Nuevos testimonios y pruebas demuestran la conexión entre Uribe y los paramilitares

Autor: Decio Machado

Cuatro senadores y cuatro diputados uribistas han sido detenidos por vínculos con los ‘paras’. Un ex integrante del servicio de inteligencia colombiano denuncia continuas relaciones entre ‘paras’, políticos y cargos públicos para cometer asesinatos, negocios ilícitos y fraude electoral. Un ordenador perteneciente al paramilitar ‘Jorge 40’ puede complicar enormemente la legislatura de Uribe, a cien días de haber sido elegido.

COLOMBIA: EL ESCÁNDALO, CONOCIDO COMO “8.000 DE LOS PARAS”, COMIENZA A AFECTAR A LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE

El reciente testimonio de Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -principal agencia de inteligencia de Colombia, que también desarrolla funciones de policía secreta- ante la Corte Suprema de Justicia sobre la penetración del paramilitarismo en el Estado, ha puesto en jaque a buena parte de la clase política colombiana.

Al cierre de esta edición y en cuestión de dos semanas han sido detenidos cuatro senadores y cuatro diputados, se ha emitido orden de captura contra un ex gobernador de Sucre, ha sido llamado a interrogatorio un ex director del DAS y han trascendido los nombres de decenas de congresistas, alcaldes, gobernadores, policías y militares que figuraban en los archivos de las ‘autodefensas’ o que han sido denunciados por paramilitares confesos. Ante la Corte Suprema de Justicia, García denunció fraudes electorales, contratos ilícitos y reveló múltiples alianzas entre paramilitares, políticos y cargos públicos. En la búsqueda de beneficios por colaboración con la Justicia, García denunció entre otros a su antiguo jefe, Jorge Noguera, por colaboración con los grupos paramilitares. El ex director del DAS no sólo habría facilitado las acciones paramilitares en la Costa Atlántica, sino que habría constituido una alianza entre altos funcionarios del DAS y el Bloque Norte de las Autodefensas, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para asesinar a dirigentes populares en la zona.

Ya el pasado abril, un año y medio después de haber sido detenido por borrar los antecedentes judiciales de varios narcotraficantes, Rafael García rompió su silencio ante la Fiscalía y denunció las relaciones entre el DAS y los ‘paras’. Al mismo tiempo, García también detalló el fraude cometido en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2002 en múltiples departamentos de la costa, en favor de determinados candidatos uribistas, manipulando los resultados a través de un programa informático elaborado por él mismo. Según García, de este hecho tuvo conocimiento entre otros Jorge Noguera, entonces director de campaña de Uribe en Magdalena.

Según las declaraciones realizadas por este ex funcionario de la inteligencia colombiana, el DAS filtró información a los paramilitares para asesinar sindicalistas. Incluso llegó a hablar de un plan fraguado desde la Seguridad del Estado colombiano para desestabilizar al Gobierno venezolano. Salvo el plan contra Venezuela -aún sin hacerse públicas las pruebas incriminatorias-, todo lo declarado por García se ha ido confirmando.

El testimonio del ‘arrepentido’ es sólo la punta del iceberg del affaire colaboracionista del Gobierno colombiano con el terror paramilitar en departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar. En el Departamento Atlántico, hubo hospitales públicos que fueron controlados por los ‘paras’, convirtiéndose en una especie de caja menor para los ‘señores de la guerra’; en el departamento de Guajira, los subsidios de salud fueron desviados para financiar la compra de armas; en el departamento de Córdoba, los notarios eran utilizados para legalizar tierras robadas, los contratos públicos utilizados para financiar la guerra sucia, los registradores regionales canalizados para alterar los resultados electorales, los alcaldes y gobernadores empleados para consolidar su poder regional, y los congresistas, para defenderse del poder nacional y de las investigaciones de la Fiscalía.

Declaraciones como las realizadas por el senador Amílkar Acosta al diario El Tiempo en noviembre de 2005, donde cuenta cómo tuvo que retirar su candidatura al Senado en La Guajira por las amenazas de los paramilitares, van poco a poco desvelando toda la trama.

Este escándalo narco-político-paramilitar se ha concentrado hasta ahora en el territorio correspondiente a la Costa Atlántica, dado que el testimonio de García hace referencia a denuncias en esta zona. También porque el incautado ordenador personal de Jorge 40 contenía información de sus operaciones en esta zona; y porque la Fiscalía ya venía investigando el caso de los políticos de Sucre desde hacía cinco años. Sin embargo, ya asoman la cabeza escándalos de la misma envergadura en el resto del país. En los Llanos y los Santanderes ya hay varios alcaldes y ex gobernadores salpicados. Lo mismo en territorios como el Eje Cafetero y Antioquia, que estuvieron bajo la égida militar de los líderes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco o Diego Murillo, alias Don Berna.

Crisis política

Coincidiendo con los cien días del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, estallaba la crisis política en Colombia. En medio del escándalo conocido popularmente como caso “8.000 de la Costa” u “8.000 de los paras”, se convocaba en el Palacio Presidencial un encuentro de todos los partidos que componen la bancada uribista para enfrentar la crisis. El Gobierno buscaba tranquilizar a sus aliados, buscar la normalidad en el Congreso para evitar la parálisis legislativa, y poner obstáculos a la posibilidad de que la polémica llegue a afectar a Uribe.

Pocos días después todos los noticieros y periódicos colombianos recogían la filtración de las frases comprometedoras realizadas por el senador uribista Álvaro Araújo, del partido Alas-Equipo Colombia, en una reunión con el titular de Interior, Carlos Holguín. Según la prensa colombiana, exaltado y descompuesto, Araújo afirmó que si la Corte Suprema lo afectaba con alguna decisión -“si rueda mi cabeza”, fueron sus palabras- quedarían salpicados su hermana, la canciller Consuelo Araújo; el ex esposo de su tía, el procurador Edgardo Maya; su primo Jaime Araújo, magistrado de la Corte Constitucional y, en última instancia, su propio jefe: el presidente Álvaro Uribe. Según la revista Semana, el medio informativo de análisis y opinión más importante de Colombia, “se ha fortalecido la percepción de que la bola de nieve del ‘8.000 de los paras’ se volvió imparable. Se difundió el temor de que habrá más decisiones de la Corte y de la Fiscalía contra algunos políticos.

Hemos podido confirmar que tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía hay méritos para que más políticos terminen en los estrados judiciales. Se producirá entonces una expansión horizontal: más congresistas y ex funcionarios serán llamados para que expliquen hasta dónde colaboraron con los grupos paramilitares. Pero la mención del senador Araújo a su hermana la Canciller, y a su jefe el presidente, alimentó además la hipótesis de que la crisis puede crecer hacia arriba”. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Yezid Ramírez, declaró públicamente que la institución seguirá adelante con sus investigaciones.

