
Por su parte el ejército ecuatoriano no descarta la posibilidad de localizar algún cadáver más en la frondosa zona selvática donde se dio la matanza.
La reacción del presidente Correa.
En un acto de soberanía y dignidad, el gobierno de la República del Ecuador ha retirado a su embajador en Bogotá, ha expulsado al embajador de Colombia en Quito, y movilizado a las tropas hacia la frontera, a la vez que ha solicitado la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, la CAN y el MERCOSUR.
Rafael Correa llamó mentiroso al presidente Uribe, denunciando que había sido notificado por parte de este sobre las 8,30 horas y engañado por su homólogo colombiano, el cual justificó la incursión en territorio ecuatoriano por el calor del combate.

Acusaciones desde Colombia.

Que las FARC operan en Ecuador, es una denuncia que ha sido permanente desde la cancillería y la presidencia de Colombia, versión que se vio agravada tras la liberación el 27 de febrero de cuatro ex congresistas colombianos por parte de las FARC. Uno de ellos, Luis Eladio Pérez, declaró a Radio Caracol que al comienzo de su cautiverio estuvo retenido en territorio ecuatoriano, añadiendo que las FARC se suministran de productos provenientes de Ecuador, Brasil y Venezuela. “Yo dormí en el Ecuador: con eso digo todo. Usábamos botas de marca ecuatoriana, desodorantes, drogas brasileñas y jabones venezolanos”, declara al día siguiente de su liberación Luís Eladio Pérez.
Por su parte el ejército ecuatoriano en el transcurso del año pasado descubrió varios campamentos de avituallamiento y descanso de las FARC en territorio del Ecuador, siempre cercanos a la frontera, y en un territorio muy difícil de controlar debido a lo frondoso y extenso que es esta zona selvática que abarca ambos países.

Antecedentes en las relaciones entre Ecuador y Colombia.

Las relaciones entre Ecuador y Colombia se habían caracterizado hasta ahora, por un bajo nivel de conflictividad desde el ascenso a la presidencia de Ecuador del economista Rafael Correa Delgado, el 15 de enero del año pasado.
Esta realidad no fue siempre así, habiendo habido situaciones muy tensas durante gobiernos anteriores al de Correa. Así, en el año 2005 se dieron un conjunto de situaciones que cuestionaron la soberanía del Ecuador. En julio de ese año durante el mandato de Alfredo Palacios, Parra Gil, entonces canciller del Ecuador, luego de una reunión con Carolina Barco, entonces canciller de Colombia, cuestionó las fumigaciones de las plantaciones de coca ordenadas desde Bogotá en la línea fronteriza común. A pesar de dicho cuestionamiento y sin tener respuesta positiva por parte de Colombia, Ecuador votó a favor del colombiano Luís Moreno como presidente del BID a solicitud del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Precisamente Luís Moreno había sido embajador de Bogotá en Washington y fue cuestionado por participar en la gestación del Plan Colombia.
Otro hecho que ha evidenciado una postura de ambigüedad en la relación histórica del Ecuador con respecto a Colombia, sucede cuando el 31 de julio del 2005, un reportero ecuatoriano denuncia que “…el ejército de Ecuador se unió a la operación contra los frentes 21, 13 y 48 de las FARC, que estarían escoltando al guerrillero Raúl Reyes y que tienen bloqueado en el departamento del Putumayo”. Esta información fue confirmada por el Mayor General ecuatoriano Reinaldo Castellanos Trujillos.
Pero la violación más grave realizada por el anterior gobierno de Alfredo Palacios, con respecto a la histórica neutralidad del Ecuador ante el conflicto armado en el país hermano se dio cuando ese mismo año, un operativo coordinado de inteligencia de las policías de Ecuador y Colombia ubican y capturan en Quito a presuntos guerrilleros de las FARC que estaban internados en una clínica. Esa coordinación existe, y el hecho más significativo de esta realidad se dio cuando durante la presidencia del Lucio Gutiérrez, en el año 2004, una operación conjunta entre fuerzas del orden colombianas, ecuatorianas y estadounidenses, permitió la captura en Quito de Ricardo Palmero, más conocido por Simón Trinidad, ahora procesado y preso, con una condena de 60 años, en Estados Unidos por la extradición que facilitó el gobierno de Uribe.

Crisis regional.

La pretensión del Álvaro Uribe de aplicar en la lucha contra lo que él define como “terrorismo”, la misma estrategia que utiliza Israel en su combate contra el mundo árabe, puede tener repercusiones impredecibles en el continente latinoamericano.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, ante la posibilidad de que el gobierno de Colombia incursione y viole la soberanía de Venezuela, tal y como lo hizo con Ecuador, ha ordenado el cierre definitivo de su embajada en Bogotá, así como el reforzamiento militar de toda la zona fronteriza con Colombia. Se espera en las próximas horas la expulsión del embajador colombiano en Caracas.
“Señor ministro de Defensa muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro el presidente Uribe y la oligarquía colombiana que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar, no lo vamos a permitir”, ordenó el mandatario venezolano.
Chávez ofreció todo el respaldo necesario, en su conflicto diplomático con Colombia, a Ecuador, indicando: “Pongo a Venezuela en alerta y apoyaremos a Ecuador en cualquier circunstancia”.
Por su parte, el presidente Correa se ha puesto en contacto durante el domingo 2 de marzo con una decena de países con el fin de recabar su apoyo y hacerles partícipes de la gravedad de los hechos ocurridos en la incursión y masacre colombiana en territorio del Ecuador.
La respuesta del ejecutivo colombiano no se ha hecho esperar, y en la misma noche del 2 de marzo, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, reveló documentos preliminares por los cuales se pretende demostrar que Raúl Reyes tenía contactos con el Ministro Coordinador de Defensa Interna y Externa del Ecuador, Gustavo Larrea. Estos documentos, fueron supuestamente hallados en tres ordenadores incautados por el ejército colombiano en el campamento donde fue asesinado Reyes.

Los objetivos de Uribe.

A pesar de que las FARC han hecho público un comunicado por el cual indican que el asesinato de Raúl Reyes no afectará a las negociaciones por el intercambio humanitario, lo cierto es que los objetivos del presidente Uribe son claros: bloquear el proceso de entrega de rehenes de tal manera que quede bloqueada la posibilidad de devolución por parte de las FARC de Ingrid Betancourt.
Si bien la voluntad del ejecutivo colombiano de que Betancourt no regrese viva es una realidad difícilmente cuestionable, lo cierto es que tras las declaraciones de los cuatro ex congresistas liberados el pasado 27 de febrero, donde se indicaba la voluntad de la secuestrada de presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia con un programa de paz para este país, ha puesto muy nervioso a Uribe.
Paralelamente a esto, la intervención colombiana en el Ecuador, pretende claramente convertir al país vecino, en una suerte de Camboya, con respecto al conflicto militar colombiano.
La finalización del acuerdo suscrito por 10 años entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, para la utilización por parte de las fuerzas armadas norteamericanas de la base de Manta, el cual expirará a finales del presente año, y sobre el cual ya se ha posicionado el presidente Correa, con respecto a su voluntad de no renovarlo, también es un elemento a tener en cuenta en la escalada de la crisis diplomática en el área andina.
La base de Manta es una herramienta fundamental dentro de la estructura y estrategia del Plan Colombia, y aunque el gobierno norteamericano no ha hecho declaraciones en firme sobre su salida de la base a finales del 2008, es evidente que forma parte de su agenda de preocupaciones con respecto a la nueva política desarrollada en el Ecuador a partir de la llegada al poder de la llamada “Revolución Ciudadana”.

Artículo elaborado en la noche del 2 de marzo de 2008, publicado en Rebelión, Vamos a cambiar el Mundo y Kaos en la Red, entre otros.

2008-03-03T07:42:00.001-05:00

Prisa y Planeta blanquean la imagen de Uribe

2008-02-21T08:28:00.003-05:00

Decio Machado, Bogotá

La concentración del 4 de febrero “contra las FARC” es la última expresión de la estrategia comunicativa del presidente colombiano Álvaro Uribe. Los medios españoles y sus contrapartes en Colombia se han lanzado a una campaña de lavado de imagen tras un año en el que se han destapado las intensas relaciones entre el narcotráfico y los paramilitares con los colaboradores y familiares de Uribe. La diplomacia española se adhiere a las tesis de Bush y las imagenes de Chávez y Uribe reciben un tratamiento mediático en sintonía con la posición del Gobierno y las empresas españolas ante la crisis entre Colombia y Venezuela.

Según los medios de comunicación del Grupo Caracol Radio, en información ofrecida el pasado 23 de enero, Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el presidente más popular de toda América Latina. El índice de popularidad del 80% que se le atribuye, es similar al que tenía cuando llegó al Gobierno en 2002. La noticia procede de una encuesta solicitada por Prisa a la empresa Invamer-Gallup, multinacional encuestadora habitual en el panorama político colombiano. La encuesta, realizada por entre el 17 y el 19 de enero, abarca tan sólo mil consultas telefónicas distribuidas en cuatro ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los trabajos de investigación de Invamer-Gallup han sido cuestionados en varias ocasiones por falta de imparcialidad y de posicionarse al lado del proyecto uribista. Como ejemplo, la multinacional mantuvo durante toda la campaña a la alcaldía de Bogotá el que la victoria sería del candidato conservador y ex alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa. Sin embargo, los resultados finales fueron apabullantes. Samuel Moreno, candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo, se imponía con 43,7% de los votos frente al 28,1% que obtuvo Peñalosa.

Según Vicente Martínez, miembro de la Asociación Colombiana de Sociólogos: “Las encuestas políticas en Colombia no se han caracterizado precisamente por su imparcialidad. Gallup es un fiel ejemplo de esta realidad”. Las declaraciones realizadas hace unos meses por Jorge Londoño, gerente de Invamer-Gallup, al prestigioso diario francés Le Monde, parecen reafirmar lo anterior: “La gente se está endureciendo frente al diálogo y le está pidiendo más al presidente y al Ejército”, asumiendo más un papel de asesor de Uribe que el correspondiente a su profesión.

El epicentro del terremoto

Prisa, accionista mayoritaria de Radio Caracol, ha difundido la encuesta de popularidad de Uribe no sólo en Colombia. Se ha utilizado también Unión Radio, la mayor red de emisoras radiales en lengua española con 28 millones de oyentes repartidos, además de Colombia, en el Estado español, EE UU, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Diarios españoles como El País, Cinco Días, Diario Jaén, El Correo de Andalucía, Odiel Press en Huelva o La Voz de Almería se han hecho eco de la noticia al igual que se han utilizado las plataformas de Prisa en México (Radiópolis), Chile (Padahuel) o Bolivia (El Nuevo Día), entre otros. En junio de 2005, el presidente Álvaro Uribe agradecía la “fe y confianza” de los inversionistas extranjeros en Colombia, al inaugurar la nueva sede de emisoras de Caracol Radio, y condecorar con la Orden Nacional al Mérito al fallecido presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco. “Esta nueva inversión de Caracol en Colombia, en esta ocasión liderada por el Grupo Prisa, es una muestra de confianza en nuestra patria”, dijo Uribe en la ceremonia.

Caracol Radio está integrada en el Grupo Latino de Radio (GLR), un holding de más de 1.200 radios que el grupo Prisa controla en América Latina, además de televisiones, varios diarios de prensa, portales de internet y encuestadoras. Bajo la cadena Caracol operan más de 10 cadenas de emisoras de AM y FM en distintas frecuencias de todo el país.

Imagen controvertida

El año 2007 fue crítico para el Gobierno de Uribe. La parapolítica estuvo durante meses en todos los medios de comunicación. 40 parlamentarios del arco político uribista fueron investigados y varios de ellos detenidos. Igualmente, salieron a la luz las relaciones familiares y políticas de Uribe con el cártel de Cali, una realidad silenciada durante mucho tiempo. Relación que se ponía de manifiesto con el descubierto vínculo de su principal asesor José Obdulio Gaviria con el narcotráfico. Gaviria acompañó personalmente a su primo, Pablo Escobar, durante la campaña ‘Medellín sin Tugurios’ financiada por el cártel de Cali. Fue importante también el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, quien coordinaba las acciones del grupo paramilitar denominado ‘Los Doce apóstoles’, también con vínculos con Pablo Escobar. Otro caso famoso es el de William Vélez, primo del presidente, que acompañó a Escobar en una campaña, y que es compañero de partido de Mario Uribe, otro primo del presidente en el Senado, quien presentó el proyecto de ley Justicia y Paz que otorga el perdón y el olvido a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por paramilitares.

Con la famosa marcha contra las FARC se ha diseñado una nueva campaña, para eliminar de los medios de comunicación y de un solo plumazo las vinculaciones de Uribe con el narco-paramilitarismo o los cuestionamientos a la ineficacia del Plan Patriota (un proyecto contra insurreccional, disfrazado de lucha contra el narcotráfico), al tiempo que se ha habilitado un nuevo debate nacional sobre un cambio constitucional que permita a Uribe presentase a las presidenciales en 2010.

Tanto Prisa como Planeta cuidan la figura de Uribe con imágenes e informaciones donde predominan sus abrazos con el rey, Zapatero o Rajoy, por encima de denuncias internacionales por represión social y sindical, violación de derechos humanos, atentados contra las comunidades indígenas, o sus ya referidas relaciones con el narco-paramilitarismo.

LOS ‘MASS MEDIA’, ALIADOS INDISPENSABLES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN COLOMBIA
“Los medios de comunicación españoles en Colombia están desarrollando el papel de legitimación de la peor crisis humanitaria existente en los países de occidente”. Así denuncia Edgar Robledo, experto en comunicación social de la Universidad de Simón Bolívar, el papel de los grupos mediáticos españoles. También denuncia a DIAGONAL que “la presencia de más de 136 multinacionales españolas en territorio colombiano marca no sólo la actuación internacional del Gobierno español en la reciente visita de Uribe a Madrid, sino también el papel que desarrollan sus multinacionales mediáticas en Colombia, ¿o es que acaso existen dudas sobre el papel financiador a través de la publicidad, y en algunos casos incluso de la participación indirecta en el accionariado, por parte de estas corporaciones en los grupos mediáticos españoles?”. En ese sentido, BBVA, SCH, Gas Natural, Unión Fenosa, Cepsa o Repsol, por enunciar algunas, son fácilmente identificables como clientes del departamento de publicidad no solamente de Caracol (Prisa) o del diario El Tiempo (Planeta) en Colombia, sino de sus múltiples empresas mediáticas a lo largo y ancho del continente, así como en el Estado español. El conservador Grupo Planeta, que a finales de julio de 2007 se hizo con el 55% del accionariado del diario más importante de Colombia, El Tiempo, también se ha posicionado claramente en la rehabilitación política de la figura de Uribe. Para ello no solamente utiliza el principal medio de comunicación colombiano, sino también su influencia en los medios españoles (Antena 3, donde es accionista de referencia junto a De Agostini, Onda Cero, Radio España, La Razón, el gratuito ADN o el Avui catalán donde coparticipa en su accionariado con Godó). Pero lo más sorprendente de esto no es solamente la manipulación mediática de los índices de popularidad de un presidente vinculado al paramilitarismo y al narcotráfico. Los grupos de comunicación españoles en América Latina están siendo la fuente de propagación de declaraciones como la emitida por Zapatero tras la entrevista con Uribe el 23 de enero: “El gobierno español está y estará con el Gobierno de Colombia cuando deba enfrentar un problema de soberanía”, palabras con las que se alineó con las tesis de Bush respecto a Colombia y la actual crisis diplomática que este país vive con Venezuela.

Fuente: Publicado en el periódico Diagonal nº 72, el 21 de febrero de 2008

Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’

2008-02-07T19:06:00.000-05:00

Decio Machado, desde Barranquilla (Colombia)

“España está con Uribe y con Colombia”. Con estas palabras se resume el contundente apoyo brindado por José Luis Zapatero a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en su visita a Madrid el 23 de enero.

El mandatario colombiano fue recibido entre otras personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno José María Aznar y Felipe González, así como por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE, quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza en él… y tiene todo nuestro apoyo”.

La relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta, y de manera especial por las que actúan y sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además, viola todas las cláusulas internacionales que los países de la UE tienen establecidas para no colaboración con Gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.

Narcoparamilitarismo y Uribe

La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80, cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28 meses como director del Departamento de Aviación Civil, apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona (considerado el número dos del cártel de Medellín en aquella época), según denunció el escritor colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.

Los negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló cómo se había extraído 43 millones de pesos (aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato fantasma” que Uribe estableció con la entidad Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por el Banco Real de Colombia.

Otro episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el 15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos, muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el actual presidente colombiano se desplazó a la finca Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, como el clan de los Ochoa.

En su libro Mi confesión, el difunto líder narco-paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.

Uribe fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, todo ello con dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose en grupos punitivos, que terminaron asesinando y secuestrando. Fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión fascista del Estado, con fundamental aplicación en las zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.

Fue amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40 congresistas por vínculos con la “parapolítica”.

El ‘entorno’ de Uribe

Con Uribe están alineados políticamente la mayoría de los congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al presidente de la República.

El primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado a Uribe en temas específicos de su campaña electoral. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.

También destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”, pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico), cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario) en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.

El empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista Clinton’, tampoco puede entrar en territorio norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se desplaza a estos territorios.

Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato de potasio. Las investigaciones demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de Moreno Villa. Según denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor del libro El Señor de las Sombras – Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001, Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue el más grande importador de permangánato de potasio en Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico global de cocaína procesada”.

Según la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de Medellín.

Según Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el entonces presidente Betancur detectó su presencia en una cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.

El 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado, durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se decomisó un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X. El 21 de abril, Uribe se entrevista con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia, para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero, no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente “lo habían prestado a un amigo”.

ENTRE 7.000 Y 15.000 DESAPARECIDOS DESDE 1977

El Gobierno de Uribe representa la necesidad de centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra contra la insurgencia y contra cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su modelo económico se caracteriza por una gran acumulación y concentración de capital y tierras en pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de los colombianos viven por debajo de la línea de miseria, y el 10% en condiciones de indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los dos primeros años de su mandato, dos de los más grandes grupos económicos del país ya habían triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como centralización del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Según la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977. Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta asociación, indica que la cifra real podría superar los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias no denuncian por miedo a las posibles represalias. Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen organizado.

Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal, el pasado 7 de febrero de 2008

El Salvador: Detenciones vinculan a Arena con los ‘narcos’

2008-01-25T05:18:00.000-05:00

DECIO MACHADO

Las últimas detenciones en el caso del asesinato de los tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chófer el pasado 19 de febrero en Guatemala complican al partido salvadoreño en el poder, Alianza República Nacionalista (Arena). La policía guatemalteca detuvo el 3 de enero a Carlos Gutiérrez, alias ‘Montaña 3’, y giró orden internacional de captura para Manuel Castillo, ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y alcalde electo de Jutiapa, considerando a ambos autores intelectuales de los crímenes.

Las declaraciones de las autoridades salvadoreñas y en especial del presidente Tony Saca, planteando que los asesinados habían sido confundidos con traficantes colombianos, han quedado definitivamente desacreditadas tras las últimas investigaciones y la detención de ‘Montaña 3’. Entre los diputados muertos, se encontraba Eduardo D’Aubuisson, hijo de Roberto d’Aubuisson, fundador de Arena y de los escuadrones de la muerte en El Salvador. El móvil del asesinato fue el robo de droga o dinero vinculado a la droga, indican las declaraciones de los sindicados. Pese a que las autoridades salvadoreñas han intentado por todos los medios descartar que los diputados de Arena transportaran sustancias ilícitas, esta versión se ha hecho insostenible. Tony Saca ha negado siempre la vinculación de salvadoreños en el crimen, otra cuestión que ha quedado en entredicho según han ido avanzando las investigaciones.

Las últimas informaciones indican que los autores del crimen llamaron en múltiples ocasiones a El Salvador el día de los asesinatos. Entre las llamadas aparece en tres ocasiones el ex diputado conservador salvadoreño Horacio Ríos. La preocupación en los medios ‘areneros’ es patente: la complicidad en las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y El Salvador ha cambiado con la toma de posesión de Álvaro Colom, y la posibilidad de que se destape todo un entramado delictivo que vincule a Arena con el narcotráfico en Centroamérica no beneficiaría en nada al Gobierno salvadoreño, tan sólo a un año de las elecciones presidenciales que registran un alto índice de posibilidades de triunfo del opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En Guatemala, seis civiles y dos policías se encuentran en este momento detenidos por el asesinato de los diputados ‘areneros’ del Parlacen.

A ellos hay que sumar los cuatro policías autores directos del crimen que fueron asesinados con la complicidad de la policía guatemalteca en el penal de alta seguridad El Boquerón, para que no declarasen.

Fuente: Este artículo fue publicado en el periódico Diagonal el pasado 24 de enero de 2008

El Salvador: un responsable de asesinato, candidato a presidente

2007-11-29T12:03:00.000-05:00

LA COOPERANTE VASCA BEGOÑA GARCÍA FUE ASESINADA DE UN TIRO EN LA NUCA EN 1990

Decio Machado Flores

Diecisiete años después del asesinato de la cooperante vasca Begoña García Arandigoien en El Salvador, el principal implicado en el crimen visita el Estado español con la más absoluta impunidad.

“Fue el 10 de septiembre de 1990 en la falda del volcán de Santa Ana (zona del nordeste del país). Dos días antes, la guerrilla había realizado diversas reuniones y actos propagandísticos en el territorio, consecuencia de ello, una unidad de compañeros del ERP se hallaba aún en la zona”, así relata a DIAGONAL Domingo, alías usado en aquella época por este ex combatiente guerrillero que fue miembro del Ejército Revolucionario Popular (ERP), uno de los cinco grupos armados que conformaron en 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Domingo, militante activo del FMLN y trabajador de la cooperación internacional, prefiere no dar su nombre: “No entiendo la actuación de la Justicia española, pero mientras este asesino no esté sentado en un banquillo español o ante la Corte Internacional, mejor mantener mi anonimato, al fin y al cabo, nuestro país está gobernado por la extrema derecha”. Y prosigue: “Los compas supervivientes relataron a nuestra unidad, que estaba a pocos kilómetros, que a primera hora de la tarde la columna guerrillera en la que estaba Alba (nombre con el que se conocía popularmente a Begoña García Arandigoien) fue emboscada por el Ejército, la compañera fue herida y apresada por los militares. Fue un duro golpe porque todos los que tuvimos la suerte de conocerla, la queríamos mucho”.

Dos días después, el 12 de septiembre, la radio Venceremos, emisora rebelde de la guerrilla del FMLN informaba: “Begoña García, compañera internacionalista de origen vasco, fue asesinada salvajemente por el Ejército en un hospital de campaña en el cantón La Montañita, del departamento de Santa Ana, horas después de su captura el pasado 10 de septiembre”.

El asesinato de una cooperante

Begoña García Arandigoien era una joven médica nacida en Navarra y militante de la organización internacionalista Askapena. Había llegado a Nicaragua en 1988 y apenas un año después marchaba a El Salvador como personal sanitario para la guerrilla del FMLN.

La versión oficial dada por el Gobierno salvadoreño y la Comandancia del Ejército fue que la brigadista internacional murió “en combate” a consecuencia del fuego cruzado entre guerrilla y Ejército. No hubo ningún reconocimiento judicial y el Ejército procedió de inmediato al entierro de su cadáver. Esta joven cooperante de apenas 24 años pasó a formar parte de la larga lista de mártires que generó el Ejército durante el conflicto armado en El Salvador. “Incluso el nombre de Begoña fue utilizado como un alías por otros internacionalistas vascos en honor a su memoria”, relata a DIAGONAL Alfredo Pombo, otro ex combatiente del ERP.

