En memoria del Che Guevara

Por Decio Machado

La figura del Che sigue asomando 40 años después en cada parte del planeta donde los humildes y las organizaciones sociales se enfrentan a las injusticias globales.


8 de octubre, 40 años atrás. No había cumplido un año aún la guerrilla en Bolivia. La situación era mala, el Ejército les pisaba los talones, el apoyo popular era escaso y las organizaciones de la III Internacional les daban la espalda.

Meses antes había escrito su Mensaje a los Pueblos del Mundo, que contiene sus afirmaciones más radicales y contundentes: la guerra mundial abierta contra EE UU, en abierta contradicción con la “coexistencia pacífica” que entonces sostenía la URSS y los partidos comunistas latinoamericanos. Encabezó ese documento con la frase: “Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna”.

Una guerrilla diezmada, donde apenas quedan 17 combatientes, es sorprendida en la Quebrada del Yuro. El Che ordena sacar a los enfermos y se queda con el resto para hacer frente a los militares. Harry Villegas, alias Pombo, uno de los cinco sobrevivientes, contó así ese momento: “Yo pienso que él pudo escapar. Pero traía un grupo de gente enferma que no se podía desplazar a la misma velocidad que él. Cuando el Ejército comienza la persecución, decide pararse y dice a los enfermos que sigan. Entre tanto el cerco se va cerrando. Sin embargo, los enfermos logran salir (...). El Che y el resto de compañeros aguantan. Cuando van a continuar, el cerco se cerró y entonces se produce el enfrentamiento directo”.

“Apunte bien, va a matar a un hombre”
Tras tres horas de combate es herido y apresado. Le quedan horas de vida.
El sargento Mario Terán entra en una sala de la escuelita de La Higuera, donde había sido confinado el Che. Según declaró a la prensa: “Ése fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme me dijo: ‘Usted ha venido a matarme’. Yo me sentí cohibido y baje la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: ‘¿Qué han dicho los otros?’ (refiriéndose a los guerrilleros Willy y Chino). Le respondí que no habían dicho nada, y el contestó: ‘¡Eran unos valientes!’. Yo no me atrevía a disparar, en ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentí que se me echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno - me dijo- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto”.

La historia 40 años después aún tiene cosas que decir sobre las razones que llevaron a Guevara al callejón sin salida de la selva de Ñancahuazú. Enviado al mundo de los mitos por dos ráfagas de fusil automático por orden del agente cubano de la CIA Félix Rodríguez. Hoy la Historia nos indica que mataron a un hombre, pero no su leyenda. El fotógrafo Freddy Alborta inmortalizó su cuerpo sin vida expuesto por los militares en la lavandería del hospital de Vallegrande, donde fue trasladado después de muerto. Lo haya querido o no el autor, la imagen de Guevara tendido sobre los pilones de un lavadero recuerda a Cristo. Su mirada ausente de muerto irradiaba una extraña inocencia, acentuada por sus labios entreabiertos, semi sonrientes en el rictus mortis.

Hoy los campesinos de esta región de Bolivia han hecho un santuario en ese lugar. Es la religiosidad verdadera que inspira el Che para millones de personas de todo el planeta.

Su legado
Presentar al Che como un soñador o aventurero es erróneo, su imagen guerrillera tapó al teórico socialista de pensamiento crítico y rebelde. Guevara criticó fuertemente las contradicciones del sistema económico socialista de la URSS, China y demás naciones bajo su órbita. En las notas de Praga, tras su salida de África, el Che denuncia que, de no ser rectificadas, las deformaciones de las sociedades socialistas conducirían a una involución del sistema de impredecibles consecuencias para la humanidad.

Para él, “la revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”. También se enfrenta a la tesis “no debemos plantearnos la toma del poder”, nacida de pensadores socialdemócratas de finales del siglo XIX y puesta de actualidad por los autores llamados ‘posmodernos’ desde sus cómodos sillones académicos. Él afronta este debate desde una práctica política vivida cotidianamente como una apuesta vital por la revolución socialista. “El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las fuerzas revolucionarias y todo debe estar supeditado a esta gran consigna. La toma del poder es un objetivo mundial de las fuerzas revolucionarias”.

Para Guevara, “la misión de los dirigentes y de los partidos es la de crear todas las condiciones necesarias para la toma del poder y no convertirse en nuevos espectadores de la ola revolucionaria que va naciendo en el seno del pueblo”. Su pensamiento prioriza el plano donde se constituye la hegemonía socialista. Es ahí donde deben ubicarse sus escritos sobre la necesidad de construir el hombre nuevo, la batalla por la creación de una pedagogía del ejemplo y la moral comunista: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”.

El guevarismo, junto al mariateguismo (que incluye el factor indígena en el proceso revolucionario), constituye la expresión del pensamiento político más radical de Marx y Lenin, descifrados en clave latinoamericana. Pero el Che sobrevive a la crisis ideológica tras la caída del muro de Berlín. Lo logra porque su vida irradia autenticidad y radicalidad, siendo un ejemplo de coherencia de vida. Como proyecto político, significa una lectura del marxismo que recupera su clave antiimperialista y anticapitalista, la confrontación por el poder y de lucha radical contra toda forma de dominación social.

Poder popular y antiestalinismo
Para el Che la revolución comienza antes de la toma del poder, con la creación del poder popular y las zonas liberadas, se prolonga a través de la destrucción del poder estatal, en el derrocamiento de la vieja sociedad, y más tarde se extiende en la creación de nuevas formas de relaciones sociales y nuevas instituciones creadas a partir de la transformación del orden social. Antiburocrático y antiautoritario, siempre planteó la creación del poder popular y la continuidad ininterrumpida y permanente de la revolución contra toda burocracia. Acusado por los estalinistas de pretender exportar la revolución por todo el mundo, hizo énfasis en la revolución continental: “No pueden confundirse los compromisos coyunturales, diplomáticos o comerciales de un Estado particular con las necesidades políticas del movimiento popular latinoamericano en su conjunto”.

Su internacionalismo le llamó a sentir en carne propia las desdichas que afectan a todas las personas del mundo, ésa fue su mayor contribución al pensamiento contemporáneo. Bolivia fue su fracaso militar y político. Un error de trágicas consecuencias para él y para el movimiento revolucionario del momento. Sin embargo, su legado vive: la América en lucha de hoy parte del fruto de la semilla por él sembrada. “Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana” (Diario de Bolivia, 1967).

