La privatización del agua en Honduras

Por Decio Machado

La destrucción progresiva del medio ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e industrial que está experimentando el planeta ha conducido a una reducción significativa de las reservas acuíferas a nivel global, así como a la contaminación de océanos, mares y ríos. El agua dejó de ser un bien social para convertirse en un bien comercial con un precio determinado, y vendido al mejor postor.

En 1995 se abrió la discusión sobre privatización del agua potable y saneamiento en Honduras, consecuencia de una propuesta lanzada desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta proponía la descentralización y la creación de una Ley Marco del servicio de agua potable, y a definido el modelo hondureño de privatización.
En el año 2000 el FMI otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua, entre ellos estaba Honduras. Similar condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 millones de dólares para proyectos de agua.
Desde esos momentos Honduras forma parte de los países han vivido procesos y niveles profundos de privatización del agua.
Pero los procesos de privatización de agua no vienen solos. A estos se han asociado: la financiación de represas, la cual supera los 4 mil millones de dólares anuales a escala global, y el negocio del agua embotellada y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido, destacando: el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la explotación, entre otros.
La famosa “municipalización” en Honduras dejó a los municipios la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo.

La “muniprivatización” en marcha.

En octubre de 2003, a pesar de las importantes movilizaciones populares en contra, se aprobó la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Con ella se sentaron las bases jurídicas del cuestionado proceso de municipalización del servicio.
La municipalización se planteó como un paso previo a la privatización del servicio, con un esquema diseñado desde organismos internacionales.
Sin embargo, sólo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan más de un millón de personas, manifestó en su momento que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera de administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.
A través de la “municipalización” este proceso ya esta siendo aplicado en varias ciudades del país entre las que destacan: Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés; y Catacamas en Olancho.

Puerto Cortés. Donde el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) otorga a la municipalidad los activos del sistema de agua potable. Todo este proceso es avalado y financiado con un préstamo del BID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo (ACDI).

San Pedro Sula. Segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de Honduras, desde el año 1999, cuando la Corporación Municipal convocó la participación de empresas internacionales a una licitación para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene privatizada el agua.
En 1998, con el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones y el BID se desarrollo un programa de modernización cuyo objetivo era el de destinar los servicios a un operador privado. Este programa se dirigió exclusivamente a promover la participación de empresas internacionales, no así las nacionales, ya que los requisitos que exigían eran imposibles para un país como Honduras, donde las empresas no contaban con un capital tan alto y no tenían experiencia en el manejo del servicio.
En el año 2001 finalizó el proceso y se le otorgó la explotación del servicio a la empresa italiana ACEA, a través de un contrato otorgado por la municipalidad por un período de 30 años, prorrogable a 10 años más. Esta concesión del servicio es un claro ejemplo de la mala gestión privada del agua, ya que el servicio no ha mejorado, la calidad del agua ha empeorado y las tarifas han aumentado en mas del 100%.

Consecuencias de la privatización en Honduras.

La privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras que tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población, que siempre es la más pobre, de la que no se obtiene beneficios.
La tendencia principal de las potencias y los países industrializados es el control y la monopolización de las fuentes de agua. Lo justifican aludiendo a la gestión pública ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Con capital privado es más eficiente el servicio.
Los pobladores de las zonas más pobres de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y otras ciudades, están pagando por el agua que consumen, se abastecen de vendedores de agua en carros cisternas y envasada que han hecho de esta actividad un negocio. Los aguateros se abastecen en las pilas del operador principal del servicio de la ciudad, SANAA, que les vende el galón de 2.5 centavos de lempira (un centavo de dólar cada 7 galones de agua). Los aguateros suministran a unas 100 colonias marginales que no cuentan con el servicio de agua domiciliaria ni popular por varias razones, entre ellas, el difícil acceso de la red a sus comunidades, sus chozas están en las faldas de los cerros que bordean la capital. Así viven mas de 500.000 personas, los que menos tienen, invirtiendo una gran parte de sus ingresos diarios a la compra de al menos un galón de agua.

Resistencias.

Uno de los casos emblemáticos en todo el proceso de defensa del agua, ha sido las movilizaciones de resistencia a la privatización de Aguas de San Pedro Sula. Pero no es el único, en decenas de municipios (La Esperanza, Intubucá, Concepción,...) existe movimiento en contra del concesionamiento o privatización del agua. En muchos casos, en cabildos abiertos y por unanimidad, se ha acordado prohibir la privatización o concesionamiento e incluso se ha prohibido que se aplique la ley de agua potable.
Honduras lleva sufriendo ya cerca de 20 años los ajustes estructurales, trasnacionalización, privatización de recursos y bienes públicos, represión e impunidad, corrupción gubernamental, imposición de leyes según la conveniencia trasnacional y las recetas del FMI, BID y BM, que ha traído el aumento de la deuda externa y un incremento de la población sumida en la pobreza.

Cuadro de Pobreza:

Clasificación

En pobreza (datos globales)
64.5 % pobreza nacional general
56.3 % pobreza población urbana
73.8 % pobreza población rural

Pobres
17.0 % datos nacional general
20.3 % datos población urbana
13.3 % datos población rural

Muy pobres
47.4 % datos nacional general
36.1 % datos población urbana
60.5 % datos población rural

No pobres
35.5 % datos nacional general
43.7 % datos población urbana
26.2 % datos población rural

Total hogares pobres a nivel nacional 1,258,299
Total hogares pobres área urbana 630,735
Total hogares pobres área rural 627,564

En Honduras, el 64.5 de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares Pobres y No Pobres) y un 35.5% son clasificados como no Pobres. Se destaca en el área rural los hogares En Pobreza con 73.8%, siendo muy pobres el 60.5%.

El Gobierno salvadoreño incrementa la represión sobre los movimientos sociales

Por Decio Machado

Ante su baja popularidad, el Gobierno de ARENA ha cambiado de estrategia. Los movimientos sociales y la oposición, el FMLN, denuncian un incremento de la violencia de Estado.