Tras las gestiones de la embajada española, se consiguió que cuatro días después del asesinato fuera exhumado su cadáver. Ya en el Hospital de Navarra, lugar donde Begoña trabajó antes de viajar a Centroamérica, la autopsia no dejaba lugar a dudas: la joven había sido asesinada de un balazo con “cañón tocante en la nuca”, además de haber recibido otros cinco balazos en diferentes partes del cuerpo y sufrir roturas del fémur y de los dos brazos. Todo indica que antes de su asesinato con un disparo a quemarropa, había sido torturada por el Ejército salvadoreño.
Ante las explicaciones requeridas por las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por esta “vergonzante” ejecución extrajudicial, las autoridades del Gobierno salvadoreño nunca dieron respuesta.

Ejecución extrajudicial

La Comisión de la Verdad que se formó en 1993, con la participación de las Naciones Unidas y con el fin de investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante el conflicto que azotó El Salvador entre 1980 a 1991, estudiaron entre otros, el caso de la joven cooperante internacional. Según la Comisión de la Verdad, Begoña García “fue ejecutada extrajudicialmente por efectivos de la cuarta compañía BIC PIPIL de la Segunda Brigada de Infantería bajo el mando inmediato del teniente Roberto Salvador Hernández y el mando superior del teniente coronel del Ejército, José Antonio Almendáriz Rivas, Ejecutivo de la Segunda Brigada”. La investigación de la Comisión indica que ambos oficiales “encubrieron los hechos” con la colaboración de la tercera comandancia de la Policía Nacional, así como peritos y las autoridades judiciales que reconocieron el cadáver en el patio del hospital de campaña donde fue asesinada.

El decreto de amnistía general de 1993, por el que se “perdonaron” miles de delitos de lesa humanidad cometidos en El Salvador, permitió a Almendáriz verse exculpado de los crímenes cometidos durante la guerra, entre los cuales destacaba el de Begoña por su condición de cooperante extranjera.

Según informó a DIAGONAL Vicente Neto, líder comunal y antiguo combatiente de la Fuerzas Populares de Liberación (FLP), otra de las organizaciones armadas que conformaron el FMLN: “José Antonio Almendáriz Rivas es diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por el departamento de Sonsonete, hace diez años que ejerce cargos en la Asamblea Legislativa de El Salvador, y en la actualidad postula por ser el cabeza de lista de su partido para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el primer trimestre del 2009”. Y prosigue: “Almendáriz fue depurado del Ejército en 1992 junto a otro centenar de militares. Además, reconoció públicamente hace dos años su responsabilidad por el asesinato de la compañera Alba, llegando a decir que dicho crimen lo cometió en su momento por odio”.

Almendariz: “Ya pedí perdón por ello”

A finales del pasado mes de octubre, Almendáriz formó parte de una delegación de diputados salvadoreños que viajaron al Estado español con el fin de analizar la Transición española como un posible modelo aplicable a la situación política de El Salvador. Allá, Guillermo García, padre de la víctima, contactó con escasa fortuna con los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de que el diputado salvadoreño fuera detenido y evitar así que pudiera salir del territorio español. En la actualidad y preguntado por el crimen de Begoña García por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, Almendáriz se limitó a declarar: “ya pedí perdón por ello”.

Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal el 29 de noviembre de 2007

La “parapolítica” se mantiene vigente en Colombia

2007-11-04T21:26:00.000-05:00

Autor: Decio Machado (Delegado de Paz con Dignidad en América Latina)

Aunque a simple vista parece que su influencia se redujo, la sombra de la “parapolítica” no desaparece en la Costa. Los resultados electorales del pasado 28 de octubre demuestran que varios de los partidos que tienen nexos con las autodefensas ganaron en 21 alcaldías y tres gobernaciones, así como curules en una Asamblea.
El caso más notorio es Córdoba, donde 17 de sus 28 alcaldías estarán en manos de grupos afines a los ex congresistas Reginaldo Montes, Miguel de Espriela y Juan Manuel López, todos ellos presos en el penal de La Picota.
La situación de Sucre también es bastante inquietante, dado que en la Gobernación y en la Alcaldía de Sincelejo ganaron candidatos cercanos a Álvaro García y Jairo Merlano, también detenidos por “paapolítica”.
En Magdalena, donde un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ganó la Alcaldía de Pivijay, también se afirma que el Gobernador electo es cercano a Trino Luna.
Una Alcaldía en Bolívar (Turbaco) y otra en el Atlántico (Campo de la Cruz), completan el nuevo mapa “para” de la Cosa a partir del 1 de enero, donde tomarán posesión de sus nuevos cargos, gobernadores, alcaldes, ediles, concejales y los curules a la Asamblea.
Más de 40 los parlamentarios son investigados por “parapolítica”.
El 17 de enero de 2006, los directores del partido de la U, Juan Manuel Santos, y de Cambio Radical, Germán Várgas Lleras, anunciaron la expulsión de cinco congresistas por presuntos vínculos con paramilitares. Los cinco políticos afectados eran fieles aliados del gobierno y aunque había rumores sobre sus relaciones non sanctas, no se constataban hasta entonces las ilegalidades. Muchos afiliados de ambos partidos llegaron a calificar como precipitada la medida tomada por Santos y Vargas. Sin embargo hoy, tres de ellos –Dieb Maloof, Luís Eduardo Vives, Jorge Castro- están detenidos por “parapolítica”; otro –el representante Jorge Caballero- anda prófugo en Europa, y el quinto –el senador Habib Merheg-, está siendo investigado por lo mismo.
A primeros del 2006, se llegó a decir que estábamos ante hechos aislados y que había que restarle importancia a lo sucedido. En noviembre del 2007, esos casos han dejado de ser aislados y ya suman más de 40 parlamentarios. Ni el proceso 8000 –hasta ahora el escándalo político por excelencia de la última década en Colombia- la Justicia se había ocupado de tantos congresistas al mismo tiempo. Y de tantos gobernadores: hay dos detenidos –los de Magdalena y Cesar- y uno ex prófugo, Salvador Arana, de Sucre.
Ni los más críticos con el sistema político colombiano se imaginaban que a la fecha de hoy, la mayoría de la dirigencia política tradicional de cuatro departamentos –Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba- estaría sub-júdice.
Merece la pena destacar, que todo este escándalo de “parapolítica” posiblemente nunca habría llegado a estos niveles si no fuera por dos hechos concretos: el allanamiento de una casa en Santa Marta en marzo de 2006 y la decisión de la Corte Suprema de desempolvar una investigación contra el senador Álvaro García. En el allanamiento se encontró el llamado computador de “Jorge 40”. Allí había información sobre vínculos de varios políticos con el jefe paramilitar, que, en primera consecuencia: fueron detenidos cuatro diputados de Sucre, cuyas voces habían sido grabadas por miembros de las autodefensas durante una reunión que sostuvieron con los políticos.
En octubre, la corte llamó a indagatoria a los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, así como al congresista Eric Morris. Esto significó un nuevo punto de inflexión en las actuaciones de la Justicia en Colombia. Nunca la Corte, es más alto tribunal de la justicia penal, se había atrevido a imputar a con un político todopoderoso como Álvaro García en un caso como este. Esta situación, permitió que se visualizara la verdadera dimensión de la “parapolítica” –la que no afecta directamente al presidente Álvaro Uribe, aún perfectamente parapetado frente a los procesos judiciales-.
A partir de ahí, la Corte y la Fiscalía General empezaron a verse inundadas de denuncias de testimonios y de pruebas de vínculos de políticos y paramilitares. Declaraciones de imputados como el senador Miguel de la Espriella, dejaron a la luz las reuniones clandestinas entre parlamentarios, dirigentes regionales y comandantes de las autodefensas. La osadía y falta de recato en algunas de las declaraciones de los implicados, da a entender la visión de impunidad que hasta entonces habían tenido los políticos colombianos ante la ley.
La desfachatez de los incriminados ha sido patente. Todos declaran su inocencia. Alegan que fueron obligados, que no había otra opción que tratar con los jefes feudales armados, y que lo hicieron por “salvar a la patria”. Hasta ahora, esa explicación no ha prosperado en la Corte. Tal vez por eso varios de ellos optaron por renunciar a su investidura, pedir a la Fiscalía que los investigue y esperar que un juez les dé la razón.

Relación de políticos implicados en “parapolítica”
Nombre del imputado	Asignación o cargo político	Situación legal
Álvaro García Romero	Senador de Colombia Democrática	Detenido, llamado a juicio
Álvaro Araujo Castro	Senador de Alas Equipo Colombia	Detenido, llamado a juicio
Mauricio Pimiento	Senador de partido de la U	Detenido, llamado a juicio
Dieb Maloof	Senador de Colombia Viva	Detenido, llamado a juicio
Luís Eduardo Vives	Senador de Convergencia Ciudadana	Detenido, llamado a juicio
Eric Morris Tabeada	Representante de Colombia Democrática	Llamado a juicio
Jorge Luís Caballero	Representante de Apertura Liberal	Prófugo
Alfonso Campo Escobar	Representante por el Partido Conservador	Detenido. Se declaró culpable
Miguel de la Espriella	Senador de Colombia Democrática	Detenido
Eleonora Pineda	Ex representante expulsada de Colombia Democrática	Detenida
William Montes	Senador del Partido Conservador	Detenido
Muriel Benito Revollo	Ex representante del Partido Conservadora	Detenida
Reginaldo Montes	Senador de Cambio Radical	Detenido
Juan Manuel López Cabrales	Senador del Partido Liberal	Detenido
Jairo Enrique Merlano	Senador del partido de la U	Detenido
José de los Santos Negrete	Representante por el Partido Conservador	Detenido
Karelly Patricia Lara	Representante de Cambio Radical	Detenido
Óscar Leonidas Wilches	Representante de Cambio Radical	Detenido
Mario Uribe Escobar	Senador de Colombia Democrática, ex presidente del Senado	Llamado a indagatoria
Alfredo Cuello Baute	Representante por el Partido Conservador, ex presidente de la Cámara	Llamado a indagatoria
Álvaro Morón Cuello	Representante de Alas Equipo Colombia	Llamado a indagatoria
Luís Carlos Torres	Senador de Cambio Radical	Llamado a indagatoria
Vicente Blel	Senador de Colombia Viva	Llamado a indagatoria
Luís Humberto Gómez Gallo	Senador conservador, ex presidente del Congreso	Investigación preliminar
Rubén Darío Quintero	Senador de Cambio Radical	Investigación preliminar
Óscar Suárez Mira	Senador de Alas Equipo Colombia	Investigación preliminar
Mauricio Parodi Díaz	Representante por el Partido Liberal	Investigación preliminar
Óscar Reyes	Senador de Convergencia Ciudadana	Investigación preliminar
Alfonso Riaño Castillo	Representante de Convergencia Ciudadana	Investigación preliminar
Zulema Jattin	Senadora de la U, ex presidente de la Cámara	Investigación preliminar
Julio Mazur Abdala	Senador por el Partido Conservador	Investigación preliminar
José Manuel Herrera	Representante por Convergencia Ciudadana	Investigación preliminar
Habib Merheg	Senador de Colombia Viva	Investigación preliminar
Héctor Julio Alfonso López	Representante por Apertura Liberal	Investigación preliminar
Fernando Tafur	Representante por Apertura Liberal	Investigación preliminar
Dixon Ferney Tapasco	Representante por el Partido Liberal	Investigación preliminar
Adriana Patricia Gutiérrez	Senadora de la U	Investigación preliminar
Emilio Ángel Barco	Representante por el Partido Liberal	Investigación preliminar
Musa Besaile Fayad	Representante por el Partido Liberal	Investigación preliminar

La "parapolítica" a la sombra del presidente Uribe.

La vinculación formal del senador Mario Uribe a la “parapolítica” es el trago más amargo que le ha tocado hasta ahora pasar al presidente Uribe, tanto por su cercanía familiar como por su significado político.
Desde que comenzó la investigación de las vinculaciones de políticos colombianos con el “paramilitarismo”, nunca se había tocado de tan cerca a la Casa de Nariño. El turno le tocó al senador Mario Uribe Escobar, el primo del alma del presidente Álvaro Uribe. Enterado de la noticia, Uribe declararía: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”. Pero ¿qué hay detrás de todo esto?
La cercanía entre el Presidente y el senador no se limita a los vínculos de sangre. Se ha construido a lo largo de muchos años de actividad conjunto en la política. Los propios inicios de ambos fueron comunes: en el guerrismo, el movimiento del mítico caudillo liberal Bernardo Guerra Serna. De allí salieron juntos, y en 1986, ambos fueron elegidos al Congreso: el actual presidente al Senado, y Mario a la Cámara. Cuando el actual mandatario aspiró a la cámara, su primo heredó el curul senatorial. Han sido parejas paralelas y complementarias, y precisamente esto es lo que hace pronosticar que difícilmente Mario Uribe actuara a parte del presidente.
Mario Uribe esta imputado por declaraciones que le implican con paramilitares de Caucasia tratando de hacerse con unas tierras baratas en la región de Antioquia, y de igual manera en reuniones con ilegales en Sahagún (Córdoba) para conseguir fincas en Sucre. Pero lo que realmente importante que tiene sobre sus espaldas le ha llegado a través de las declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso, quien asegura que se reunión un par de veces que Uribe lo había buscado para que le ayudara a conseguir votos en las zonas bajo su influencia.
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Se incrementa la violencia contra el ejercicio del periodismo en América Latina

2007-10-25T20:20:00.000-05:00

Por Decio Machado

Durante los primeros nueve meses del presente año, diecisiete periodistas fueron asesinados en América Latina. Estos datos fueron denunciados a primeros de octubre por Manuel Méndez, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), organización adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la cual engloba a unos quinientos mil afiliados de más de 100 países esparcidos por los cinco continentes.

La región de mayor conflictividad dentro del continente ha sido Haití, con cuatro periodistas asesinados, seguido de México con tres, Brasil y Guatemala con dos y con uno, Nicaragua, Perú, Colombia, El Salvador, Paraguay y Venezuela. Aunque a estos datos, hay que sumar las desapariciones de tres periodistas mexicanos, lo cual en el peor de los casos, situaría a este país como el de mayor riesgo y siniestrabilidad, cosa que ya sucedió el año pasado.

La peligrosidad y la falta de seguridad en el ejercicio profesional del periodismo, al igual que en muchos de los casos la impunidad sobre los delitos, constituyen motivo de grave preocupación para las organizaciones sindicales del sector, que permanentemente vienen denunciando estos hechos.

Por su parte la UNESCO consignó en un informe reciente que en los últimos diez años fueron asesinados más de 1.200 periodistas en todo el mundo y otros miles han padecido agresiones e intimidaciones de todo tipo.

Estas alarmantes cifras fueron dadas a conocer por el subdirector general adjunto de Comunicación de la UNESCO, Mogens Schmidt, quien señaló además que los ataques a periodistas han ido en aumento.

El total de periodistas asesinados durante el 2006 fueron 155, siendo considerado este, el peor año registrado en ataques directos y brutalidad e impunidad continua en casos de periodistas muertos, la mayoría en Irak, mientras que otros son objeto de constantes amenazas, añadió el directivo de la UNESCO en conferencia de prensa realizada en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Al 30 de septiembre de año en curso, ya habían sido asesinados 130 periodistas, lo hace temer que este año se pueda rebasar con creces la trágico cuota de comunicadores asesinados en el ejercicio de su profesión con respecto al año pasado.

Según Mogens Schmidt, el acoso a los periodistas no es exclusivo de los países en situación de conflicto, puesto que en algunos de los países que aparecen como signados por la paz y la democracia, los profesionales de la prensa son asesinados por revelar casos de corrupción o criminalidad que involucran a las autoridades. En palabras de Aidam White, secretario general del FIP: “los medios de comunicación se han vuelto más poderosos y el ejercicio del periodismo más peligroso”.

América Latina, un continente de riesgo para la comunicación.

Si bien es cierto que el ascenso de las izquierdas en América Latina ha significado mayor seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo sigue habiendo países de alto riesgo para el desarrollo del periodismo y la libertad de expresión.

Durante los 31 años de existencia de la FEPALC, desde su fundación en 1976, han sido asesinados cerca de mil periodistas en América Latina y el Caribe.

Desde la invasión de 2003 en Irak, este país se ha convertido año tras año en el máximo foco de asesinatos de periodistas a nivel mundial. Sin embargo en América Latina se continúa asesinando periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo y que no impidió las elecciones que reeligieron a Álvaro Uribe Vélez con una tasa de abstención del 60%, superior a la registrada en cualquier otro país de la región.

Con independencia del número de muertos, México y Colombia merecen un tratamiento especial en los informes sobre la falta de libertad de expresión de determinados países del continente. En ambos países es donde hoy por hoy se hace más difícil el desempeño del ejercicio del periodismo. Ambos países han sido denunciados en innumerables ocasiones ante diversos organismos internacionales, debido a las presiones y amenazas que de forma permanente viven los periodistas y los medios de comunicación en general.

México: mayor zona de riesgo para el ejercicio de la profesión en América Latina.

El pasado 5 de septiembre, Óscar Rivera de 39 años recibió siete impactos de bala disparados por fusiles automáticos en la ciudad de Culiacán, región central del Estado de Sinaloa.
Este periodista, fundador de la revista “Cambio 21” fue asesinado cuando salía de su trabajo a dos cuadras de la sede de la policía ministerial. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas “7 de Junio” movilizaba a de cerca de cincuenta trabajadores de prensa para exigir a las autoridades que esclarezcan el homicidio de Rivera, castiguen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para que los reporteros realicen sus labores.

La columna se desplazó primero hacia el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, en Culiacán. Como no fueron recibidos por el funcionario a cargo del organismo, tomaron el edificio y bloquearon calles aledañas mostrando pancartas con leyendas como “¡Ni un periodista más!” y “¡Exigimos justicia”.

La esposa del periodista asesinado responsabilizó por el hecho al comandante de la Novena Zona Militar, Rolando Eugenio Hidalgo Hedyy, señalando que como parte de su trabajo la víctima debía cumplir la función de vocero, sin ninguna protección, informando en varias oportunidades los resultados de las redadas que se le tendían a los narcotraficantes.

El año 2006 ya fue un año de brutalidad sin precedentes para los profesionales del sector en México, que se convirtió en la país más peligroso del continente para los periodistas. En el informe anual del año pasado, titulado Periodistas bajo el filo de la espada, que se presento en la ciudad de Bruselas, la FIP calificó a México como “el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción”, y precisó que en el plano internacional para los trabajadores de los medios de información 2006 fue “un año de brutalidad sin precedentes”.

En su reporte, el FIP precisó que en México ocurrieron el año pasado 10 asesinatos de periodistas de investigación, lo que colocaba al país por encima de Colombia (cinco), que quedaba en el segundo lugar de este macabro ranking. El número de periodistas asesinados durante el ejercicio del 2006 en América Latina, fueron 37.

La situación en México refleja continuidad con la cifra de otros años. Reporteros sin Fronteras ya había precisado en los últimos días de la administración pasada, que “el mandato del presidente Vicente Fox terminó con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes”.
Durante el sexenio panista de Fox, México se convirtió en 2005 “en el país más letal para la prensa de todo el continente americano” y el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak, y de entonces a la fecha se le considera como el país “más peligroso del mundo” en este sentido.

“La creciente desigualdad y no equitativa distribución de la riqueza, a favor de los que más tienen y en perjuicio de las poblaciones más necesitadas, son el caldo de cultivo para la impunidad y las campañas interesadas en desacreditar al periodismo de investigación y de denuncia”, analiza la FIP sobre la situación del gigante del norte latinoamericano.

Según la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX): “el mayor peligro de muerte del periodismo regional radica hoy en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político local, sea estatal, regional, provincial y/o municipal”.

Colombia: segundo en el ranking de asesinados a periodistas.

El pasado 24 de octubre, morían asesinados el reportero gráfico Carlos Alberto Jaramillo, y su colaborador Julio César García. Ambos morían baleados en la ciudad de Calí. Ese mismo día hacía público su decisión de abandonar el país, el prestigioso reportero colombiano y destacado activista por la defensa de los derechos humano, Hollman Morris, consecuencia de las diversas amenazas recibidas por los paramilitares debido a sus críticas públicas al gobierno de Álvaro Uribe.

De igual manera a primeros de septiembre, el periodista Javier Darío Arroyabe Monsalve fue asesinado en Cartago, 200 kilómetros al oeste de Bogotá. Colaborador del diario “El Tiempo”, principal periódico del país, y director de noticias de la emisora radial “Ondas del Valle”, la víctima de 41 años fue apuñalado en varias ocasiones en el interior de su residencia.

Sus compañeros de trabajo señalaron que Arroyabe Monsalve abordaba temas polémicos en su espacio radial, como la corrupción, el despilfarro de los recursos de Estado y la política regional. Recordaron también que el periodista asesinado formaba parte del equipo periodístico que denunció la corrupción del ex alcalde de la ciudad, Luís Alberto Casto, quien a la postre fue sancionado con la suspensión del cargo.

Por otro lado, recientemente organizaciones nacionales e internacionales de prensa expresaron su enérgica repulsa en contra de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe por sus acusaciones a dos periodistas de relevante trayectoria. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que sus comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra de ambos, provocando además el exilio de uno de ellos.
El CPJ denunció la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación, lo cual socava su “teórico” compromiso con la libertad de expresión. Los afectados fueron los periodistas Daniel Coronell, director de noticias del Canal 1 y columnista de la prestigiosa revista “Semana”, al que el presidente en un diálogo radial calificó de cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional; y Gonzalo Guillén, corresponsal de diario “El Nuevo Herald” de Miami, que se vio obligado a abandonar Colombia luego de recibir más de veinte amenazas de muerte, tras que Uribe lo definiese como difamador de baja calidad.

La Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER), también formuló un llamado al presidente Uribe para que atempere su lenguaje cuando se trata de la prensa. La FELCOPER denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos o inexactos. Guillén no ha sido el único periodista obligado a marcharse de Colombia, la lista es extensa y entre ellas está Freddy Muñoz, el hasta hace unos meses corresponsal de Telesur en Bogotá.

Destacan en este país, los sucesos ocurridos en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba, zona norte del país y uno de los departamentos de mayor actividad paramilitar. Allí una turba de simpatizantes de Colombia Democrática, la organización política que mayor número de dirigentes detenidos tiene por “parapolítica”, golpeó a los periodistas Milton Otero y Julio Daniel Otero, reportero gráfico y director del quincenario “El Observador”.

La agresión fue liderada por el ex alcalde José Berín Figueroa y el profesor Rafael Figueroa Flórez, cuando los periodistas hacían tomas fotográficas del Palacio Municipal, mientras esperaban al nuevo alcalde para una entrevista.

Milton Otero denunció que el intento de linchamiento podría estar relacionado con las denuncias de fueron publicadas en “El Observador” respecto a diversos actos de corrupción que alcanzan al ex alcalde y a diversos funcionarios, así como a los posibles vínculos de políticos de dicha coalición con los grupos paramilitares de la región.

La situación de grave inseguridad que viven los y las periodistas colombianas desde hace muchos años ha llevado a multitud de denuncias tanto nacionales como internacionales, que tuvieron su cenit en las acciones que se realizaron en la ciudad de Arauca, donde se produjo el lanzamiento del “Código de Protección para el Cubrimiento de los Actos Electorales” y se distribuyó la segunda edición en español del “Manuel de Protección para Periodistas: Noticias en vivo” de la FIP.

El programa de capacitación se realiza merced al trabajo conjunto del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia, la Corporación de Medios para la Paz y la Agencia Sueca de Cooperación la acción se extendió este año a las ciudades de Bucaramanga, Cali e Ibagué.