Fuente: Diagonal Periódico

Tras las elecciones: Guatepeor

GUATEMALA: CERCA DE 50 PERSONAS MUEREN EN LOS COMICIOS MÁS SANGRIENTOS DE LA HISTORIA DEL PAÍS

Por Decio Machado / Guatemala

Guatemala se prepara para la segunda vuelta en la pugna para las presidenciales. Corrupción, narcotráfico y paramilitarismo se afianzan en el país, mientras las opciones de izquierda quedan desarmadas.

Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el más votado en la primera vuelta con el 28%, y el ex militar ultraderechista Otto Pérez del Partido Patriota (PP), segundo con el 23%, aspiran a lograr la presidencia del Gobierno tras la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 4 de noviembre. Hasta el momento, Colom ha recibido el respaldo de una decena de alcaldes electos, mientras que Pérez ha sido apoyado por empresarios farmacéuticos y líderes evangélicos.

No obstante, los dos candidatos centran sus fuerzas en convencer al caudal de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), que quedó en tercer puesto en la lucha por la presidencial con el 17% de los votos. La romería hacia los alcaldes electos comenzó después de que el comité ejecutivo de la GANA dio “libertad” a sus simpatizantes al no decantarse por ningún candidato. GANA quedó en segundo lugar en las alcaldías, al ganar 78 de las 332 que se disputaron el 9 de septiembre.

Una jornada en teoría “limpia”
La totalidad de los observadores nacionales e internacionales presentes en el proceso electoral del 9 de septiembre han coincidido en destacar la “normalidad y eficiencia democrática” con la que se celebraron los comicios y felicitar al actual Gobierno de Óscar Berger por ello.

Sin embargo, Orlando Amado, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), denuncia lo siguiente a DIAGONAL: “El proceso electoral en Guatemala lleva más de 50 años siendo una farsa: durante la dictadura militar votaban hasta los muertos, ahora compran el voto en barriadas enteras por lo que apenas viene a significar dos platos de comida. Aprovechan las necesidades que tiene el pueblo, se aprovechan del analfabetismo político de la inmensa mayoría de la población, y se aprovechan de la sumisión de la población indígena, la cual ha sido vapuleada históricamente en nuestro país y se ha convertido en sumisa”.

“Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y la local Mirador Electoral apenas visualizaron la ausencia de incidentes violentos graves el día de las votaciones, pero esta campaña electoral ha sido la más violenta de la historia del país”, indicó a DIAGONAL Gregorio Caicedo, miembro del colectivo MAIZ en la localidad de Las Flores, en el norte de Guatemala. Y prosigue: “medio centenar de personas, entre candidatos a diferentes cargos, activistas políticos y familiares de ellos, han sido asesinados durante la campaña electoral”.

La intromisión sin precedentes del crimen organizado en los comicios locales ha sido motivo de preocupación de todas las organizaciones sociales, especialmente en aquellas zonas cuyos aspirantes a alcalde son más que sospechosos. Ante la amenaza del narcotráfico a los poderes locales, el Foro Guatemala, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil, lanzó una intensa campaña sobre el riesgo de convertirse en cómplice de los delincuentes a la hora de depositar la papeleta en la urna.

“Hay regiones donde el narcotráfico ya está invirtiendo en beneficio de la población, y esto es un problema serio, porque la población empieza a pensar: si el Gobierno no me da esto... mejor sigamos con ellos”, denunció Fernando Leal, representante de la Alianza Evangélica en el Foro Guatemala. En dichas zonas rurales, los alcaldes sólo adoptan decisiones con el visto bueno de las mafias.

El comportamiento mafioso llega en muchas ocasiones hasta sus últimas consecuencias. En Chimaltenango, el hijo del alcalde que se presentaba a la reelección tiene una compañía de moto-taxis, conocidos popularmente como tuc-tuc. Un vecino intentó entrar en ese sector de negocio y compró una moto. No contaba con la autorización del hijo del alcalde. Tras varias amenazas, un día apareció muerto. Un informe elaborado por el Procurador de Derechos Humanos sobre el proceso electoral indica que el crimen organizado controla el noreste del país, y que es imposible presentar candidatos limpios de toda conexión con estas mafias.

En el Petén, zona noreste del país, han surgido fortunas de la noche a la mañana. “Algunos de estos nuevos ricos han llegado a cargos municipales o han apoyado a determinados candidatos”, dice Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Y continúa: “El candidato usa el partido como un vehículo para llegar a la alcaldía. Es él quien financia la campaña y no el partido, al que no le debe nada. Por esta razón, los narcotraficantes, que disponen de buenos recursos, tienen grandes posibilidades de ganar”.

Y la izquierda desapareció
La sorprendente irrelevancia de Rigoberta Menchú en los resultados electorales, con tan sólo el 3%, tira por tierra la tesis del racismo como elemento básico del rechazo de su propuesta política. “Claro que algo de racismo hubo, pero no fue lo más importante. Menchú perdió ante el escrutinio del pueblo maya mayoritario en el padrón electoral. Si las elecciones se hubieran realizado en las Naciones Unidas, habría ganado. Pero para ser líder político hace falta algo más que fama internacional. Rigoberta no es el Moisés que nos llevará a la Tierra Prometida”. Así de rotunda se mostró a DIAGONAL Clarita Winapuc, líder comunal en el departamento de Quiché, predominantemente indígena.

De igual manera piensa el analista y académico indígena Estuardo Zapeta, el cual declaraba recientemente a ArgenPress: “Creo que fue un error pensar que los indígenas iban a votar por ella sólo por ser indígena, además el hecho de que el 95% de la población la conozca y tenga buena opinión de ella no quiere decir que voten por ella para la presidencia... lograr eso requiere trabajo”.

A la división indígena hay que añadir que la izquierda social y política chapín nunca le dio legitimidad a la candidatura de Rigoberta. “Ella fue un invento de las ONG españolas, nunca ha hecho nada en la política interna de Guatemala, los que la conocemos sabemos que no es una persona de izquierdas. En 2004 aceptó ser la embajadora de buena voluntad para los Acuerdos de Paz, un cargo creado ‘ad hoc’ por el Gobierno del neoliberal Óscar Berger para incluirla en el gabinete, ¿usted lo puede entender?”, sentencia con severidad Mario Beltrán, miembro del Frente Nacional de Lucha.