A principios de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador disolvía a golpes una protesta contra la política neoliberal del Gobierno con un saldo de 14 personas detenidas. Al amparo de una recientemente aprobada ley antiterrorista, todos los arrestados, entre ellos diversos dirigentes populares, están acusados de terrorismo y de participar en asociaciones ilícitas. Al mismo tiempo, en otro episodio, en apariencia sin relación, el Gobierno involucraba a dirigentes del principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en acciones de terrorismo urbano. Estos dos hechos marcan, según diversas organizaciones sociales, “un nuevo ciclo de represión acompañado de una intensa campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar a la izquierda social y política ante las elecciones de marzo de 2009”.

El 2 de julio, diversas organizaciones sociales salvadoreñas habían convocado una movilización social en el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, a 32 kilómetros de la capital. Estaba previsto que Elías Antonio Saca, presidente de la República, en un acto oficial, presentara la Política Nacional de Descentralización cuya finalidad es la privatización del agua. Los manifestantes pretendían entregar al máximo mandatario salvadoreño una carta de demandas, así como celebrar un foro de debate sobre las políticas privatizadoras del Gobierno. Era la tercera vez -hasta ahora todos los intentos siguen resultando infructuosos- que las organizaciones sociales trataban de entregar una carta de demandas y propuestas sobre diversos temas al presidente.

La policía reprimió durante horas la movilización social. Suchitoto, militarizada desde tempranas horas de la madrugada, fue el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció a DIAGONAL la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.

Represión en Suchitoto

En la manifestación participaron varias organizaciones sociales de la zona, así como moradores de diferentes comunidades cercanas. Los testimonios recogidos por DIAGONAL en la ciudad coinciden en que los agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) comenzaron a atacar sin ningún motivo. “Niños y mujeres fueron agredidos con brutalidad por parte de los agentes de la UMO; ése ha sido uno de los principales motivos para que la población que se estaba manifestando encandilara los ánimos”, denunció el sacerdote local Mario Campos, quien también resultó afectado por los gases lacrimógenos de los antidisturbios.

La represión policial abarcó diversas zonas de la localidad. Los manifestantes fueron dispersados a golpes con pelotas de goma y gases lacrimógenos y pimienta. Incluso varias viviendas fueron asaltadas. Los manifestantes huyeron por los montes cercanos mientras la policía continuaba su persecución por la zona durante cuatro horas con apoyo de helicópteros. El balance final fue de 43 personas heridas -25 por balas de goma y 18 con afecciones graves por el gas pimienta- y 14 detenidas. Entre las arrestadas destacan Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno y María Haydée Chicas, presidenta, vicepresidenta y responsable de comunicación de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones de base más importante del país. Todas fueron detenidas al ser interceptado el vehículo en el que viajaban hacia la ciudad.

Tras pasar por los juzgados, el Ministerio Público y la Fiscalía han acusado a los 14 detenidos de participación en asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. Diversas organizaciones sociales, entre las que destacan la propia CRIPDES, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) o el Movimiento Popular 12 de Octubre (MPR- 12), han realizado numerosos actos de apoyo a los activistas detenidos. Según Jeannette Alvadrado, portavoz de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), “hemos retrocedido a los años ‘70, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado”. Por su parte, David Vázquez, también de MPGR, denuncia que los detenidos, que fueron trasladados en helicópteros, fueron amenazados por la policía con ser arrojados en pleno vuelo mientras permanecían esposados a la espalda.

La detención de Belloso

También el 2 de julio, de madrugada, pero en la capital, San Salvador, era detenido José Mario Belloso, el hombre más buscado por la PNC desde hace un año. A Belloso se le acusa de ser el francotirador que abatió el año pasado a dos policías antidisturbios a las puertas de la Universidad Nacional de San Salvador (UES), durante una jornada de protesta por el encarecimiento del transporte.

En la detención de Belloso, tres días antes de que se cumpliera el aniversario de estos incidentes, intervinieron 300 policías y soldados de cuerpos especiales de la PNC y de las Fuerzas Armadas. Llevaban mochilas de campaña, visores nocturnos, armas especiales y estaban respaldados por helicópteros y aviones. La detención fue retransmitida por televisión, como si de una película de guerra se tratase. Al mando, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, que apareció repartiendo órdenes vestido como un policía de las playas californianas.

Tan solo día y medio después de la espectacular detención, miembros del Gobierno y la PNC filtraban a los medios de comunicación un vídeo grabado en dependencias policiales. En una confusa conversación el detenido implicaba a miembros de la cúpula de FMLN, entre ellos a su coordinador general, Medardo González, en la distribución de armamento. También les implicaba en la dirección política de un supuesto grupo de terrorismo urbano del que Belloso afirmaba formar parte. Según el secretario de comunicación del FMLN, Sigfrido Reyes, “la supuesta captura de este individuo y las contradicciones inobjetables que rodean el hecho muestran que se trata de una maniobra política dirigida en el terreno por el director de ideología de ARENA, René Figueroa, quien también es el ministro de Seguridad”. Y añade que “la maniobra busca desgastar al FMLN frente a sectores del electorado que son susceptibles a este tipo de ‘sustos mediáticos’, a través de un montaje basado en manipulación de lugares, fechas e imágenes, donde los medios de comunicación, en su inmensa mayoría afines al Gobierno de ARENA, han sustituido a los tribunales”.

Diferentes sectores de los movimientos sociales sostienen que, ante la baja popularidad del presidente Saca y del Gobierno de ARENA, todo consiste en un gran montaje que puede desembocar incluso en el intento de ilegalización de la primera fuerza política de la oposición. El FMLN, en teoría, goza de la mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Todo lo vinculado a Belloso huele a montaje hace mucho tiempo”, indica Elisardo Rodríguez, uno de los portavoces del tejido asociativo estudiantil de la UES.

De montaje en montaje

El 5 de julio del año pasado, los estudiantes de secundaria protagonizaron una marcha pacífica enfrente de la UES. Protestaban por el aumento del precio del transporte público y para exigir media tarifa para estudiantes, la tercera edad y discapacitados. Según denunciaron en su día las organizaciones estudiantiles presentes en la protesta, al finalizar la marcha y a punto de iniciarse una rueda de prensa, los estudiantes fueron atacados por la UMO. Tras la carga y aún en medio de la algarabía se escucharon disparos, que dejaron como resultado dos agentes de la UMO muertos, decenas de detenidos y 20 heridos entre estudiantes, policía e incluso un docente que estaba trabajando dentro de la universidad.