En los últimos 16 años, solo en Colombia, 39 periodistas han sido asesinados en cumplimiento de su trabajo profesional.

Últimos asesinatos en el continente.

El pasado 11 de octubre, la Policía Nacional Civil de El Salvador anunció la captura de José Alfredo Hernández, a quien se le atribuye la autoría del asesinato del periodista Salvador Sánchez Roque.

Sánchez Roque, de 38 años de edad, reporteaba para las emisoras de radio Mi Gente, YSUCA y Maya Visión, todas ellas vinculadas a la izquierda social y política del país. La madre del periodista asesinado declaró a los medios que su hijo venía denunciando numerosas injusticias y que se mantenía muy pendiente de las extorsiones al transporte público que las pandillas realizan en la zona.

El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina y del mundo, con una tasa de homicidios de más de 60 por 100.000 habitantes. El 80 por ciento de los crímenes son ejecutados con armas de fuego y en su mayoría quedan impunes.

De igual manera, el pasado 22 de agosto, fue asesinado el periodista paraguayo Tito Palma, director de la emisora de radio FM Mayor Otaño.

El 5 de julio pasado, murió asesinado el reportero gráfico Jorge Alejandro Castañeda Martínez, de 35 años, quien recibió más de diez tiros por desconocidos, cuando salía de dejar a sus hijos de 4 y 6 años en una escuela de la zona 11 de Ciudad de Guatemala.

No era el primer periodista asesinado en Guatemala, donde el pasado 3 de mayo, cayó el reportero de Radio Sonora rolando López Sánchez.

Conclusión.

Hace quince o veinte años, en la época de las dictaduras militares en América Latina, los periodistas eran reprimidos, asesinados y desaparecidos directamente por los gobiernos autoritarios emanados de la “Operación Condor”. Hoy sin embargo, queda evidenciado que en varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos además tienen la osadía de autodefinirse como las vanguardias de las democracias avanzadas en el continente junto a los Estados Unidos y Canadá, se consolida una nueva clase política local de extracción delictiva que ejerce una suerte de “narco-poder” o “corrup-poder” en asociación con los ejércitos privados del crimen armado. La mayoría de los periodistas asesinados trabajaban en diarios, periódicos, radios y otros medios de comunicación locales.

Publicado en la Revista Pueblos (octubre/2007)

En memoria del Che Guevara

2007-10-19T10:07:00.000-05:00

Por Decio Machado

La figura del Che sigue asomando 40 años después en cada parte del planeta donde los humildes y las organizaciones sociales se enfrentan a las injusticias globales.

8 de octubre, 40 años atrás. No había cumplido un año aún la guerrilla en Bolivia. La situación era mala, el Ejército les pisaba los talones, el apoyo popular era escaso y las organizaciones de la III Internacional les daban la espalda.

Meses antes había escrito su Mensaje a los Pueblos del Mundo, que contiene sus afirmaciones más radicales y contundentes: la guerra mundial abierta contra EE UU, en abierta contradicción con la “coexistencia pacífica” que entonces sostenía la URSS y los partidos comunistas latinoamericanos. Encabezó ese documento con la frase: “Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna”.

Una guerrilla diezmada, donde apenas quedan 17 combatientes, es sorprendida en la Quebrada del Yuro. El Che ordena sacar a los enfermos y se queda con el resto para hacer frente a los militares. Harry Villegas, alias Pombo, uno de los cinco sobrevivientes, contó así ese momento: “Yo pienso que él pudo escapar. Pero traía un grupo de gente enferma que no se podía desplazar a la misma velocidad que él. Cuando el Ejército comienza la persecución, decide pararse y dice a los enfermos que sigan. Entre tanto el cerco se va cerrando. Sin embargo, los enfermos logran salir (...). El Che y el resto de compañeros aguantan. Cuando van a continuar, el cerco se cerró y entonces se produce el enfrentamiento directo”.

“Apunte bien, va a matar a un hombre”
Tras tres horas de combate es herido y apresado. Le quedan horas de vida.
El sargento Mario Terán entra en una sala de la escuelita de La Higuera, donde había sido confinado el Che. Según declaró a la prensa: “Ése fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme me dijo: ‘Usted ha venido a matarme’. Yo me sentí cohibido y baje la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: ‘¿Qué han dicho los otros?’ (refiriéndose a los guerrilleros Willy y Chino). Le respondí que no habían dicho nada, y el contestó: ‘¡Eran unos valientes!’. Yo no me atrevía a disparar, en ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentí que se me echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno - me dijo- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto”.

La historia 40 años después aún tiene cosas que decir sobre las razones que llevaron a Guevara al callejón sin salida de la selva de Ñancahuazú. Enviado al mundo de los mitos por dos ráfagas de fusil automático por orden del agente cubano de la CIA Félix Rodríguez. Hoy la Historia nos indica que mataron a un hombre, pero no su leyenda. El fotógrafo Freddy Alborta inmortalizó su cuerpo sin vida expuesto por los militares en la lavandería del hospital de Vallegrande, donde fue trasladado después de muerto. Lo haya querido o no el autor, la imagen de Guevara tendido sobre los pilones de un lavadero recuerda a Cristo. Su mirada ausente de muerto irradiaba una extraña inocencia, acentuada por sus labios entreabiertos, semi sonrientes en el rictus mortis.

Hoy los campesinos de esta región de Bolivia han hecho un santuario en ese lugar. Es la religiosidad verdadera que inspira el Che para millones de personas de todo el planeta.

Su legado
Presentar al Che como un soñador o aventurero es erróneo, su imagen guerrillera tapó al teórico socialista de pensamiento crítico y rebelde. Guevara criticó fuertemente las contradicciones del sistema económico socialista de la URSS, China y demás naciones bajo su órbita. En las notas de Praga, tras su salida de África, el Che denuncia que, de no ser rectificadas, las deformaciones de las sociedades socialistas conducirían a una involución del sistema de impredecibles consecuencias para la humanidad.

Para él, “la revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”. También se enfrenta a la tesis “no debemos plantearnos la toma del poder”, nacida de pensadores socialdemócratas de finales del siglo XIX y puesta de actualidad por los autores llamados ‘posmodernos’ desde sus cómodos sillones académicos. Él afronta este debate desde una práctica política vivida cotidianamente como una apuesta vital por la revolución socialista. “El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las fuerzas revolucionarias y todo debe estar supeditado a esta gran consigna. La toma del poder es un objetivo mundial de las fuerzas revolucionarias”.

Para Guevara, “la misión de los dirigentes y de los partidos es la de crear todas las condiciones necesarias para la toma del poder y no convertirse en nuevos espectadores de la ola revolucionaria que va naciendo en el seno del pueblo”. Su pensamiento prioriza el plano donde se constituye la hegemonía socialista. Es ahí donde deben ubicarse sus escritos sobre la necesidad de construir el hombre nuevo, la batalla por la creación de una pedagogía del ejemplo y la moral comunista: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”.

El guevarismo, junto al mariateguismo (que incluye el factor indígena en el proceso revolucionario), constituye la expresión del pensamiento político más radical de Marx y Lenin, descifrados en clave latinoamericana. Pero el Che sobrevive a la crisis ideológica tras la caída del muro de Berlín. Lo logra porque su vida irradia autenticidad y radicalidad, siendo un ejemplo de coherencia de vida. Como proyecto político, significa una lectura del marxismo que recupera su clave antiimperialista y anticapitalista, la confrontación por el poder y de lucha radical contra toda forma de dominación social.

Poder popular y antiestalinismo
Para el Che la revolución comienza antes de la toma del poder, con la creación del poder popular y las zonas liberadas, se prolonga a través de la destrucción del poder estatal, en el derrocamiento de la vieja sociedad, y más tarde se extiende en la creación de nuevas formas de relaciones sociales y nuevas instituciones creadas a partir de la transformación del orden social. Antiburocrático y antiautoritario, siempre planteó la creación del poder popular y la continuidad ininterrumpida y permanente de la revolución contra toda burocracia. Acusado por los estalinistas de pretender exportar la revolución por todo el mundo, hizo énfasis en la revolución continental: “No pueden confundirse los compromisos coyunturales, diplomáticos o comerciales de un Estado particular con las necesidades políticas del movimiento popular latinoamericano en su conjunto”.

Su internacionalismo le llamó a sentir en carne propia las desdichas que afectan a todas las personas del mundo, ésa fue su mayor contribución al pensamiento contemporáneo. Bolivia fue su fracaso militar y político. Un error de trágicas consecuencias para él y para el movimiento revolucionario del momento. Sin embargo, su legado vive: la América en lucha de hoy parte del fruto de la semilla por él sembrada. “Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana” (Diario de Bolivia, 1967).

Fuente: Diagonal Periódico

Tras las elecciones: Guatepeor

2007-09-24T07:59:00.000-05:00

GUATEMALA: CERCA DE 50 PERSONAS MUEREN EN LOS COMICIOS MÁS SANGRIENTOS DE LA HISTORIA DEL PAÍS

Por Decio Machado / Guatemala

Guatemala se prepara para la segunda vuelta en la pugna para las presidenciales. Corrupción, narcotráfico y paramilitarismo se afianzan en el país, mientras las opciones de izquierda quedan desarmadas.

Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el más votado en la primera vuelta con el 28%, y el ex militar ultraderechista Otto Pérez del Partido Patriota (PP), segundo con el 23%, aspiran a lograr la presidencia del Gobierno tras la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 4 de noviembre. Hasta el momento, Colom ha recibido el respaldo de una decena de alcaldes electos, mientras que Pérez ha sido apoyado por empresarios farmacéuticos y líderes evangélicos.

No obstante, los dos candidatos centran sus fuerzas en convencer al caudal de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), que quedó en tercer puesto en la lucha por la presidencial con el 17% de los votos. La romería hacia los alcaldes electos comenzó después de que el comité ejecutivo de la GANA dio “libertad” a sus simpatizantes al no decantarse por ningún candidato. GANA quedó en segundo lugar en las alcaldías, al ganar 78 de las 332 que se disputaron el 9 de septiembre.

Una jornada en teoría “limpia”
La totalidad de los observadores nacionales e internacionales presentes en el proceso electoral del 9 de septiembre han coincidido en destacar la “normalidad y eficiencia democrática” con la que se celebraron los comicios y felicitar al actual Gobierno de Óscar Berger por ello.

Sin embargo, Orlando Amado, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), denuncia lo siguiente a DIAGONAL: “El proceso electoral en Guatemala lleva más de 50 años siendo una farsa: durante la dictadura militar votaban hasta los muertos, ahora compran el voto en barriadas enteras por lo que apenas viene a significar dos platos de comida. Aprovechan las necesidades que tiene el pueblo, se aprovechan del analfabetismo político de la inmensa mayoría de la población, y se aprovechan de la sumisión de la población indígena, la cual ha sido vapuleada históricamente en nuestro país y se ha convertido en sumisa”.

“Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y la local Mirador Electoral apenas visualizaron la ausencia de incidentes violentos graves el día de las votaciones, pero esta campaña electoral ha sido la más violenta de la historia del país”, indicó a DIAGONAL Gregorio Caicedo, miembro del colectivo MAIZ en la localidad de Las Flores, en el norte de Guatemala. Y prosigue: “medio centenar de personas, entre candidatos a diferentes cargos, activistas políticos y familiares de ellos, han sido asesinados durante la campaña electoral”.

La intromisión sin precedentes del crimen organizado en los comicios locales ha sido motivo de preocupación de todas las organizaciones sociales, especialmente en aquellas zonas cuyos aspirantes a alcalde son más que sospechosos. Ante la amenaza del narcotráfico a los poderes locales, el Foro Guatemala, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil, lanzó una intensa campaña sobre el riesgo de convertirse en cómplice de los delincuentes a la hora de depositar la papeleta en la urna.

“Hay regiones donde el narcotráfico ya está invirtiendo en beneficio de la población, y esto es un problema serio, porque la población empieza a pensar: si el Gobierno no me da esto... mejor sigamos con ellos”, denunció Fernando Leal, representante de la Alianza Evangélica en el Foro Guatemala. En dichas zonas rurales, los alcaldes sólo adoptan decisiones con el visto bueno de las mafias.

El comportamiento mafioso llega en muchas ocasiones hasta sus últimas consecuencias. En Chimaltenango, el hijo del alcalde que se presentaba a la reelección tiene una compañía de moto-taxis, conocidos popularmente como tuc-tuc. Un vecino intentó entrar en ese sector de negocio y compró una moto. No contaba con la autorización del hijo del alcalde. Tras varias amenazas, un día apareció muerto. Un informe elaborado por el Procurador de Derechos Humanos sobre el proceso electoral indica que el crimen organizado controla el noreste del país, y que es imposible presentar candidatos limpios de toda conexión con estas mafias.

En el Petén, zona noreste del país, han surgido fortunas de la noche a la mañana. “Algunos de estos nuevos ricos han llegado a cargos municipales o han apoyado a determinados candidatos”, dice Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Y continúa: “El candidato usa el partido como un vehículo para llegar a la alcaldía. Es él quien financia la campaña y no el partido, al que no le debe nada. Por esta razón, los narcotraficantes, que disponen de buenos recursos, tienen grandes posibilidades de ganar”.

Y la izquierda desapareció
La sorprendente irrelevancia de Rigoberta Menchú en los resultados electorales, con tan sólo el 3%, tira por tierra la tesis del racismo como elemento básico del rechazo de su propuesta política. “Claro que algo de racismo hubo, pero no fue lo más importante. Menchú perdió ante el escrutinio del pueblo maya mayoritario en el padrón electoral. Si las elecciones se hubieran realizado en las Naciones Unidas, habría ganado. Pero para ser líder político hace falta algo más que fama internacional. Rigoberta no es el Moisés que nos llevará a la Tierra Prometida”. Así de rotunda se mostró a DIAGONAL Clarita Winapuc, líder comunal en el departamento de Quiché, predominantemente indígena.

De igual manera piensa el analista y académico indígena Estuardo Zapeta, el cual declaraba recientemente a ArgenPress: “Creo que fue un error pensar que los indígenas iban a votar por ella sólo por ser indígena, además el hecho de que el 95% de la población la conozca y tenga buena opinión de ella no quiere decir que voten por ella para la presidencia... lograr eso requiere trabajo”.

A la división indígena hay que añadir que la izquierda social y política chapín nunca le dio legitimidad a la candidatura de Rigoberta. “Ella fue un invento de las ONG españolas, nunca ha hecho nada en la política interna de Guatemala, los que la conocemos sabemos que no es una persona de izquierdas. En 2004 aceptó ser la embajadora de buena voluntad para los Acuerdos de Paz, un cargo creado ‘ad hoc’ por el Gobierno del neoliberal Óscar Berger para incluirla en el gabinete, ¿usted lo puede entender?”, sentencia con severidad Mario Beltrán, miembro del Frente Nacional de Lucha.

Con respecto al resto de las fuerzas de la izquierda, el resultado fue aún más calamitoso. La histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antigua fuerza guerrillera, estuvo a punto de desaparecer del escenario político, habiendo logrado tan sólo un “curul” en el Congreso de la República.

Inmunidad para un genocida
El ex dictador Efraín Ríos Montt consiguió un escaño como diputado por su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), logrando así la inmunidad legislativa que buscaba para evadir la acción de la justicia española. Los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal. En la actualidad pesa una orden de búsqueda y captura contra el ex dictador y otros altos cargos cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para juzgarlo por genocidio y torturas. “Estuve disponible cuatro años [sin inmunidad].

Si los otros son inútiles y no supieron presentar demandas, es cuestión de ellos”, afirmó recientemente el ex dictador, pastor evangélico y un ferviente lector de la Biblia que dio un golpe de Estado en 1982 contra el general Romeo García. Su mandato es considerado el más sangriento de todos los que se sucedieron durante la cruenta guerra civil de 36 años (1960-1996) que asoló el país. Después de más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos el conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz hace 11 años.

Fuente: Periódico Diagonal núm.61, 20 de septiembre de 2007

Maras o pandillas: tatuajes con dolor en Centroamérica

2007-09-24T07:51:00.000-05:00

Por Decio Machado / Honduras

l fenómeno pandillero importado desde los EE UU se ha asentado en el sur. Las diferentes maras, especialmente la Salvatrucha y Barrio 18, se han convertido hoy en factores de inestabilidad para los Gobiernos centroamericanos. Se estima que entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, actúan más de 100.000 mareros.

Los líderes en Honduras de las temibles Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13) y Barrio 18 (o M-18)firmaron el cese de la violencia entre ellos y acordaron un reparto del territorio, según informes policiales filtrados por la prensa hondureña a primeros de septiembre.

Según estos documentos, que recogerían informaciones de agentes infiltrados, líderes de las pandillas M-18 y MS-13 han firmado un pacto para que sus integrantes no se exterminen en cada conflicto. “Nosotros ya quedamos en que no nos íbamos a matar unos a otros y que no haya pleitos, pero nosotros no por eso dejamos de pertenecer a nuestra home (pandilla), sólo es que estamos distribuyéndonos los sectores”, habría explicado un marero (pandillero) a un agente infiltrado. Un portavoz de la Policía hondureña declaró que “hemos observado que ellos volvieron a pintar las paredes para dar a conocer que ya tienen nuevamente marcados los sectores que operan para la venta de droga, cobro de impuestos de guerra y asaltos”. Sin embargo, otro portavoz de la Policía, Héctor Mejía, manifestó a DIAGONAL que “esto no es nada nuevo. En muchos otros momentos las maras han llegado a acuerdos de reparto de territorio y de tregua entre bandas, que son sistemáticamente rotas cuando cambian los líderes locales, consecuencia de las detenciones a las que son sometidos por los cuerpos de seguridad hondureños”.

Sin embargo, este pacto se produce después de que, a mediados de julio, los representantes de los servicios de seguridad de los países centroamericanos, junto a los de República Dominicana, México y Estados Unidos acordaran en Ciudad de Guatemala impulsar una estrategia conjunta para el combate de las pandillas, el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico. Los responsables de seguridad se comprometían a desarrollar sistemas de intercambio de datos y el uso y la difusión de información entre los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y EE UU.

La declaración final de la cumbre de seguridad estableció que esta lucha “se basará no solamente en actividades policiales, sino también en programas de prevención y rehabilitación” de los jóvenes miembros de estos grupos. Según Thomas Shannon, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio Occidental de EE UU, su país aportará un millón de dólares al SICA para este proyecto. Según fuentes del SICA, el acuerdo de seguridad podría costar entre 600 y 800 millones de dólares. Hasta el momento, lo único puesto en marcha ha sido la coordinación de la Unidad TAG (Transnational anti- gang Unit), un nuevo grupo supranacional para reforzar la lucha contra las maras con el FBI y las policías de los distintos países.

¿Qué son las maras?
La violencia en Centroamérica no es un fenómeno reciente. Desde hace varias décadas estos países han ocupado un lugar privilegiado entre las naciones con los índices más elevados de violencia. Según declaró a DIAGONAL Aristide Carpio, de la asociación salvadoreña Casa de los Mestizos, “uno de los grupos que mayor protagonismo han tenido en la violencia generada en la historia reciente de nuestros países son los jóvenes, quienes tienen un alta participación en la dinámica de la violencia tanto en calidad de víctimas, como de victimarios”. En este contexto, indica, “una de las expresiones de la violencia juvenil que en la última década ha cobrado cada vez mayor visibilidad pública a partir de su rápido crecimiento y de la complejización de sus dinámicas es el de las maras o pandillas juveniles, que surgieron en Centroamérica a finales de los años ‘80”.

El factor desencadenante es la deportación masiva desde los EE UU, tras el endurecimiento de sus leyes migratorias, de jóvenes centroamericanos llegados allí por la crisis económica de los ‘80 y ‘90. Para Roberto Gómez, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “mientras estuvieron allá, estos jóvenes fueron asimilados por la cultura y la organización pandillera del Estado de California, específicamente del Condado de Los Ángeles, en particular por la ‘18th Street’ y la ‘Mara Salvatrucha-13’, que desde entonces se convirtieron en los principales referentes organizativos y simbólicos de la rebeldía juvenil contra la sociedad establecida”.

En los países centroamericanos, la influencia cultural pandillera californiana, con sus novedosas modas de vestir, de tatuarse, de hablar caliche (el lenguaje empleado por los sectores más marginales de la sociedad) y de beligerancia provocó la fascinación de decenas de miles de jóvenes que adoptaron su modo de ser e hicieron suyas las reglas de los pandilleros deportados de EE UU a quienes veían “más poderosos”. Para Stefan Johanson, cooperante de la asociación de iglesias libres de Suecia, Diakonía, “las maras se convirtieron en un verdadero movimiento contracultural juvenil fanatizado, que les proveía un ambiente familiar sustituto, amistad, protección, seguridad física y económica, pero, sobre todo, una identidad juvenil autónoma, cuya existencia la sociedad antes había rechazado pero que ahora se le imponía de la peor manera”.

“Las pandillas en Centroamérica han existido desde hace mucho tiempo”, indica Roberto Gómez. “Eran espacios donde los jóvenes buscaban constante de diversión y escándalo, pero donde la muerte era la excepción”. Johanson opina en el mismo sentido: “la brutal realidad de las maras californianas estaba muy lejos de ser lo que fueron las pandillas tradicionales centroamericanas”. En las nuevas maras, la violencia, el conflicto con la ley, la cárcel, el hospital y la muerte se convirtieron en la compañía permanente de los jóvenes involucrados. “Lo peor es que las reglas de las nuevas pandillas no eran fijadas por sus miembros, sino que ya estaban establecidas y se imponían desde Los Ángeles”, sentencia el cooperante sueco. Tanto para Gómez como para Johanson, la especial democracia interna de las maras tradicionales centroamericanas fue asfixiada aquí por el mandato proveniente del exterior.

El término ‘mara’ viene de un sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil. Para Graciela Morales, portavoz de la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz de Guatemala, “con el aumento de personas que fueron y siguen siendo deportadas diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también regional. Y se ha agravado a partir de la introducción del crack, pegamento para zapateros o inhalantes, heroína y otras drogas que azotan las zonas marginales de las grandes urbes capitalinas centroamericanas”.

Aunque en la última década, ya se advertía entre las pandillas importantes transformaciones relacionadas con un mayor ejercicio de la violencia, el incremento en el consumo de drogas y el mayor acceso y uso de armas, el salto cualitativo más importante en la dinámica pandillera se ha producido en el último trienio. A él han contribuido de forma importante las medidas de represión y control impulsadas por los Gobiernos de la zona a partir de 2003. El que los Estados los hayan identificado como enemigos sociales y en función de ellos construyan su política de seguridad ha generado que estos grupos cambien de organización interna para defenderse y sobrevivir bajo nuevas y sofisticadas modalidades.

Hasta hace algunos años, la estructura básica de la pandilla, la ‘clica’, mantenía el control territorial de un barrio o una colonia. Su ámbito de operación estaba circunscrito a una pequeña zona, sin mayores posibilidades de comunicación entre los grupos de diferentes sectores. Por lo general, los miembros de una ‘clica’ eran residentes de la zona donde operaban y difícilmente extendían su control territorial a otros sectores. No tenían una red de coordinación y comunicación entre ‘clicas’ de diferentes lugares y menos aún una articulación a nivel nacional. “En la actualidad, las maras se han reestructurado, ahora existe una división del trabajo en la que se asignan roles como el de ‘palabreros’ o ‘segunderos’, los cuales asumen el rol de voceros; misioneros a quienes se les asignan tareas o misiones importantes para el grupo y avecillas o soldados, quienes desempeñan funciones más operativas como la defensa del territorio. Esta división asegura una mayor efectividad y coordinación en sus acciones colectivas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Gavilán, miembro de una brigada de investigación de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala.