Con respecto al resto de las fuerzas de la izquierda, el resultado fue aún más calamitoso. La histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antigua fuerza guerrillera, estuvo a punto de desaparecer del escenario político, habiendo logrado tan sólo un “curul” en el Congreso de la República.

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Inmunidad para un genocida
El ex dictador Efraín Ríos Montt consiguió un escaño como diputado por su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), logrando así la inmunidad legislativa que buscaba para evadir la acción de la justicia española. Los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal. En la actualidad pesa una orden de búsqueda y captura contra el ex dictador y otros altos cargos cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para juzgarlo por genocidio y torturas. “Estuve disponible cuatro años [sin inmunidad].

Si los otros son inútiles y no supieron presentar demandas, es cuestión de ellos”, afirmó recientemente el ex dictador, pastor evangélico y un ferviente lector de la Biblia que dio un golpe de Estado en 1982 contra el general Romeo García. Su mandato es considerado el más sangriento de todos los que se sucedieron durante la cruenta guerra civil de 36 años (1960-1996) que asoló el país. Después de más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos el conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz hace 11 años.

Fuente: Periódico Diagonal núm.61, 20 de septiembre de 2007

Maras o pandillas: tatuajes con dolor en Centroamérica

Por Decio Machado / Honduras

l fenómeno pandillero importado desde los EE UU se ha asentado en el sur. Las diferentes maras, especialmente la Salvatrucha y Barrio 18, se han convertido hoy en factores de inestabilidad para los Gobiernos centroamericanos. Se estima que entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, actúan más de 100.000 mareros.

Los líderes en Honduras de las temibles Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13) y Barrio 18 (o M-18)firmaron el cese de la violencia entre ellos y acordaron un reparto del territorio, según informes policiales filtrados por la prensa hondureña a primeros de septiembre.

Según estos documentos, que recogerían informaciones de agentes infiltrados, líderes de las pandillas M-18 y MS-13 han firmado un pacto para que sus integrantes no se exterminen en cada conflicto. “Nosotros ya quedamos en que no nos íbamos a matar unos a otros y que no haya pleitos, pero nosotros no por eso dejamos de pertenecer a nuestra home (pandilla), sólo es que estamos distribuyéndonos los sectores”, habría explicado un marero (pandillero) a un agente infiltrado. Un portavoz de la Policía hondureña declaró que “hemos observado que ellos volvieron a pintar las paredes para dar a conocer que ya tienen nuevamente marcados los sectores que operan para la venta de droga, cobro de impuestos de guerra y asaltos”. Sin embargo, otro portavoz de la Policía, Héctor Mejía, manifestó a DIAGONAL que “esto no es nada nuevo. En muchos otros momentos las maras han llegado a acuerdos de reparto de territorio y de tregua entre bandas, que son sistemáticamente rotas cuando cambian los líderes locales, consecuencia de las detenciones a las que son sometidos por los cuerpos de seguridad hondureños”.

Sin embargo, este pacto se produce después de que, a mediados de julio, los representantes de los servicios de seguridad de los países centroamericanos, junto a los de República Dominicana, México y Estados Unidos acordaran en Ciudad de Guatemala impulsar una estrategia conjunta para el combate de las pandillas, el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico. Los responsables de seguridad se comprometían a desarrollar sistemas de intercambio de datos y el uso y la difusión de información entre los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y EE UU.

La declaración final de la cumbre de seguridad estableció que esta lucha “se basará no solamente en actividades policiales, sino también en programas de prevención y rehabilitación” de los jóvenes miembros de estos grupos. Según Thomas Shannon, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio Occidental de EE UU, su país aportará un millón de dólares al SICA para este proyecto. Según fuentes del SICA, el acuerdo de seguridad podría costar entre 600 y 800 millones de dólares. Hasta el momento, lo único puesto en marcha ha sido la coordinación de la Unidad TAG (Transnational anti- gang Unit), un nuevo grupo supranacional para reforzar la lucha contra las maras con el FBI y las policías de los distintos países.

¿Qué son las maras?
La violencia en Centroamérica no es un fenómeno reciente. Desde hace varias décadas estos países han ocupado un lugar privilegiado entre las naciones con los índices más elevados de violencia. Según declaró a DIAGONAL Aristide Carpio, de la asociación salvadoreña Casa de los Mestizos, “uno de los grupos que mayor protagonismo han tenido en la violencia generada en la historia reciente de nuestros países son los jóvenes, quienes tienen un alta participación en la dinámica de la violencia tanto en calidad de víctimas, como de victimarios”. En este contexto, indica, “una de las expresiones de la violencia juvenil que en la última década ha cobrado cada vez mayor visibilidad pública a partir de su rápido crecimiento y de la complejización de sus dinámicas es el de las maras o pandillas juveniles, que surgieron en Centroamérica a finales de los años ‘80”.

El factor desencadenante es la deportación masiva desde los EE UU, tras el endurecimiento de sus leyes migratorias, de jóvenes centroamericanos llegados allí por la crisis económica de los ‘80 y ‘90. Para Roberto Gómez, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “mientras estuvieron allá, estos jóvenes fueron asimilados por la cultura y la organización pandillera del Estado de California, específicamente del Condado de Los Ángeles, en particular por la ‘18th Street’ y la ‘Mara Salvatrucha-13’, que desde entonces se convirtieron en los principales referentes organizativos y simbólicos de la rebeldía juvenil contra la sociedad establecida”.

En los países centroamericanos, la influencia cultural pandillera californiana, con sus novedosas modas de vestir, de tatuarse, de hablar caliche (el lenguaje empleado por los sectores más marginales de la sociedad) y de beligerancia provocó la fascinación de decenas de miles de jóvenes que adoptaron su modo de ser e hicieron suyas las reglas de los pandilleros deportados de EE UU a quienes veían “más poderosos”. Para Stefan Johanson, cooperante de la asociación de iglesias libres de Suecia, Diakonía, “las maras se convirtieron en un verdadero movimiento contracultural juvenil fanatizado, que les proveía un ambiente familiar sustituto, amistad, protección, seguridad física y económica, pero, sobre todo, una identidad juvenil autónoma, cuya existencia la sociedad antes había rechazado pero que ahora se le imponía de la peor manera”.