A pesar del desmentido oficial, múltiples testigos oculares y algunas imágenes grabadas demuestran la existencia de francotiradores de la policía apostados en los tejados de un edificio colindante a la UES, así como la presencia de helicópteros desde los que se disparó sobre los manifestantes. Las deficiencias de la investigación y la inexplicable ausencia de autopsia de los cuerpos de los policías no han permitido aclarar de dónde provenían los disparos. Sin embargo, la trayectoria descendente de los impactos de bala hace pensar en algún tipo de montaje policial.

“El problema real es que estamos ante lo que va a ser el escenario político de aquí a marzo de 2009: represión a la ciudadanía, campañas de manipulación mediática, detenciones de líderes sociales e incluso su desaparición, como ya sucedió hace cinco meses con Edward Francisco Contreras. Este líder estudiantil está desaparecido desde el pasado 7 de febrero”, indica un portavoz del Bloque Popular Juvenil que prefiere mantener el anonimato. “Aquí hay sicarios pagados por la derecha, con complicidad de la policía. Hay gente de la policía involucrada en la desaparición de Edwin”, concluye.

Una ley antiterrorista a medida

Los sucesos del 5 de julio del año pasado fueron aprovechados por el Gobierno para aprobar un decreto legislativo contra actos de terrorismo, aunque en ningún momento el texto define el concepto de terrorismo. “Las definiciones de los tipos penales son tan ambiguas que podrán ser convertidas en ‘comodines’ para realizar capturas, bajo cualquier supuesto y casi por cualquier circunstancia”, denuncian diversos juristas de la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El auto de la Fiscalía contra los 14 detenidos en Suchitoto recoge “como actos de terrorismo toda infracción dirigida contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y el funcionamiento normal de las instituciones”. Algunas de las acusaciones formuladas contra ellos son “sembrar el pánico en la población y crear un clima de inseguridad”, “obstaculizar la circulación en las calles” u “obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas”. Al cierre de esta edición, el fiscal mantenía a los detenidos en prisión. Las condenas pueden superar los diez años de cárcel.

Publicado en el periódico Diagonal nº 59

La necesidad de construir alternativas en la comunicación

Por Decio Machado

Hace dos o tres generaciones las personas progresaban en su profesión si eran capaces de manipular adecuadamente cosas que con posterioridad se convertían en objetos de consumo. La comunicación, aun siendo importante, estaba lejos de tener la relevancia de la que disfruta hoy. La globalización ha transformado la sociedad; la revolución tecnológica y el autodesarrollo de la fuerza trabajadora han llevado al mundo a creer en los símbolos.

Es la era de la percepción: muchos analistas sociales llaman a ésta la época de la manipulación de símbolos. Más importante que el producto en sí de una industria (todos son similares) las empresas desarrollan marcas y sellos de fábrica, para competir entre ellas. El resultado es la importancia cada vez mayor de la imagen, y ésta exige la elaboración y distribución de mensajes que le generen valor psicológico al producto. Es un valor agregado de carácter psicológico, no transforma el producto, pero genera mayores niveles de venta y por lo tanto mayor beneficio.

De manera similar funciona la noticia. En la actualidad los medios de comunicación no informan, construyen espectáculo y distraen. Venden sus índices de audiencia o sus niveles de incidencia a la publicidad, a las grandes empresas y multinacionales, más allá de sus propios procesos de concentración.

Los controles sobre la información

El desarrollo tecnológico ha generado la necesidad de expertos que manipulen símbolos, a la vez que se reduce la necesidad de técnicos y operarios que manejen máquinas. La percepción ha pasado a ser un valor de primer orden en el proceso de producción, de igual manera que lo es también en la elaboración de ideas.

Las empresas, las instituciones y los gobiernos necesitan de imagen, viven de ella para valorar sus productos, conservar su poder o mantener vigente su gobernabilidad. Se invierte y gasta tanto en imagen porque a través de la comunicación se influye, se manipula y se persuade.

El sector de la comunicación está saturado de técnicos que cuidan el aspecto estético del medio; que un periódico esté bien diseñado, que el escenario de un estudio de televisión sea atractivo, o que los spots publicitarios sean efectivos. Para todo ello existen especialistas en la forma y lo estético (técnicos, diseñadores, correctores de estilo, productores de publicidad...).

Y por otro lado están los expertos, que cubren el aspecto ideológico, intervienen en la manipulación de la información. Deciden qué es noticia y qué no, la importancia de una noticia, el espacio que va a ocupar, la decoran, eligen la foto, ilustración o efecto de sonido que va a acompañarla. Deciden en definitiva, el impacto de la noticia, pero no de acuerdo a su importancia, sino desde sus intereses ideológicos, es decir, los intereses económicos e ideológicos de los grupos propietarios del medio.

Los medios de comunicación ya no necesitan domesticar cotidianamente a sus empleados, estos por inercia cumplen su papel de defensa de los intereses ideológicos de su patrón. En el desestructurado mundo laboral de la comunicación, donde el freelance, el autónomo y el becario imperan, quien rompe con esta dinámica sin más es separado del medio.

Tanto técnicos como expertos trabajan en un mismo proceso de comunicación. Similar al proceso productivo, donde están los obreros y los expertos, ambos necesarios en el proceso de producción, en la comunicación todo está planificado, cada quien conoce su función y se buscan resultados.

“En retórica (léase comunicación) nada hay gratuito, los mensajes, sus elaboradores y sus emisores persiguen algo muy concreto. En el caso de la publicidad se trata de promocionar mercancías, de asegurar su venta; en el caso de los mensajes políticos hay que asegurarse la adhesión a tal idea o partido, en el caso más general de la ideología hay que reafirmar el apoyo a un sistema de vida, aun, y por lo tanto, cuando el mismo esté perjudicando de alguna forma a quien lo adquiere mediante una suerte de automatismo. La monopolización del sentido implica otras monopolizaciones: la de los medios de producción, la de la educación, la de los mayores beneficios sociales, la de la fuerza... En síntesis: el monopolio del poder” (Daniel Prieto Castillo, Retórica y Manipulación Masiva).

El poder mediático

El alejamiento de la realidad de los periodistas y la premisa imperativa del negocio (intereses del grupo o de la publicidad), han hecho predecir a muchos autores la extinción o la muerte del periodismo ético.