Así, la desatención hacia las condiciones de exclusión social -que generan las maras- y al tiempo la apuesta por el acoso y la persecución policial permanente de las pandillas han contribuido a generar una importante recomposición de la estructura, organización interna, sistema de normas y valores, fines y objetivos de las pandillas. Las maras se perfilan ahora como una nueva modalidad de estructura criminal que amenaza la seguridad pública de los países afectados. Todo parece indicar que las soluciones planteadas por los gobiernos afectados, desde EE UU (plan tolerancia cero) hasta Nicaragua (planes mano dura), mientras se limiten a un enfoque policial y represivo, no darán mayores resultados. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, resumió el problema en pocas palabras: “Las maras desaparecerán cuando se abata la pobreza, se eleven los niveles educativos y haya oportunidades de trabajo para todos”.

MARAS EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN
La persecución policial indiscriminada y las capturas masivas y arbitrarias contra jóvenes mareros, en el marco de los ‘planes mano dura’ implantados en Centroamérica a partir de 2003, han provocado transformaciones importantes. Como los criterios policiales estaban fundamentados en buena medida en los estereotipos tradicionalmente asociados a las pandillas, éstas han adaptado su imagen para dificultar su identificación y garantizar una mayor clandestinidad.

Sus miembros, por ejemplo, están evitando tatuarse o lo están haciendo en lugares menos visibles del cuerpo, renunciando así al uso de un importante símbolo de identidad grupal y pertenencia a la pandilla, considerado internamente un signo de respeto y prestigio, de rebeldía y desafío al orden social establecido. Para Brigitte Nelson, de Diakonía, la transformación estética de los mareros ha sido aún mayor: “También han cambiado su forma de llevar el cabello rapado por uno más largo y tradicional; su típica vestimenta holgada ha sido sustituida por ropa más tradicional, lo que facilita que puedan pasar desapercibidos. Los códigos de comunicación basados en las señales con las manos solamente descifrables entre ellos ya no son tan ampliamente utilizados en la vía pública, ni siquiera para rifarse el barrio con la pandilla rival”. Esto les permite actuar en un territorio que ya no se circunscribe a las comunidades marginales o barrios populosos, sino que se ha expandido a amplias zonas de las ciudades y vuelto más difuso.

Según Carpio, “la represión ha conllevado que se incremente la movilidad de las maras, al obligarlos a salir de las comunidades, reorganizarse en nuevos territorios de las ciudades o mantenerse en la clandestinidad total”. Las pandillas se desvinculan de su comunidad y se desarraigan, lo que afecta a toda posibilidad de reinserción. El portavoz de la salvadoreña Casa Mestiza afirma que “las maras ya no se disputan el barrio, la MS- 13 y Barrio 18 se están disputando ahora un territorio simbólico que ya no se circunscribe a un espacio geográfico determinado, lo que ha hecho que la violencia entre ellos se expanda”.

Alcance internacional
Las maras se extienden dentro de las fronteras de los EE UU, llegando a sus suburbios. Un informe del Congressional Research Service del Congreso de EE UU estimaba en mayo de 2005 que solamente la MS-13 tenía entre 8.000 y 10.000 miembros activos en unos 33 Estados y en el Distrito de Columbia. En El Salvador, según el Ministerio de Gobernación (datos de 2005), el número de mareros podría alcanzar los 15.000 miembros. Las agrupaciones más representativas son la Mara Salvatrucha (54,4%) y Barrio 18 (45,3%), ambas surgidas originalmente en Los Ángeles. Sólo un 0,3% se identifica con otras pandillas. La PNC de Guatemala maneja una cifra de entre 8.000 y 10.000 mareros activos, a los que hay que sumar unos 30.000 simpatizantes.

Algunas investigaciones universitarias elevan a 14.000 los pandilleros activos. La MS (80%) y Barrio 18 (15%) protagonizan el escenario de pandillas (entre ambas el 95% de los mareros). Aunque todavía se habla de otras pandillas tales como Breakeros (BKS), los Wifers (WF), los Roqueros, los Cholos y los Latin Kings. En cuanto a Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas contabilizó cerca de 26.000 miembros de maras a nivel nacional para 2000 (sin contar simpatizantes), siendo la MS y Barrio 18 las dos organizaciones más importantes. El crecimiento de la población y de los suburbios urbanos en Honduras derivó en cruentas disputas territoriales tanto entre miembros de la ‘18’ como de la ‘13’.

Fuente: Periódico Diagonal, núm. 61, 20 de septiembre.

La migración centroamericana hacia los Estados Unidos

2007-09-22T17:52:00.000-05:00

Por Decio Machado

Tanto la externalización del control de fronteras norteamericanas hacia el sur de México, como la militarización de la frontera norte, están significando un notable incremento de víctimas entre los migrantes que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos. Paralelamente a esto, el Senado norteamericano ha bloqueado cualquier posibilidad de regularización masiva de sus ya más de 12 millones de clandestinos. El camino de las políticas migratorias norteamericanas se endurece y con él el drama que ocasiona.

La ruta centroamericana de la inmigración a los Estados Unidos se está volviendo cada vez más dramática. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.

La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los “polleros” o “coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000 dólares por llevar allí a los indocumentados, una amplia fluctuación que depende del origen y de la ruta del migrante indocumentado.

El comienzo del infierno

La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México (1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice) en su intento por llegar a “El Dorado” norteamericano se hace cada vez más preocupante. Según diversas fuentes, en los últimos cinco años han muerto o desaparecido al menos 5.000 salvadoreños y más de medio millar de hondureños, al intentar atravesar uno de los cruces más difíciles del comienzo de la travesía: la frontera Guatemala-México.

La presión política a la que ha sido sometido México por parte de EE UU desde hace ya varios años en esta materia ha hecho que la frontera sur mexicana sea una zona tremendamente militarizada, convirtiéndose así en el inicio de la “pesadilla del sueño americano” para muchos de los indocumentados que la cruzan.

En México las organizaciones sociales que trabajan en la atención a los inmigrantes cada vez están teniendo mayores problemas para poder ingresar en las estaciones de inmigrantes (centros de detención). De igual manera se están viendo afectadas por una intensa campaña de criminalización por parte del Estado. Hay activistas que sufren condena de hasta seis años, bajo la acusación de pertenecer a redes de tráfico de migrantes, simplemente por haber ofrecido alimentos a los “indocumentados”. Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la república.

Según datos oficiales México detuvo entre primeros de 2005 y finales de 2006 a 422.984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. Se están realizando más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.

Felipe de Jesús Preciado, jefe del estatal Instituto Nacional de Migración de México, justifica la situación diciendo: “La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”.

En la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas desde que se implementó el Operativo Guardián en 1994, según revela un informe presentado por la Fundación Asistencia Legal de California (FALC) (ver cuadro 1).

Claudia Smith, portavoz de la FALC, denunció que sólo en el primer trimestre de 2007 las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas, habiéndose casi duplicado el número de víctimas en el período de la Administración Fox. Según Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros 10 migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.

Operativo Guardián

El 1 de octubre de 1994 el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo del Operativo Guardián, también llamado “operación muerte” era “asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas, y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una profunda militarización de la frontera entre México y el Estado de California. Este Operativo sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa “Hold the Line” en Texas o “Safeguard” en Arizona.

Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de Derechos Humanos y las miles de muertes que acontecen en la frontera, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Además, al primer muro que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991, se le ha añadido otro segundo muro de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas para detectar a los candidatos al “sueño americano”: detectores con luces infrarrojas o de calor humano, y cámaras múltiples auxilian a las patrullas que están presentes las 24 horas del día.

Cada día, en la “línea” entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades, indican lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas (derecho universal).

“El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.

De igual manera, se han formado “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de “vigilantes”, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. A través de la lucha estadounidense contra el terrorismo se justifica la actuación de estas milicias paramilitares, que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial.

La locura llega a tal nivel que a finales del año pasado, el gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, llegó a proponer un nuevo plan para combatir la inmigración irregular en la frontera. La idea consistía en poner cámaras que estarían conectadas a un servidor de red para que cualquier persona pueda, desde Internet, convertirse en vigilante voluntario desde cualquier lugar del mundo. Un clic del ratón o una llamada a un número gratuito serán suficientes para alertar a la policía del posible “peligro”.

Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significa luto, el luto de miles de familias.

Sin embargo el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, pues ya suponen el 12,5 por ciento de la población, es decir, más de uno de cada 10 residentes en EE UU son hispanos. Se estima que en este país hay un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y cerca de tres millones de salvadoreños. El caso de México es especial, se estiman 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 11 millones son nacidos en México y los otros 19 son descendientes de mexicanos.

Todo ello a pesar de que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EE UU, (ICE por sus siglas en inglés), deportó un record de 185.431 personas en el año 2006, un 10 por ciento más que en 2005, tras redadas a empresas que empleaban a trabajadores inmigrantes sin papeles. Situación que se está reproduciendo con asiduidad durante el 2007. Se estiman en unos 12 millones, la mayoría mexicanos, los inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos.

Fracaso de la reforma migratoria

El pasado 27 de junio el proyecto de ley de reforma migratoria quedó estancado por segunda vez en el Senado de EE UU, después de que el pleno rechazara limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.

La mayoría de los legisladores republicanos en el Senado votó en contra, algunos de ellos incluso se vincularon en debates y propaganda de emisoras de radio “antiinmigrantes”. En el caso de los demócratas, todos dijeron siempre estar a favor de la reforma, y al final, los que votaron en contra manifestaron que lo hicieron porque no era suficientemente buena para los inmigrantes.

Es la segunda vez que el pleno de la cámara alta vota en contra de limitar el debate sobre esta reforma, dado que el pasado día 7 de junio ya sufrió el mismo revés, con la mínima diferencia de 45 a favor y 50 en contra.

De esta manera el Senado ha invalidado toda posibilidad de establecer un nuevo marco legal para los más de 12 millones de indocumentados existentes y mejorar así el sistema migratorio norteamericano, que data de 1986, cuando se aprobó una amnistía para unos tres millones de clandestinos.

Las consecuencias de esta decisión son importantes. Ya no será posible retomar el proyecto hasta el 2009, cuando haya un nuevo presidente y Congreso tras las elecciones de noviembre de 2008.

George Bush, conocedor de la capacidad perdida por parte del Partido Republicano de captar una mayor cantidad de votos hispanos para los próximos comicios presidenciales, es consciente de que este fracaso puede ser su puntilla definitiva de cara a las elecciones de finales del año que viene.

“Podrá tal vez haber una ventaja política a corto plazo para los que votaron en contra de la reforma migratoria, pero en el largo plazo tendrá un efecto desastroso para el Partido Republicano en términos de voto hispano”, señala Linda Chávez, del Centro de Oportunidad Equitativa. De igual manera opina Antonio González, presidente del Instituto Latino de Investigación William Velásquez: “Me parece que va a ser sangriento para los republicanos, algunos de estos senadores que más se han significado en sus discursos antiimigrante, van a ser masacrados por el voto hispano en el futuro”.

“Definitivamente el voto hispano va a afectar al Partido Republicano a pesar de que el presidente Bush y el senador Mel Martínez apoyaron totalmente el proyecto”, manifiesta también Bettina Inclán, directora de la Asamblea Nacional de Hispanos Republicanos. Un estudio del Centro Hispano en Washington estima que los hispanos en el país representaron el 8,6 por ciento de votantes elegibles en 2006 en comparación con el 7,4 por ciento en 2000.

Las necesidades económicas del gigante americano

“La economía estadounidense necesita, absolutamente, de los inmigrantes”, hizo público Andrew Sum, director del Centro para Estudios del Mercado Laboral. Y prosiguió: “A algunos trabajadores (estadounidenses) esto les perjudica, y algunas personas se enojarán porque diga esto, pero nuestra economía se ha vuelto más dependiente ahora de la mano de obra inmigrante que en cualquier otra época en los últimos 100 años”.

Si no hubiese sido por los inmigrantes “la fuerza laboral masculina de todo el país hubiera crecido apenas marginalmente en la última década, y hubiera habido una escasez de mano de obra masculina, especialmente en el nordeste y la región del Pacífico”. Con respecto a las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son inmigrantes.

Además, el aporte demográfico de los inmigrantes no ha tenido impacto sólo en la mano de obra, sino que representa todo el incremento, en el ámbito nacional, de la matrícula en las escuelas públicas en los últimos 25 años.

Pero no sólo el sector empresarial saca tajada. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó desde primeros de junio un 86 por ciento el costo de los trámites migratorios. Suponiendo que uno cumpla las normativas, hacerse ciudadano cuesta ya en Estados Unidos unos 600 dólares.

Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.

Panamá: Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas

2007-07-23T19:04:00.000-05:00

Por Decio Machado

Atravesado por un canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico, lo que ha marcado fuertemente su devenir histórico, Panamá, un angosto país que fue hasta 1903 un Departamento de la República de Colombia, se ha ido desarrollando como un gran centro de comercio a escala internacional y un punto de atracción para un importante sector financiero.

El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero.

El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”.
Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.

Sistema bancario panameño

Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.

En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información.

El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del “reajuste”, su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país.

Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de “fiscalizar” las operaciones bancarias en el país.

La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá “paraíso fiscal cooperante” y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros “paraísos fiscales” en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.

Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país “no está mal” en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es “dinámico, evolutivo y cambiante”. Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo, este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.

Ampliación del Canal e intereses del capital español

El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros.

La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como “paraíso fiscal cooperante”.
El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los “países ricos” ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.

A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.

Empresas españolas y paraísos fiscales

Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgrana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos.

En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas off shore de baja tributación.

Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).

La realidad social panameña

Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.

En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento.

Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.

Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina

La privatización del agua en Honduras

2007-07-23T13:59:00.000-05:00

Por Decio Machado

La destrucción progresiva del medio ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e industrial que está experimentando el planeta ha conducido a una reducción significativa de las reservas acuíferas a nivel global, así como a la contaminación de océanos, mares y ríos. El agua dejó de ser un bien social para convertirse en un bien comercial con un precio determinado, y vendido al mejor postor.

En 1995 se abrió la discusión sobre privatización del agua potable y saneamiento en Honduras, consecuencia de una propuesta lanzada desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta proponía la descentralización y la creación de una Ley Marco del servicio de agua potable, y a definido el modelo hondureño de privatización.
En el año 2000 el FMI otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua, entre ellos estaba Honduras. Similar condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 millones de dólares para proyectos de agua.
Desde esos momentos Honduras forma parte de los países han vivido procesos y niveles profundos de privatización del agua.
Pero los procesos de privatización de agua no vienen solos. A estos se han asociado: la financiación de represas, la cual supera los 4 mil millones de dólares anuales a escala global, y el negocio del agua embotellada y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido, destacando: el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la explotación, entre otros.
La famosa “municipalización” en Honduras dejó a los municipios la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo.

La “muniprivatización” en marcha.

En octubre de 2003, a pesar de las importantes movilizaciones populares en contra, se aprobó la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Con ella se sentaron las bases jurídicas del cuestionado proceso de municipalización del servicio.
La municipalización se planteó como un paso previo a la privatización del servicio, con un esquema diseñado desde organismos internacionales.
Sin embargo, sólo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan más de un millón de personas, manifestó en su momento que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera de administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.
A través de la “municipalización” este proceso ya esta siendo aplicado en varias ciudades del país entre las que destacan: Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés; y Catacamas en Olancho.

Puerto Cortés. Donde el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) otorga a la municipalidad los activos del sistema de agua potable. Todo este proceso es avalado y financiado con un préstamo del BID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo (ACDI).

San Pedro Sula. Segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de Honduras, desde el año 1999, cuando la Corporación Municipal convocó la participación de empresas internacionales a una licitación para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene privatizada el agua.
En 1998, con el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones y el BID se desarrollo un programa de modernización cuyo objetivo era el de destinar los servicios a un operador privado. Este programa se dirigió exclusivamente a promover la participación de empresas internacionales, no así las nacionales, ya que los requisitos que exigían eran imposibles para un país como Honduras, donde las empresas no contaban con un capital tan alto y no tenían experiencia en el manejo del servicio.
En el año 2001 finalizó el proceso y se le otorgó la explotación del servicio a la empresa italiana ACEA, a través de un contrato otorgado por la municipalidad por un período de 30 años, prorrogable a 10 años más. Esta concesión del servicio es un claro ejemplo de la mala gestión privada del agua, ya que el servicio no ha mejorado, la calidad del agua ha empeorado y las tarifas han aumentado en mas del 100%.

Consecuencias de la privatización en Honduras.

La privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras que tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población, que siempre es la más pobre, de la que no se obtiene beneficios.
La tendencia principal de las potencias y los países industrializados es el control y la monopolización de las fuentes de agua. Lo justifican aludiendo a la gestión pública ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Con capital privado es más eficiente el servicio.
Los pobladores de las zonas más pobres de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y otras ciudades, están pagando por el agua que consumen, se abastecen de vendedores de agua en carros cisternas y envasada que han hecho de esta actividad un negocio. Los aguateros se abastecen en las pilas del operador principal del servicio de la ciudad, SANAA, que les vende el galón de 2.5 centavos de lempira (un centavo de dólar cada 7 galones de agua). Los aguateros suministran a unas 100 colonias marginales que no cuentan con el servicio de agua domiciliaria ni popular por varias razones, entre ellas, el difícil acceso de la red a sus comunidades, sus chozas están en las faldas de los cerros que bordean la capital. Así viven mas de 500.000 personas, los que menos tienen, invirtiendo una gran parte de sus ingresos diarios a la compra de al menos un galón de agua.

Resistencias.

Uno de los casos emblemáticos en todo el proceso de defensa del agua, ha sido las movilizaciones de resistencia a la privatización de Aguas de San Pedro Sula. Pero no es el único, en decenas de municipios (La Esperanza, Intubucá, Concepción,...) existe movimiento en contra del concesionamiento o privatización del agua. En muchos casos, en cabildos abiertos y por unanimidad, se ha acordado prohibir la privatización o concesionamiento e incluso se ha prohibido que se aplique la ley de agua potable.
Honduras lleva sufriendo ya cerca de 20 años los ajustes estructurales, trasnacionalización, privatización de recursos y bienes públicos, represión e impunidad, corrupción gubernamental, imposición de leyes según la conveniencia trasnacional y las recetas del FMI, BID y BM, que ha traído el aumento de la deuda externa y un incremento de la población sumida en la pobreza.

Cuadro de Pobreza:

Clasificación

En pobreza (datos globales)
64.5 % pobreza nacional general
56.3 % pobreza población urbana
73.8 % pobreza población rural

Pobres
17.0 % datos nacional general
20.3 % datos población urbana
13.3 % datos población rural

Muy pobres
47.4 % datos nacional general
36.1 % datos población urbana
60.5 % datos población rural

No pobres
35.5 % datos nacional general
43.7 % datos población urbana
26.2 % datos población rural

Total hogares pobres a nivel nacional 1,258,299
Total hogares pobres área urbana 630,735
Total hogares pobres área rural 627,564

En Honduras, el 64.5 de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares Pobres y No Pobres) y un 35.5% son clasificados como no Pobres. Se destaca en el área rural los hogares En Pobreza con 73.8%, siendo muy pobres el 60.5%.

El Gobierno salvadoreño incrementa la represión sobre los movimientos sociales

2007-07-23T13:55:00.000-05:00

Por Decio Machado

Ante su baja popularidad, el Gobierno de ARENA ha cambiado de estrategia. Los movimientos sociales y la oposición, el FMLN, denuncian un incremento de la violencia de Estado.

A principios de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador disolvía a golpes una protesta contra la política neoliberal del Gobierno con un saldo de 14 personas detenidas. Al amparo de una recientemente aprobada ley antiterrorista, todos los arrestados, entre ellos diversos dirigentes populares, están acusados de terrorismo y de participar en asociaciones ilícitas. Al mismo tiempo, en otro episodio, en apariencia sin relación, el Gobierno involucraba a dirigentes del principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en acciones de terrorismo urbano. Estos dos hechos marcan, según diversas organizaciones sociales, “un nuevo ciclo de represión acompañado de una intensa campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar a la izquierda social y política ante las elecciones de marzo de 2009”.

El 2 de julio, diversas organizaciones sociales salvadoreñas habían convocado una movilización social en el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, a 32 kilómetros de la capital. Estaba previsto que Elías Antonio Saca, presidente de la República, en un acto oficial, presentara la Política Nacional de Descentralización cuya finalidad es la privatización del agua. Los manifestantes pretendían entregar al máximo mandatario salvadoreño una carta de demandas, así como celebrar un foro de debate sobre las políticas privatizadoras del Gobierno. Era la tercera vez -hasta ahora todos los intentos siguen resultando infructuosos- que las organizaciones sociales trataban de entregar una carta de demandas y propuestas sobre diversos temas al presidente.

La policía reprimió durante horas la movilización social. Suchitoto, militarizada desde tempranas horas de la madrugada, fue el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció a DIAGONAL la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.

Represión en Suchitoto

En la manifestación participaron varias organizaciones sociales de la zona, así como moradores de diferentes comunidades cercanas. Los testimonios recogidos por DIAGONAL en la ciudad coinciden en que los agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) comenzaron a atacar sin ningún motivo. “Niños y mujeres fueron agredidos con brutalidad por parte de los agentes de la UMO; ése ha sido uno de los principales motivos para que la población que se estaba manifestando encandilara los ánimos”, denunció el sacerdote local Mario Campos, quien también resultó afectado por los gases lacrimógenos de los antidisturbios.

La represión policial abarcó diversas zonas de la localidad. Los manifestantes fueron dispersados a golpes con pelotas de goma y gases lacrimógenos y pimienta. Incluso varias viviendas fueron asaltadas. Los manifestantes huyeron por los montes cercanos mientras la policía continuaba su persecución por la zona durante cuatro horas con apoyo de helicópteros. El balance final fue de 43 personas heridas -25 por balas de goma y 18 con afecciones graves por el gas pimienta- y 14 detenidas. Entre las arrestadas destacan Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno y María Haydée Chicas, presidenta, vicepresidenta y responsable de comunicación de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones de base más importante del país. Todas fueron detenidas al ser interceptado el vehículo en el que viajaban hacia la ciudad.

Tras pasar por los juzgados, el Ministerio Público y la Fiscalía han acusado a los 14 detenidos de participación en asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. Diversas organizaciones sociales, entre las que destacan la propia CRIPDES, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) o el Movimiento Popular 12 de Octubre (MPR- 12), han realizado numerosos actos de apoyo a los activistas detenidos. Según Jeannette Alvadrado, portavoz de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), “hemos retrocedido a los años ‘70, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado”. Por su parte, David Vázquez, también de MPGR, denuncia que los detenidos, que fueron trasladados en helicópteros, fueron amenazados por la policía con ser arrojados en pleno vuelo mientras permanecían esposados a la espalda.

La detención de Belloso

También el 2 de julio, de madrugada, pero en la capital, San Salvador, era detenido José Mario Belloso, el hombre más buscado por la PNC desde hace un año. A Belloso se le acusa de ser el francotirador que abatió el año pasado a dos policías antidisturbios a las puertas de la Universidad Nacional de San Salvador (UES), durante una jornada de protesta por el encarecimiento del transporte.

En la detención de Belloso, tres días antes de que se cumpliera el aniversario de estos incidentes, intervinieron 300 policías y soldados de cuerpos especiales de la PNC y de las Fuerzas Armadas. Llevaban mochilas de campaña, visores nocturnos, armas especiales y estaban respaldados por helicópteros y aviones. La detención fue retransmitida por televisión, como si de una película de guerra se tratase. Al mando, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, que apareció repartiendo órdenes vestido como un policía de las playas californianas.