“Las pandillas en Centroamérica han existido desde hace mucho tiempo”, indica Roberto Gómez. “Eran espacios donde los jóvenes buscaban constante de diversión y escándalo, pero donde la muerte era la excepción”. Johanson opina en el mismo sentido: “la brutal realidad de las maras californianas estaba muy lejos de ser lo que fueron las pandillas tradicionales centroamericanas”. En las nuevas maras, la violencia, el conflicto con la ley, la cárcel, el hospital y la muerte se convirtieron en la compañía permanente de los jóvenes involucrados. “Lo peor es que las reglas de las nuevas pandillas no eran fijadas por sus miembros, sino que ya estaban establecidas y se imponían desde Los Ángeles”, sentencia el cooperante sueco. Tanto para Gómez como para Johanson, la especial democracia interna de las maras tradicionales centroamericanas fue asfixiada aquí por el mandato proveniente del exterior.

El término ‘mara’ viene de un sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil. Para Graciela Morales, portavoz de la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz de Guatemala, “con el aumento de personas que fueron y siguen siendo deportadas diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también regional. Y se ha agravado a partir de la introducción del crack, pegamento para zapateros o inhalantes, heroína y otras drogas que azotan las zonas marginales de las grandes urbes capitalinas centroamericanas”.

Aunque en la última década, ya se advertía entre las pandillas importantes transformaciones relacionadas con un mayor ejercicio de la violencia, el incremento en el consumo de drogas y el mayor acceso y uso de armas, el salto cualitativo más importante en la dinámica pandillera se ha producido en el último trienio. A él han contribuido de forma importante las medidas de represión y control impulsadas por los Gobiernos de la zona a partir de 2003. El que los Estados los hayan identificado como enemigos sociales y en función de ellos construyan su política de seguridad ha generado que estos grupos cambien de organización interna para defenderse y sobrevivir bajo nuevas y sofisticadas modalidades.

Hasta hace algunos años, la estructura básica de la pandilla, la ‘clica’, mantenía el control territorial de un barrio o una colonia. Su ámbito de operación estaba circunscrito a una pequeña zona, sin mayores posibilidades de comunicación entre los grupos de diferentes sectores. Por lo general, los miembros de una ‘clica’ eran residentes de la zona donde operaban y difícilmente extendían su control territorial a otros sectores. No tenían una red de coordinación y comunicación entre ‘clicas’ de diferentes lugares y menos aún una articulación a nivel nacional. “En la actualidad, las maras se han reestructurado, ahora existe una división del trabajo en la que se asignan roles como el de ‘palabreros’ o ‘segunderos’, los cuales asumen el rol de voceros; misioneros a quienes se les asignan tareas o misiones importantes para el grupo y avecillas o soldados, quienes desempeñan funciones más operativas como la defensa del territorio. Esta división asegura una mayor efectividad y coordinación en sus acciones colectivas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Gavilán, miembro de una brigada de investigación de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala.

Así, la desatención hacia las condiciones de exclusión social -que generan las maras- y al tiempo la apuesta por el acoso y la persecución policial permanente de las pandillas han contribuido a generar una importante recomposición de la estructura, organización interna, sistema de normas y valores, fines y objetivos de las pandillas. Las maras se perfilan ahora como una nueva modalidad de estructura criminal que amenaza la seguridad pública de los países afectados. Todo parece indicar que las soluciones planteadas por los gobiernos afectados, desde EE UU (plan tolerancia cero) hasta Nicaragua (planes mano dura), mientras se limiten a un enfoque policial y represivo, no darán mayores resultados. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, resumió el problema en pocas palabras: “Las maras desaparecerán cuando se abata la pobreza, se eleven los niveles educativos y haya oportunidades de trabajo para todos”.

MARAS EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN
La persecución policial indiscriminada y las capturas masivas y arbitrarias contra jóvenes mareros, en el marco de los ‘planes mano dura’ implantados en Centroamérica a partir de 2003, han provocado transformaciones importantes. Como los criterios policiales estaban fundamentados en buena medida en los estereotipos tradicionalmente asociados a las pandillas, éstas han adaptado su imagen para dificultar su identificación y garantizar una mayor clandestinidad.

Sus miembros, por ejemplo, están evitando tatuarse o lo están haciendo en lugares menos visibles del cuerpo, renunciando así al uso de un importante símbolo de identidad grupal y pertenencia a la pandilla, considerado internamente un signo de respeto y prestigio, de rebeldía y desafío al orden social establecido. Para Brigitte Nelson, de Diakonía, la transformación estética de los mareros ha sido aún mayor: “También han cambiado su forma de llevar el cabello rapado por uno más largo y tradicional; su típica vestimenta holgada ha sido sustituida por ropa más tradicional, lo que facilita que puedan pasar desapercibidos. Los códigos de comunicación basados en las señales con las manos solamente descifrables entre ellos ya no son tan ampliamente utilizados en la vía pública, ni siquiera para rifarse el barrio con la pandilla rival”. Esto les permite actuar en un territorio que ya no se circunscribe a las comunidades marginales o barrios populosos, sino que se ha expandido a amplias zonas de las ciudades y vuelto más difuso.

Según Carpio, “la represión ha conllevado que se incremente la movilidad de las maras, al obligarlos a salir de las comunidades, reorganizarse en nuevos territorios de las ciudades o mantenerse en la clandestinidad total”. Las pandillas se desvinculan de su comunidad y se desarraigan, lo que afecta a toda posibilidad de reinserción. El portavoz de la salvadoreña Casa Mestiza afirma que “las maras ya no se disputan el barrio, la MS- 13 y Barrio 18 se están disputando ahora un territorio simbólico que ya no se circunscribe a un espacio geográfico determinado, lo que ha hecho que la violencia entre ellos se expanda”.