El ordenador de Jorge 40

El ordenador del paramilitar Jorge 40, que la Fiscalía incautó el pasado marzo a su segundo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, ya desveló varios episodios de corrupción. Se sabe que Don Antonio pagó 300.000 pesos por una identidad falsa y también que desembolsó medio millón de pesos para que robaran del Registro de Bogotá su tarjeta ‘decadactilar’ original.

Pero la investigación más importante que se desprendió de la captura de este ordenador es la que salpica a políticos costeños, entre los cuales figuran cuatro diputados de Sucre, varios congresistas y al menos una decena de alcaldes. El alcalde del municipio de Coveñas (Sucre), Rafael García Garay, ha sido acusado de pertenecer al paramilitarismo.

En el caso de los diputados, la Fiscalía comprobó que a principios de enero éstos participaron en una reunión con los ‘paras’ con el fin de acordar la participación en las elecciones de marzo del movimiento Frente Social por la Paz, fundado por Jorge 40. La información contenida en el ordenador detalla otro de los nuevos negocios que los paramilitares han desarrollado para blanquear sus fortunas ilegales: la compra de nóminas y carteras a entidades públicas. Así, otro jefe paramilitar, el sanguinario Rodrigo Mercado, alias Cadena, maneja una casa de cambio donde compra nóminas de entidades públicas del orden municipal y nacional, dirigida por la esposa de Oswaldo Ayala Bertel, quien fuera gobernador de Sucre y secretario de Educación Departamental.

La operación consiste en comprar los sueldos a los empleados por un 70% del valor y, a cambio, pagar antes de la quincena. Además, se adquieren las carteras morosas a menor precio y se compran a nombre de los jefes ‘paras’. Similar práctica es indagada en Montería y en Puerto Libertador (Córdoba), en donde los ex ‘paras’ Salvatore Mancuso y Macaco, habrían negociado carteras de empresas de limpieza y de entidades locales. Algunos patrimonios ocultos de los ‘paras’ también han sido desvelados por la información contenida en dicho ordenador. El diario El Meridiano de Sucre publicaba, por ejemplo, que Cadena tiene una finca de 1.800 hectáreas en Puerto Viejo (Coveñas), seis taxis, una lujosa gallera (para la pelea de gallos) en San Onofre, una farmacia en Sincelejo; una carnicería, la finca El Despeje en San Antonio del Palmito, la hacienda La Pita, un restaurante y dos cabañas en Rincón del Mar, una mansión frente a la casa del senador Álvaro García Romero, y tres casas en Medellín y Sincelejo.

Muchas preguntas aún se mantienen sin respuesta. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, congresistas, militares y funcionarios están o han estado al servicio de los señores de la guerra? ¿Cuántos candidatos tuvieron que abandonar sus candidaturas por temor a los ‘paras’? ¿Cuánto dinero destinado a obras y salud se desvió para la compra de armas y las arcas de los líderes paramilitares? Difícilmente saldrá todo esto a la luz, pero el Gobierno del recién elegido Uribe está perdiendo legitimidad tanto ante la sociedad colombiana como ante la comunidad internacional.

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‘BUENOS AMIGOS’

La violencia y las consecuencias derivadas del conflicto interno han conferido a Colombia el estatus de “País de Atención Especial” para el Estado español. A pesar de esta situación, a mediados del año pasado, el titular de Justicia español, López Aguilar, no tuvo recelo en anunciar “un eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista entre España, Estados Unidos y Colombia”. Esto significó que el Estado español pone a disposición de su “aliado estratégico” todo su activo en influencias, participaciones e inversiones transatlánticas para contribuir a la derrota de la insurgencia, contemplada como el principal enemigo y el peor obstáculo para la inversión y expansión de las grandes corporaciones multinacionales.

A pesar de las declaraciones de más de 80 organizaciones sociales colombianas, entre las que destacan la Comisión Colombiana de Juristas, diversos colectivos de abogados, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos o la Organización Nacional Indígena de Colombia, en la que se denuncia al Gobierno de Uribe por “violaciones de derechos humanos contra poblaciones específicas” y por la “militarización de la sociedad”, del Gobierno español no ha salido ninguna protesta oficial o petición de explicaciones al Gobierno de Colombia.

La última perla de Rodríguez Zapatero fue durante el encuentro que ambos mandatarios mantuvieron a primeros de noviembre en la Cumbre de Montevideo, donde el mandatario español mostró su acuerdo de que no exista ninguna aproximación entre el Gobierno y la insurgencia. Allí manifestó que consideraba a Uribe un amigo y respaldó la posición dura del Gobierno colombiano ante las FARC: “Con violencia no se puede negociar”, dijo Zapatero.

Los intereses económicos entre el Estado español y el colombiano no han dejado de crecer. A partir de 1996, el Estado español comienza a mostrarse como fuente importante de recursos de inversión extranjera directa en Colombia. En los últimos diez años, el Estado español ha sido origen del 14,3% de la inversión en Colombia, proporción sólo superada por EE UU. Los rubros más importantes de esta inversión han estado ubicados en primer lugar en los sectores energético, financiero y de comunicaciones.

En los sectores de inversión más importantes destacan las inversiones de empresas como BBVA, BSCH y Mapfre en el sector bancario y de seguros; Endesa, Repsol, Iberdrola y Gas Natural en el energético y Telefónica en telecomunicaciones.