Tan solo día y medio después de la espectacular detención, miembros del Gobierno y la PNC filtraban a los medios de comunicación un vídeo grabado en dependencias policiales. En una confusa conversación el detenido implicaba a miembros de la cúpula de FMLN, entre ellos a su coordinador general, Medardo González, en la distribución de armamento. También les implicaba en la dirección política de un supuesto grupo de terrorismo urbano del que Belloso afirmaba formar parte. Según el secretario de comunicación del FMLN, Sigfrido Reyes, “la supuesta captura de este individuo y las contradicciones inobjetables que rodean el hecho muestran que se trata de una maniobra política dirigida en el terreno por el director de ideología de ARENA, René Figueroa, quien también es el ministro de Seguridad”. Y añade que “la maniobra busca desgastar al FMLN frente a sectores del electorado que son susceptibles a este tipo de ‘sustos mediáticos’, a través de un montaje basado en manipulación de lugares, fechas e imágenes, donde los medios de comunicación, en su inmensa mayoría afines al Gobierno de ARENA, han sustituido a los tribunales”.

Diferentes sectores de los movimientos sociales sostienen que, ante la baja popularidad del presidente Saca y del Gobierno de ARENA, todo consiste en un gran montaje que puede desembocar incluso en el intento de ilegalización de la primera fuerza política de la oposición. El FMLN, en teoría, goza de la mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Todo lo vinculado a Belloso huele a montaje hace mucho tiempo”, indica Elisardo Rodríguez, uno de los portavoces del tejido asociativo estudiantil de la UES.

De montaje en montaje

El 5 de julio del año pasado, los estudiantes de secundaria protagonizaron una marcha pacífica enfrente de la UES. Protestaban por el aumento del precio del transporte público y para exigir media tarifa para estudiantes, la tercera edad y discapacitados. Según denunciaron en su día las organizaciones estudiantiles presentes en la protesta, al finalizar la marcha y a punto de iniciarse una rueda de prensa, los estudiantes fueron atacados por la UMO. Tras la carga y aún en medio de la algarabía se escucharon disparos, que dejaron como resultado dos agentes de la UMO muertos, decenas de detenidos y 20 heridos entre estudiantes, policía e incluso un docente que estaba trabajando dentro de la universidad.

A pesar del desmentido oficial, múltiples testigos oculares y algunas imágenes grabadas demuestran la existencia de francotiradores de la policía apostados en los tejados de un edificio colindante a la UES, así como la presencia de helicópteros desde los que se disparó sobre los manifestantes. Las deficiencias de la investigación y la inexplicable ausencia de autopsia de los cuerpos de los policías no han permitido aclarar de dónde provenían los disparos. Sin embargo, la trayectoria descendente de los impactos de bala hace pensar en algún tipo de montaje policial.

“El problema real es que estamos ante lo que va a ser el escenario político de aquí a marzo de 2009: represión a la ciudadanía, campañas de manipulación mediática, detenciones de líderes sociales e incluso su desaparición, como ya sucedió hace cinco meses con Edward Francisco Contreras. Este líder estudiantil está desaparecido desde el pasado 7 de febrero”, indica un portavoz del Bloque Popular Juvenil que prefiere mantener el anonimato. “Aquí hay sicarios pagados por la derecha, con complicidad de la policía. Hay gente de la policía involucrada en la desaparición de Edwin”, concluye.

Una ley antiterrorista a medida

Los sucesos del 5 de julio del año pasado fueron aprovechados por el Gobierno para aprobar un decreto legislativo contra actos de terrorismo, aunque en ningún momento el texto define el concepto de terrorismo. “Las definiciones de los tipos penales son tan ambiguas que podrán ser convertidas en ‘comodines’ para realizar capturas, bajo cualquier supuesto y casi por cualquier circunstancia”, denuncian diversos juristas de la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El auto de la Fiscalía contra los 14 detenidos en Suchitoto recoge “como actos de terrorismo toda infracción dirigida contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y el funcionamiento normal de las instituciones”. Algunas de las acusaciones formuladas contra ellos son “sembrar el pánico en la población y crear un clima de inseguridad”, “obstaculizar la circulación en las calles” u “obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas”. Al cierre de esta edición, el fiscal mantenía a los detenidos en prisión. Las condenas pueden superar los diez años de cárcel.

Publicado en el periódico Diagonal nº 59

La necesidad de construir alternativas en la comunicación

2007-06-24T12:46:00.000-05:00

Por Decio Machado

Hace dos o tres generaciones las personas progresaban en su profesión si eran capaces de manipular adecuadamente cosas que con posterioridad se convertían en objetos de consumo. La comunicación, aun siendo importante, estaba lejos de tener la relevancia de la que disfruta hoy. La globalización ha transformado la sociedad; la revolución tecnológica y el autodesarrollo de la fuerza trabajadora han llevado al mundo a creer en los símbolos.

Es la era de la percepción: muchos analistas sociales llaman a ésta la época de la manipulación de símbolos. Más importante que el producto en sí de una industria (todos son similares) las empresas desarrollan marcas y sellos de fábrica, para competir entre ellas. El resultado es la importancia cada vez mayor de la imagen, y ésta exige la elaboración y distribución de mensajes que le generen valor psicológico al producto. Es un valor agregado de carácter psicológico, no transforma el producto, pero genera mayores niveles de venta y por lo tanto mayor beneficio.

De manera similar funciona la noticia. En la actualidad los medios de comunicación no informan, construyen espectáculo y distraen. Venden sus índices de audiencia o sus niveles de incidencia a la publicidad, a las grandes empresas y multinacionales, más allá de sus propios procesos de concentración.

Los controles sobre la información

El desarrollo tecnológico ha generado la necesidad de expertos que manipulen símbolos, a la vez que se reduce la necesidad de técnicos y operarios que manejen máquinas. La percepción ha pasado a ser un valor de primer orden en el proceso de producción, de igual manera que lo es también en la elaboración de ideas.

Las empresas, las instituciones y los gobiernos necesitan de imagen, viven de ella para valorar sus productos, conservar su poder o mantener vigente su gobernabilidad. Se invierte y gasta tanto en imagen porque a través de la comunicación se influye, se manipula y se persuade.

El sector de la comunicación está saturado de técnicos que cuidan el aspecto estético del medio; que un periódico esté bien diseñado, que el escenario de un estudio de televisión sea atractivo, o que los spots publicitarios sean efectivos. Para todo ello existen especialistas en la forma y lo estético (técnicos, diseñadores, correctores de estilo, productores de publicidad...).

Y por otro lado están los expertos, que cubren el aspecto ideológico, intervienen en la manipulación de la información. Deciden qué es noticia y qué no, la importancia de una noticia, el espacio que va a ocupar, la decoran, eligen la foto, ilustración o efecto de sonido que va a acompañarla. Deciden en definitiva, el impacto de la noticia, pero no de acuerdo a su importancia, sino desde sus intereses ideológicos, es decir, los intereses económicos e ideológicos de los grupos propietarios del medio.

Los medios de comunicación ya no necesitan domesticar cotidianamente a sus empleados, estos por inercia cumplen su papel de defensa de los intereses ideológicos de su patrón. En el desestructurado mundo laboral de la comunicación, donde el freelance, el autónomo y el becario imperan, quien rompe con esta dinámica sin más es separado del medio.

Tanto técnicos como expertos trabajan en un mismo proceso de comunicación. Similar al proceso productivo, donde están los obreros y los expertos, ambos necesarios en el proceso de producción, en la comunicación todo está planificado, cada quien conoce su función y se buscan resultados.

“En retórica (léase comunicación) nada hay gratuito, los mensajes, sus elaboradores y sus emisores persiguen algo muy concreto. En el caso de la publicidad se trata de promocionar mercancías, de asegurar su venta; en el caso de los mensajes políticos hay que asegurarse la adhesión a tal idea o partido, en el caso más general de la ideología hay que reafirmar el apoyo a un sistema de vida, aun, y por lo tanto, cuando el mismo esté perjudicando de alguna forma a quien lo adquiere mediante una suerte de automatismo. La monopolización del sentido implica otras monopolizaciones: la de los medios de producción, la de la educación, la de los mayores beneficios sociales, la de la fuerza... En síntesis: el monopolio del poder” (Daniel Prieto Castillo, Retórica y Manipulación Masiva).

El poder mediático

El alejamiento de la realidad de los periodistas y la premisa imperativa del negocio (intereses del grupo o de la publicidad), han hecho predecir a muchos autores la extinción o la muerte del periodismo ético.

“Lo que antes se llamaba el cuarto poder ahora es más bien el segundo. Pero sus funciones han cambiado: el cuarto poder era la censura de los otros tres, mientras que aquí el segundo se plantea en términos de influencia global y general sobre el funcionamiento de las sociedades. En la actualidad se considera que el poder se ha desplazado esencialmente hacia la esfera de la economía y, dentro de ella, hacia el ámbito financiero. Los mercados financieros son los que, en definitiva, dictan y determinan el comportamiento de los responsables políticos” (Ramonet, La tiranía de los medios).

La lógica del cuarto poder, en su misión cívica de calibrar el funcionamiento de los tres poderes, ha pasado a la historia. Además esos tres poderes hoy se han transformado y son, en orden de importancia: el económico, el mediático y quedando a la cola, el político.

La estructura del poder ha sido transformada. Es la globalización, y ésta tiene entre otros, tres pivotes fundamentales: lo económico financiero, lo militar y lo ideológico. En todas, la comunicación desarrolla un papel fundamental.

En lo económico financiero, siendo el entorno donde se dictan y determinan la mayoría de decisiones, de manera especial a los actores políticos y de manera general al conjunto de la sociedad, la comunicación tiene un papel principal. El nuevo capitalismo se mueve a base de información, la cual se ha convertido en un producto de intercambio.

En lo militar: todo lo que se oponga a la globalización es acusado de terrorismo, satanizado en los medios de comunicación, y por lo tanto justificadas las actuaciones de amenaza, chantaje o agresión militar que se ejerzan sobre el enemigo.

Lo ideológico es el ámbito por excelencia para los medios de difusión. Estos se han convertido en el aparato ideológico de la globalización económico capitalista. Ya no sólo porque la información tiene hoy valor mercantil, sino porque los medios poseen el control sobre la opinión pública y las reacciones ciudadanas.

El control de la fabricación y distribución de la información es el intento de control de las conciencias y por lo tanto, de las conductas.

No han dejado de tener vigor viejas palabras: “Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante” (Carlos Marx, La Ideología Alemana).

Un nuevo modelo

El interés por los medios de comunicación se ha manifestado a través de absorciones o fusiones entre grandes grupos, pero ha provocado también el interés de otras muchas empresas dedicadas a sectores diferentes. Junto a los mercados financieros, la comunicación se ha convertido en uno de los grupos más dinámicos de la economía global.

Durante los ochenta y noventa el sector creció de forma importante. En 1999 cinco empresas europeas, entre las que se encontraban Sogecable, Canal Plus y Mediaset, duplicaron su valor.

Las comunicaciones son un sector donde invertir, sobre él afluyen múltiples empresas que van desde el sector armamentístico hasta la banca. Siendo claramente constatable la influencia del poder económico sobre el contenido, además de la censura que conlleva formar parte de un grupo empresarial.

La independencia, valor esencial del periodismo y base de la legitimidad de su poder, desaparece ante la incuestionable libertad de empresa en el ámbito de la comunicación de masas.

Construir contrapoder

A pesar del abrumador poder mediático, avanzan por doquier experiencias que, tejiendo redes poco a poco, van teniendo cada vez mayor capacidad de incidencia social. Por poner algunos ejemplos:

En América Latina las radios comunitarias cubren importantes segmentos de poblaciones locales y cuando se unen en cadena para transmitir sus noticieros o programas especiales llegan a importantes sectores de la población, causando incidencia en los públicos. Las radios comunitarias, en el ámbito local, son un importante contrapoder, que ha logrado resistir la represión de diversos gobiernos, que han intentado eliminarlas quitándoles frecuencias y permisos. Esas pequeñas radios de alcance limitado, se han convertido en sujetos políticos de sus comunidades.

También universidades e instituciones educativas han descubierto el potencial de los medios de comunicación para divulgar su punto de vista y los estudios e investigaciones de sus centros educativos, así como dar espacios a un público variado.

Ejemplos claros los tenemos en El Salvador, donde la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con su emisora en frecuencia modulada YSUCA, de alcance nacional, y su programa de televisión Miradas, contratando espacios en canales de televisión privados, además de la serie de revistas especializadas con que cuentan, se han convertido en importantes generadores de opinión pública.

En el caso de las televisiones el ejemplo de Venezuela puede ser el más significativo. En 2002 los medios de comunicación desarrollaron una estrategia para crear una atmósfera pregolpista. En la víspera del golpe la prensa ya no desarrollaba trabajo informativo. Los periodistas y editorialistas más importantes eran líderes de la oposición política, un escenario donde la ética profesional se vio reducida a la inexistencia.

Tras el fracasado golpe la política gubernamental permitió que movimientos sociales y el Estado crearan una plataforma mediática para evitar el monopolio absoluto de los medios de comunicación privados. Desde entonces, se ha vivido un proceso de democratización importante de las comunicaciones, un cambio de paradigma comunicacional, donde radios populares, prensa barrial, agencias contrainformativas y televisiones comunitarias están teniendo un importante desarrollo. Destacando este último, hay ya más de 13 emisoras que transmiten por frecuencia de aire en diferentes regiones, desde canales campesinos en zonas rurales, paralelamente al desarrollo de otras tantas experiencias en barrios urbanos.

En Europa la apuesta más fácil para la comunicación alternativa ha sido Internet. Solamente en el Estado español tenemos un buen panorama: Rebelión, Nodo50, Kaos en la Red, La Haine, los Indymedia, Insurgente, etc., así como un importante número de blogs de contrainformación, y múltiples páginas web de organizaciones políticas y colectivos sociales, cargadas de noticias.

A efectos de prensa escrita el escenario se estrecha bastante. En el ámbito europeo, el periódico Il Manifesto fue el primer y más influyente ejemplo de iniciativa mediática y proyecto político en sí mismo, que pretendía transformar la política, y más específicamente que las instituciones políticas de la izquierda italiana se abrieran a relaciones creativas con los movimientos sociales.

Podríamos reconocer en Europa algunos proyectos más de similar formato pero de menor envergadura que Il Manifesto. En el Estado español el más relevante en este sentido, fue el periódico Liberación, que tuvo una existencia efímera. Veinte años después ha surgido el proyecto Diagonal, un periódico de ámbito estatal, bien hecho y con una gestión horizontal y participativa. Cumplidos dos años de su nacimiento, se valida como una alternativa que poco a poco va superando sus tres frentes más débiles, el formato quincenal, la centralidad del proceso informativo (falta de estructuras más allá de Madrid) y fundamentalmente su fragilidad económica.

En la actualidad la importancia de los medios de comunicación alternativos es vital. Están poco a poco siendo instrumentos creativos para establecer conexiones entre diversos tipos de resistencia, expandiendo nuevas iniciativas y exponiendo al poder a otra forma de crítica que la realizada desde los medios masivos.

(Artículo publicado por la Revista Pueblos, nº 26, jun/07).

4.235 muertes en la frontera

2007-06-21T12:34:00.000-05:00

Decio Machado (desde México)

Los sistemas de vigilancia desplegados en la parte californiana de la frontera de EE UU han desplazado las rutas de los mojados a zonas desérticas más peligrosas.

Desde 1994 en la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas. Según un informe de la Fundación Asistencia Legal de California (FALC), sólo durante el año pasado el número de fallecimientos oficial fue de 485, y en el primer trimestre de 2007, las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas (ver cuadro). Pero para Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, con sede en Oakland (EE UU), las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros diez migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.

El primero de octubre de 1994, el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo: “Asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una aguda militarización de la frontera entre México y el Estado de California, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).

Este sistema sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa Hold the Line en Texas o Safeguard en Arizona. Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de DD HH y las miles de muertes que deja en la frontera. Al primer muro -que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991- se le ha añadido otro segundo de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas: detectores con luces infrarrojas o de calor humano y cámaras múltiples auxilian a las patrullas desplegadas las 24 horas del día.

Cada día, en la ‘línea’ entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades revelan lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas. “El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.

La obsesión por el control de los flujos migratorios ha dado también pie a la aparición de “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de ‘vigilantes’, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. Recientemente la estadounidense ‘guerra global contra el terrorismo’ ha venido a dar nuevas justificaciones a la actuación de estas milicias que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial (Ver DIAGONAL nº 32). Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del Gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significan luto, el luto de miles de familias”.

Sin embargo, el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, hasta tal punto que ya conforman el 12,5% de la población estadounidense. Es decir, que de cada 10 residentes en EE UU más de uno es hispano. Se estima que en los EE UU hay ya un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y tres de salvadoreños. El caso de México es especial: se calcula que hay 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 12 millones son nacidos en México y los otros 18 son descendientes.

Fuente: Publicado en periódico Diagonal nº 57

La ruta de los mojados: "Jalando pa’l norte"

2007-06-21T12:27:00.000-05:00

Por Decio Machado (desde México)

Uno de los caminos que los ‘mojados’ utilizan para llegar al ‘El Dorado’ del norte es la Ruta Maya. Es la ruta de los más pobres, de los que no tienen 6.000 dólares para pagar a los ‘coyotes’ para que les crucen en camiones la frontera de Tucum Uman o La Mesilla (en la frontera sur con Chiapas), que son las rutas más ‘seguras’. DIAGONAL ha hecho este recorrido junto a los ‘mojados’.

El flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia EE UU y Canadá ha crecido de forma desproporcionada en los cinco últimos años, según señalan estudios realizados por diversas instituciones defensoras de los derechos humanos en Centroamérica. Miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y en especial mexicanos, aceleran el paso hacia los EE UU, con el objetivo de cruzar antes de que termine la construcción del nuevo muro fronterizo.

CIUDAD DE GUATEMALA
En la estación central de autobuses, William Guzmán, un hondureño de 33 años, maestro de profesión, que ya fue deportado desde el norte de México hace casi dos años, y que está de camino para repetir el intento, nos informa: “Se ha hecho muy difícil cruzar por la frontera mexicana por las rutas tradicionales. Hay mucho control por parte de las autoridades en la frontera con Chiapas, es mejor entrar por la Ruta Maya”. William aclara que intentará adquirir un pasaporte mexicano cuando contacte con los ‘coyotes’: “Puedes conseguir por 300 dólares el pasaporte de algún broder fallecido”. Patty Reyes, una joven salvadoreña, que también espera el autobús para proseguir su ruta hacia el norte, se confiesa: “Estamos pisados, en nuestros países no hay trabajo, somos muy pobres, jalo pa’l norte, cuando terminen el muro todo va a ser más difícil”. Y prosigue: “Los coyotes que operan en la frontera de Guatemala y México te pueden llevar a los EE UU por cantidades entre 4.000 y 6.000 dólares, pero yo no tengo pisto (dinero)”.
A las 10 de la mañana, subimos al autobús. Nuestro objetivo: la ciudad de Santa Elena. Por delante nueve horas para compartir. Basta con mirar a los pasajeros para darse cuenta de que Patty y William no son los únicos que viajan hacia el ‘sueño americano’. Durante el trayecto, Walter García, un pasajero guatemalteco que ha trabajado para la agencia de cooperación sueca en la zona, cuenta que unas 200 personas atraviesan diariamente las selvas del Petén, caminando mochila al hombro rumbo a México. Nos alerta de que en la ruta hay que tener cuidado con las serpientes, que en la selva también hay jaguares y ocelotes, aunque lo que veremos serán monos, lagartos y pizotes (una especie de ardilla gigante).

SANTA ELENA
Al bajar de autobús, nos ofrecen los servicios de múltiples hotelitos tan sólo por dos dólares la habitación. Es un servicio integral, a ellos llegarán por la noche los ‘coyotes’ (también llamados ‘polleros’) en busca de la clientela. Estamos en el corazón de la ‘cultura del maíz’. Tan sólo a 45 minutos está Tikal, las ruinas de lo que fue uno de los principales centros culturales y poblacionales de la civilización maya. Santa Elena es una población pequeña situada a la orilla del lago Petén Itzá, dominada por un enorme cuartel militar. Lo único que un visitante puede ver en esta triste ciudad es su mercado repleto de bellas y coloridas telas, así como de todo tipo de productos provenientes del mercado negro (gafas de sol, relojes, walkmans, dvd...).
En la iglesia se hacinan varios migrantes. Nos cuentan los lugareños que son los que han sido asaltados por el camino. “Llegan sin nada de plata, el cura les deja dormir en la parroquia, y además les dan un vale de comida al día”. Santa Elena es un punto de encuentro de ‘remojados’. “Se es tantas veces ‘mojado’ como países has de cruzar para llegar a EE UU”, explica Patty. Aquí comparten experiencias, se dan ánimos y los más experimentados dan consejos. “Hay que andar listo. He visto a gente ahogarse en los ríos o romperse los huesos en caídas en las quebradas. Hay que tener cuidado con los asaltantes, te roban hasta los zapatos y si no tienes al menos 50 pesos corres el riesgo de que te maten, pero especialmente hay que cuidarse de los policías, ésos son los peores”, indica Edmundo Vargas, un lugareño cuyo hermano vive en EE UU desde hace diez años.

EL NARANJO
La siguiente parada es una aldea a la orilla del río San Pedro. Para llegar hemos cruzado más de 160 kilómetros de precarias pistas por la selva del Petén en una pick-up repleta de gente. Los únicos extranjeros que encontramos en la población son mojados. Nos hallamos a 35 km de México. Los lugareños van armados y las cámaras de fotos no son de su agrado. El punto neurálgico de esta aldea es su embarcadero. En él se respira la tensión. Allá conviven cambistas de dinero junto a lancheros y ‘coyotes’.
Allá conocemos a Jennifer, una nicaragüense que nos cuenta cómo fue asaltada y violada hace unos días por la policía guatemalteca. “No tengo un quetzal [moneda guatemalteca]. ¿Denunciar, a dónde?, ¿cómo voy a denunciar ante estos mismos ‘pendejos’?”. El norte de Guatemala está bajo control de las bandas de narcotraficantes y de los paramilitares; abundan las pistas de aterrizaje clandestinas para el contrabando de cocaína y estupefacientes.

EL CEIBO
Las calles de El Naranjo están llenas de migrantes que esperan para cruzar. Las pequeñas tiendas de ‘abarrotes’ (ultramarinos) hacen su agosto, los mojados se pertrechan de todo lo necesario para emprender la marcha, especialmente de agua. Salimos de El Naranjo en una barcaza en dirección a El Ceibo.
Cruzar estos 35 kilómetros en barca lleva una hora. Mucha gente también lo hace atravesando la selva entre el estruendo ocasionado por los monos aulladores (animal característico de la selva petenera). Por el camino los agentes de Migración guatemaltecos piden a los inmigrantes que se identifiquen, pero nadie pide documentación alguna que autorice la entrada a México. Un agente aclara que el control no se realiza con ánimo represivo. “El problema es que luego muchos son asesinados y luego se hace muy difícil identificarlos. Lo hacemos básicamente por eso”.
Atravesamos las aguas del río San Pedro entre pájaros de colores y apáticos cocodrilos, que se sumergen a nuestro paso demostrándonos su más absoluta indiferencia. Llegamos a El Ceibo, es el único paso fronterizo de la zona entre México y Guatemala, su posición está marcada por un meridiano que atraviesa el poblado. De la lancha bajan 44 personas. La aldea es un gran bazar de productos provenientes del mercado negro. Muchos mexicanos cruzan la frontera para comprar ropa y aparatos electrónicos más baratos; la mayoría los revenderán en México. Por los cerros que rodean la aduana pasan los caminos por los que cruzan los inmigrantes. Un grupo de salvadoreños viene de inspeccionar los montes: “El paso es ‘paloma’ (dificultoso), si te pierdes puedes pasarte días caminando. Hay que tener mucho cuidado con las ‘maras’ (pandillas de asaltantes), hay muchos esperando en el camino”. William y Patty se organizan junto con otro medio centenar de migrantes. Juntos cruzarán los cerros. Partirán esta misma noche camino a México. Hacen las últimas compras de alimentos, cargan sus pequeñas mochilas con lo únicamente indispensable. A partir de aquí emprenden una nueva etapa, cruzando el territorio mexicano. Entrarán en el Estado mexicano de Tabasco, y marcharán hacia Tenosique.
Esa noche nos despedimos, todos nos deseamos suerte. Antes de marchar, William me cuenta que tenosique en náhuatl significa la ‘casa del hilandero’ (combinación de vocablos mayas ‘ta-na-tsiic’), y que la primera vez que tuvieron el “infortunio” de que los españoles llegaran hasta allí fue en 1525, cuando Hernán Cortés pasó al mando de su ejército, camino de Honduras, para castigar a un lacayo sublevado. Patty me regala una estampita de la Virgen de Guadalupe, me pide el correo electrónico. Promete escribirme desde Los Ángeles, donde vive una prima suya que también entró en los Estados Unidos como mojada, aunque hoy ya tiene papeles.