“Lo que antes se llamaba el cuarto poder ahora es más bien el segundo. Pero sus funciones han cambiado: el cuarto poder era la censura de los otros tres, mientras que aquí el segundo se plantea en términos de influencia global y general sobre el funcionamiento de las sociedades. En la actualidad se considera que el poder se ha desplazado esencialmente hacia la esfera de la economía y, dentro de ella, hacia el ámbito financiero. Los mercados financieros son los que, en definitiva, dictan y determinan el comportamiento de los responsables políticos” (Ramonet, La tiranía de los medios).

La lógica del cuarto poder, en su misión cívica de calibrar el funcionamiento de los tres poderes, ha pasado a la historia. Además esos tres poderes hoy se han transformado y son, en orden de importancia: el económico, el mediático y quedando a la cola, el político.

La estructura del poder ha sido transformada. Es la globalización, y ésta tiene entre otros, tres pivotes fundamentales: lo económico financiero, lo militar y lo ideológico. En todas, la comunicación desarrolla un papel fundamental.

En lo económico financiero, siendo el entorno donde se dictan y determinan la mayoría de decisiones, de manera especial a los actores políticos y de manera general al conjunto de la sociedad, la comunicación tiene un papel principal. El nuevo capitalismo se mueve a base de información, la cual se ha convertido en un producto de intercambio.

En lo militar: todo lo que se oponga a la globalización es acusado de terrorismo, satanizado en los medios de comunicación, y por lo tanto justificadas las actuaciones de amenaza, chantaje o agresión militar que se ejerzan sobre el enemigo.

Lo ideológico es el ámbito por excelencia para los medios de difusión. Estos se han convertido en el aparato ideológico de la globalización económico capitalista. Ya no sólo porque la información tiene hoy valor mercantil, sino porque los medios poseen el control sobre la opinión pública y las reacciones ciudadanas.

El control de la fabricación y distribución de la información es el intento de control de las conciencias y por lo tanto, de las conductas.

No han dejado de tener vigor viejas palabras: “Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante” (Carlos Marx, La Ideología Alemana).

Un nuevo modelo

El interés por los medios de comunicación se ha manifestado a través de absorciones o fusiones entre grandes grupos, pero ha provocado también el interés de otras muchas empresas dedicadas a sectores diferentes. Junto a los mercados financieros, la comunicación se ha convertido en uno de los grupos más dinámicos de la economía global.

Durante los ochenta y noventa el sector creció de forma importante. En 1999 cinco empresas europeas, entre las que se encontraban Sogecable, Canal Plus y Mediaset, duplicaron su valor.

Las comunicaciones son un sector donde invertir, sobre él afluyen múltiples empresas que van desde el sector armamentístico hasta la banca. Siendo claramente constatable la influencia del poder económico sobre el contenido, además de la censura que conlleva formar parte de un grupo empresarial.

La independencia, valor esencial del periodismo y base de la legitimidad de su poder, desaparece ante la incuestionable libertad de empresa en el ámbito de la comunicación de masas.

Construir contrapoder

A pesar del abrumador poder mediático, avanzan por doquier experiencias que, tejiendo redes poco a poco, van teniendo cada vez mayor capacidad de incidencia social. Por poner algunos ejemplos:

En América Latina las radios comunitarias cubren importantes segmentos de poblaciones locales y cuando se unen en cadena para transmitir sus noticieros o programas especiales llegan a importantes sectores de la población, causando incidencia en los públicos. Las radios comunitarias, en el ámbito local, son un importante contrapoder, que ha logrado resistir la represión de diversos gobiernos, que han intentado eliminarlas quitándoles frecuencias y permisos. Esas pequeñas radios de alcance limitado, se han convertido en sujetos políticos de sus comunidades.

También universidades e instituciones educativas han descubierto el potencial de los medios de comunicación para divulgar su punto de vista y los estudios e investigaciones de sus centros educativos, así como dar espacios a un público variado.

Ejemplos claros los tenemos en El Salvador, donde la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con su emisora en frecuencia modulada YSUCA, de alcance nacional, y su programa de televisión Miradas, contratando espacios en canales de televisión privados, además de la serie de revistas especializadas con que cuentan, se han convertido en importantes generadores de opinión pública.

En el caso de las televisiones el ejemplo de Venezuela puede ser el más significativo. En 2002 los medios de comunicación desarrollaron una estrategia para crear una atmósfera pregolpista. En la víspera del golpe la prensa ya no desarrollaba trabajo informativo. Los periodistas y editorialistas más importantes eran líderes de la oposición política, un escenario donde la ética profesional se vio reducida a la inexistencia.

Tras el fracasado golpe la política gubernamental permitió que movimientos sociales y el Estado crearan una plataforma mediática para evitar el monopolio absoluto de los medios de comunicación privados. Desde entonces, se ha vivido un proceso de democratización importante de las comunicaciones, un cambio de paradigma comunicacional, donde radios populares, prensa barrial, agencias contrainformativas y televisiones comunitarias están teniendo un importante desarrollo. Destacando este último, hay ya más de 13 emisoras que transmiten por frecuencia de aire en diferentes regiones, desde canales campesinos en zonas rurales, paralelamente al desarrollo de otras tantas experiencias en barrios urbanos.

En Europa la apuesta más fácil para la comunicación alternativa ha sido Internet. Solamente en el Estado español tenemos un buen panorama: Rebelión, Nodo50, Kaos en la Red, La Haine, los Indymedia, Insurgente, etc., así como un importante número de blogs de contrainformación, y múltiples páginas web de organizaciones políticas y colectivos sociales, cargadas de noticias.

A efectos de prensa escrita el escenario se estrecha bastante. En el ámbito europeo, el periódico Il Manifesto fue el primer y más influyente ejemplo de iniciativa mediática y proyecto político en sí mismo, que pretendía transformar la política, y más específicamente que las instituciones políticas de la izquierda italiana se abrieran a relaciones creativas con los movimientos sociales.

Podríamos reconocer en Europa algunos proyectos más de similar formato pero de menor envergadura que Il Manifesto. En el Estado español el más relevante en este sentido, fue el periódico Liberación, que tuvo una existencia efímera. Veinte años después ha surgido el proyecto Diagonal, un periódico de ámbito estatal, bien hecho y con una gestión horizontal y participativa. Cumplidos dos años de su nacimiento, se valida como una alternativa que poco a poco va superando sus tres frentes más débiles, el formato quincenal, la centralidad del proceso informativo (falta de estructuras más allá de Madrid) y fundamentalmente su fragilidad económica.