Un año para evaluar una nueva experiencia comunicativa

Autor: Decio Machado

La cadena de televisión TeleSUR (Televisión del Sur), inició sus actividades el 24 de julio del pasado año bajo el lema "Nuestro Norte es el Sur". Se conformó como un proyecto con financiación pública que transmite desde Latinoamérica vía satélite y en castellano. Su objetivo: coadyuvar al proceso de integración latinoamericano. Impulsada por el gobierno venezolano, esta sociedad anónima de capital público está participada en su accionariado por los Estados de Venezuela, con el 46 por ciento, Argentina con el 20, Cuba con el 19, Uruguay con un 10 y Bolivia con un 5 por ciento .El devenir de los medios de comunicación en América Latina está directamente vinculado con el futuro de sus democracias. En la actualidad la dictadura mediática pretende suplantar lo que alguna vez fueron las dictaduras militares, son los grandes grupos económicos los que usan a los medios de comunicación y deciden quién tiene y quién no tiene la palabra, así como quién es el protagonista y quién el antagonista ante los importantes procesos de transformación social que se están dando en el continente. Los sectores oligárquicos que más gritan contra los cambios económicos, sociales y políticos que se están dando en las sociedades latinoamericanas, son quienes logran más pantallas en las televisiones al uso, mientras que las grandes mayorías siguen afónicas sin voz y sin imagen.Es un hecho difícil de cuestionar el que el modelo comercial que nos llega permanentemente a través de la información, la publicidad o las series de televisión y la cultura de masas, es un envase con un lacito de colores que disfraza y distorsiona la realidad y que conlleva también un discurso ideológico agresivo y limitante de las libertades ciudadanas. Una necesidad hecha realidadTeleSUR forma parte de un viejo sueño común de los comunicadores sociales progresistas en América Latina. Teniendo en cuenta que mucha gente que luchó por tener un mecanismo de integración comunicacional fue detenida, torturada, asesinada y desaparecida en el continente, este proyecto se erige también como un homenaje contra la represión a la que fueron sometidos todos estos impulsores de un nuevo modelo de información alternativo e independiente en la región. Dicha quimera no se basó en la creación de una televisión, sino en el intento de desarrollar una gran agencia de noticias alternativa que hiciera frente a las agencias norteamericanas y europeas. Hoy, esa realidad ha llegado de forma diferente, ha llegado en el formato televisivo y no ha sido fruto de la casualidad, se ha decidido conscientemente que lo más útil en el plano de la comunicación hoy en día en América Latina es un canal de televisión. El hecho de que TeleSUR haya salido adelante tiene que ver con esta nueva América Latina que se está gestando en los últimos diez años. Una década atrás, nadie podía pensar que un país que no pagara su deuda externa no sería invadido por los marines o que no se le hiciera quebrar su sistema financiero. Nadie podía pensar hace cinco años que Estados Unidos perdiera cuatro votaciones consecutivas en la OEA y que ni siquiera pudiera poner al frente de ésta a su candidato a secretario general preferido. Estos nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos, distintos entre ellos y cada uno a su manera, están recuperando el Estado en cada uno de sus países, Estados a los que se intentó privatizar y desmantelar durante más de 30 años de gobiernos neoliberales, lo que dejó como siniestro resultado a un 40 por ciento de la población marginada y en la absoluta pobreza (personas carentes de documentación, sin acceso a la educación y a la salud, que dejaron de existir como ciudadanos). Por 514 años la población del continente fue obligada a verse siempre con ojos extranjeros, las noticias provenían de agencias de comunicación extranjeras. Proyectos como TeleSUR están haciendo posible que América Latina comience a verse con sus propios ojos, comience a conocerse y mirarse al espejo, descubriendo su diversidad cultural, su diversidad étnica y su identidad. La palabra en este continente fue secuestrada por dictadores, por políticos corruptos y por asesores económicos que quisieron convencer a sus diferentes sociedades de que con el neoliberalismo y la globalización todo iba a ser mejor. El resultado no pudo ser más catastrófico, por ello TeleSUR encarna esa necesidad de rescatar la memoria del continente, sus tradiciones y su historia, en definitiva, rescatar su palabra.Retos para un nuevo modelo comunicacionalMientras la televisión comercial apunta a la creación de consumidores para los productos que quiere imponer o al adoctrinamiento ideológico bajo la premisa del libre mercado, los proyectos audiovisuales alternativos, entre ellos TeleSUR, apuntan a la creación de ciudadanía. Se pretende que al ciudadano le llegue una información objetiva con distintos puntos de vista de un mismo tema, para que sea él mismo el que tenga la oportunidad de crearse su propia opinión. No es sólo una cuestión de formas, se necesita crear ciudadanos críticos para que Latinoamérica pueda asumir las transformaciones que sus poblaciones tanto anhelan, según indican los diferentes resultados electorales que se van dando país tras país. Esto es un esfuerzo extra, porque tanto TeleSUR como los demás proyectos de comunicación alternativa que se están dando en el continente, tienen la obligación moral de rescatar la ética. Esa ética es lo que transversalmente hace posible un proyecto que pueda ir de la mano de la gente y también hacia la gente.TeleSUR es un proyecto político y también estratégico. Es un proyecto político porque surge de los Estados nacionales con la intención de ayudar al proyecto de integración regional. También es un proyecto estratégico, dado que es el primer proyecto de comunicación de masas en América Latina que surge como alternativa al mensaje hegemónico que viene desde las transnacionales mediáticas. Se ha comenzado a desalambrar los latifundios mediáticos, y esto no se realiza desde la marginalidad que ha caracterizado la intervención de todos los que hemos militado en la comunicación alternativa, sino desde una lógica de medio de masas, competitivo tanto en su elaboración técnica como en su calidad. Según decía Aram Aharonian, director general de TeleSUR, en su última conferencia en Madrid : "Nos habían convencido de que alternativo significaba marginal, nosotros podíamos ser alternativos si teníamos una pequeña revista, una pequeña radio o un pequeño canal de televisión. Conseguíamos financiación de ONG tanto de Canadá, como de Nueva Zelanda, Holanda u otras partes del mundo para tener ese pequeño espacio, ese pequeño nicho, pero nunca para tener la osadía de hacer una red, de juntarnos, de tener fuerza. Así nos podían seguir dominando y podíamos seguir siendo marginales. Nosotros hemos entendido que para ser realmente alternativos, tenemos que ser masivos y competitivos, y no competitivos en el carácter comercial de la palabra, si no en lo que se refiere a tener un mensaje de por lo menos igual calidad técnica, igual calidad de imagen dentro de la televisión, y con mucha mejor calidad de contenidos. Esa es la única forma de ser realmente alternativos".El 28 de enero de 2005 se aprobó el decreto que permitió la conformación de la compañía anónima La Nueva Televisión del Sur, entidad jurídica de TeleSUR. El canal comenzó sus transmisiones de forma satelital el 24 de julio en emisión experimental y el 31 de octubre del año pasado desde sus propios estudios en transmisión 24 horas a través del satélite NSS806 que posibilita que pueda ser visto en toda América, Europa y el noroeste de África. En 9 meses exactos quedaba construido el proyecto mediático más ambicioso de Latinoamérica. No hay forma de medir su audiencia salvo como audiencia potencial. En una transmisión por cable no hay mecanismos de control. TeleSUR tiene una audiencia de entre 3 y 30 millones de personas, los 3 millones los garantiza la emisión por televisión abierta, los 30 millones por ahora son potenciales, son los que tienen la posibilidad técnica de verlo, no hay de momento forma exacta de medirlo. Lo que sí es una realidad es que TeleSUR tiene picos altos de audiencia en los noticieros centrales, en tan sólo un año de existencia ha pasado a ser un referente de la información alternativa.¿Y los contenidos?Pero una nueva televisión sin nuevos contenidos realmente sirve para poco. El mayor problema con el que se enfrenta TeleSUR y cualquier otro proyecto audiovisual latinoamericano es que no existe en estos países una industria audiovisual que sea capaz de generar contenidos.Necesariamente hay que conformar una industria de contenidos que abastezca no solamente a TeleSUR, sino a todas las televisiones en América Latina, así como que sea capaz de generar productos para la exportación. Por eso el proyecto más dificultoso con el que se enfrenta la contrainformación audiovisual a medio y largo plazo es la creación de una buena factoría latinoamericana de contenidos. Ante este reto se imponen lógicas creativas y búsquedas de formas de financiación nuevas.Un proyecto como TeleSUR que es la negación total a la publicidad consumista, tiene la necesidad imperante de conseguir contenidos nuevos, rigurosos en su información y realizados con una calidad alta, no existirá una televisión nueva de no ser así, y ese es uno de los mayores problemas con los que se encuentran hoy. Un ejemplo claro del despropósito existente en este sentido es que durante el año 2004 se inscribieron 643 documentales en los diferentes festivales audiovisuales del continente, de ellos se difundieron masivamente solamente 21, dato que evidencia que no se incentiva la producción latinoamericana. Las televisiones del continente suelen emitir lo que les envían desde la productoras y televisiones de Estados Unidos y Europa (es más barato y es más fácil), dejando a todo ese material audiovisual que se hace en la producción independiente latinoamericana sin cabida en los canales convencionales. Otro de los problemas que enfrentan este tipo de proyectos es que más del 85 por ciento de la información periodística proviene de agencias de Estados Unidos, que sumada a la que proviene de agencias europeas sitúa el baremo en que el 98 por ciento de la información que hay en el mundo esté manejada desde los países del llamado primer mundo. De igual manera, en América Latina la información está manejada por cuatro transnacionales de la información. Esto conlleva la necesidad de crear nuevas y propias fuentes de información desde la comunicación alternativa. No es tarea baladí, esto significa dar crédito, profesionalizar y apoyarse en redes de información alternativa a la vez de crear corresponsalías. En este sentido TeleSUR cuenta ya con 10 oficinas (corresponsalías) distribuidas en Buenos Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, La Habana, Caracas, Puerto Príncipe, Managua, Ciudad de México y Washington, y colaboradores en el resto de países de América Latina, como mecanismo para paliar esta necesidad y poder ofrecer información propia hacia América Latina y el resto del mundo. Lamentablemente aún se está lejos de poder acceder a toda la información necesaria, y esto hace urgente crear una agencia de noticias que pueda cubrir todo lo que sucede en el conjunto del continente. De igual manera se hace necesaria una agencia de imágenes que permita la independencia de las imágenes procedentes del Norte, en este sentido TeleSUR estableció acuerdos de coutilización de imágenes con el canal de televisión qatarí Al Yazira.Un año después de su creación, TeleSUR debe afrontar todos estos nuevos retos, no es fácil su subsistencia como un medio de comunicación alternativo y de masas, sin embargo el reto al que se enfrenta es fundamental para el avance de un nuevo modelo comunicacional proveniente de los países del Sur que pretende rescatar la ética periodística de la información, a la vez que esos viejos géneros del periodismo que la televisión instantánea, el fast news, ha hecho olvidar, como son la crónica, el reportaje, la investigación periodística, el análisis y el debate de ideas.