LA RUTA MEXICANA
De vuelta a El Naranjo, el chófer de la pick-up que me lleva -asegura llamarse Vladimir Ilich- me cuenta que, desde El Ceibo a Tenosique, los mojados deberán caminar 56 kilómetros. Es uno de los tramos más peligrosos de su ruta hacia el norte: lo llaman “el camino de la incertidumbre”.
En los últimos tres años, cerca de 60 migrantes han sido asesinados en ese tramo, y otros 130 han sido heridos. Cuando lleguen a Tenosique les faltarán aún 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con EE UU. Abordarán un tren hacia Veracruz en el que viajarán entre tres y cuatro días. Lo harán colgados entre los vagones o en sus techos. Muchos se duermen y caen a las vías, y son despedazados por el tren. También deben cuidarse de la Mara Salvatrucha, que los ‘caza’ en los trenes para robarles y violar a las mujeres. Pernoctarán en Coatzalcoalcos, ya en Veracruz. Dormirán al lado de la vía, a la espera del tren con dirección a Medias Aguas. Después volverán a cambiar de tren en Tierra Blanca, siempre hacia el norte.
En esta última ciudad tendrán que elegir entre seguir la ruta atlántica, e intentar cruzar por Matamoros (Tamaulipas) a los EE UU, o ir hacia el Distrito Federal, desde donde irán a la frontera de algún otro estado norteño (Piedras Negras en Coahuila, Ciudad Juárez en Chihuahua, Tijuana en Baja California, o Nogales, Agua Prieta, desierto de El Sásabe en Sonora). Las rutas hacia México y Estados Unidos varían en función de las preferencias y los negocios que hagan los ‘coyotes’.

FRONTERAS E IMPUNIDAD
Como explica uno de los chóferes que en su pick-up hace de transporte por las pistas: “Uno de cada cinco mojados consigue llegar a los EE UU, las chavas (mujeres) sufren mucho, dicen que el 70% son violadas, algunas varias veces durante todo el trayecto. También las hay que quedan enredadas en redes de prostitución que jalonan todo lo ancho y largo del territorio mexicano”.

Publicado en Diagonal nº 57

Pautas de comportamiento para las izquierdas transformadoras

2007-06-15T16:41:00.000-05:00

Por DECIO MACHADO, activista de los movimientos sociales de base

Partiendo de la premisa de que prácticamente todas las izquierdas del Estado español han decidido actuar dentro del sistema de normas de la ‘democracia capitalista’, se hace imprescindible la claridad y transparencia tanto en nuestros principios como en los objetivos para dicha actuación.
Para actuar se necesita ética, no se trata tan sólo de reafirmar nuestro carácter anticapitalista de forma permanente, los horizontes de la transformación social son mucho más amplios.
Una intervención político-social coherente
Los sistemas políticos de estas ‘democracias’ están diseñados para reproducir la lógica del capital. Es este difícil campo de juego donde colectivos y organizaciones llamadas de izquierdas se justifican permanentemente por sus serias contradicciones.
Los movimientos sociales y las organizaciones políticas deberían empezar a asumir en sus debates el hecho de que la credibilidad de un grupo político o social no depende de sus palabras, sino de su ejemplo. De la ejemplaridad en la transparencia y en la horizontalidad de sus procesos internos, de la ejemplaridad en la actuación de sus componentes, de la ejemplaridad en las formas de intervención que utilice. Y estas últimas han de ayudar en la construcción colectiva, no siendo un freno para el desarrollo de herramientas de transformación social.
Ser activista o militante en las izquierdas exige reflexión y una educación en valores que son el legado de varias tradiciones que, a pesar de haber cometido terribles errores, han sido el referente de lucha por las libertades y los derechos en los últimos 160 años de historia. Si necesariamente la ética mira a la izquierda para defender los derechos fundamentales, las izquierdas deberían también mirar a la ética, liberándonos a todos del sectarismo, del politiqueo, y de cargar con el peso de los egos y aspiraciones personales de muchos de sus dirigentes.
La ética exige a las ‘izquierdas’ que sean consecuentes y no se apropien indebidamente de ese nombre. Por ello, si no se tiene claridad en los principios y en los objetivos, la participación de la izquierda tanto social como política en el modelo mercadocéntrico se convierte en un mecanismo de legitimación del sistema capitalista neoliberal.
La protesta reformista al sistema no cuestiona los valores fundamentales del mal llamado ‘pensamiento único’, convierte a esa ‘izquierda’ en adaptacionista, no visualizándose las diferencias. Por poner un ejemplo, es fácil ver a determinadas organizaciones utilizar un vocabulario conceptual neoliberal para expresar sus planteamientos. Podemos oír a Izquierda Unida o a diversas ONG decir que la lucha contra la pobreza es una “buena inversión”, como si el problema pudiera reducirse a una cuestión de eficiencia económica del sistema.
En el Estado español ya es aceptable para la mayoría que ocho millones de personas (más de dos millones de hogares) vivan en la pobreza. De la misma forma que es aceptable el drama de las pateras/ cayucos, alambrar las fronteras o la existencia de cerca de 1.500.000 inmigrantes clandestinos y carentes de derechos. Todo esto ya forma parte de lo ‘inevitable’ en el subconsciente colectivo. Pero más lamentable aún es que también hay un importante sector de la autorreferenciada ‘izquierda’ que ha interiorizado el sistema y asume que cualquier grupo político que alcance el poder tiene que gobernar en armonía con el capital. Ya no se trata de articular alternativas.
La tarea de los movimientos sociales y las organizaciones que se reclaman de las izquierdas transformadoras es inventar e imponer otro tipo de relaciones económicas, otro modelo de sociedad. Los movimientos sociales deben construir alternativas y estrategias de acción que permitan alterar la balanza. Esto no debe significar ausencia de diversidad, sino justicia social, respeto y democracia en los distintos niveles de las relaciones entre los seres humanos. Para empezar es importante reconocer la diversidad de la propia izquierda transformadora. Para hablar de las izquierdas, estamos obligados a utilizar el plural, son diversas y en muchos casos, incluso están en conflicto.
La izquierda sectaria
El efecto de la globalización está siendo muy profundo. La extinción del Estado de bienestar, el fin de la concertación entre capital y trabajo, la precarización de la vida, la inviabilidad del planeta y el agotamiento de la lucha armada como estrategia viable, así como un alto nivel de deslegitimación social, situó a las izquierdas en todo el planeta ante una verdadera crisis de paradigmas tan sólo hace unos años.
Pero aún así, determinadas organizaciones de perfil autoidentitario han conservado intactos sus presupuestos ideológicos del pasado, considerando que lo único que hay que hacer es actualizar la estrategia ante las nuevas condiciones. La interpretación que hace esa izquierda retórica es que la actual carencia de alternativas demuestra la necesidad de regresar a la construcción de la vanguardia revolucionaria que organice el tránsito (ya hablaremos de los métodos) hacia la sociedad ideal (ya hablaremos de cómo es). Es decir, una vuelta atrás, el renacimiento del pasado. La tolerancia con la que se ha evaluado hasta hace poco la relación ética entre fines y métodos permitió la lógica de ‘el fin justifica los medios’. Por poner un caso, los crímenes masivos en la URSS de Stalin fueron justificados entre la izquierda prosoviética por la necesidad de salvar la dictadura del proletariado.
La historia está llena de casos que muestran cómo organizaciones políticas de ‘izquierdas’ que se creyeron con el derecho de elegir cualquier método o medio en sus luchas han acabado reproduciendo la dominación, y el Estado español no ha sido una excepción en ello. Por ello, para los colectivos y organizaciones que pretenden ser herramientas de transformación social, no puede ser viable el recurrir a métodos o formas de intervención que carezcan de criterio moral. El ‘iluminismo político’, la mentira, el insulto, la descalificación personal, la instrumentalización de herramientas de construcción o uso colectivo para descalificar a otros no forman parte de los valores de las izquierdas transformadoras en construcción. Llevando esto a su extremo, incluso cuando las izquierdas se han visto obligadas a situaciones de guerra, no todo es válido.
El cuidado en las formas de intervención sociopolítica debe ser una responsabilidad moral y racional de primer orden, e inevitablemente condiciona los objetivos.
Es necesario reflexionar con honestidad sobre la calidad de los fines y los medios. Esclarecer nuestros objetivos es fundamental para valorar nuevos modelos y métodos de lucha. Los sectarismos no forman parte de las izquierdas transformadoras. La construcción de nuevas formas de organización y de un movimiento político social que sea capaz de alterar la realidad vigente será plural y democrático o no será.

Fuente: Diagonal Nº 56

Colombia: multinacionales con olor a sangre

2007-05-24T14:03:00.000-05:00

Por Decio Machado

El escándalo por los vínculos existentes entre políticos y empresarios con los narcoparamilitares de la extrema derecha en Colombia sigue pasando páginas. Las redes “paras” han impregnado a todos los estamentos de la sociedad colombiana. Poco a poco, y aun lejos de aflorar en toda su realidad, comienzan a aparecer diferentes casos que nos van permitiendo visualizar la envergadura de esta terrible trama.

En el hasta ahora último capítulo de este enorme escándalo institucional, le ha tocado el turno a la clase empresarial. En sus declaraciones realizadas a mediados de mayo ante los jueces de Justicia y Paz en Medellín, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar desmovilizado, además de dar nombres de políticos y militares, ha dado nombres de empresas y empresarios implicados en la financiación del paramilitarismo.

Multinacionales y empresarios nacionales implicados

Con los detalles entregados por Mancuso, ha quedado clara la manera cómo calcularon, peso por peso, el crecimiento de las arcas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Prácticamente, ningún sector de la economía costeña quedó por fuera: empresas bananeras; palmicultores del Magdalena; transportadores como Copetrán y Brasilia; los cafetaleros de la Sierra Nevada; las gasolineras; petroleras como Ocensa, Ecopetrol y todas las de Casanare; y las empresas madereras, pesqueras y carboníferas, como Prodeco y Carbones del Caribe, forman parte de un amplio listado comprometedor del mundo del capital en la financiación del narcoparamilitarismo.

Según Mancuso, “el paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. Según el líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (la antigua United Fruit Company), Dole Food Company (propiedad al 100% del multimillonario David Murdoch) y Fresh Del Monte (con un 56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh, pero en la que participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica Barclays o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp) pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos. Así, cada una de ellas aportaba a los fondos de las AUC “un centavo de dólar por cada caja de banano que exportaban desde Colombia”.

Además, también pagaban “impuestos” la empresa Postobón, del grupo Ardila Lule (uno de los mayores grupos económicos de Colombia), que donaba 7.000 dólares mensuales a las AUC por cada departamento en el que distribuía sus productos (Postobón controla el 99% del mercado de la bebidas no alcohólicas en Colombia y tiene más de 450.000 puntos de venta en todo el país), y Bavaria (propiedad de SABMiller, la segunda cervecera del mundo), que desembolsaba 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica. Las empresas carboneras que operan en el departamento del Cesar, donde se encuentra uno de los yacimientos carboníferos con mayores reservas del mundo, también pagaban “impuestos” a las AUC, según ha declarado el jefe paramilitar. En este caso, también los transportistas abonaban más de 70.000 dólares mensuales por hacer los portes.

Según el fiscal general Mario Iguarán, estas empresas “no pagaron por seguridad, pagaron por sangre”. El fiscal se ha comprometido públicamente a procesar el último eje del proyecto paramilitar: las empresas que les ayudaron a financiarse. Así han quedado abiertas dos líneas de investigación sobre las actuaciones de Drummond y Chiquita Brands en Colombia.

Para los paramilitares la cosa es simple. Según dijo Iván Duque, un portavoz de los “paras” que se encuentra en prisión, a la agencia de noticias Argenpress: “el apoyo de las empresas a los paramilitares era lógico, ya que respetábamos las empresas privadas y las ideas de las compañías y los paramilitares sobre los beneficios del libre mercado coincidían”.

Comienzan a aflorar datos que avalan las denuncias contra las multinacionales

La implicación de las multinacionales en los crímenes cometidos contra sindicalistas y líderes comunales no es nueva.

En el caso de la carbonífera estadounidense Drummond, el mayor explotador de carbón de Colombia, la compañía afronta un proceso judicial en su país por pagar a los paramilitares por el asesinato de tres líderes sindicales, según denunció hace ahora un año un ex responsable informático “arrepentido” del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, un órgano de inteligencia del Estado colombiano).

No es la única, a Coca-Cola se le imputan catorce asesinatos, de los cuales siete se cometieron sobre dirigentes sindicales. El diario Los Angeles Times denunció, en el año 2002, que Oxy pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas, al igual que la Asociación Cravo Norte (propiedad de Ecopetrol, Repsol y Oxy), que abonaba anualmente dos millones de dólares con destino a la Brigada XVIII del ejército en Arauca, que patrullaba las zonas cercanas al oleoducto Caño Limón-Coveñas. De igual manera, la compañía British Petroleum, junto con la francesa Total y la estadounidense Tritón, también son acusadas en diversos informes y denuncias de financiar a los paramilitares y ser cómplices en las violaciones de derechos humanos en Casanare.

Pero el caso más emblemático hasta ahora ha sido el de Chiquita Brands. Ésta se ha visto obligada a pagar al gobierno de los EE.UU. (tras pactar con el Departamento de Justicia para que el caso no fuera a más) 25 millones de dólares por haber financiado a grupos paramilitares en Colombia. Chiquita reconoció que sus principales directivos habían “donado” a los paramilitares colombianos, a través de su filial Banadex, unos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, a cambio de que éstos actuasen contra todo lo que la multinacional entendiese como un riesgo para ellos. Y, durante estos años, se incrementaron significativamente los asesinatos y los desplazamientos forzados en Urabá.

Chiquita, Coca-Cola y Drummond son sólo la punta del iceberg de la generalizada y evidente vinculación entre las multinacionales y el mundo empresarial en general con el narcoparamilitarismo. Empresas como British Petroleum, Defense System Limited, Ecopetrol, Repsol, Oxy y Nestlé, entre otras, forman parte del entramado de terror en Colombia, de ese terror que se ha cobrado la vida de muchos sindicalistas y que ha contribuido a desmejorar las condiciones salariales de los trabajadores colombianos, así como los niveles de la vida de las comunidades que se han visto afectadas.

Publicado en el Observatorio de Multinacionales de América Latina, mes mayo/07.

RELACIONES DE LA FAMILIA URIBE CON EL PARAMILITARISMO

2007-05-23T20:05:00.000-05:00

Por Decio Machado // Periódico Diagonal

El pasado mes de abril, Gustavo Petro, senador de PDA denunciaba que Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, aprobó la creación de una cooperativa de seguridad propiedad de Salvatore Mancuso.
El senador documentó ante el senado colombiano que lo mismo ocurrió con otros líderes paramilitares como ‘La Gata’ Enilce López y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’.
El legislador dijo que la de Mancuso fue una de los 82 ‘convivir’ (como se conocieron este tipo de escuadrones privados) que Uribe autorizó de 1995 a 1997 en Antioquia. Las ‘convivir’ tuvieron vinculación con grandes narcotraficantes y contaron con la colaboración de efectivos del Ejército. Según Petro, “los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 o 30 vuelos con coca”. Petro sostuvo que el asesinato en 1989 de Luis Carlos Galán, quien por entonces promovía su candidatura presidencial, se derivó de una alianza de las AUC, narcotraficantes y “militares anticomunistas”.
También testimonios que dan cuenta de cómo los paramilitares protegían las haciendas de la familia Uribe. En la finca Las Guacharacas, propiedad de la familia del mandatario, se ejecutaron guerrilleros y allí operó una organización dirigida por Juan Villegas Uribe, quien tenía contacto permanente con ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar. Por último, Petro indicó que en la finca La Carolina, también propiedad de los Uribe, los paramilitares tuvieron su base de operaciones para actuar en la zona.
Gustavo Petro y su familia han sido innumerables veces amenazados por sicarios y paramilitares. El último hecho de gravedad en este contexto ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando dos suboficiales del Ejército fueron capturados en las inmediaciones de la casa de Petro por su escolta personal. Primero se dijo que eran agentes de la DAS (órgano de inteligencia de la seguridad colombiana). Tras haber sido esto desmentido por parte de las autoridades policiales, el Ejército sacó un escueto comunicado donde indicaba que los dos militares realizaban actividades de verificación dentro de una operación, que no ha quedado aclarada en el comunicado.

Los ‘paras’ y las multinacionales

El ‘para’ Salvatore Mancuso incriminó el pasado 17 de mayo a diversas multinacionales, a dos de las mayores empresas nacionales del país y a diversas compañías carboníferas de financiar a las AUC. Según el líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (ex United Fruit), Dole Food Company Inc (propiedad de David Murdoch), Fresh Del Monte (con un 56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh, pero donde participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica Barclays, o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp) pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos, aportando cada una de ellas dinero a los fondos de las AUC.

Gobierno, Ejército y multinacionales: la trama de la parapolítica acorrala a Uribe

2007-05-23T19:58:00.000-05:00

Por Decio Machado // Periódico Diagonal

Con más de cien detenidos, entre los que destacan 12 congresistas de la coalición que apoya a Uribe en la presidencia de Colombia, el país afronta una crisis de legitimidad institucional sin precedentes.

El escándalo de la parapolítica en Colombia no para de crecer. Muchas organizaciones humanitarias ya habían denunciado desde hace años esta situación, sin embargo es ahora cuando están saliendo a relucir nombres, datos y hechos que salpican de manera permanente al presidente Uribe.
La impunidad con la que ha actuado el paramilitarismo ha permitido que sus líderes no hayan tenido pelos en la lengua. Carlos Castaño, el antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -responsable de matanzas, masacres y asesinatos selectivos a lo largo y ancho del país-, se vanaglorió públicamente tras las elecciones parlamentarias de 2002, las que llevaron a Álvaro Uribe a la presidencia, de que un tercio de los diputados elegidos apoyaba a los ‘paras’.
El escándalo continúa, y el pasado 14 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de cuatro nuevos senadores: Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. También ordenó la captura del representante de la Cámara de Córdoba, José de los Santos Negrete y de Luis Carlos Ordesgoitia, hasta hace poco uno de los más altos funcionarios de Uribe, ex presidente del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). La acusación sobre todos es contundente: “concierto para delinquir agravado”.
También la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General ha ordenado la detención de 15 personas -todas de la órbita política- entre quienes destaca la ex parlamentaria Eleonora Pineda, muy cercana a Uribe y gran defensora del proceso Justicia y Paz que otorga beneficios judiciales a los miembros desmovilizados de las AUC.
La Sala Penal de la Corte concluyó que todas estas personas trabaron una estrecha relación con los ‘paras’ para obtener beneficio político. La prueba de ello está escrita en el documento llamado Acuerdo de Ralito, firmado por 32 personas, donde aparecen, además de los líderes más temidos de las AUC (Salvatore Mancuso, Don Berga, Diego Vecino y Jorge 40), los senadores detenidos, representantes en la Cámara, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, dirigentes políticos, ganaderos y hasta un periodista. Según Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), “una buena parte de la clase política tradicional del país ha estado haciendo un acuerdo con el ‘paranarcotráfico’ para construir conjuntamente lo que ellos denominan una nueva Colombia”.
Ejército y paras, la misma cosa Con estas nuevas órdenes de captura, los detenidos pertenecientes al entramado político colombiano superan el centenar. Entre ellos hay ya 12 congresistas encarcelados y dos más están fugados. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar detenido, confesó en Medellín el pasado 15 de mayo ante los jueces de Justicia y Paz haber sido entrenado por los militares, así como la existencia de acuerdos firmados por las AUC con varios ex comandantes del Ejército. Todos estos comandantes forman parte hoy del generalato de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Mancuso se definió a sí mismo como “una prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado”. Explicó cómo desde la década de los ‘60 hasta los ‘90 todos los manuales de contraguerrilla de las Fuerzas Armadas justificaban e invocaban el pensamiento de las AUC. Las lista de altos mandos militares implicados es larga, pero entre ellas destacan por su alta graduación los generales Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño e Iván Ramírez. Según Mancuso, con ellos se planeó la extensión de las AUC por todo el país. “Los generales nos indicaban a los escuadrones paramilitares qué terrenos podíamos tomar y qué zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados”, indica el ‘para’ detenido. Y prosiguió diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. El caso del general Del Río es sin duda el más escandaloso. Todas las denuncias que se interpusieron contra él fueron rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares y por los funcionarios de alto nivel. Las pruebas sobre la actuación de este mando militar son tan evidentes que llevó a un juez a proferir una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001.
La detención se realizó en base a pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200 personas durante los años 1996 y 1997, cuando desempeñó el cargo de comandante de la Brigada XVII.No obstante, fue excarcelado el 6 de agosto del mismo año y el 9 de marzo de 2004 el Fiscal General archivó la investigación. Pasión y muerte de un informante es uno de los documentos más interesantes sobre las actividades de Del Río. Está escrito por el sacerdote Javier Girado, y en él se hace un recuento del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por describir las relaciones entre los militares en Antioquia y las AUC.
Según este soldado, “el general Rito Alejo del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el ‘Mono Mancuso’, líder paramilitar. La oficina de dicho general era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el general Del Río les daba confianza; dicho general más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.
Giraldo Yepes denunciaba que Del Río era habitualmente escoltado por paramilitares, y decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser ‘A-1’ (máxima prioridad).
El senador Gustavo Petro le reclamó al presidente Álvaro Uribe, el pasado mes de abril, una explicación de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al general Del Río cuando la embajada de los EE UU había anunciado el retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país publicaban detallados informes de su actividades. Sobre Del Río recaen denuncias de haber actuado en unidad de acción con las AUC, de ser el responsable de desplazamientos violentos de muchas poblaciones campesinas e indígenas, así como de centenares de muertes. Sin embargo, Del Río apenas ha sido investigado.

Caminando en la construcción de una red birregional.

2007-05-10T17:41:00.000-05:00

Entre el pasado 3 y 5 de mayo, La Habana fue escenario del VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Libre Comercio y por la Integración de los Pueblos. Al menos 733 delegados y 440 invitados de 33 países entre profesores y estudiantes universitarios cubanos participaron en la cita.