En la actualidad la importancia de los medios de comunicación alternativos es vital. Están poco a poco siendo instrumentos creativos para establecer conexiones entre diversos tipos de resistencia, expandiendo nuevas iniciativas y exponiendo al poder a otra forma de crítica que la realizada desde los medios masivos.

(Artículo publicado por la Revista Pueblos, nº 26, jun/07).

4.235 muertes en la frontera

Decio Machado (desde México)


Los sistemas de vigilancia desplegados en la parte californiana de la frontera de EE UU han desplazado las rutas de los mojados a zonas desérticas más peligrosas.

Desde 1994 en la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas. Según un informe de la Fundación Asistencia Legal de California (FALC), sólo durante el año pasado el número de fallecimientos oficial fue de 485, y en el primer trimestre de 2007, las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas (ver cuadro). Pero para Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, con sede en Oakland (EE UU), las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros diez migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.

El primero de octubre de 1994, el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo: “Asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una aguda militarización de la frontera entre México y el Estado de California, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).

Este sistema sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa Hold the Line en Texas o Safeguard en Arizona. Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de DD HH y las miles de muertes que deja en la frontera. Al primer muro -que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991- se le ha añadido otro segundo de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas: detectores con luces infrarrojas o de calor humano y cámaras múltiples auxilian a las patrullas desplegadas las 24 horas del día.

Cada día, en la ‘línea’ entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades revelan lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas. “El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.

La obsesión por el control de los flujos migratorios ha dado también pie a la aparición de “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de ‘vigilantes’, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. Recientemente la estadounidense ‘guerra global contra el terrorismo’ ha venido a dar nuevas justificaciones a la actuación de estas milicias que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial (Ver DIAGONAL nº 32). Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del Gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significan luto, el luto de miles de familias”.

Sin embargo, el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, hasta tal punto que ya conforman el 12,5% de la población estadounidense. Es decir, que de cada 10 residentes en EE UU más de uno es hispano. Se estima que en los EE UU hay ya un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y tres de salvadoreños. El caso de México es especial: se calcula que hay 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 12 millones son nacidos en México y los otros 18 son descendientes.

Fuente: Publicado en periódico Diagonal nº 57

La ruta de los mojados: "Jalando pa’l norte"

Por Decio Machado (desde México)

Uno de los caminos que los ‘mojados’ utilizan para llegar al ‘El Dorado’ del norte es la Ruta Maya. Es la ruta de los más pobres, de los que no tienen 6.000 dólares para pagar a los ‘coyotes’ para que les crucen en camiones la frontera de Tucum Uman o La Mesilla (en la frontera sur con Chiapas), que son las rutas más ‘seguras’. DIAGONAL ha hecho este recorrido junto a los ‘mojados’.

El flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia EE UU y Canadá ha crecido de forma desproporcionada en los cinco últimos años, según señalan estudios realizados por diversas instituciones defensoras de los derechos humanos en Centroamérica. Miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y en especial mexicanos, aceleran el paso hacia los EE UU, con el objetivo de cruzar antes de que termine la construcción del nuevo muro fronterizo.

CIUDAD DE GUATEMALA
En la estación central de autobuses, William Guzmán, un hondureño de 33 años, maestro de profesión, que ya fue deportado desde el norte de México hace casi dos años, y que está de camino para repetir el intento, nos informa: “Se ha hecho muy difícil cruzar por la frontera mexicana por las rutas tradicionales. Hay mucho control por parte de las autoridades en la frontera con Chiapas, es mejor entrar por la Ruta Maya”. William aclara que intentará adquirir un pasaporte mexicano cuando contacte con los ‘coyotes’: “Puedes conseguir por 300 dólares el pasaporte de algún broder fallecido”. Patty Reyes, una joven salvadoreña, que también espera el autobús para proseguir su ruta hacia el norte, se confiesa: “Estamos pisados, en nuestros países no hay trabajo, somos muy pobres, jalo pa’l norte, cuando terminen el muro todo va a ser más difícil”. Y prosigue: “Los coyotes que operan en la frontera de Guatemala y México te pueden llevar a los EE UU por cantidades entre 4.000 y 6.000 dólares, pero yo no tengo pisto (dinero)”.
A las 10 de la mañana, subimos al autobús. Nuestro objetivo: la ciudad de Santa Elena. Por delante nueve horas para compartir. Basta con mirar a los pasajeros para darse cuenta de que Patty y William no son los únicos que viajan hacia el ‘sueño americano’. Durante el trayecto, Walter García, un pasajero guatemalteco que ha trabajado para la agencia de cooperación sueca en la zona, cuenta que unas 200 personas atraviesan diariamente las selvas del Petén, caminando mochila al hombro rumbo a México. Nos alerta de que en la ruta hay que tener cuidado con las serpientes, que en la selva también hay jaguares y ocelotes, aunque lo que veremos serán monos, lagartos y pizotes (una especie de ardilla gigante).

SANTA ELENA
Al bajar de autobús, nos ofrecen los servicios de múltiples hotelitos tan sólo por dos dólares la habitación. Es un servicio integral, a ellos llegarán por la noche los ‘coyotes’ (también llamados ‘polleros’) en busca de la clientela. Estamos en el corazón de la ‘cultura del maíz’. Tan sólo a 45 minutos está Tikal, las ruinas de lo que fue uno de los principales centros culturales y poblacionales de la civilización maya. Santa Elena es una población pequeña situada a la orilla del lago Petén Itzá, dominada por un enorme cuartel militar. Lo único que un visitante puede ver en esta triste ciudad es su mercado repleto de bellas y coloridas telas, así como de todo tipo de productos provenientes del mercado negro (gafas de sol, relojes, walkmans, dvd...).
En la iglesia se hacinan varios migrantes. Nos cuentan los lugareños que son los que han sido asaltados por el camino. “Llegan sin nada de plata, el cura les deja dormir en la parroquia, y además les dan un vale de comida al día”. Santa Elena es un punto de encuentro de ‘remojados’. “Se es tantas veces ‘mojado’ como países has de cruzar para llegar a EE UU”, explica Patty. Aquí comparten experiencias, se dan ánimos y los más experimentados dan consejos. “Hay que andar listo. He visto a gente ahogarse en los ríos o romperse los huesos en caídas en las quebradas. Hay que tener cuidado con los asaltantes, te roban hasta los zapatos y si no tienes al menos 50 pesos corres el riesgo de que te maten, pero especialmente hay que cuidarse de los policías, ésos son los peores”, indica Edmundo Vargas, un lugareño cuyo hermano vive en EE UU desde hace diez años.