Alcance internacional
Las maras se extienden dentro de las fronteras de los EE UU, llegando a sus suburbios. Un informe del Congressional Research Service del Congreso de EE UU estimaba en mayo de 2005 que solamente la MS-13 tenía entre 8.000 y 10.000 miembros activos en unos 33 Estados y en el Distrito de Columbia. En El Salvador, según el Ministerio de Gobernación (datos de 2005), el número de mareros podría alcanzar los 15.000 miembros. Las agrupaciones más representativas son la Mara Salvatrucha (54,4%) y Barrio 18 (45,3%), ambas surgidas originalmente en Los Ángeles. Sólo un 0,3% se identifica con otras pandillas. La PNC de Guatemala maneja una cifra de entre 8.000 y 10.000 mareros activos, a los que hay que sumar unos 30.000 simpatizantes.

Algunas investigaciones universitarias elevan a 14.000 los pandilleros activos. La MS (80%) y Barrio 18 (15%) protagonizan el escenario de pandillas (entre ambas el 95% de los mareros). Aunque todavía se habla de otras pandillas tales como Breakeros (BKS), los Wifers (WF), los Roqueros, los Cholos y los Latin Kings. En cuanto a Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas contabilizó cerca de 26.000 miembros de maras a nivel nacional para 2000 (sin contar simpatizantes), siendo la MS y Barrio 18 las dos organizaciones más importantes. El crecimiento de la población y de los suburbios urbanos en Honduras derivó en cruentas disputas territoriales tanto entre miembros de la ‘18’ como de la ‘13’.


Fuente: Periódico Diagonal, núm. 61, 20 de septiembre.

La migración centroamericana hacia los Estados Unidos

Por Decio Machado

Tanto la externalización del control de fronteras norteamericanas hacia el sur de México, como la militarización de la frontera norte, están significando un notable incremento de víctimas entre los migrantes que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos. Paralelamente a esto, el Senado norteamericano ha bloqueado cualquier posibilidad de regularización masiva de sus ya más de 12 millones de clandestinos. El camino de las políticas migratorias norteamericanas se endurece y con él el drama que ocasiona.

La ruta centroamericana de la inmigración a los Estados Unidos se está volviendo cada vez más dramática. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.

La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los “polleros” o “coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000 dólares por llevar allí a los indocumentados, una amplia fluctuación que depende del origen y de la ruta del migrante indocumentado.

El comienzo del infierno

La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México (1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice) en su intento por llegar a “El Dorado” norteamericano se hace cada vez más preocupante. Según diversas fuentes, en los últimos cinco años han muerto o desaparecido al menos 5.000 salvadoreños y más de medio millar de hondureños, al intentar atravesar uno de los cruces más difíciles del comienzo de la travesía: la frontera Guatemala-México.

La presión política a la que ha sido sometido México por parte de EE UU desde hace ya varios años en esta materia ha hecho que la frontera sur mexicana sea una zona tremendamente militarizada, convirtiéndose así en el inicio de la “pesadilla del sueño americano” para muchos de los indocumentados que la cruzan.

En México las organizaciones sociales que trabajan en la atención a los inmigrantes cada vez están teniendo mayores problemas para poder ingresar en las estaciones de inmigrantes (centros de detención). De igual manera se están viendo afectadas por una intensa campaña de criminalización por parte del Estado. Hay activistas que sufren condena de hasta seis años, bajo la acusación de pertenecer a redes de tráfico de migrantes, simplemente por haber ofrecido alimentos a los “indocumentados”. Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la república.

Según datos oficiales México detuvo entre primeros de 2005 y finales de 2006 a 422.984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. Se están realizando más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.

Felipe de Jesús Preciado, jefe del estatal Instituto Nacional de Migración de México, justifica la situación diciendo: “La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”.

En la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas desde que se implementó el Operativo Guardián en 1994, según revela un informe presentado por la Fundación Asistencia Legal de California (FALC) (ver cuadro 1).

Claudia Smith, portavoz de la FALC, denunció que sólo en el primer trimestre de 2007 las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas, habiéndose casi duplicado el número de víctimas en el período de la Administración Fox. Según Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros 10 migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.


Operativo Guardián

El 1 de octubre de 1994 el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo del Operativo Guardián, también llamado “operación muerte” era “asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas, y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una profunda militarización de la frontera entre México y el Estado de California. Este Operativo sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa “Hold the Line” en Texas o “Safeguard” en Arizona.

Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de Derechos Humanos y las miles de muertes que acontecen en la frontera, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Además, al primer muro que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991, se le ha añadido otro segundo muro de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas para detectar a los candidatos al “sueño americano”: detectores con luces infrarrojas o de calor humano, y cámaras múltiples auxilian a las patrullas que están presentes las 24 horas del día.

Cada día, en la “línea” entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades, indican lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas (derecho universal).

“El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.

De igual manera, se han formado “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de “vigilantes”, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. A través de la lucha estadounidense contra el terrorismo se justifica la actuación de estas milicias paramilitares, que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial.

La locura llega a tal nivel que a finales del año pasado, el gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, llegó a proponer un nuevo plan para combatir la inmigración irregular en la frontera. La idea consistía en poner cámaras que estarían conectadas a un servidor de red para que cualquier persona pueda, desde Internet, convertirse en vigilante voluntario desde cualquier lugar del mundo. Un clic del ratón o una llamada a un número gratuito serán suficientes para alertar a la policía del posible “peligro”.

Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significa luto, el luto de miles de familias.

Sin embargo el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, pues ya suponen el 12,5 por ciento de la población, es decir, más de uno de cada 10 residentes en EE UU son hispanos. Se estima que en este país hay un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y cerca de tres millones de salvadoreños. El caso de México es especial, se estiman 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 11 millones son nacidos en México y los otros 19 son descendientes de mexicanos.

Todo ello a pesar de que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EE UU, (ICE por sus siglas en inglés), deportó un record de 185.431 personas en el año 2006, un 10 por ciento más que en 2005, tras redadas a empresas que empleaban a trabajadores inmigrantes sin papeles. Situación que se está reproduciendo con asiduidad durante el 2007. Se estiman en unos 12 millones, la mayoría mexicanos, los inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos.


Fracaso de la reforma migratoria

El pasado 27 de junio el proyecto de ley de reforma migratoria quedó estancado por segunda vez en el Senado de EE UU, después de que el pleno rechazara limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.

La mayoría de los legisladores republicanos en el Senado votó en contra, algunos de ellos incluso se vincularon en debates y propaganda de emisoras de radio “antiinmigrantes”. En el caso de los demócratas, todos dijeron siempre estar a favor de la reforma, y al final, los que votaron en contra manifestaron que lo hicieron porque no era suficientemente buena para los inmigrantes.