Miles de inmigrantes se hacinan en los CIE

Autor: Decio Machado


Desde 1985, miles de extranjeros han pasado hasta 40 días internados en estos cuestionados centros. Aunque actualmente hay diez permanentes, las autoridades han abierto un número indeterminado de centros temporales.

El pasado 1 de diciembre moría un inmigrante de 20 años en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife. La Delegación del Gobierno en Canarias informó de que el fallecido, identificado como B.S., natural de Gambia, había llegado el día anterior junto a un centenar de inmigrantes, a bordo de un cayuco a la isla de El Hierro, desde donde fue trasladado a Tenerife. Según fuentes oficiales, cuando la ambulancia llegó al CIE, el inmigrante ya había fallecido, probablemente debido a una úlcera de estómago, según indicó el servicio médico del centro. Sin embargo, la víctima no había recibido atención médica el día anterior. Ante este nuevo hecho luctuoso en torno al funcionamiento de los CIE, las autoridades indicaron que procederían a realizar la autopsia del cadáver.

Un espacio opaco

Los CIE son establecimientos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, en los que se lleva a cabo durante un máximo de 40 días la retención cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expedientes de expulsión o de devolución. Desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de extranjeros han sido internados en estos cuestionados centros. En 2003 los datos del Gobierno sitúan en 19.595 las personas que fueron internadas en los diez CIE oficiales existentes en el Estado, que sólo tenían capacidad para 2.105 extranjeros. En 2004, último año con estadísticas oficiales, esa cifra se elevó a 24.490.

El continuo incremento, como consecuencia de la política de inmigración gubernamental, del número de personas internadas, ha ido agravando las ya muy deficientes condiciones de los CIE. Al respecto, aunque el conjunto de centros de internamiento acumula, casi desde su creación, una larga lista de denuncias e irregularidades, hay algunos de ellos que han descollado por los abusos cometidos.

En 1989 el Defensor del Pueblo denunció la gran discrecionalidad en la imposición de sanciones en el CIE de La Verneda (Barcelona). En su informe señaló que muchos extranjeros permanecían encerrados en celdas individuales 24 horas al día y en la oscuridad, y añadía que incluso hacían sus necesidades en ellas. Tras una huelga de hambre de cerca de 60 retenidos, el Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo en Cataluña- solicitó en 2004 la clausura de este centro. Los huelguistas, que fueron rápidamente deportados, fueron golpeados en varias ocasiones por policías antidisturbios que entraron a reprimir la protesta, según denunció un trabajador del propio centro. La demanda del Síndic fue apoyada por diversas organizaciones sociales, y por el propio Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Otro CIE objeto de numerosas denuncias ha sido el de Moratalaz, en Madrid. En sus decrépitas instalaciones en 1991 se produjeron huelgas de hambre y múltiples denuncias por malos tratos. En febrero de 1995, diputados regionales de IU, PSOE y PP de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Madrid calificaron de “pésimas” las condiciones de este recinto, en el que los internos pasaban una media de 17 días en un sótano sin luz natural. Su teórica capacidad para 60 personas fue ampliamente superada en sucesivas ocasiones hasta su clausura en 2005. Pero ‘la perla de la corona’ de este tipo de instalaciones es el CIE de Capuchinos, en Málaga. Entró en funcionamiento en 1990, con capacidad para 80 personas, y ya en 1992 el Fiscal General del Estado denunció las malas condiciones de sus instalaciones. El pasado verano, el escándalo de los abusos contra internas obligó a los medios de comunicación a destapar una larga lista de irregularidades acumuladas durante toda su historia y denunciadas por diversas organizaciones sociales en multitud de ocasiones: comidas en mal estado, hacinamiento, falta de asistencia sanitaria, medicación suministrada por los policías ante la ausencia de personal sanitario, falta de intérpretes, gravísimos problemas de higiene y estado ruinoso de las instalaciones. Desde su apertura se han producido dos “supuestos” suicidios, cinco incendios (tres de ellos documentados) y, pese a su corta existencia, ha tenido que cerrar en dos ocasiones para la realización de reformas de acondicionamiento sin que las denuncias por las malas condiciones disminuyeran. Ya en 1994, 46 internos protagonizaban la primera de las huelgas de hambre, para denunciar las condiciones del centro. En 1995 una brasileña internada realizaba la primera de las numerosas denuncias por abusos sexuales. Ese mismo año, desde el “Hotel Capuchinos”, como gustan en llamarlo algunos funcionarios, partieron 103 inmigrantes sedados previamente con haloperidol, y trasportados en cinco aviones militares hacia Malí, Senegal, Camerún y Guinea Conakry. Aznar, que había transgredido así todo tipo de normas internacionales, afirmó: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”.

