El pasado 1 de diciembre moría un inmigrante de 20 años en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife. La Delegación del Gobierno en Canarias informó de que el fallecido, identificado como B.S., natural de Gambia, había llegado el día anterior junto a un centenar de inmigrantes, a bordo de un cayuco a la isla de El Hierro, desde donde fue trasladado a Tenerife. Según fuentes oficiales, cuando la ambulancia llegó al CIE, el inmigrante ya había fallecido, probablemente debido a una úlcera de estómago, según indicó el servicio médico del centro. Sin embargo, la víctima no había recibido atención médica el día anterior. Ante este nuevo hecho luctuoso en torno al funcionamiento de los CIE, las autoridades indicaron que procederían a realizar la autopsia del cadáver.
Un espacio opaco
Los CIE son establecimientos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, en los que se lleva a cabo durante un máximo de 40 días la retención cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expedientes de expulsión o de devolución. Desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de extranjeros han sido internados en estos cuestionados centros. En 2003 los datos del Gobierno sitúan en 19.595 las personas que fueron internadas en los diez CIE oficiales existentes en el Estado, que sólo tenían capacidad para 2.105 extranjeros. En 2004, último año con estadísticas oficiales, esa cifra se elevó a 24.490.
El continuo incremento, como consecuencia de la política de inmigración gubernamental, del número de personas internadas, ha ido agravando las ya muy deficientes condiciones de los CIE. Al respecto, aunque el conjunto de centros de internamiento acumula, casi desde su creación, una larga lista de denuncias e irregularidades, hay algunos de ellos que han descollado por los abusos cometidos.
En 1989 el Defensor del Pueblo denunció la gran discrecionalidad en la imposición de sanciones en el CIE de La Verneda (Barcelona). En su informe señaló que muchos extranjeros permanecían encerrados en celdas individuales 24 horas al día y en la oscuridad, y añadía que incluso hacían sus necesidades en ellas. Tras una huelga de hambre de cerca de 60 retenidos, el Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo en Cataluña- solicitó en 2004 la clausura de este centro. Los huelguistas, que fueron rápidamente deportados, fueron golpeados en varias ocasiones por policías antidisturbios que entraron a reprimir la protesta, según denunció un trabajador del propio centro. La demanda del Síndic fue apoyada por diversas organizaciones sociales, y por el propio Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Otro CIE objeto de numerosas denuncias ha sido el de Moratalaz, en Madrid. En sus decrépitas instalaciones en 1991 se produjeron huelgas de hambre y múltiples denuncias por malos tratos. En febrero de 1995, diputados regionales de IU, PSOE y PP de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Madrid calificaron de “pésimas” las condiciones de este recinto, en el que los internos pasaban una media de 17 días en un sótano sin luz natural. Su teórica capacidad para 60 personas fue ampliamente superada en sucesivas ocasiones hasta su clausura en 2005. Pero ‘la perla de la corona’ de este tipo de instalaciones es el CIE de Capuchinos, en Málaga. Entró en funcionamiento en 1990, con capacidad para 80 personas, y ya en 1992 el Fiscal General del Estado denunció las malas condiciones de sus instalaciones. El pasado verano, el escándalo de los abusos contra internas obligó a los medios de comunicación a destapar una larga lista de irregularidades acumuladas durante toda su historia y denunciadas por diversas organizaciones sociales en multitud de ocasiones: comidas en mal estado, hacinamiento, falta de asistencia sanitaria, medicación suministrada por los policías ante la ausencia de personal sanitario, falta de intérpretes, gravísimos problemas de higiene y estado ruinoso de las instalaciones. Desde su apertura se han producido dos “supuestos” suicidios, cinco incendios (tres de ellos documentados) y, pese a su corta existencia, ha tenido que cerrar en dos ocasiones para la realización de reformas de acondicionamiento sin que las denuncias por las malas condiciones disminuyeran. Ya en 1994, 46 internos protagonizaban la primera de las huelgas de hambre, para denunciar las condiciones del centro. En 1995 una brasileña internada realizaba la primera de las numerosas denuncias por abusos sexuales. Ese mismo año, desde el “Hotel Capuchinos”, como gustan en llamarlo algunos funcionarios, partieron 103 inmigrantes sedados previamente con haloperidol, y trasportados en cinco aviones militares hacia Malí, Senegal, Camerún y Guinea Conakry. Aznar, que había transgredido así todo tipo de normas internacionales, afirmó: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”.