Es la segunda vez que el pleno de la cámara alta vota en contra de limitar el debate sobre esta reforma, dado que el pasado día 7 de junio ya sufrió el mismo revés, con la mínima diferencia de 45 a favor y 50 en contra.

De esta manera el Senado ha invalidado toda posibilidad de establecer un nuevo marco legal para los más de 12 millones de indocumentados existentes y mejorar así el sistema migratorio norteamericano, que data de 1986, cuando se aprobó una amnistía para unos tres millones de clandestinos.

Las consecuencias de esta decisión son importantes. Ya no será posible retomar el proyecto hasta el 2009, cuando haya un nuevo presidente y Congreso tras las elecciones de noviembre de 2008.

George Bush, conocedor de la capacidad perdida por parte del Partido Republicano de captar una mayor cantidad de votos hispanos para los próximos comicios presidenciales, es consciente de que este fracaso puede ser su puntilla definitiva de cara a las elecciones de finales del año que viene.

“Podrá tal vez haber una ventaja política a corto plazo para los que votaron en contra de la reforma migratoria, pero en el largo plazo tendrá un efecto desastroso para el Partido Republicano en términos de voto hispano”, señala Linda Chávez, del Centro de Oportunidad Equitativa. De igual manera opina Antonio González, presidente del Instituto Latino de Investigación William Velásquez: “Me parece que va a ser sangriento para los republicanos, algunos de estos senadores que más se han significado en sus discursos antiimigrante, van a ser masacrados por el voto hispano en el futuro”.

“Definitivamente el voto hispano va a afectar al Partido Republicano a pesar de que el presidente Bush y el senador Mel Martínez apoyaron totalmente el proyecto”, manifiesta también Bettina Inclán, directora de la Asamblea Nacional de Hispanos Republicanos. Un estudio del Centro Hispano en Washington estima que los hispanos en el país representaron el 8,6 por ciento de votantes elegibles en 2006 en comparación con el 7,4 por ciento en 2000.

Las necesidades económicas del gigante americano

“La economía estadounidense necesita, absolutamente, de los inmigrantes”, hizo público Andrew Sum, director del Centro para Estudios del Mercado Laboral. Y prosiguió: “A algunos trabajadores (estadounidenses) esto les perjudica, y algunas personas se enojarán porque diga esto, pero nuestra economía se ha vuelto más dependiente ahora de la mano de obra inmigrante que en cualquier otra época en los últimos 100 años”.

Si no hubiese sido por los inmigrantes “la fuerza laboral masculina de todo el país hubiera crecido apenas marginalmente en la última década, y hubiera habido una escasez de mano de obra masculina, especialmente en el nordeste y la región del Pacífico”. Con respecto a las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son inmigrantes.

Además, el aporte demográfico de los inmigrantes no ha tenido impacto sólo en la mano de obra, sino que representa todo el incremento, en el ámbito nacional, de la matrícula en las escuelas públicas en los últimos 25 años.

Pero no sólo el sector empresarial saca tajada. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó desde primeros de junio un 86 por ciento el costo de los trámites migratorios. Suponiendo que uno cumpla las normativas, hacerse ciudadano cuesta ya en Estados Unidos unos 600 dólares.

Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.

Panamá: Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas

Por Decio Machado

Atravesado por un canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico, lo que ha marcado fuertemente su devenir histórico, Panamá, un angosto país que fue hasta 1903 un Departamento de la República de Colombia, se ha ido desarrollando como un gran centro de comercio a escala internacional y un punto de atracción para un importante sector financiero.

El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero.

El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”.
Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.

Sistema bancario panameño

Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.

En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información.

El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del “reajuste”, su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país.

Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de “fiscalizar” las operaciones bancarias en el país.

La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá “paraíso fiscal cooperante” y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros “paraísos fiscales” en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.

Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país “no está mal” en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es “dinámico, evolutivo y cambiante”. Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo, este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.

Ampliación del Canal e intereses del capital español

El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros.

La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como “paraíso fiscal cooperante”.
El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los “países ricos” ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.

A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.

Empresas españolas y paraísos fiscales

Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgrana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos.

En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas off shore de baja tributación.

Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).

La realidad social panameña

Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.

En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento.

Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.

Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina

La privatización del agua en Honduras

Por Decio Machado

La destrucción progresiva del medio ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e industrial que está experimentando el planeta ha conducido a una reducción significativa de las reservas acuíferas a nivel global, así como a la contaminación de océanos, mares y ríos. El agua dejó de ser un bien social para convertirse en un bien comercial con un precio determinado, y vendido al mejor postor.

En 1995 se abrió la discusión sobre privatización del agua potable y saneamiento en Honduras, consecuencia de una propuesta lanzada desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta proponía la descentralización y la creación de una Ley Marco del servicio de agua potable, y a definido el modelo hondureño de privatización.
En el año 2000 el FMI otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua, entre ellos estaba Honduras. Similar condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 millones de dólares para proyectos de agua.
Desde esos momentos Honduras forma parte de los países han vivido procesos y niveles profundos de privatización del agua.
Pero los procesos de privatización de agua no vienen solos. A estos se han asociado: la financiación de represas, la cual supera los 4 mil millones de dólares anuales a escala global, y el negocio del agua embotellada y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido, destacando: el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la explotación, entre otros.
La famosa “municipalización” en Honduras dejó a los municipios la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo.

La “muniprivatización” en marcha.

En octubre de 2003, a pesar de las importantes movilizaciones populares en contra, se aprobó la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Con ella se sentaron las bases jurídicas del cuestionado proceso de municipalización del servicio.
La municipalización se planteó como un paso previo a la privatización del servicio, con un esquema diseñado desde organismos internacionales.
Sin embargo, sólo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan más de un millón de personas, manifestó en su momento que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera de administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.
A través de la “municipalización” este proceso ya esta siendo aplicado en varias ciudades del país entre las que destacan: Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés; y Catacamas en Olancho.

Puerto Cortés. Donde el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) otorga a la municipalidad los activos del sistema de agua potable. Todo este proceso es avalado y financiado con un préstamo del BID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo (ACDI).