El pasado junio, la Comisaría Provincial de Málaga no pudo esconder por más tiempo el descubrimiento de hechos que ellos mismos definieron como de considerable gravedad, “consistentes en fiestas nocturnas en la que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios”. Seis mujeres internadas manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales. Siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron detenidos, y seis de ellos pasaron a disposición judicial (tres acusados de agresión sexual y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito). Según un auto judicial, las inmigrantes que no acudían a los encuentros eran insultadas y amenazadas. Iban “a beber, cenar y follar”, relató una de las víctimas. El jefe de seguridad del CIE fue cesado, así como el director del centro, Luis Enrique López Moreno, que permanece en libertad con cargos.

Dos meses después se producía un nuevo incidente: una inmigrante testigo de esos abusos sexuales sufrió un aborto en el interior del CIE. La mujer, de origen brasileño, no fue atendida hasta más de una hora después de que los agentes fueran avisados por otras internas, según relató la única inmigrante que presenció los hechos y que no fue deportada aquella misma madrugada. Por su parte, la víctima del aborto ya no podrá estar presente cuando se celebre el juicio por los abusos ya que fue deportada con posterioridad, al igual que el resto de las mujeres testigos de las agresiones sexuales. Su abogado acusa a los agentes de cometer un delito de “omisión del deber de socorro”.

A finales del pasado noviembre, colectivos malagueños contactados por móvil desde el interior del CIE denunciaban una nueva huelga de hambre, protagonizada por unos cincuenta inmigrantes.

Desesperación y fugas

La desesperación de los internos y las duras condiciones a las que están sometidos han hecho que los intentos de fugas, en su mayoría sin éxito, se conviertan en algo habitual. Destaca entre ellos, por su temeridad y osadía, el protagonizado por cinco rumanos y un serbio en el CIE de Sangonera la Verde (Murcia), en marzo del año pasado. Los fugados arrancaron el marco y serraron los barrotes de una de las ventanas de las habitaciones para poder acceder al exterior por el “angosto agujero producido” delante de las mismas narices de sus vigilantes. El último incidente de estas características se produjo el pasado mes de noviembre, cuando un centenar de inmigrantes interceptados en las costas almerienses protagonizaron un motín en el puerto de Almería, después de que varios agentes de la Policía Nacional frustrasen un intento de fuga de un improvisado y clandestino centro de internamiento ubicado en las instalaciones de un antiguo cocedero de marisco del puerto. Tras el motín, estos inmigrantes fueron trasladados a CIE oficiales de otras provincias.

Durante el mes de septiembre llegó a haber más de 14.000 inmigrantes en CIE de Canarias: cerca de 4.000 en La Gomera, unos 1.500 en El Hierro, 1.800 en la Comisaría de Tenerife Sur, 3.000 en Las Raíces, 1.400 en Hoya Fría y unos 1.600 en El Matorral. Ante las innumerables denuncias sobre sus condiciones de reclusión, el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, se vio obligado a ordenar que se realizasen visitas de inspección en todos los centros de Canarias con el fin de “evaluar las condiciones de vida y velar por los derechos de los inmigrantes”. Un mes antes Amnistía Internacional había hecho público un informe en el que indicaba que los derechos de los inmigrantes llegados a Canarias estaban siendo vulnerados. Con anterioridad, en abril, un grupo de congresistas europeos ya había advertido de que la situación de los inmigrantes en las islas requería un mayor compromiso gubernamental.

En septiembre, el diario La Provincia informaba de un motín en el CIE El Matorral de Fuerteventura. Varios inmigrantes resultaron heridos a consecuencia de la intervención policial. Allí también, un mes más tarde, los internados protagonizaron un nuevo motín, según fuentes policiales, para no ser identificados por policías senegaleses y así evitar la deportación. Según informaron diversos medios locales, fue necesaria la intervención de agentes destinados en el municipio de Puerto del Rosario para ayudar a los del CIE en el control de la situación. También en septiembre, unos 150 inmigrantes se evadieron del campamento militar de Las Raíces (Tenerife). La Policía logró detener a algunos de ellos registrando los contenedores de basura en la ciudad vecina de Tacoronte. Estas fugas se han repetido en Las Raíces y en el centro de La Isleta.

Las deficiencias sanitarias, la mala alimentación, la falta de traductores, la vulneración de derechos del detenido, el hacinamiento y la incomunicación han formado parte de las denuncias sobre la situación de los CIE en Canarias, según indican organizaciones como SOS RacismoComisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, ATIME o Cruz Roja.

Un pilar de las deportaciones

Los CIE, junto con otros campos de detención e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y los construidos con fondos europeos en países africanos, como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la política de repatriación de la Europa-fortaleza. Es por ello por lo que que los gobiernos dedican cada vez mayores recursos a estos centros.

En el Estado español, un buen ejemplo de ello es la enorme inversión que ha significando el nuevo CIE de Zona Franca (Barcelona), inaugurado en agosto pasado, en sustitución de La Verneda, y que amplía, respecto éste, el número de plazas. Las reiteradas denuncias contra el CIE de La Verneda han permitido que la apertura del nuevo centro sea presentada por la Administración como una “mejora” en las condiciones de internamiento de los inmigrantes. Cuando estaba a punto de terminar su construcción, un grupo de activistas de la Caravana Europea por la libertad de Movimiento realizó en esas instalaciones una acción de denuncia el pasado mes de junio, que se saldó con la detención de 59 personas [Ver Diagonal nº 34].