El pasado junio, la Comisaría Provincial de Málaga no pudo esconder por más tiempo el descubrimiento de hechos que ellos mismos definieron como de considerable gravedad, “consistentes en fiestas nocturnas en la que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios”. Seis mujeres internadas manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales. Siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron detenidos, y seis de ellos pasaron a disposición judicial (tres acusados de agresión sexual y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito). Según un auto judicial, las inmigrantes que no acudían a los encuentros eran insultadas y amenazadas. Iban “a beber, cenar y follar”, relató una de las víctimas. El jefe de seguridad del CIE fue cesado, así como el director del centro, Luis Enrique López Moreno, que permanece en libertad con cargos.
Dos meses después se producía un nuevo incidente: una inmigrante testigo de esos abusos sexuales sufrió un aborto en el interior del CIE. La mujer, de origen brasileño, no fue atendida hasta más de una hora después de que los agentes fueran avisados por otras internas, según relató la única inmigrante que presenció los hechos y que no fue deportada aquella misma madrugada. Por su parte, la víctima del aborto ya no podrá estar presente cuando se celebre el juicio por los abusos ya que fue deportada con posterioridad, al igual que el resto de las mujeres testigos de las agresiones sexuales. Su abogado acusa a los agentes de cometer un delito de “omisión del deber de socorro”.
A finales del pasado noviembre, colectivos malagueños contactados por móvil desde el interior del CIE denunciaban una nueva huelga de hambre, protagonizada por unos cincuenta inmigrantes.
Desesperación y fugas
La desesperación de los internos y las duras condiciones a las que están sometidos han hecho que los intentos de fugas, en su mayoría sin éxito, se conviertan en algo habitual. Destaca entre ellos, por su temeridad y osadía, el protagonizado por cinco rumanos y un serbio en el CIE de Sangonera la Verde (Murcia), en marzo del año pasado. Los fugados arrancaron el marco y serraron los barrotes de una de las ventanas de las habitaciones para poder acceder al exterior por el “angosto agujero producido” delante de las mismas narices de sus vigilantes. El último incidente de estas características se produjo el pasado mes de noviembre, cuando un centenar de inmigrantes interceptados en las costas almerienses protagonizaron un motín en el puerto de Almería, después de que varios agentes de la Policía Nacional frustrasen un intento de fuga de un improvisado y clandestino centro de internamiento ubicado en las instalaciones de un antiguo cocedero de marisco del puerto. Tras el motín, estos inmigrantes fueron trasladados a CIE oficiales de otras provincias.
Durante el mes de septiembre llegó a haber más de 14.000 inmigrantes en CIE de Canarias: cerca de 4.000 en La Gomera, unos 1.500 en El Hierro, 1.800 en la Comisaría de Tenerife Sur, 3.000 en Las Raíces, 1.400 en Hoya Fría y unos 1.600 en El Matorral. Ante las innumerables denuncias sobre sus condiciones de reclusión, el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, se vio obligado a ordenar que se realizasen visitas de inspección en todos los centros de Canarias con el fin de “evaluar las condiciones de vida y velar por los derechos de los inmigrantes”. Un mes antes Amnistía Internacional había hecho público un informe en el que indicaba que los derechos de los inmigrantes llegados a Canarias estaban siendo vulnerados. Con anterioridad, en abril, un grupo de congresistas europeos ya había advertido de que la situación de los inmigrantes en las islas requería un mayor compromiso gubernamental.
En septiembre, el diario La Provincia informaba de un motín en el CIE El Matorral de Fuerteventura. Varios inmigrantes resultaron heridos a consecuencia de la intervención policial. Allí también, un mes más tarde, los internados protagonizaron un nuevo motín, según fuentes policiales, para no ser identificados por policías senegaleses y así evitar la deportación. Según informaron diversos medios locales, fue necesaria la intervención de agentes destinados en el municipio de Puerto del Rosario para ayudar a los del CIE en el control de la situación. También en septiembre, unos 150 inmigrantes se evadieron del campamento militar de Las Raíces (Tenerife). La Policía logró detener a algunos de ellos registrando los contenedores de basura en la ciudad vecina de Tacoronte. Estas fugas se han repetido en Las Raíces y en el centro de La Isleta.
Las deficiencias sanitarias, la mala alimentación, la falta de traductores, la vulneración de derechos del detenido, el hacinamiento y la incomunicación han formado parte de las denuncias sobre la situación de los CIE en Canarias, según indican organizaciones como SOS RacismoComisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, ATIME o Cruz Roja.
Un pilar de las deportaciones
Los CIE, junto con otros campos de detención e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y los construidos con fondos europeos en países africanos, como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la política de repatriación de la Europa-fortaleza. Es por ello por lo que que los gobiernos dedican cada vez mayores recursos a estos centros.
En el Estado español, un buen ejemplo de ello es la enorme inversión que ha significando el nuevo CIE de Zona Franca (Barcelona), inaugurado en agosto pasado, en sustitución de La Verneda, y que amplía, respecto éste, el número de plazas. Las reiteradas denuncias contra el CIE de La Verneda han permitido que la apertura del nuevo centro sea presentada por la Administración como una “mejora” en las condiciones de internamiento de los inmigrantes. Cuando estaba a punto de terminar su construcción, un grupo de activistas de la Caravana Europea por la libertad de Movimiento realizó en esas instalaciones una acción de denuncia el pasado mes de junio, que se saldó con la detención de 59 personas [Ver Diagonal nº 34].
Otro ejemplo es el nuevo CIE de Madrid, ubicado en los terrenos de la antigua y tristemente famosa cárcel de Carabanchel. Allí fue inaugurado en junio del año pasado un complejo policial que alberga la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación; el CIE de Madrid con 210 plazas (que sustituye al clausurado de Moratalaz); la Comisaría del distrito de Latina, y la oficina del DNI de esa zona. Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, indicaba en su inauguración que “un Estado moderno no puede ignorar el derecho a la dignidad de ningún ciudadano”. Sin embargo, y a pesar de la opacidad sobre lo que ocurre dentro, el CIE de Madrid ya ha dado de qué hablar: en sus primeros 17 meses de vida, se han producido cuatro fugas en las que 17 personas consiguieron huir. Según los sindicatos policiales y CC OO, el personal destinado en estas dependencias es claramente insuficiente.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CRITICAN SU EXISTENCIA
Según la Caravana Europea por la Libertad de Movimiento, red de personas y organizaciones sociales que más se ha significado en la denuncia de estos centros: “Los CIE son cárceles encubiertas en las que se detiene a personas cuyo único delito es haber inmigrado y no tener todavía un permiso de residencia. Su detención de hasta 40 días es el resultado de una falta administrativa que al resto de ciudadanos nos costaría, como mucho, una simple multa”. Para muchos juristas, privar de libertad y expoliar a una persona únicamente por ser un indocumentado quiebra el fundamental principio inocente-culpable. Estas mismas leyes generan excluidos, como les pasa a aquellos inmigrantes que tras ser internados no pueden ser expulsados. Éstos se convierten en alegales, ya que por voluntad del legislador quedan excluidos del ámbito de actuación ordinaria de la Administración. Según denuncia la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes (FERINE): “La mayoría de los inmigrantes que salen de los CIE lo hacen con órdenes de expulsión, las cuales en su mayoría no se ejecutan, pero que dejan a estos inmigrantes en una situación de indefensión, sin posibilidad de acceder a un permiso de residencia y trabajo, abocados a la clandestinidad, a la economía sumergida y con dificultades para acceder a una vivienda”.
El régimen interno
La diferencia entre CIE y centros penitenciarios consiste en que los últimos cuentan con una normativa reguladora precisa y detallada por una Ley Orgánica y un Reglamento, que determinan su régimen interior. La creación de los CIE fue realizada mediante una simple Orden Ministerial de 1985, orden que no requirió ni acuerdo del Consejo de Ministros ni su publicación en el BOE. Pero su régimen interno no fue definido hasta 14 años más tarde, mediante una nueva Orden Ministerial dictada en 1999, que regula materias que afectan a los derechos fundamentales. La ausencia de normativa de algo tan elemental como las infracciones y sanciones de los internos ha propiciado una absoluta discrecionalidad, pues habilita al director del centro para imponer medidas correctivas a los internos que no respeten las normas, sin haberse especificado previamente cuáles son éstas. Aunque en 2003, tras una sentencia del Tribunal Supremo, fueron “elevados de rango” los aspectos más relevantes de los CIE, incluyéndolos en la Ley Orgánica de Extranjería, sigue siendo la Orden Ministerial la que regula todo lo concerniente al funcionamiento y régimen interior. Dicho régimen prevé el empleo de la fuerza física con el fin de “restaurar la normalidad” y, salvo que se trate de una infracción penal, no existe obligación de notificarlo al juez.
Inseguridad jurídica
En noviembre del año pasado, a través del informe La Asistencia Jurídica a los extranjeros en España, el Defensor del Pueblo denunciaba irregularidades en la asistencia jurídica a los inmigrantes y criticaba que las persona sometidas a procedimientos de extranjería sean tratados como delincuentes. El informe critica que sean los juzgados de Instrucción (penales), y no los de lo Contencioso-Administrativo, los que decidan sobre el ingreso en los CIE. Dicho informe lamenta la escasa supervisión judicial en la expulsión o devolución de inmigrantes, ya que el mismo juez de instrucción decide sobre cientos de inmigrantes internados por todo el país, sin conocer las circunstancias de cada uno, y también que la mayoría de veces el abogado no puede dirigirse al juez y el fiscal no suele estar presente, por lo que hay muy pocas posibilidades de poder aportar pruebas y testimonios. Ya en septiembre de 2005, el Tribunal Supremo anuló determinadas restricciones en los CIE, fundamentalmente las impuestas sobre visitas de familiares y abogados, los controles de la correspondencia y el decomiso de las pertenencias personales de los internados.
Los CIE clandestinos
A primeros de noviembre, el sindicato conservador Confederación Española de Policía (CEP) denunciaba que el Gobierno estaba creando centros de internamiento clandestinos. Según la CEP, a la isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz) fueron trasladados centenares de inmigrantes a unas instalaciones militares en desuso y ruinosas. Algunos medios locales indicaron que “el acuartelamiento está funcionando como una extensión del CIE de Algeciras”. Fuentes gubernamentales se vieron obligadas a reconocer los hechos, aunque en su descargo indicaron que el antiguo cuartel “se usa de manera puntual y los inmigrantes permanecen poco tiempo allí”. Diversas organizaciones sociales gaditanas indicaron a DIAGONAL que “nadie entra o sale de las Palomas a no ser que esté autorizado por el presidente de la junta rectora del Parque del Estrecho, la Comisaría Provincial de Policía o la Guardia Civil, que se encarga de la vigilancia perimetral del recinto”. Las autoridades han utilizado como CIE desde un antiguo cocedero de mariscos (Almería) a almacenes portuarios (Canarias).