San Pedro Sula. Segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de Honduras, desde el año 1999, cuando la Corporación Municipal convocó la participación de empresas internacionales a una licitación para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene privatizada el agua.
En 1998, con el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones y el BID se desarrollo un programa de modernización cuyo objetivo era el de destinar los servicios a un operador privado. Este programa se dirigió exclusivamente a promover la participación de empresas internacionales, no así las nacionales, ya que los requisitos que exigían eran imposibles para un país como Honduras, donde las empresas no contaban con un capital tan alto y no tenían experiencia en el manejo del servicio.
En el año 2001 finalizó el proceso y se le otorgó la explotación del servicio a la empresa italiana ACEA, a través de un contrato otorgado por la municipalidad por un período de 30 años, prorrogable a 10 años más. Esta concesión del servicio es un claro ejemplo de la mala gestión privada del agua, ya que el servicio no ha mejorado, la calidad del agua ha empeorado y las tarifas han aumentado en mas del 100%.

Consecuencias de la privatización en Honduras.

La privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras que tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población, que siempre es la más pobre, de la que no se obtiene beneficios.
La tendencia principal de las potencias y los países industrializados es el control y la monopolización de las fuentes de agua. Lo justifican aludiendo a la gestión pública ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Con capital privado es más eficiente el servicio.
Los pobladores de las zonas más pobres de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y otras ciudades, están pagando por el agua que consumen, se abastecen de vendedores de agua en carros cisternas y envasada que han hecho de esta actividad un negocio. Los aguateros se abastecen en las pilas del operador principal del servicio de la ciudad, SANAA, que les vende el galón de 2.5 centavos de lempira (un centavo de dólar cada 7 galones de agua). Los aguateros suministran a unas 100 colonias marginales que no cuentan con el servicio de agua domiciliaria ni popular por varias razones, entre ellas, el difícil acceso de la red a sus comunidades, sus chozas están en las faldas de los cerros que bordean la capital. Así viven mas de 500.000 personas, los que menos tienen, invirtiendo una gran parte de sus ingresos diarios a la compra de al menos un galón de agua.

Resistencias.

Uno de los casos emblemáticos en todo el proceso de defensa del agua, ha sido las movilizaciones de resistencia a la privatización de Aguas de San Pedro Sula. Pero no es el único, en decenas de municipios (La Esperanza, Intubucá, Concepción,...) existe movimiento en contra del concesionamiento o privatización del agua. En muchos casos, en cabildos abiertos y por unanimidad, se ha acordado prohibir la privatización o concesionamiento e incluso se ha prohibido que se aplique la ley de agua potable.
Honduras lleva sufriendo ya cerca de 20 años los ajustes estructurales, trasnacionalización, privatización de recursos y bienes públicos, represión e impunidad, corrupción gubernamental, imposición de leyes según la conveniencia trasnacional y las recetas del FMI, BID y BM, que ha traído el aumento de la deuda externa y un incremento de la población sumida en la pobreza.

Cuadro de Pobreza:

Clasificación

En pobreza (datos globales)
64.5 % pobreza nacional general
56.3 % pobreza población urbana
73.8 % pobreza población rural

Pobres
17.0 % datos nacional general
20.3 % datos población urbana
13.3 % datos población rural

Muy pobres
47.4 % datos nacional general
36.1 % datos población urbana
60.5 % datos población rural

No pobres
35.5 % datos nacional general
43.7 % datos población urbana
26.2 % datos población rural

Total hogares pobres a nivel nacional 1,258,299
Total hogares pobres área urbana 630,735
Total hogares pobres área rural 627,564

En Honduras, el 64.5 de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares Pobres y No Pobres) y un 35.5% son clasificados como no Pobres. Se destaca en el área rural los hogares En Pobreza con 73.8%, siendo muy pobres el 60.5%.

El Gobierno salvadoreño incrementa la represión sobre los movimientos sociales

Por Decio Machado

Ante su baja popularidad, el Gobierno de ARENA ha cambiado de estrategia. Los movimientos sociales y la oposición, el FMLN, denuncian un incremento de la violencia de Estado.

A principios de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador disolvía a golpes una protesta contra la política neoliberal del Gobierno con un saldo de 14 personas detenidas. Al amparo de una recientemente aprobada ley antiterrorista, todos los arrestados, entre ellos diversos dirigentes populares, están acusados de terrorismo y de participar en asociaciones ilícitas. Al mismo tiempo, en otro episodio, en apariencia sin relación, el Gobierno involucraba a dirigentes del principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en acciones de terrorismo urbano. Estos dos hechos marcan, según diversas organizaciones sociales, “un nuevo ciclo de represión acompañado de una intensa campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar a la izquierda social y política ante las elecciones de marzo de 2009”.

El 2 de julio, diversas organizaciones sociales salvadoreñas habían convocado una movilización social en el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, a 32 kilómetros de la capital. Estaba previsto que Elías Antonio Saca, presidente de la República, en un acto oficial, presentara la Política Nacional de Descentralización cuya finalidad es la privatización del agua. Los manifestantes pretendían entregar al máximo mandatario salvadoreño una carta de demandas, así como celebrar un foro de debate sobre las políticas privatizadoras del Gobierno. Era la tercera vez -hasta ahora todos los intentos siguen resultando infructuosos- que las organizaciones sociales trataban de entregar una carta de demandas y propuestas sobre diversos temas al presidente.

La policía reprimió durante horas la movilización social. Suchitoto, militarizada desde tempranas horas de la madrugada, fue el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció a DIAGONAL la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.

Represión en Suchitoto

En la manifestación participaron varias organizaciones sociales de la zona, así como moradores de diferentes comunidades cercanas. Los testimonios recogidos por DIAGONAL en la ciudad coinciden en que los agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) comenzaron a atacar sin ningún motivo. “Niños y mujeres fueron agredidos con brutalidad por parte de los agentes de la UMO; ése ha sido uno de los principales motivos para que la población que se estaba manifestando encandilara los ánimos”, denunció el sacerdote local Mario Campos, quien también resultó afectado por los gases lacrimógenos de los antidisturbios.

La represión policial abarcó diversas zonas de la localidad. Los manifestantes fueron dispersados a golpes con pelotas de goma y gases lacrimógenos y pimienta. Incluso varias viviendas fueron asaltadas. Los manifestantes huyeron por los montes cercanos mientras la policía continuaba su persecución por la zona durante cuatro horas con apoyo de helicópteros. El balance final fue de 43 personas heridas -25 por balas de goma y 18 con afecciones graves por el gas pimienta- y 14 detenidas. Entre las arrestadas destacan Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno y María Haydée Chicas, presidenta, vicepresidenta y responsable de comunicación de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones de base más importante del país. Todas fueron detenidas al ser interceptado el vehículo en el que viajaban hacia la ciudad.

Tras pasar por los juzgados, el Ministerio Público y la Fiscalía han acusado a los 14 detenidos de participación en asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. Diversas organizaciones sociales, entre las que destacan la propia CRIPDES, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) o el Movimiento Popular 12 de Octubre (MPR- 12), han realizado numerosos actos de apoyo a los activistas detenidos. Según Jeannette Alvadrado, portavoz de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), “hemos retrocedido a los años ‘70, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado”. Por su parte, David Vázquez, también de MPGR, denuncia que los detenidos, que fueron trasladados en helicópteros, fueron amenazados por la policía con ser arrojados en pleno vuelo mientras permanecían esposados a la espalda.

La detención de Belloso

También el 2 de julio, de madrugada, pero en la capital, San Salvador, era detenido José Mario Belloso, el hombre más buscado por la PNC desde hace un año. A Belloso se le acusa de ser el francotirador que abatió el año pasado a dos policías antidisturbios a las puertas de la Universidad Nacional de San Salvador (UES), durante una jornada de protesta por el encarecimiento del transporte.

En la detención de Belloso, tres días antes de que se cumpliera el aniversario de estos incidentes, intervinieron 300 policías y soldados de cuerpos especiales de la PNC y de las Fuerzas Armadas. Llevaban mochilas de campaña, visores nocturnos, armas especiales y estaban respaldados por helicópteros y aviones. La detención fue retransmitida por televisión, como si de una película de guerra se tratase. Al mando, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, que apareció repartiendo órdenes vestido como un policía de las playas californianas.

Tan solo día y medio después de la espectacular detención, miembros del Gobierno y la PNC filtraban a los medios de comunicación un vídeo grabado en dependencias policiales. En una confusa conversación el detenido implicaba a miembros de la cúpula de FMLN, entre ellos a su coordinador general, Medardo González, en la distribución de armamento. También les implicaba en la dirección política de un supuesto grupo de terrorismo urbano del que Belloso afirmaba formar parte. Según el secretario de comunicación del FMLN, Sigfrido Reyes, “la supuesta captura de este individuo y las contradicciones inobjetables que rodean el hecho muestran que se trata de una maniobra política dirigida en el terreno por el director de ideología de ARENA, René Figueroa, quien también es el ministro de Seguridad”. Y añade que “la maniobra busca desgastar al FMLN frente a sectores del electorado que son susceptibles a este tipo de ‘sustos mediáticos’, a través de un montaje basado en manipulación de lugares, fechas e imágenes, donde los medios de comunicación, en su inmensa mayoría afines al Gobierno de ARENA, han sustituido a los tribunales”.

Diferentes sectores de los movimientos sociales sostienen que, ante la baja popularidad del presidente Saca y del Gobierno de ARENA, todo consiste en un gran montaje que puede desembocar incluso en el intento de ilegalización de la primera fuerza política de la oposición. El FMLN, en teoría, goza de la mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Todo lo vinculado a Belloso huele a montaje hace mucho tiempo”, indica Elisardo Rodríguez, uno de los portavoces del tejido asociativo estudiantil de la UES.

De montaje en montaje

El 5 de julio del año pasado, los estudiantes de secundaria protagonizaron una marcha pacífica enfrente de la UES. Protestaban por el aumento del precio del transporte público y para exigir media tarifa para estudiantes, la tercera edad y discapacitados. Según denunciaron en su día las organizaciones estudiantiles presentes en la protesta, al finalizar la marcha y a punto de iniciarse una rueda de prensa, los estudiantes fueron atacados por la UMO. Tras la carga y aún en medio de la algarabía se escucharon disparos, que dejaron como resultado dos agentes de la UMO muertos, decenas de detenidos y 20 heridos entre estudiantes, policía e incluso un docente que estaba trabajando dentro de la universidad.

A pesar del desmentido oficial, múltiples testigos oculares y algunas imágenes grabadas demuestran la existencia de francotiradores de la policía apostados en los tejados de un edificio colindante a la UES, así como la presencia de helicópteros desde los que se disparó sobre los manifestantes. Las deficiencias de la investigación y la inexplicable ausencia de autopsia de los cuerpos de los policías no han permitido aclarar de dónde provenían los disparos. Sin embargo, la trayectoria descendente de los impactos de bala hace pensar en algún tipo de montaje policial.

“El problema real es que estamos ante lo que va a ser el escenario político de aquí a marzo de 2009: represión a la ciudadanía, campañas de manipulación mediática, detenciones de líderes sociales e incluso su desaparición, como ya sucedió hace cinco meses con Edward Francisco Contreras. Este líder estudiantil está desaparecido desde el pasado 7 de febrero”, indica un portavoz del Bloque Popular Juvenil que prefiere mantener el anonimato. “Aquí hay sicarios pagados por la derecha, con complicidad de la policía. Hay gente de la policía involucrada en la desaparición de Edwin”, concluye.

Una ley antiterrorista a medida

Los sucesos del 5 de julio del año pasado fueron aprovechados por el Gobierno para aprobar un decreto legislativo contra actos de terrorismo, aunque en ningún momento el texto define el concepto de terrorismo. “Las definiciones de los tipos penales son tan ambiguas que podrán ser convertidas en ‘comodines’ para realizar capturas, bajo cualquier supuesto y casi por cualquier circunstancia”, denuncian diversos juristas de la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El auto de la Fiscalía contra los 14 detenidos en Suchitoto recoge “como actos de terrorismo toda infracción dirigida contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y el funcionamiento normal de las instituciones”. Algunas de las acusaciones formuladas contra ellos son “sembrar el pánico en la población y crear un clima de inseguridad”, “obstaculizar la circulación en las calles” u “obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas”. Al cierre de esta edición, el fiscal mantenía a los detenidos en prisión. Las condenas pueden superar los diez años de cárcel.

Publicado en el periódico Diagonal nº 59