Otro ejemplo es el nuevo CIE de Madrid, ubicado en los terrenos de la antigua y tristemente famosa cárcel de Carabanchel. Allí fue inaugurado en junio del año pasado un complejo policial que alberga la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación; el CIE de Madrid con 210 plazas (que sustituye al clausurado de Moratalaz); la Comisaría del distrito de Latina, y la oficina del DNI de esa zona. Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, indicaba en su inauguración que “un Estado moderno no puede ignorar el derecho a la dignidad de ningún ciudadano”. Sin embargo, y a pesar de la opacidad sobre lo que ocurre dentro, el CIE de Madrid ya ha dado de qué hablar: en sus primeros 17 meses de vida, se han producido cuatro fugas en las que 17 personas consiguieron huir. Según los sindicatos policiales y CC OO, el personal destinado en estas dependencias es claramente insuficiente.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CRITICAN SU EXISTENCIA

Según la Caravana Europea por la Libertad de Movimiento, red de personas y organizaciones sociales que más se ha significado en la denuncia de estos centros: “Los CIE son cárceles encubiertas en las que se detiene a personas cuyo único delito es haber inmigrado y no tener todavía un permiso de residencia. Su detención de hasta 40 días es el resultado de una falta administrativa que al resto de ciudadanos nos costaría, como mucho, una simple multa”. Para muchos juristas, privar de libertad y expoliar a una persona únicamente por ser un indocumentado quiebra el fundamental principio inocente-culpable. Estas mismas leyes generan excluidos, como les pasa a aquellos inmigrantes que tras ser internados no pueden ser expulsados. Éstos se convierten en alegales, ya que por voluntad del legislador quedan excluidos del ámbito de actuación ordinaria de la Administración. Según denuncia la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes (FERINE): “La mayoría de los inmigrantes que salen de los CIE lo hacen con órdenes de expulsión, las cuales en su mayoría no se ejecutan, pero que dejan a estos inmigrantes en una situación de indefensión, sin posibilidad de acceder a un permiso de residencia y trabajo, abocados a la clandestinidad, a la economía sumergida y con dificultades para acceder a una vivienda”.

El régimen interno

La diferencia entre CIE y centros penitenciarios consiste en que los últimos cuentan con una normativa reguladora precisa y detallada por una Ley Orgánica y un Reglamento, que determinan su régimen interior. La creación de los CIE fue realizada mediante una simple Orden Ministerial de 1985, orden que no requirió ni acuerdo del Consejo de Ministros ni su publicación en el BOE. Pero su régimen interno no fue definido hasta 14 años más tarde, mediante una nueva Orden Ministerial dictada en 1999, que regula materias que afectan a los derechos fundamentales. La ausencia de normativa de algo tan elemental como las infracciones y sanciones de los internos ha propiciado una absoluta discrecionalidad, pues habilita al director del centro para imponer medidas correctivas a los internos que no respeten las normas, sin haberse especificado previamente cuáles son éstas. Aunque en 2003, tras una sentencia del Tribunal Supremo, fueron “elevados de rango” los aspectos más relevantes de los CIE, incluyéndolos en la Ley Orgánica de Extranjería, sigue siendo la Orden Ministerial la que regula todo lo concerniente al funcionamiento y régimen interior. Dicho régimen prevé el empleo de la fuerza física con el fin de “restaurar la normalidad” y, salvo que se trate de una infracción penal, no existe obligación de notificarlo al juez.

Inseguridad jurídica

En noviembre del año pasado, a través del informe La Asistencia Jurídica a los extranjeros en España, el Defensor del Pueblo denunciaba irregularidades en la asistencia jurídica a los inmigrantes y criticaba que las persona sometidas a procedimientos de extranjería sean tratados como delincuentes. El informe critica que sean los juzgados de Instrucción (penales), y no los de lo Contencioso-Administrativo, los que decidan sobre el ingreso en los CIE. Dicho informe lamenta la escasa supervisión judicial en la expulsión o devolución de inmigrantes, ya que el mismo juez de instrucción decide sobre cientos de inmigrantes internados por todo el país, sin conocer las circunstancias de cada uno, y también que la mayoría de veces el abogado no puede dirigirse al juez y el fiscal no suele estar presente, por lo que hay muy pocas posibilidades de poder aportar pruebas y testimonios. Ya en septiembre de 2005, el Tribunal Supremo anuló determinadas restricciones en los CIE, fundamentalmente las impuestas sobre visitas de familiares y abogados, los controles de la correspondencia y el decomiso de las pertenencias personales de los internados.

Los CIE clandestinos

A primeros de noviembre, el sindicato conservador Confederación Española de Policía (CEP) denunciaba que el Gobierno estaba creando centros de internamiento clandestinos. Según la CEP, a la isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz) fueron trasladados centenares de inmigrantes a unas instalaciones militares en desuso y ruinosas. Algunos medios locales indicaron que “el acuartelamiento está funcionando como una extensión del CIE de Algeciras”. Fuentes gubernamentales se vieron obligadas a reconocer los hechos, aunque en su descargo indicaron que el antiguo cuartel “se usa de manera puntual y los inmigrantes permanecen poco tiempo allí”. Diversas organizaciones sociales gaditanas indicaron a DIAGONAL que “nadie entra o sale de las Palomas a no ser que esté autorizado por el presidente de la junta rectora del Parque del Estrecho, la Comisaría Provincial de Policía o la Guardia Civil, que se encarga de la vigilancia perimetral del recinto”. Las autoridades han utilizado como CIE desde un antiguo cocedero de mariscos (Almería) a almacenes portuarios (Canarias).

Los negocios de Juan Carlos I: treinta años a cuerpo de rey

Autor: Decio Machado

Los intereses financieros del jefe de estado se han visto envueltos en numerosas irregularidades. Los negocios del rey, así como su relación "carnal" con la clase empresaria, contrasta con la figura mediática de "el rey de todos los españoles". Su intermediación a favor de los intereses de las multinacionales españolas y de las cúpulas de la CEOE han marcado su labor como máximo representante del Estado en el exterior.

Con inmunidad penal ante cualquier delito y sobreprotegido como una delicada planta de invernadero, se han publicado muy pocas cosas con un mínimo de objetividad sobre el monarca y sobre sus actuaciones políticas. En el artículo 490.3 del Código Penal se puede leer: "el que calumniare o injuriare al Rey (...), será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son".

Esto generó procesos por injurias al rey en varias ocasiones. Los artículos y un dibujo de Jesús Zulets llevaron a la revista El Cocodrilo al banquillo en 1987. También Javier Madrazo tuvo que vérselas con la justicia por decir: "ya que le pagamos policías, yates, viajes a esquiar y a montar a caballo, no habría estado de más que, por una vez abandonase sus ocupaciones y compartiese con la sociedad su preocupación por la guerra de Iraq"; o Arnaldo Otegi, por referirse al rey como el "jefe de los torturadores", así como Soziedad Alkohólica, Eskorbuto o Manolo Kabezabolo por el contenido de sus canciones.

A pesar del silencio mediático, la figura del rey dista mucho de ser incuestionable: desde su falta de legitimidad democrática a la construcción de su importante fortuna personal, pasando por una nunca bien aclarada actuación en el 23-F, el rey nunca ha tenido que rendir cuentas de sus acciones. La intermediación del rey en los intereses de las multinacionales españolas y de las cúpulas de la CEOE han marcado su labor como máximo representante del Estado en el exterior. Numerosos medios latinoamericanos no han dejado de denunciar sus actuaciones en beneficio del Santander Central Hispano o de Repsol en Argentina, ante la ofensiva española por hacerse con YPF.