El encuentro fue convocado por la Alianza Social Continental (ASC) y el Capítulo Cubano de la misma, para discutir la construcción de estrategias de lucha frente a las diversas expresiones de las prácticas del libre comercio, la deuda externa, la militarización y la OMC (Organización Mundial de Comercio), así como para la construcción y avance de la integración, como parte de las alternativas al modelo neoliberal del sistema capitalista actual.

Durante el encuentro, los movimientos sociales latinoamericanos advirtieron de que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fracasó, pero que se transformó y ahora aparece con rostro de TLC como nuevo elemento de dominación en el continente. Y que además ahora se incorporan nuevos TLCs provenientes de Europa, bajo el título de Acuerdos de Asociación y EPAs.

El Palacio de Convenciones de La Habana, dio cobijo a miembros de las organizaciones sociales y políticas de América, indígenas, sindicalistas, campesinos, minorías étnicas, estudiantes, religiosos, ambientalistas, representantes de comunidades, defensores de derechos humanos, comunicadores, parlamentarios, artistas e intelectuales, hombres y mujeres de todos los pueblos de las Américas. Se reunieron en sesiones plenarias con el objetivo de lograr articulaciones y acciones comunes con respecto a los temas más apremiantes de la humanidad.

Se compartieron reflexiones y propuestas sobre la situación de las luchas, y en el plenario se reconoció la necesidad de fortalecer las luchas participativas y transformadoras de los pueblos americanos. “Se acentúan las condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemónicos del imperio. No obstante, aun predominan esos flagelos en la mayoría de nuestros países.”

El continente aun no ha dejado de resistir. Lo atestiguan ejemplos como las movilizaciones de los pueblos de Costa Rica y Colombia en contra de los TLC, o la del pueblo de Oaxaca por sus derechos.

Sectores políticos y movimentistas coincidieron que “los procesos de integración de los pueblos no pueden jamás ser realizados sino desde la base del respeto a sus derechos, sus ambientes y territorios”. Y en este sentido saludaron el avance de iniciativas como el ALBA y el estímulo a una transformación social basada en la participación, la pluralidad y el diálogo.

También se apoyo la decisión de varios gobiernos latinoamericanos de cuestionarse su permanencia en instituciones como el FMI, el BM o el Banco Interamericano de Desarrollo. De igual manera se están concretando campañas para resistir la nueva estrategia por la cual mediante los biocombustibles, el planeta se ve aun más amenazado por la depredación de los recursos naturales y amenazado el derecho de los pueblos a la alimentación segura.
También es notable destacar la articulación de diversos frentes de lucha contra las multinacionales. Varias sesiones del Tribunal Permanente de lo Pueblos en articular para este año en América Latina y Europa, donde se presentaran graves acusaciones sobre multinacionales europeas y especialmente españolas en América Latina.

La Red Birregional.

La creación de la red es la consecuencia de la toma de conciencia de que las políticas neoliberales del UE y su agenda comercial se encuentran hipotecadas por las corporaciones transnacionales, con el objetivo de asegurarse el acceso sin obstáculos a las economías y los mercados latinoamericanos y caribeños.

La creación de la Red Birregional (RB) refleja la necesidad de incrementar las resistencias al “proyecto europeo”, al “libre” comercio y los intereses de las transnacionales tanto en Europa como en América Latina, de la forma más coordinada posible.

Así con casi tres años de existencia, la RB se ha referenciado como un buen espacio político y de movilización birregional. También en Europa, aunque con un ritmo más lento y desafinado, se esta construyendo una reflexión profundamente crítica sobre el futuro del proyecto europeo, y la crisis generada tras en “No” a la Constitución Europea en Francia y Holanda, son fiel ejemplo de ello.

Según manifiesta en sus propios documentos la Red: “Así como la ASC ha sido un actor clave en la creación de la red, otro factor importante es el fortalecimiento de los lazos con otras redes, como por ejemplo con las redes `Nuestro Mundo no está en venta’ y `Seattle to Brussels network”, tanto por medio de la participación en estos espacios, como por la organización conjunta de actividades en momentos claves de convergencia internacional, como han sido el Foro Social Mundial en Nairobi (2007) o como serán las movilizaciones en contra del G8 en Junio 2007 en Rostock, Alemania”.

En este contexto la ASC prepara Tribunales Permanentes de los Pueblos en Colombia contra Repsol y British Petroleum, y en Nicaragua contra Unión FENOSA, paralelamente a sumar esfuerzos para fortalecimiento de lo que será en encuentro Enlazando Alternativas 3 a realizarse en Lima, Perú en mayo del año que viene, cuando los presidentes de ambos continentes se vuelvan a reunir.

Autor: Decio Machado Flores, Observatorio de Multinacionales OMAL y asistente al encuentro de La Habana.

Acusan al narcotráfico de financiar la campaña electoral en Guatemala

2007-05-10T17:32:00.000-05:00

NARCOPOLÍTICA / NUEVAS INFORMACIONES SOBRE EL ASESINATO DE TRES DIPUTADOS IMPLICAN AL GOBIERNO

Aunque la investigación sobre el asesinato de los diputados salvadoreños se encuentra empantanada, el escándalo está haciendo aflorar la incidencia del narcotráfico en las estructuras del Estado.

Desde que el pasado febrero tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer fueran asesinados en Guatemala por policías de este país (ver DIAGONAL nº 52), el Gobierno guatemalteco ha obstaculizado las investigaciones y escondido mucha información fundamental.

Es lo que afirma la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, que ha elaborado un informe preliminar acerca de lo sucedido desde los asesinatos. Este documento, que fue presentado al Congreso de la República, concluye que el Ministerio de Gobernación ha ocultado información. Aunque la Procuraduría sostiene que “existen intereses ocultos en el caso que obstaculizan el trabajo de investigación”, este organismo ha reafirmado su voluntad de esclarecer el crimen incluso sin contar con el apoyo del Gobierno.

Según este informe, los congresistas salvadoreños solicitaron protección a la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca cinco días antes de entrar en el país. Aunque anteriormente habían entrado en varias ocasiones, nunca habían solicitado esta protección. También recoge que hubo una orden para que los agentes de la División de Investigación Criminal (DINC) borraran evidencias y destruyeran información de los archivos de los agentes asesinados y que ninguna autoridad hizo nada por detenerlos. El informe de la Procuraduría pone también en cuestión el relato oficial sobre la muerte de los cuatro primeros policías guatemaltecos detenidos por su participación en el asesinato de los parlamentarios. Las autoridades sostienen que en la cárcel de alta seguridad de El Boquerón hubo un motín, y que en las reyertas entre presos se produjeron las muertes. La Procuraduría indica que en la inspección que realizó poco después a la cárcel todos los reos estaban en sus celdas sin indicios de amotinamiento, y añade que los internos conocen con exactitud los detalles de lo sucedido a los policías, pero que no hablarán por temor.

Implicación del Gobierno

Por otro lado, ahora se ha empezado a conocer la participación de la PNC salvadoreña en la captura de los cuatro policías guatemaltecos. A pesar de que el ex ministro de Gobernación guatemalteco, Carlos Vielmann, quiso capitalizar sus detenciones, éstas no fueron fruto del trabajo de la policía guatemalteca. También se ha confirmado que William Pichinte, uno de los diputados asesinados, llevaba una fuerte cantidad de dinero “para sus negocios”, aunque sigue sin esclarecerse la naturaleza exacta de esos “negocios”.

Vielmann, el entonces ministro de Gobernación de Guatemala, que tuvo que dimitir ante la presión social tras el asesinato de los policías, ha manifestado que hay una conspiración contra el Gobierno y las autoridades de seguridad. Lo cierto es que están circulando vía electrónica comunicados de un grupo autodenominado ‘Comité de Dignificación de la PNC de Guatemala’ en los que se denuncia la participación directa de Gobernación en la limpieza social y en escuadrones de la muerte. Este Comité también afirma que el dinero que Pichinte llevaba consigo provenía del narcotráfico y que iba a ser entregado al candidato presidencial Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), muy posible ganador de los próximos comicios presidenciales previstos para septiembre.

Durante sus últimas apariciones en el Congreso, antes de dimitir, Vielmann tuvo que asistir a la proyección de tres vídeos en los que testigos denunciaban la existencia de grupos de exterminio dentro de la PNC, dirigidos por Víctor Soto y Javier Figueroa (ex director y ex subdirector del DINC) y Víctor Rivera (asesor de Gobernación). Uno de los testigos, que se identifica como agente de la DINC y que aparece con el rostro oculto, acusa a estos grupos paralelos de ser responsables de la muerte de los diputados salvadoreños y de la ejecución de los policías en El Boquerón. También denuncia que “ese asesinato se planificó durante una reunión en el Ministerio de Gobernación (...); el ministro sabe de todo eso”. Algunos de los policías detenidos por estos hechos -entre ellos dos de los asesinados en la cárcel de El Boquerón- han sido identificados por una víctima bajo protección de la Procuraduría como miembros de los escuadrones de la muerte de la PNC.

Presión empresarial

Las respuestas del Gobierno son vagas. El vicepresidente Eduardo Stein manifiesta que “este crimen es similar al de J.F. Kennedy, que al final no se resolvió”. Los empresarios y los medios de comunicación han cerrado filas en apoyo al gobierno. De hecho, varias organizaciones políticas han denunciado haber recibido presiones de empresas que los financian para que no agiten más la problemática de la corrupción en la cúpula del Estado. Incluso la Fiscalía General de Guatemala ha reconocido estar lejos de poder identificar a los autores intelectuales del asesinato de los diputados.

La narcopolítica tiene muchos tentáculos. De muestra, un botón. Marvin Enrique Zepeda González es el más influyente candidato a alcalde por el Comité Cívico El Progresano. Cuenta con el apoyo masivo de su pueblo, Jutiapa, un municipio de 22.000 habitantes. Pero Zepeda está siendo investigado por la PNC por su relación con una organización de narcotraficantes que opera en Jalpatagua implicada en la muerte de los diputados. Aunque hace dos años que Zepeda inició sus actividades preelectorales en Jutiapa, a base de regalar dinero se ha convertido en padrino y ‘benefactor’ de gran parte de la población.

“No importa de dónde viene el dinero”

Javier Figueroa, ex subdirector de la DINC y hoy en busca y captura, ha hecho pública una carta a Óscar Berger, presidente de Guatemala. “Espero que no se le haya olvidado el comentario que nos hizo en su despacho, sobre que el dinero, que procedía del pago de cualquier trabajo honrado, era igual al billete que procedía de algún secuestro, robo, asalto o narcotráfico, puesto que billete era billete. Moraleja: no importa de dónde viene el dinero, lo que importa es que llegue constante y abundante. (...) Le recuerdo que la situación que ‘se salió de las manos’ con lo ocurrido a los diputados salvadoreños, usted en persona delante de mí y de Sperisen fue debida y directamente informado, y luego, junto a Carlos Vielmann se instruyó al respecto de lo que se tenía que hacer para ‘borrar cualquier huella’ por la ‘burrada’ cometida por los policías. El asesinato en El Boquerón [de los policías] se planificó y se ordenó en las altas esferas del Gobierno”.

Autor: Decio Machado desde Ciudad de Guatemala. Publicado en el Diagonal n| 54

Terror y caos institucional en Guatemala.

2007-05-10T17:25:00.000-05:00

Durante el mes de marzo han salido a la luz las implicaciones de la policía guatemalteca en los escuadrones de la muerte, así como las vinculaciones de la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, lo que ha provocado la caída de toda la cúpula del ministerio de Gobernación (Interior) en Guatemala. Las democracias en el patio trasero de los Estados Unidos quedan en entredicho, a pesar de que los procesos de paz que conllevaban la democratización de estos países se firmarán hace quince años.

Con la dimisión de Carlos Vielmann, ministro de Gobernación y uno de los hombres fuertes del gobierno de Oscar Berger en Guatemala, culmina la caída de la plana mayor responsable de la “seguridad” en este país centroamericano.
En la tarde del 26 de marzo y a pesar de sus retiradas negativas, el presidente Berger se vio obligado por el Congreso Nacional a aceptar la renuncia de su ministro de Gobernación, a la vez que la de Erwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.
Estas dimisiones fueron precedidas el pasado 2 de marzo por las Javier Figueroa Díez y Víctor Hugo Soto, director y el subdirector de la División de Investigación Criminal (DINC). Con el agravante de que este último salió del país al día siguiente con destino Costa Rica, y ahora corren rumores de que pueda encontrarse escondido en Venezuela.

Un viaje sin retorno.
El pasado 19 de febrero tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, fueron asesinados en territorio guatemalteco en el que se encontraban para asistir a una reunión de ese organismo regional.
Los cuerpos tiroteados y calcinados, al igual que el vehículo que utilizaban, de los parlamentarios Eduardo D’Aubuisson, Jos Ramón González y William Rissiety Pichinte, todos del partido Alianza Republica Nacionalista (ARENA) y de su chofer, el agente de seguridad Gerardo Napoleón Ramírez, fueron hallados en la finca Las Conchas, en la aldea el Jocotillo, a 36 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
Habían salido de El Salvador formando parte de una caravana de 6 vehículos oficiales, habiendo sido custodiados por la PNC de El Salvador hasta la frontera, donde fueron relevados por la PNC de Guatemala.
En el caso del vehículo siniestrado, las patrullas los escoltaron hasta Vista Hermosa, zona 15 de Ciudad de Guatemala, donde los propios parlamentarios pidieron que los dejaran solos, pues no se dirigían directamente al hotel. Entre ese momento y sus asesinatos transcurrieron más de 3 horas, según fuentes de la investigación policial.

Primeras reacciones.
Los hechos coincidieron con el 15 aniversario de la muerte del mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA, organizador de los escuadrones de la muerte en El Salvador y padre de uno de los parlamentarios asesinatos. El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, miembro de ese mismo partido, declaraba públicamente que el asesinato había sido “premeditado y planificado por personas que no quieren la libertad”, y aseguraba que “no vamos a permitir que irresponsables comunistas lleguen al poder”, en clara alusión al Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), antigua guerrilla y principal partido de la oposición.
Transcurridos tan sólo 3 días de los asesinatos, el 22 de febrero en un acto que pretendía demostrar la eficacia de las autoridades de Guatemala, se anuncia la captura de cuatro policías en el proceso de investigación. Los detenidos eran tres oficiales y el jefe de la sección contra el Crimen Organizado de la DINC, Luis Arturo Herrera López. Según el dimitido ministro de Gobernación de Guatemala, los agentes capturados pertenecían a una red de crimen organizado que funciona dentro de la PNC.
Además de los cuatro detenidos, se extienden tres nuevas ordenes de capturas sobre subinspectores de la DINC.
Los detenidos habían sido rastreados hasta el lugar del crimen por el uso de la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, siglas en inglés). Un sistema adaptado en las patrullas policiales, que permitió determinar la posición del vehículo en el día y la hora de los asesinatos.

¿Que aconteció el 19 de febrero y los días posteriores?
Las investigaciones que se han ido llevando paralelamente desde la DINC de Guatemala, la PNC de El Salvador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los EEUU –invitado por ambas policías para dirigir el proceso-, indican que un testigo ocular vio como frente al centro comercial de la zona 10 de Guatemala, Eduardo D’Aubuisson y William Pichinte, eran introducidos en el vehículo de unos policías, mientras otros dos agentes abordaban el auto de los diputados, un Toyota 4x4 propiedad de Pichinte, donde permanecían José Ramón Gonzáles y el chofer.
Según relataron los policías detenidos, de allí los llevaron a una casa de seguridad, a 26 kilómetros del lugar del secuestro, donde los diputados fueron torturados durante más de dos horas, para posteriormente ser ejecutados en la finca La Concha.
Los policías capturados declararon que fueron contratados por un grupo de narcotraficantes de Jalpatagua, en el departamento de Jutiapa (fronterizo con El Salvador), y que estos tenían vínculos con grupos salvadoreños. Las instrucciones fueron interceptar el auto y robar el cargamento (droga o dinero), valorado en 5 millones de dólares. Según la bitácora de llamadas telefónicas, uno de los agentes capturados se comunicó en varias ocasiones con El Salvador durante y después del crimen.
Los vehículos de los parlamentarios salvadoreños no eran registrados al cruzar la frontera, ello permitía que fuera un canal seguro para pasar droga desde El Salvador a Guatemala.
En el vehículo siniestrado había destrozos importantes realizados en los asientos y se había desmontado el motor para buscar “supuestamente” un alijo de drogas o de dinero. Sin embargo, las fuentes oficiales de la investigación en Guatemala no hacen público si los policías declararon haberla encontrado.
Desde ese momento la versión manejada por las autoridades salvadoreños fue que el asesinato ya no era tan premeditado como se decía en un principio, y que a los diputados fueron confundidos con unos colombianos, que era a quienes querían matar. Tanto Saca, como Rodrigo Ávila, director de la PNC salvadoreña, mantienen incansablemente la tesis de que los diputados no estaban involucrados en actos ilícitos.
Sin embargo, el periódico “Siglo XXI” de Guatemala, asegura en su edición de primeros de marzo, que las autoridades de Guatemala han pedido un informe del diputado William Pichinte, por supuesta relación con narcotráfico. Este diario resalta también que en el ministerio de Gobernación existe un informe que relaciona al diputado salvadoreño con el tráfico de estupefacientes, y destaca a su vez, que una de las conclusiones descritas en los apuntes de los investigadores de Gobernación, es que los asesinatos se “trató de un tumbe de drogas” (robo de estupefacientes entre narcos).
El documento refiere que a las autoridades locales les extraña que los funcionarios policiales y ministeriales de El Salvador hayan venido específicamente “a aclarar que no era droga” el motivo del crimen.
Según el diario salvadoreño “Colatino”, el informe anota que ARENA manifestó reiteradamente interés en hacer creer que las muertes pudieron ser originadas por roces entre ellos y el opositor FMLN. Por último, la bitácora de los investigadores describe dos veces los aparentes reproches que los familiares de un fallecido hacen por la amistad que sostenía con Pichinte.

Asesinatos en la cárcel de alta seguridad.
En la tarde del 25 de febrero, los cuatro policías detenidos en el Centro Penal de alta seguridad “El Boquerón”, ubicado en Santa Rosa, a 65 kilómetros de Ciudad de Guatemala, son asesinados horas antes que se sometieran a un prueba de polígrafo por parte de agentes del FBI.
Según familiares de los reos que visitaban el centro: a las 15:30 horas un comando fuertemente armado y vestidos de civil ingresaron violentamente a las instalaciones, agrediendo a los visitantes y a los reos para luego sacarlos al patio de la penitenciaria desde donde aproximadamente 20 minutos después se escucharon varios disparos. Para llegar a la celda de los policías detenidos tuvieron que cruzar 9 portones de seguridad.
Las autoridades guatemaltecas negaron esta versión, el ministro Vielmann aseguró que se originó una reyerta en el interior del centro, provocada por los mismos reclusos pertenecientes a distintas “maras” (pandillas), y que fue durante esos disturbios cuando los policías fueron asesinados por los mismos “mareros”.
Un día después se confirmaba que el alcaide de la prisión, el subdirector y cuatro guardias del presidio fueron durante varias horas cautivos como rehenes dentro del centro penitenciario, por varios reos que fueron testigos oculares de los hechos. Quienes para dejar en libertad a los funcionarios negociaron con la Procuraduría de Derechos Humanos la garantía de su vida y la presencia de los medios de comunicación para desvincularse de los asesinatos.
Días después, Samuel Villalta, jefe de la Fiscalía de Cuilapa, Santa Rosa, indicaba que: “Se conoce que un grupo de personas ingresaron en forma violenta en el penal, por la puerta principal, con la complicidad del personal de turno en ese centro carcelario, y llegaron hasta donde estaban los agentes de la PNC. Los mataron utilizando armas de fuego de grueso calibre y armas blancas”.
Tras las primeras pesquisas efectuadas para determinar quiénes son los responsables de la muerte de los cuatro policías en El Boquerón, se ordenó la captura, por complicidad de 24 personas: 22 guardias del Sistema Penitenciario asignados a esa prisión, la del director de la cárcel y la del alcaide.
Dos días después se hace pública la entrega de uno de los policías prófugos, se trata del sub inspector Marvin Contreras Natarena. Este reafirma en sus declaraciones las conexiones narco-policiales y las declaraciones realizadas por los policías asesinados en “El Boquerón”.
Un día después, la crisis institucional se agudiza aun más, cuando el general Otto Pérez Molina, líder del Partido Patriota, presenta ante el Ministerio Público una denuncia en la cual dice que existen dos “escuadrones de la muerte” que funcionan dentro de la PNC de Guatemala, indicando a su vez que estos están dirigidos por un venezolano llamado Víctor Rivera, asesor de Gobernación, y por Javier Figueroa, entonces subdirector de la DINC.

Captura de los “supuestos” autores intelectuales del atentado.
El pasado 20 de marzo son capturados cuatro presuntos narcotraficantes que operan en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, quienes según las autoridades guatemaltecas serían los autores intelectuales del asesinato de los diputados. Los detenidos, Mario Lemus Escobar alias “Yegua Arisca”, Estuardo Lemus Escobar y Carlos Orellana Donis, así como Linda Castillo Orellana, quien sería la propietaria de un lujoso vehículo todo terreno que se encargó de dar seguimiento a los diputados cuando ingresaron en territorio de Guatemala, fueron grabados por las cámaras de video de una gasolinera comprando el combustible con el que luego se carbonizarían tanto los cuerpos como el vehículo de los parlamentarios asesinados.
Las autoridades guatemaltecas consideran que con la detención los dos policías que aun se mantienen prófugos y la del civil Wanner Adilcar Morales, identificado por el video de la gasolinera como compañero de los narcos de Jutiapa en el crimen, el caso estará cerrado.
Sin embargo, son muchas las voces que no tienen esto tan claro.
Según Leonel Búcaro, legislador del FMLN en el PARLACEN, el asesinato de los diputados de ARENA es el resultado de la actuación de grupos armados clandestinos en Guatemala, y presumiblemente, en El Salvador. La fracción del FMLN del PARLACEN expresó sus “dudas” con respecto a la captura de los supuestos autores intelectuales del crimen. Según Lorena Peña portavoz de esta organización: “no pueden definir como autores intelectuales del crimen a quienes compraron la gasolina”.
Para Beatrice de Carrillo, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, el asesinato de los tres diputados del PARLACEN “quedará en la impunidad total”, debido a que la “verdad” del hecho es una “bomba atómica” para toda Centroamérica.

“Habrá una aparente persecución del delito, que de antemano será sesgada, no creo en lo absoluto que se pueda llegar al fondo de esta situación tan delicada. Creo que hay un intento de los dos países por bajar el interés y la atención del caso”, dijo.