EL NARANJO
La siguiente parada es una aldea a la orilla del río San Pedro. Para llegar hemos cruzado más de 160 kilómetros de precarias pistas por la selva del Petén en una pick-up repleta de gente. Los únicos extranjeros que encontramos en la población son mojados. Nos hallamos a 35 km de México. Los lugareños van armados y las cámaras de fotos no son de su agrado. El punto neurálgico de esta aldea es su embarcadero. En él se respira la tensión. Allá conviven cambistas de dinero junto a lancheros y ‘coyotes’.
Allá conocemos a Jennifer, una nicaragüense que nos cuenta cómo fue asaltada y violada hace unos días por la policía guatemalteca. “No tengo un quetzal [moneda guatemalteca]. ¿Denunciar, a dónde?, ¿cómo voy a denunciar ante estos mismos ‘pendejos’?”. El norte de Guatemala está bajo control de las bandas de narcotraficantes y de los paramilitares; abundan las pistas de aterrizaje clandestinas para el contrabando de cocaína y estupefacientes.

EL CEIBO
Las calles de El Naranjo están llenas de migrantes que esperan para cruzar. Las pequeñas tiendas de ‘abarrotes’ (ultramarinos) hacen su agosto, los mojados se pertrechan de todo lo necesario para emprender la marcha, especialmente de agua. Salimos de El Naranjo en una barcaza en dirección a El Ceibo.
Cruzar estos 35 kilómetros en barca lleva una hora. Mucha gente también lo hace atravesando la selva entre el estruendo ocasionado por los monos aulladores (animal característico de la selva petenera). Por el camino los agentes de Migración guatemaltecos piden a los inmigrantes que se identifiquen, pero nadie pide documentación alguna que autorice la entrada a México. Un agente aclara que el control no se realiza con ánimo represivo. “El problema es que luego muchos son asesinados y luego se hace muy difícil identificarlos. Lo hacemos básicamente por eso”.
Atravesamos las aguas del río San Pedro entre pájaros de colores y apáticos cocodrilos, que se sumergen a nuestro paso demostrándonos su más absoluta indiferencia. Llegamos a El Ceibo, es el único paso fronterizo de la zona entre México y Guatemala, su posición está marcada por un meridiano que atraviesa el poblado. De la lancha bajan 44 personas. La aldea es un gran bazar de productos provenientes del mercado negro. Muchos mexicanos cruzan la frontera para comprar ropa y aparatos electrónicos más baratos; la mayoría los revenderán en México. Por los cerros que rodean la aduana pasan los caminos por los que cruzan los inmigrantes. Un grupo de salvadoreños viene de inspeccionar los montes: “El paso es ‘paloma’ (dificultoso), si te pierdes puedes pasarte días caminando. Hay que tener mucho cuidado con las ‘maras’ (pandillas de asaltantes), hay muchos esperando en el camino”. William y Patty se organizan junto con otro medio centenar de migrantes. Juntos cruzarán los cerros. Partirán esta misma noche camino a México. Hacen las últimas compras de alimentos, cargan sus pequeñas mochilas con lo únicamente indispensable. A partir de aquí emprenden una nueva etapa, cruzando el territorio mexicano. Entrarán en el Estado mexicano de Tabasco, y marcharán hacia Tenosique.
Esa noche nos despedimos, todos nos deseamos suerte. Antes de marchar, William me cuenta que tenosique en náhuatl significa la ‘casa del hilandero’ (combinación de vocablos mayas ‘ta-na-tsiic’), y que la primera vez que tuvieron el “infortunio” de que los españoles llegaran hasta allí fue en 1525, cuando Hernán Cortés pasó al mando de su ejército, camino de Honduras, para castigar a un lacayo sublevado. Patty me regala una estampita de la Virgen de Guadalupe, me pide el correo electrónico. Promete escribirme desde Los Ángeles, donde vive una prima suya que también entró en los Estados Unidos como mojada, aunque hoy ya tiene papeles.

LA RUTA MEXICANA
De vuelta a El Naranjo, el chófer de la pick-up que me lleva -asegura llamarse Vladimir Ilich- me cuenta que, desde El Ceibo a Tenosique, los mojados deberán caminar 56 kilómetros. Es uno de los tramos más peligrosos de su ruta hacia el norte: lo llaman “el camino de la incertidumbre”.
En los últimos tres años, cerca de 60 migrantes han sido asesinados en ese tramo, y otros 130 han sido heridos. Cuando lleguen a Tenosique les faltarán aún 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con EE UU. Abordarán un tren hacia Veracruz en el que viajarán entre tres y cuatro días. Lo harán colgados entre los vagones o en sus techos. Muchos se duermen y caen a las vías, y son despedazados por el tren. También deben cuidarse de la Mara Salvatrucha, que los ‘caza’ en los trenes para robarles y violar a las mujeres. Pernoctarán en Coatzalcoalcos, ya en Veracruz. Dormirán al lado de la vía, a la espera del tren con dirección a Medias Aguas. Después volverán a cambiar de tren en Tierra Blanca, siempre hacia el norte.
En esta última ciudad tendrán que elegir entre seguir la ruta atlántica, e intentar cruzar por Matamoros (Tamaulipas) a los EE UU, o ir hacia el Distrito Federal, desde donde irán a la frontera de algún otro estado norteño (Piedras Negras en Coahuila, Ciudad Juárez en Chihuahua, Tijuana en Baja California, o Nogales, Agua Prieta, desierto de El Sásabe en Sonora). Las rutas hacia México y Estados Unidos varían en función de las preferencias y los negocios que hagan los ‘coyotes’.

FRONTERAS E IMPUNIDAD
Como explica uno de los chóferes que en su pick-up hace de transporte por las pistas: “Uno de cada cinco mojados consigue llegar a los EE UU, las chavas (mujeres) sufren mucho, dicen que el 70% son violadas, algunas varias veces durante todo el trayecto. También las hay que quedan enredadas en redes de prostitución que jalonan todo lo ancho y largo del territorio mexicano”.

Publicado en Diagonal nº 57

Pautas de comportamiento para las izquierdas transformadoras

Por DECIO MACHADO, activista de los movimientos sociales de base

Partiendo de la premisa de que prácticamente todas las izquierdas del Estado español han decidido actuar dentro del sistema de normas de la ‘democracia capitalista’, se hace imprescindible la claridad y transparencia tanto en nuestros principios como en los objetivos para dicha actuación.
Para actuar se necesita ética, no se trata tan sólo de reafirmar nuestro carácter anticapitalista de forma permanente, los horizontes de la transformación social son mucho más amplios.
Una intervención político-social coherente
Los sistemas políticos de estas ‘democracias’ están diseñados para reproducir la lógica del capital. Es este difícil campo de juego donde colectivos y organizaciones llamadas de izquierdas se justifican permanentemente por sus serias contradicciones.
Los movimientos sociales y las organizaciones políticas deberían empezar a asumir en sus debates el hecho de que la credibilidad de un grupo político o social no depende de sus palabras, sino de su ejemplo. De la ejemplaridad en la transparencia y en la horizontalidad de sus procesos internos, de la ejemplaridad en la actuación de sus componentes, de la ejemplaridad en las formas de intervención que utilice. Y estas últimas han de ayudar en la construcción colectiva, no siendo un freno para el desarrollo de herramientas de transformación social.
Ser activista o militante en las izquierdas exige reflexión y una educación en valores que son el legado de varias tradiciones que, a pesar de haber cometido terribles errores, han sido el referente de lucha por las libertades y los derechos en los últimos 160 años de historia. Si necesariamente la ética mira a la izquierda para defender los derechos fundamentales, las izquierdas deberían también mirar a la ética, liberándonos a todos del sectarismo, del politiqueo, y de cargar con el peso de los egos y aspiraciones personales de muchos de sus dirigentes.
La ética exige a las ‘izquierdas’ que sean consecuentes y no se apropien indebidamente de ese nombre. Por ello, si no se tiene claridad en los principios y en los objetivos, la participación de la izquierda tanto social como política en el modelo mercadocéntrico se convierte en un mecanismo de legitimación del sistema capitalista neoliberal.
La protesta reformista al sistema no cuestiona los valores fundamentales del mal llamado ‘pensamiento único’, convierte a esa ‘izquierda’ en adaptacionista, no visualizándose las diferencias. Por poner un ejemplo, es fácil ver a determinadas organizaciones utilizar un vocabulario conceptual neoliberal para expresar sus planteamientos. Podemos oír a Izquierda Unida o a diversas ONG decir que la lucha contra la pobreza es una “buena inversión”, como si el problema pudiera reducirse a una cuestión de eficiencia económica del sistema.
En el Estado español ya es aceptable para la mayoría que ocho millones de personas (más de dos millones de hogares) vivan en la pobreza. De la misma forma que es aceptable el drama de las pateras/ cayucos, alambrar las fronteras o la existencia de cerca de 1.500.000 inmigrantes clandestinos y carentes de derechos. Todo esto ya forma parte de lo ‘inevitable’ en el subconsciente colectivo. Pero más lamentable aún es que también hay un importante sector de la autorreferenciada ‘izquierda’ que ha interiorizado el sistema y asume que cualquier grupo político que alcance el poder tiene que gobernar en armonía con el capital. Ya no se trata de articular alternativas.
La tarea de los movimientos sociales y las organizaciones que se reclaman de las izquierdas transformadoras es inventar e imponer otro tipo de relaciones económicas, otro modelo de sociedad. Los movimientos sociales deben construir alternativas y estrategias de acción que permitan alterar la balanza. Esto no debe significar ausencia de diversidad, sino justicia social, respeto y democracia en los distintos niveles de las relaciones entre los seres humanos. Para empezar es importante reconocer la diversidad de la propia izquierda transformadora. Para hablar de las izquierdas, estamos obligados a utilizar el plural, son diversas y en muchos casos, incluso están en conflicto.
La izquierda sectaria
El efecto de la globalización está siendo muy profundo. La extinción del Estado de bienestar, el fin de la concertación entre capital y trabajo, la precarización de la vida, la inviabilidad del planeta y el agotamiento de la lucha armada como estrategia viable, así como un alto nivel de deslegitimación social, situó a las izquierdas en todo el planeta ante una verdadera crisis de paradigmas tan sólo hace unos años.
Pero aún así, determinadas organizaciones de perfil autoidentitario han conservado intactos sus presupuestos ideológicos del pasado, considerando que lo único que hay que hacer es actualizar la estrategia ante las nuevas condiciones. La interpretación que hace esa izquierda retórica es que la actual carencia de alternativas demuestra la necesidad de regresar a la construcción de la vanguardia revolucionaria que organice el tránsito (ya hablaremos de los métodos) hacia la sociedad ideal (ya hablaremos de cómo es). Es decir, una vuelta atrás, el renacimiento del pasado. La tolerancia con la que se ha evaluado hasta hace poco la relación ética entre fines y métodos permitió la lógica de ‘el fin justifica los medios’. Por poner un caso, los crímenes masivos en la URSS de Stalin fueron justificados entre la izquierda prosoviética por la necesidad de salvar la dictadura del proletariado.
La historia está llena de casos que muestran cómo organizaciones políticas de ‘izquierdas’ que se creyeron con el derecho de elegir cualquier método o medio en sus luchas han acabado reproduciendo la dominación, y el Estado español no ha sido una excepción en ello. Por ello, para los colectivos y organizaciones que pretenden ser herramientas de transformación social, no puede ser viable el recurrir a métodos o formas de intervención que carezcan de criterio moral. El ‘iluminismo político’, la mentira, el insulto, la descalificación personal, la instrumentalización de herramientas de construcción o uso colectivo para descalificar a otros no forman parte de los valores de las izquierdas transformadoras en construcción. Llevando esto a su extremo, incluso cuando las izquierdas se han visto obligadas a situaciones de guerra, no todo es válido.
El cuidado en las formas de intervención sociopolítica debe ser una responsabilidad moral y racional de primer orden, e inevitablemente condiciona los objetivos.
Es necesario reflexionar con honestidad sobre la calidad de los fines y los medios. Esclarecer nuestros objetivos es fundamental para valorar nuevos modelos y métodos de lucha. Los sectarismos no forman parte de las izquierdas transformadoras. La construcción de nuevas formas de organización y de un movimiento político social que sea capaz de alterar la realidad vigente será plural y democrático o no será.

Fuente: Diagonal Nº 56

Colombia: multinacionales con olor a sangre

Por Decio Machado

El escándalo por los vínculos existentes entre políticos y empresarios con los narcoparamilitares de la extrema derecha en Colombia sigue pasando páginas. Las redes “paras” han impregnado a todos los estamentos de la sociedad colombiana. Poco a poco, y aun lejos de aflorar en toda su realidad, comienzan a aparecer diferentes casos que nos van permitiendo visualizar la envergadura de esta terrible trama.

En el hasta ahora último capítulo de este enorme escándalo institucional, le ha tocado el turno a la clase empresarial. En sus declaraciones realizadas a mediados de mayo ante los jueces de Justicia y Paz en Medellín, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar desmovilizado, además de dar nombres de políticos y militares, ha dado nombres de empresas y empresarios implicados en la financiación del paramilitarismo.

Multinacionales y empresarios nacionales implicados

Con los detalles entregados por Mancuso, ha quedado clara la manera cómo calcularon, peso por peso, el crecimiento de las arcas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Prácticamente, ningún sector de la economía costeña quedó por fuera: empresas bananeras; palmicultores del Magdalena; transportadores como Copetrán y Brasilia; los cafetaleros de la Sierra Nevada; las gasolineras; petroleras como Ocensa, Ecopetrol y todas las de Casanare; y las empresas madereras, pesqueras y carboníferas, como Prodeco y Carbones del Caribe, forman parte de un amplio listado comprometedor del mundo del capital en la financiación del narcoparamilitarismo.

Según Mancuso, “el paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. Según el líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (la antigua United Fruit Company), Dole Food Company (propiedad al 100% del multimillonario David Murdoch) y Fresh Del Monte (con un 56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh, pero en la que participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica Barclays o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp) pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos. Así, cada una de ellas aportaba a los fondos de las AUC “un centavo de dólar por cada caja de banano que exportaban desde Colombia”.

Además, también pagaban “impuestos” la empresa Postobón, del grupo Ardila Lule (uno de los mayores grupos económicos de Colombia), que donaba 7.000 dólares mensuales a las AUC por cada departamento en el que distribuía sus productos (Postobón controla el 99% del mercado de la bebidas no alcohólicas en Colombia y tiene más de 450.000 puntos de venta en todo el país), y Bavaria (propiedad de SABMiller, la segunda cervecera del mundo), que desembolsaba 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica. Las empresas carboneras que operan en el departamento del Cesar, donde se encuentra uno de los yacimientos carboníferos con mayores reservas del mundo, también pagaban “impuestos” a las AUC, según ha declarado el jefe paramilitar. En este caso, también los transportistas abonaban más de 70.000 dólares mensuales por hacer los portes.

Según el fiscal general Mario Iguarán, estas empresas “no pagaron por seguridad, pagaron por sangre”. El fiscal se ha comprometido públicamente a procesar el último eje del proyecto paramilitar: las empresas que les ayudaron a financiarse. Así han quedado abiertas dos líneas de investigación sobre las actuaciones de Drummond y Chiquita Brands en Colombia.

Para los paramilitares la cosa es simple. Según dijo Iván Duque, un portavoz de los “paras” que se encuentra en prisión, a la agencia de noticias Argenpress: “el apoyo de las empresas a los paramilitares era lógico, ya que respetábamos las empresas privadas y las ideas de las compañías y los paramilitares sobre los beneficios del libre mercado coincidían”.

Comienzan a aflorar datos que avalan las denuncias contra las multinacionales

La implicación de las multinacionales en los crímenes cometidos contra sindicalistas y líderes comunales no es nueva.

En el caso de la carbonífera estadounidense Drummond, el mayor explotador de carbón de Colombia, la compañía afronta un proceso judicial en su país por pagar a los paramilitares por el asesinato de tres líderes sindicales, según denunció hace ahora un año un ex responsable informático “arrepentido” del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, un órgano de inteligencia del Estado colombiano).

No es la única, a Coca-Cola se le imputan catorce asesinatos, de los cuales siete se cometieron sobre dirigentes sindicales. El diario Los Angeles Times denunció, en el año 2002, que Oxy pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas, al igual que la Asociación Cravo Norte (propiedad de Ecopetrol, Repsol y Oxy), que abonaba anualmente dos millones de dólares con destino a la Brigada XVIII del ejército en Arauca, que patrullaba las zonas cercanas al oleoducto Caño Limón-Coveñas. De igual manera, la compañía British Petroleum, junto con la francesa Total y la estadounidense Tritón, también son acusadas en diversos informes y denuncias de financiar a los paramilitares y ser cómplices en las violaciones de derechos humanos en Casanare.

Pero el caso más emblemático hasta ahora ha sido el de Chiquita Brands. Ésta se ha visto obligada a pagar al gobierno de los EE.UU. (tras pactar con el Departamento de Justicia para que el caso no fuera a más) 25 millones de dólares por haber financiado a grupos paramilitares en Colombia. Chiquita reconoció que sus principales directivos habían “donado” a los paramilitares colombianos, a través de su filial Banadex, unos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, a cambio de que éstos actuasen contra todo lo que la multinacional entendiese como un riesgo para ellos. Y, durante estos años, se incrementaron significativamente los asesinatos y los desplazamientos forzados en Urabá.

Chiquita, Coca-Cola y Drummond son sólo la punta del iceberg de la generalizada y evidente vinculación entre las multinacionales y el mundo empresarial en general con el narcoparamilitarismo. Empresas como British Petroleum, Defense System Limited, Ecopetrol, Repsol, Oxy y Nestlé, entre otras, forman parte del entramado de terror en Colombia, de ese terror que se ha cobrado la vida de muchos sindicalistas y que ha contribuido a desmejorar las condiciones salariales de los trabajadores colombianos, así como los niveles de la vida de las comunidades que se han visto afectadas.

Publicado en el Observatorio de Multinacionales de América Latina, mes mayo/07.