Al mismo tiempo que la popularidad de la monarquía desciende en los sondeos, un nuevo movimiento republicano emerge con fuerza al cumplirse los 75 años de la proclamación de la II República.

Juan Carlos I, un as de los negocios.

Las tramas financieras del monarca y el rico prosperar de su familia y de toda una subcorte que utiliza la imagen real para optimizar sus inversiones, señala a uno de los asuntos más oscuros de la Casa Real.

Se suele decir que la corte española es "una corte sin cortesanos", y es cierto que los monarcas no han sido amigos de aliarse con la aristocracia. En su lugar han preferido empresarios, banqueros y élites del poder económico y jet set en general.

Juan Carlos I llegó al trono literalmente con lo puesto. Se dice por cronistas del momento que incluso tenía que pedir el dinero a su padre, para visitar a su novia en Atenas.

Labrándose un futuro.

El comienzo de su autosuficiencia económica, se remonta a 1962 (coincidiendo con su boda con Sofía), cuando el banquero Luis Vallas Taberner comenzó a administrar una "suscripción popular" que aportaría liquidez económica a los recién casados. En aquella `renta básica real" colaboraban además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo, según indica Patricia Sverlo (seudónimo del autor) en su libro Un rey golpe a golpe.

Otro de los que ha declarado haber hecho transferencias importantes al monarca fue Ruiz Mateos. Tras la expropiación de Rumasa, siendo prófugo de la Justicia en Londres, acusó al rey de haber aceptado "miles de millones" no solo de su propio bolsillo, sino del de diversos empresarios. El Fiscal General del Estado le acusó de un delito de injurias: lo que podría haberse convertido en un sumario comprometedor quedó reducido a nada.

En su libro El negocio de la libertad, Jesús Cacho habla de las vías de financiación personal del rey, según señala "una de las primeras formas conocidas fue el petróleo, las comisiones del crudo que importaba España para cubrir sus necesidades de energía. Nada más ocupar Juan Carlos I el trono a la muerte del dictador, Manuel Prado [y Colón de Carvajal, el hombre de confianza del rey] se dedicó a remitir varias misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España".

Hay constancia documental de una carta firmada por Juan Carlos I y dirigida al Sha de Persia, el 4 de julio de 1977, donde el monarca tras una descripción de la situación política dice: "me tomo la libertad, con todo respeto, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 millones de dólares como tu contribución personal para el fortalecimiento de la monarquía española". Dos años después el Sha de Persia, títere de EE UU en la zona, cayó tras la revolución islámica.

Sus buenas relaciones con los dictadores árabes también quedó patente en la respuesta favorable de la monarquía saudí a la petición de un crédito de 100 millones de dólares. Exactamente la misma cantidad pagada por la empresa kuwaití KIO a Colón de Carvajal, indica Cacho. Y prosigue: "los pagos se justificaron en Kuwait por la necesidad de que, durante la llamada `Tormenta del Desierto", la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso `untar" a los políticos".

El último escándalo real llegó de Francia, donde en la instrucción del caso Elf (2003) por apropiación indebida, su ex presidente Le FlochPrigent declaró sobre la compra de Ertoil "haber entregado 55 millones de francos en España a numerosos hombres políticos; en particular a los próximos a Felipe González y del entorno del rey Juan Carlos", con el que Le Floch-Prigent aseguraba haberse visto en múltiples ocasiones.

Según José García Abad, autor del libro La soledad del rey: "Felipe González hizo la vista gorda ante los negocietes y escapadas reales e incluso llegó a realizar alguna importante negociación en beneficio de la Familia Real: envió a su hombre de confianza, Julio Feo, a gestionar cerca del Gobierno griego la devolución de los bienes de la familia de doña Sofía, que habían sido confiscados cuando el rey Constantino fue destronado".

Próximos a Juan Carlos I aparecen además nombres como Mario Conde, Alfonso Escámez, los Albertos... Destaca en sus relaciones el conocido como `clan de Las Cuatro Estaciones", nombre del restaurante del que Miguel Arias, Joaquín Vázquez Alonso, Jaime Cardenal Pombo y el propio rey son socios. Algunos aparecieron implicados en la trama de Ibercorp. Entre ellos se tejió una tupida trama de negocios. Cardenal Pombo fue socio de Borja Prado (hijo de Manuel Prado) en el sector armamentístico. Este último también coparticipa, junto a su madre Paloma Eulate y la Infanta Elena en la empresa Micos Mi Primer Cole, SL. Borja Prado fue requerido como testigo por parte de la Audiencia Nacional en la instrucción del caso Banesto y se ha visto relacionado con traficantes de armas.

Joaquín Vázquez Alonso fue el constructor que remodeló en su día el Palacio de la Zarzuela, y socio de Cardenal Pombo y Arias en varios negocios inmobiliarios.

La desaparecida revista de investigación Kalegorría indicaba que próximo a este grupo estaba Francisco Sitges, ex presidente de Asturiana de Zinc y ex propietarios de los astilleros Mefasa. Esta empresa fue la encargada de construir el yate Fortuna, tras una adjudicación estatal. Sitges acabó en el banquillo de los acusados del caso Banesto.

El paraíso mallorquín.

Mallorca ha sido el otro espacio de ilustres amistades del monarca, en este caso mucho más aristocráticas. Allí, el rey Juan Carlos intimó con el príncipe Zourab Tchokotua, un aristócrata georgiano que fue procesado por un juzgado mallorquín en 1978 y en 1992 en relación con presuntas estafas inmobiliarias. En la última instrucción figuraba también su socio Oliver Mateu, otro hombre cercano al rey. Según Kalegorría, el clan Mallorca se completaba con un grupo selecto de empresarios hosteleros.

El rey fue fotografiado el 7 de agosto de 1990 en Puerto Portals, junto a sus amigos Giovanni Agnelli (dueño de FIAT) y Raul Gardini, ex presidente de Montedilson, la empresa química a la cual Juan Abelló vendió su laboratorio Antibióticos con un beneficio de 450 millones de dólares. Tanto Agnelli como Gardini se vieron implicados en casos de corrupción en Italia. Este último se suicidó en 1994.

Es público que el Fortuna II fue financiado por un grupo de empresarios mallorquines, los cuales juntaron 17,5 millones de dólares para hacer el regalo real. Hoy el monarca navega en el Fortuna III, valorado en más del doble que el anterior.

Mallorca es una buena fuente de ingresos para el rey en patrocinios, ropa y equipamientos deportivos, bebidas y relojes para la familia real, convertida en un atractivo modelo publicitario a veces subliminal y otras descarado.

¿Qué dinero tiene el rey?

La partida de los Presupuestos Generales del Estado para los gastos de la Casa Real no esta sometida por ley al control del Tribunal de Cuentas. La Constitución de 1978 permite al monarca disponer de él sin dar más explicaciones. En 1980, el Gobierno le asignó 200 millones de pesetas. Hasta entonces, el rey apenas cobraba un sueldo de Capitán General. Actualmente, la partida del Presupuesto General del Estado asciende a los 7,78 millones de euros. Debido a la opacidad de la casa real, la fortuna del rey es difícil de cuantificar. La revista Forbes (abril 2003) incluye a Juan Carlos I en el sexto lugar de los monarcas más ricos de Europa con una fortuna de 1.790 millones de euros, el puesto 134 entre los más ricos del planeta.

Una familia como cualquier otra:

La hermana. Pilar de Borbón y Borbón, duquesa de Badajoz. Presidenta y consejera delegada de Labiernag 2000 SA. Administradora única de Labiernag SL, y de San Jacobo SL, y consejera de Plus Ultra Seguros, Plus Ultra Vida, Boga SA y Vendome LG Ibéric.

El primo hermano. Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duque de Calabria. Consejero accionista de Grupo Dragados, Inmobiliaria Urbis, Cepsa, Viajes Marsans y de Sociedad Española del Acumulador Tudor, entre otras.

La prima hermana. Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma Vinos, duquesa de Salermo. Presidenta de San Dimas SL. Su hija Clara Moreno de Borbón es administradora de Salubre Consulting SL, y propietaria de Bodegas Tarsus y de Navamayor SA.

El primo segundo. Alfonso de Borbón y Escasany. Presidente de Ahorro Familiar SA. Consejero de Axa Aurora Ibérica. Presidente de Ildefonso SL y de Keka SL. Consejero delegado de Gilgamesh Inmoinversión SL, y de ZRZ SL. Preside Data Rent SA BRIBÓN. Numerosas firmas patrocinan las actividades deportivas del monarca.

El yerno. Jaime de Marichalar y Sáez de Tejada, duque de Lugo. Esposo de la infanta Elena, miembro de la comisión ejecutiva de Pórtland Valderrivas, empresa perteneciente a Fomento de Construcciones y Contratas, presidida por Marcelino Oreja. Marichalar además preside la Fundación Winterhur, del grupo asegurador del mismo nombre, integrada en el grupo Crédit Suisse. Fue director gerente de Crédit Suisse First Boston en Madrid. Dado su dominio de la moda, el ocio y el gran lujo, fue nombrado consejero de Loewe. Un genio de la promoción por sus relaciones con Volvo, Hérmes o los modistos Christian Lacroix o Charles Jourdan.

El otro yerno. Iñaki Urdangarín, duque de Palma de Mallorca. Esposo de la infanta Cristina, director de planificación de Octagon Esedos S.L., de la multinacional Interpublic. Preside el Instituto Noos de Estudios Estratégicos. Vinculado también al Instituto Noos S.L y a Motorpress Ibérica. Participó en Dentipartnes SL, Odont Mad S.L., Sport e Rormaczione S.L., Enveitg XXI S.L. y Aizoon S.L. Nóos ha sido la adjudicataria de eventos de promoción turística y deportiva en Palma de Mallorca y en Valencia, ambos cuestionadas por sus costos desproporcionados. Actualmente también forma parte de la imagen patrocinadora del Govern balear.

Los amigos del rey.

Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Hay constancia documental de que "el administrador privado del rey", Manuel Prado, utilizaba cartas con membrete real en las que pedía apoyo para determinados negocios. Hizo una fortuna a la sombra del monarca. Fue condenado por sus trapicheos con Javier de la Rosa en el caso KIO, donde recibió 100 millones de dólares del empresario catalán. Gracias a la intervención de la monarquía kuwaití, Prado logró evitar la orden de búsqueda de la Corte Comercial de Londres, ciudad donde se encuentra la sede de las operaciones internacionales de KIO. Las Cintas en posesión de De la Rosa que implicaban al rey en conversaciones telefónicas con importantes personalidades árabes, dan credibilidad a la tesis de que esos 100 millones de dólares salieron de KIO para premiar los servicios del monarca en la guerra del Golfo.

Marc Rich.
Considerado el evasor de impuestos más importante en la historia de los EE UU. Le han calificado en diferentes medios como "el gran dragón de la corrupción", "monsieur pétrole" o "el delincuente más inescrupuloso de la era moderna". Cuando en 1983 se fugó de EE UU, el FBI lo perseguía por 65 delitos, como fraude, ganancias de 105 millones de dólares por venta ilícita de petróleo, simulación de precios, cotizaciones falsas y evasión fiscal por 48 millones de dólares. Rich adquirió la nacionalidad española y se estableció en Suiza. Organizó su red de empresas e hizo suculentos negocios con la mafia rusa, con Milósevic y con la Halliburton de Cheney. En 1998 fue indultado por Bill Clinton, tras financiar la campaña para senadora de Hillary. El rey Juan Carlos I figura entre los solicitantes del indulto, junto a Shabtai Shavit, ex jefe del Mossad; Camilo José Cela, ex presidente de la Fundación Marc Rich en el Estado; y por el ex vicepresidente del Real Madrid, el empresario Fernández Tapias.

Mario Conde.
Este personaje no encaja exactamente en la sección de la economía golfa. El dinero y el éxito fue fomentado como estrategia de fuerte carisma sobre la realeza. Mario Conde aspiraba a que la monarquía le diera su respaldo para alcanzar el poder político, indican varios de sus biógrafos. El que llegó a convertirse en el "banquero de la monarquía" fue una de las amistades más peligrosas del rey. Cuando Banesto fue intervenido, aparecieron al menos dos cuentas a nombre del monarca (la cuenta 8317-172 y la 148963-172) vinculadas con operaciones en Asturiana de Zinc, Sindibank, y Banesto, así como opciones para la gran ampliación de capital que no llegó a realizarse, según denuncia Ernesto Ekaizer en su libro Vendetta. Revela Jesús Cacho que fue el rey quien intercedió entre Alfonso Escámez y Gustavo Villapalos para que el banquero fuera investido doctor honoris causa. Conde fue condenado por un `agujero" de 605.000 millones de pesetas y por apropiación indebida.

La familia real en cifras.

800 millones de pesetas aumentó el presupuesto de la Casa Real entre 2002 y 2005.

29 millones de pesetas fue el gasto en gasolina de la Casa Real en 1994. En 1995 el dato ya no figuraba en ese mismo informe.

1.790 millones de euros es la fortuna del rey, estimada por la revista Forbes en 2003.

6 millones de euros es lo que ha costado la nueva casa de los duques de Palma en el barrio de Los Pedralbes en Barcelona.