Cuadro sobre Redes de Crimen Organizado en Guatemala:

Existen varios informes de organizaciones internacionales donde se hace referencia a las redes criminales que operan en Guatemala.
Pero de todos estos informes, es más revelador es el informe “Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos”, realizado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Según la ONG estadounidense, estas agrupaciones proceden de los cuerpos contrainsurgentes que operaron durante la guerra civil guatemalteca que duró entre 1960 y 1996, están integrados por militares retirados y en ejercicio, y se relacionan con redes de narcotráfico, comercio de armas, lavado de dinero, corrupción y otros delitos. Su relación con casi todos los partidos políticos y su vínculo con las instituciones gubernamentales, especialmente la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y la cartera de finanzas públicas, les permite actuar con total impunidad.
Existen cinco grupos armados clandestinos que dominan el crimen. Estas organizaciones forman una “red secreta y amorfa conocida como poderes ocultos, que ejercieron influencia en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), y que continúan operando durante la administración de Oscar Berger”.
Breve descripción de las redes criminales que operan en Guatemala:
La Cofradía.
Es una camarilla de oficiales de inteligencia militar activos y retirados, una especie de fraternidad interna del ejército. Los dirigentes se vincularon a la corrupción administrativa durante la dictadura de Lucas García (julio de 1978-marzo de 1982). Se dice que los principales jefes son los generales retirados Manuel Callejas y Callejas y Luis Francisco Ortega Menaldo.
Durante la guerra civil formaban parte de un grupo de militares de línea dura conocido como “los estratégicos”, que simpatizaba con los métodos de los militares taiwandeses. Adoptaron una línea de seguridad enmarcada en la polarización total del “estas conmigo o contra mi” y consideraba a todos los civiles como potenciales opositores.
El Sindicato.
Surgió de la “promoción 73” de la Escuela Politécnica de 1969, y su red de lealtades ejemplifica el fenómeno de la “tanda”. Su persistencia se atribuye al liderazgo del general Otto Pérez Molina, negociador gubernamental para los acuerdos de paz con la URNG, ex aliado del actual presidente Berger y ahora candidato presidencial del Partido Patriótico.
Los miembros de “El Sindicato” eran considerados “reformistas” dentro del ejército. También se les llamó “contrainsurgentes institucionalistas” porque preferían el “esquema 30-70”: asesinar sólo al 30% de la población y “recatar el 70% con proyectos de desarrollo”.
El Estado Mayor Presidencial (EMP).
Este contingente tuvo doble función: proporcionar protección, apoyo logístico y asesoría al presidente, y actuar en inteligencia militar y actividades encubiertas. Sus actuaciones datan desde la época del general Efraín Ríos Montt, en el Archivo General y Servicios de Apoyo, que más tarde se llamó Departamento de Seguridad Presidencial.
Cuando los gobiernos civiles tomaron el control, sirvió como vínculo entre las fuerzas armadas y la presidencia de la República. Sus miembros están implicados en numerosos secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y en actos de corrupción. Uno de sus principales dirigentes es el coronel retirado Juan Guillermo Oliva Carrera.
Patrullas de Autodefensa Civil.
Las Patrullas de Autodefensa Civil, que en un momento de la guerra incluían a casi un millón de campesinos guatemaltecos, apoyaron al ejército en los esfuerzos contrainsurgentes, especialmente en los operativos de “tierra arrasada” que eliminó a centenares de aldeas indígenas, sobre todo en departamentos como Quiché.
Los antiguos jefes de estos grupos están vinculados a actividades ilícitas, mientras sus bases han servido para la organización de partidos reaccionarios como el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general Ríos Montt, y forman parte de la “infantería” del crimen organizado a nivel local. Uno de sus líderes es el general de brigada retirado Luis Felipe Miranda Trejo.
La red Moreno y el Grupo Salvavidas.
Ilustran claramente el alcance de los poderes ocultos en Guatemala por sus actividades ilícitas, sus vínculos nocivos y su estructura. Incluye un vasto despliegue de oficiales militares y funcionarios de gobierno, que pertenecieron a “La Cofradía, “El Sindicato” y el “EMP”.
Está encabezada por Alfredo Moreno Molina, de origen salvadoreño, quien estableció sus estructuras en el sistema de aduanas y otras dependencias de la cartera de finanzas públicas, desde donde realizó contrabando y fraudes fiscales. El Grupo Salvavidas integró una poderosa red conectada con todas las esferas públicas y políticas en Guatemala.

Guatemala y las drogas:

En el informe de 2007 sobre la campaña internacional contra las drogas se especifica que Panamá intercepto 36 toneladas de cocaína; Costa Rica, 14 y Nicaragua, 9. Estas cifras contrastan con las de Guatemala, en donde apenas se decomisaron 281 kilos de alcaloide.
La implicación del narco en las fuerzas de seguridad guatemaltecas es tan fuerte que en 2005 se capturó en EEUU, al jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), Adán Castillo, bajo cargos de haber conspirado para traficar cocaína a ese país.
El SAIA fue desmantelado y reorganizado; sin embargo, los cambios siguen sin dar sus frutos.
Según el documento, el país sigue siendo un área difícil de controlar para el Gobierno, al igual que la costa del Pacífico, donde los narcotraficantes descargan la droga que luego es llevada a México por tierra. EE.UU. no cree que las altas autoridades del Gobierno estén involucradas en el tráfico de drogas, pero opina que la corrupción es uno de los principales obstáculos para combatir ese flagelo.

Biografías de los responsables de Seguridad dimitidos en el mes de marzo:
Víctor Hugo Soto. Estos son detalles de la carrera de Soto: Tiene 25 años de servicio con el rango de comisario. Uno de sus primeros trabajos fue como guardaespaldas del desaparecido “Archivo”. En 1986, cuando desapareció el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) y se creó la Brigada de Investigación Especial Narcótica (BIEN), se inició la carrera de Soto. Durante la gestión de Ángel Conte Cojulún como director de la desaparecida Policía Nacional, fue jefe del Comando Antisecuestros, del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Fungió como jefe tercero del SIC, luego pasó a jefe. Su nombre tomó relevancia en marzo del 2002, cuando era jefe de Operaciones del SIC y se suscitó un enfrentamiento entre militares y policías en la avenida Simeón Cañas, zona 2 de Ciudad de Guatemala. Oficialmente se dijo que se trataba del rescate de un secuestrado y por falta de coordinación se registraron muertes. Sin embargo un testigo declaró que vio a Soto quedarse con un maletín en donde se transportaba dinero del rescate. La Fiscalía solicitó investigar a la cúpula del SIC, entre ellos a Soto. En noviembre de 2004, Soto fue investigado por frustrar la captura de un policía corrupto. Al mes siguiente, Vielmann lo condecoraba por su destacado trabajo en la PNC. Siguió como jefe de la SIC, hasta que esa unidad se transformó en la División de Investigación Criminal (DINC). El año pasado Soto encabezaba el operativo de la toma de la cárcel de Pavón donde se dio ejecución extrajudicial a siete reos.
Javier Figueroa. Estos son aspectos de la hoja de vida de Figueroa: es un ginecólogo que trabajó en el Centro Médico Militar (CMM) y dueño de la empresa Eco-Torner SA. Llegó a la Policía Nacional Civil en 2005, como jefe de la Subdirección de Salud de la Policía (Sisap), estando a cargo de la negociación para fusionar el hospital de la PNC a los servicios que se prestaban en las instalaciones militares. El proyecto fue abortado luego de que el ministro de la Defensa, Carlos Aldana, y el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, no lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, durante el proceso de negociación, Figueroa fue señalado de participar en el rapto y posterior ejecución de la hija del coronel José Israel Palacios, entonces subdirector del CMM. De acuerdo con la investigación que realizó el Ministerio Público, Figueroa fue citado a declarar por el caso y la investigación aún continúa. Tres meses después, fue nombrado por el hasta hace poco director de la Policía, Erwin Sperisen, como subdirector de Investigación, y era el jefe inmediato superior de Soto. Su designación generó malestar en la Policía, porque no tenía carrera en la institución ni conocimientos de investigación. En junio de 2006, empleados del Aeroclub de Guatemala presentaron ante el Ministerio de Gobernación una queja en contra de Figueroa por abuso de autoridad. En la misma, los denunciantes declararon que el ahora ex Subdirector de Investigaciones se presentó a las instalaciones en la zona 13 y trató de entrar por la fuerza. Ante la negativa del personal, Figueroa los ató de manos y amenazó de muerte.
Luego de que se diera a conocer la incursión de Figueroa en el Aeroclub, el dimitido director de la PNC, Erwin Sperisen, dijo en conferencia de prensa, el 11 de junio de 2006, que “si Figueroa se va, yo también”.
Erwin Sperisen. Hombre grande y fuerte, pero poco estudioso: tres años en la Universidad Francisco Marroquín para no pasar del segundo semestre de Ciencias Políticas. Sperisen llega en 2003 a concejal de la ciudad de Guatemala en la estela del Alcalde Álvaro Arzú (ex presidente). El 1 de agosto 2004 fue nombrado Jefe de la Policía Nacional Civil -PNC-, sin ninguna experiencia previa, su padre era ya el representante de Guatemala en la OMC y una de sus primeras funciones consistió en reprimir las manifestaciones populares contra el CAFTA. Destacan entre sus responsabilidades, diversos hechos entre los que destacamos: el 31 de agosto del 2004 ordena a la PNC la masacre de campesinos –con uso de fusiles de asalto- que protestaban ocupando la finca Nueva Linda por la “desaparición” de su líder, atribuida al propietario (11 muertos y 27 heridos, mujeres y niños golpeados). El Procurador de Derechos Humanos denuncia ejecuciones extrajudiciales, y los periodistas presentes denuncian que fueron golpeados y amenazados para quitarles fotos testimoniales de lo sucedido. El 11 de enero de 2005 la PNC mata a Raúl Castro Bocel y hiere a otros cuatro dirigentes comunales que se oponen al paso de un molino para la empresa minera canadiense Montana Exploradora SA, a la que acusan de contaminar con mercurio y cianuro las aguas de la región. El 14 de marzo del mismo año, la PNC mata de un tiro en la cabeza a Juan López Velásquez, durante la represión contra los manifestantes contra el CAFTA (otros 6 manifestantes son heridos de bala, dos de ellos perecen con posterioridad). El 8 de julio de 2005 muere asesinado Álvaro Juárez en San Benito, Peten, tras denunciar abusos de la PNC ante el Procurador de Derechos Humanos. La actividad represiva de Sperisen ha sido moralmente confortada por prédicas diarias de pastores evangélicos a primera hora de la mañana durante estos casi tres años de responsabilidad. En los puestos altos de la jerarquía de la PNC se sitúan 30 militares que fueron colocados por Sperisen, contraviniendo los Acuerdos de Paz y las normas que rigen los requisitos para poder ocupar un cargo de alta jerarquía.
Carlos Vielmann. Hace tres años, Vielmann se presentaba como un hombre honrado, encabezó una importante lucha como Comisionado Presidencial contra la Corrupción. Rescindió onerosos contratos de alimentos para presos, creados en épocas de Portillo, y que reportaban escandalosas sobrevaloraciones; consiguió transparentar las licitaciones e hizo importantes ahorros para el Estado. Luego, dirigió las primeras intentonas por conseguir que los ministros de Estado rindieran cuentas e impulsó reformas a favor de la transparencia. Lamentablemente, estos últimos esfuerzos fallaron por el poco apoyo de otros funcionarios. En aquellos días, Vielmann gozaba de popularidad y en pocos meses llegó a ocupar la Dirección del Ministerio de Gobernación. Vielmann realizó esfuerzos por depurar a la Policía, más de 1.200 agentes fueron separados de su cargo, consiguió importantes capturas de bandas formadas por policías, que hoy se encuentran en la cárcel y pendientes de juicio. Además, fue el único ministro que publicó un informe detallado de sus gastos presupuestarios. Sin embargo, en el último año de su gestión algo se le salió de las manos y comenzó a fallar. Lamentablemente, el Ministro de Gobernación se apoyó en Figueroa y en Sperisen, quienes no sabían absolutamente nada de la institución policial, eran dos inexpertos con metralletas, así como en Soto un policía de la vieja escuela. La defensa de sus hombres por parte de Vielmann fue total, y con ellos ha caído también.

Durante el mes de marzo han salido a la luz las implicaciones de la policía guatemalteca en los escuadrones de la muerte, así como las vinculaciones de la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, lo que ha provocado la caída de toda la cúpula del ministerio de Gobernación (Interior) en Guatemala. Las democracias en el patio trasero de los Estados Unidos quedan en entredicho, a pesar de que los procesos de paz que conllevaban la democratización de estos países se firmarán hace quince años.

Autor: Decio Machado, desde Ciudad de Guatemala (publicado en Diagonal n° 52)

Claros y oscuros en el Gobierno de Ortega

2007-04-28T03:55:00.000-05:00

Autor: Decio Machado

El 20 de abril se cumplieron los cien primeros días de gobierno del presidente Daniel Ortega. Los colectivos consultados coinciden en que muchas iniciativas han sido positivas, pero otras “ponen en riesgo la institucionalidad”.

Entre luces y sombras y como un elemento dominante, la confusión ha caracterizado los primeros cien días de gobierno de Daniel Ortega. Una confusión que ha sido provocada por el propio Gobierno sandinista, al haber elegido el secreto como norma generalizada. El Gobierno de Ortega es un ejecutivo sin portavoces oficiales, donde el silencio y la prohibición que tienen los ministros y altos funcionarios de hablar, aun bajo castigo de destitución, viene a ser la nota dominante.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó al Gobierno ya ejerciendo el control sobre una gran parte del Poder Judicial, a través del nombramiento de jueces afines. De igual manera y a pesar de sólo detentar el 38% de los votos, mantiene el control en la Asamblea Nacional a través de un cuestionado pacto con el Partido Liberal Conservador (PLC) de Arnaldo Alemán, además de regentar 80 de las 153 alcaldías existentes en Nicaragua.

Desde diversos sectores sociales, políticos y periodísticos se critica la importante acumulación de poder de Daniel Ortega, basada en acuerdos políticos con sectores de la derecha (Alemán, Iglesia, empresarios y sectores de la ‘contra’ liderados por el actual vicepresidente del Gobierno). Sin embargo, el restablecimiento del principio constitucional que otorga a todos los nicaragüenses acceso gratuito a la enseñanza y la salud públicas fue una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno sandinista, tras su vuelta al poder el 10 de enero pasado. El conjunto de movimientos sociales valora como positivas estas acciones en cuanto a la reducción de los salarios del poder ejecutivo y el incremento de los presupuestos de educación y salud.

Cinturones apretados
Los ahorros generados por la reducción de salarios en el Gobierno, en torno a unos 600.000 dólares, se están aplicando a medidas sociales. Ortega se ha convertido en el presidente centroamericano que menos gana: 3.200 dólares mensuales, un 68% menos que su antecesor, Enrique Bolaños. De igual manera, los ministros sandinistas se redujeron a 3.000 dólares sus salarios, mientras que en etapas anteriores superaban los 5.000 dólares.

El propio Edmundo Jarquín Calderón, ex candidato presidencial del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), pese a ser muy crítico con el Gobierno, reconocía en el reciente congreso organizado por su partido que la política social del Frente es adecuada, con respecto a la gratuidad de escuelas y hospitales, y tildó de “infame” la situación anterior. Sin embargo, tanto los movimientos sociales como el MRS aseguran ver “con preocupación” el despido de miles de empleados públicos y el nombramiento de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como coordinadora del denominado Consejo de Ciudadanía y Comunicación, “lo cual viola la Ley de Probidad de funcionarios públicos que condena el nepotismo”.

La Constitución nicaragüense prohíbe nombramientos de personas cuya relación sea hasta el cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad con la autoridad que hace la elección. Según Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, estas medidas “ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia por sus tendencias autoritarias”. La popularmente conocida como Challo Murillo, considerada en Nicaragua como el verdadero poder en la sombra, ha sido la artífice del acuerdo de facto que Ortega tiene con la Iglesia, por el cual el FSLN le ha devuelto privilegios a la jerarquía católica a cambio de apoyo político.

Críticas desde el feminismo
Las críticas también se muestran en el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que el pasado 8 de marzo emitió un duro comunicado en el que calificó al Gobierno de Ortega como “el peor escenario posible para las mujeres: el ascenso de un nuevo oscurantismo autoritario disfrazado de democracia directa”. “El hombre que ascendió a la Presidencia con un voto minoritario montado sobre la amañada ley electoral del pacto líbero-sandinista es un emblema de abuso sexual y de la impunidad masculina reinante en Nicaragua y una verdadera afrenta para la dignidad nacional. Dudoso honor compartido por una primera dama que negoció la integridad de su propia hija por la cuota de poder que actualmente ostenta”, reza el comunicado en alusión a la acusación por violación que interpuso en el pasado Zoilamérica Narváez en contra de su padrastro Daniel Ortega.

Dicho 8 de marzo las mujeres protagonizaron un plantón frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde interpusieron un recurso de amparo en contra de la penalización del aborto terapéutico, que fue abolido del Código Penal en septiembre del año pasado. La Corte aún no ha emitido un fallo y los diputados de la Asamblea Nacional han postergado una y otra vez debatir el tema en el Código Penal, dejando en la actualidad pendiente dicho debate hasta el próximo mes de agosto.

La doctora Ana María Pizarro, directora de Sí Mujer y miembro del MAM, en declaraciones a DIAGONAL criticó la actitud de los gobiernos que intentan imponer un Estado clerical antepuesto a la laicidad establecida en la Constitución Política, y sostuvo que es “difícil” cuantificar en cifras la situación de muertes maternas producto de la penalización del aborto terapéutico, debido a que el Ministerio de Salud maneja las cifras con secretismo. En este sentido, numerosas organizaciones sociales se manifiestan muy críticamente con el Gobierno de Ortega por nombrar al cardenal Miguel Obando y Bravo (ex líder espiritual de la ‘contra’) como coordinador del Consejo de Reconciliación, cuando el Estado se define como laico.

Según expresaron a DIAGONAL diversas líderes feministas, “Ortega está creando una confusión Estado- Partido-Familia, al haber desechado la Casa Presidencial para despachar y hacerlo desde su residencia, donde funciona la Secretaría del FSLN”. Casa por cierto cedida por el actual vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales, antiguo líder de la ‘contra’.

Desde muy diferentes sectores de la izquierda social, se señala además que “es peligrosa” la anunciada intención del FSLN de promover en el legislativo la “reelección presidencial consecutiva” con intenciones de que Ortega se “perpetúe en el poder”, algo que la actual Constitución nicaragüense prohíbe, así como que Ortega hubiese invitado a su toma de posesión al ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por fraude al Estado y lavado de dinero; y por haberle concedido a través del sistema penitenciario libertad para moverse por todo el país.

Integración latinoamericana
Por otra parte, la adhesión de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el proyecto integracionista que impulsan Venezuela, Cuba y Bolivia, fue otra de las decisiones tomadas por Ortega de manera casi inmediata. Los
beneficios económicos y sociales que acarrea el ALBA para Nicaragua son evidentes, e incluso la propia oposición conservadora se vio obligada a darle el visto bueno en la Asamblea Nacional, donde el gobernante FSLN tiene apenas 38 de los 92 escaños, pero donde los acuerdos del ALBA fueron ratificados unilateralmente con tan sólo un voto en contra y diez abstenciones.

De hecho, uno de los grandes temores de la derecha -tanto la pactista con el FSLN como la opositora-, es que la influencia cada vez mayor de Hugo Chávez sobre el Gobierno de Ortega haga que el país pueda dar un giro a la izquierda, que no estaba previsto en un principio en el programa sandinista. Los movimientos sociales se declaran conscientes de que cien días es un período demasiado corto para evaluar a cualquier gobierno, y están por ver los resultados de nuevas políticas sociales anunciadas por el Gobierno sandinista. A medio y largo plazo, se anuncian otras medidas de fuerte impacto social como el programa de Hambre Cero, que pretende beneficiar a 75.000 familias campesinas en cinco años, o la aspiración de declarar a Nicaragua libre de analfabetismo en 2009.

Una manita de Chávez a Ortega
La ayuda venezolana y los beneficios de la firma del ALBA en Nicaragua ya están en marcha. Su monto inicial es de 400 millones de dólares, y destacan, entre otros, una docena de proyectos gracias a los altos volúmenes de inversión, impensables desde el presupuesto estatal nicaragüense. El más notable de todos es la construcción de una refinería con capacidad para procesar de 100.000 a 150.000 barriles diarios, lo que permitiría suplir toda la demanda nacional y exportar productos terminados a Centro América, Estados Unidos y China, la que podría estar lista en un período de cuatro años, si se cumplen los objetivos.

Importante también es la construcción de dos plantas procesadoras de aluminio, que trabajarán usando materia prima producida en la planta que CVG ALUNASA (filial del ente estatal Corporación Venezolana de Guayana) tiene en Costa Rica. Se pondrá en marcha en breve la construcción de una planta para fabricar sacos de rafia (polipropileno) en la ciudad de Chinandega, con cuya producción se cubrirá la mitad de los sacos que Nicaragua consume.

En materia vial, comienza a darse forma ya al monumental proyecto de construir 500 kilómetros de carretera (que incluyen 24 puentes y numerosas escuelas y centros de salud en la vía) para conectar Río Blanco con Bilwi. Será una carretera asfaltada construida por personal militar de ambos países, con mano de obra local de cada pueblo por donde vaya pasando. De igual manera se procederá a la perforación de cien pozos profundos de agua potable en diversas ciudades, así como en algunas zonas de producción agrícola, a la par que se oficializa la apertura de una oficina de representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, con el fin de que se intensifiquen los préstamos a pequeños productores.

Y también están en ejecución proyectos como la importación de productos terminados de petróleo, a razón de 10.000 barriles por día, así como de gas licuado de petróleo, con el que se pretende detener la depredación de los bosques nicaragüenses. En este sentido, se importarán con precios ventajosos 200.000 cocinas de gas con sus respectivos cilindros, con la intención de que la gente aproveche las ventajas de esa tecnología que, además de ser más limpia y eficiente, es “amigable” con el medio ambiente.

A nivel sanitario se profundizará en la donación de medicamentos. Ya se han enviado tres toneladas de medicinas genéricas, entre las que destacan vacunas contra el rotavirus, así como un cargamento para atender a 400 enfermos con sida. Continuando en este sentido con la rehabilitación de cinco hospitales y la construcción de tres centros de atención integral que en todos los casos brindarán atención médica gratuita.

Programa de Hambre Cero
Es uno de los pilares del programa de Gobierno sandinista. Y se inicia en la costa caribeña de Nicaragua. Se prevé trabajar durante el 2007 con 15.000 familias. Ya se han enviado técnicos a la zona del Río Coco, territorio fronterizo con Honduras habitado mayormente por indígenas misquitos y mayagnas. Es la zona donde está más acentuada la pobreza. Se estima que cada mes mueren de hambre unas 17 personas en la región. El programa Hambre Cero, que pretende beneficiar a 75.000 familias campesinas pobres durante los próximos cinco años, se extenderá a los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, y algunos municipios de Managua, hasta abarcar todo el país, según aseguró a DIAGONAL Ariel Bucardo, ministro de Agricultura y Forestal (MAGFOR).

El objetivo fundamental del proyecto es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de esas familias pobres, y dinamizar el mercado interno. Como parte del programa, a cada núcleo familiar se le entregará una vaca, una cerda preñada, cinco gallinas y un gallo de corral para desarrollar un programa de crianza, forraje, un molino y un biodigestor para producir biogás a partir del estiércol. La iniciativa gubernamental también incluye créditos e implementos agrícolas a los campesinos. Los beneficiarios sólo pagarán por la mitad de lo entregado a una caja de ahorro que ellos mismos conformarán.

El costo total del proyecto será de 150 millones de dólares. El MAGFOR ya está entregando a más de 100.000 familias campesinas semillas de arroz, sorgo, frijoles y maíz, además de urea venezolana a precios más bajos que los del mercado local.

Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica. Análisis y Consecuencias

2007-04-10T12:29:00.000-05:00

Autor: Decio Machado (1)

El 23 y 24 de abril se iniciarán oficialmente en Ciudad de Guatemala las negociaciones entre la UE y los seis países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) más Panamá. Estas negociaciones se articularán en torno a un mandato negociador que fue elaborado por la Comisión Europea, y que ya fue aprobado por el Consejo de la UE en su momento.span>

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Decio Machado. Nació en Sao Paulo en 1965, pero tiene la nacionalidad española. Es sociólogo. Ha participado en proyectos de carácter social (desarrollo e inmigración). Colaborador de múltiples publicaciones. Es miembro fundador del periódico 'Diagonal' y del consejo de redacción de la Revista Pueblos. Coordinador de los proyectos de cooperación de la Asociación Paz con Dignidad en Centroamérica e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina.