lunes, 23 de julio de 2007

Panamá: Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas

Por Decio Machado



Atravesado por un canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico, lo que ha marcado fuertemente su devenir histórico, Panamá, un angosto país que fue hasta 1903 un Departamento de la República de Colombia, se ha ido desarrollando como un gran centro de comercio a escala internacional y un punto de atracción para un importante sector financiero.

El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero.

El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”.
Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.

Sistema bancario panameño

Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.

En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información.

El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del “reajuste”, su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país.

Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de “fiscalizar” las operaciones bancarias en el país.

La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá “paraíso fiscal cooperante” y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros “paraísos fiscales” en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.

Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país “no está mal” en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es “dinámico, evolutivo y cambiante”. Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo, este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.

Ampliación del Canal e intereses del capital español

El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros.

La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como “paraíso fiscal cooperante”.
El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los “países ricos” ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.

A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.

Empresas españolas y paraísos fiscales

Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgrana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos.

En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas off shore de baja tributación.

Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).

La realidad social panameña

Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.

En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento.

Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.


Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina

La privatización del agua en Honduras

Por Decio Machado

La destrucción progresiva del medio ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e industrial que está experimentando el planeta ha conducido a una reducción significativa de las reservas acuíferas a nivel global, así como a la contaminación de océanos, mares y ríos. El agua dejó de ser un bien social para convertirse en un bien comercial con un precio determinado, y vendido al mejor postor.

En 1995 se abrió la discusión sobre privatización del agua potable y saneamiento en Honduras, consecuencia de una propuesta lanzada desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta proponía la descentralización y la creación de una Ley Marco del servicio de agua potable, y a definido el modelo hondureño de privatización.
En el año 2000 el FMI otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua, entre ellos estaba Honduras. Similar condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 millones de dólares para proyectos de agua.
Desde esos momentos Honduras forma parte de los países han vivido procesos y niveles profundos de privatización del agua.
Pero los procesos de privatización de agua no vienen solos. A estos se han asociado: la financiación de represas, la cual supera los 4 mil millones de dólares anuales a escala global, y el negocio del agua embotellada y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido, destacando: el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la explotación, entre otros.
La famosa “municipalización” en Honduras dejó a los municipios la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo.

La “muniprivatización” en marcha.

En octubre de 2003, a pesar de las importantes movilizaciones populares en contra, se aprobó la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Con ella se sentaron las bases jurídicas del cuestionado proceso de municipalización del servicio.
La municipalización se planteó como un paso previo a la privatización del servicio, con un esquema diseñado desde organismos internacionales.
Sin embargo, sólo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan más de un millón de personas, manifestó en su momento que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera de administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.
A través de la “municipalización” este proceso ya esta siendo aplicado en varias ciudades del país entre las que destacan: Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés; y Catacamas en Olancho.

Puerto Cortés. Donde el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) otorga a la municipalidad los activos del sistema de agua potable. Todo este proceso es avalado y financiado con un préstamo del BID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo (ACDI).

San Pedro Sula. Segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de Honduras, desde el año 1999, cuando la Corporación Municipal convocó la participación de empresas internacionales a una licitación para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene privatizada el agua.
En 1998, con el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones y el BID se desarrollo un programa de modernización cuyo objetivo era el de destinar los servicios a un operador privado. Este programa se dirigió exclusivamente a promover la participación de empresas internacionales, no así las nacionales, ya que los requisitos que exigían eran imposibles para un país como Honduras, donde las empresas no contaban con un capital tan alto y no tenían experiencia en el manejo del servicio.
En el año 2001 finalizó el proceso y se le otorgó la explotación del servicio a la empresa italiana ACEA, a través de un contrato otorgado por la municipalidad por un período de 30 años, prorrogable a 10 años más. Esta concesión del servicio es un claro ejemplo de la mala gestión privada del agua, ya que el servicio no ha mejorado, la calidad del agua ha empeorado y las tarifas han aumentado en mas del 100%.

Consecuencias de la privatización en Honduras.

La privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras que tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población, que siempre es la más pobre, de la que no se obtiene beneficios.
La tendencia principal de las potencias y los países industrializados es el control y la monopolización de las fuentes de agua. Lo justifican aludiendo a la gestión pública ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Con capital privado es más eficiente el servicio.
Los pobladores de las zonas más pobres de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y otras ciudades, están pagando por el agua que consumen, se abastecen de vendedores de agua en carros cisternas y envasada que han hecho de esta actividad un negocio. Los aguateros se abastecen en las pilas del operador principal del servicio de la ciudad, SANAA, que les vende el galón de 2.5 centavos de lempira (un centavo de dólar cada 7 galones de agua). Los aguateros suministran a unas 100 colonias marginales que no cuentan con el servicio de agua domiciliaria ni popular por varias razones, entre ellas, el difícil acceso de la red a sus comunidades, sus chozas están en las faldas de los cerros que bordean la capital. Así viven mas de 500.000 personas, los que menos tienen, invirtiendo una gran parte de sus ingresos diarios a la compra de al menos un galón de agua.

Resistencias.

Uno de los casos emblemáticos en todo el proceso de defensa del agua, ha sido las movilizaciones de resistencia a la privatización de Aguas de San Pedro Sula. Pero no es el único, en decenas de municipios (La Esperanza, Intubucá, Concepción,...) existe movimiento en contra del concesionamiento o privatización del agua. En muchos casos, en cabildos abiertos y por unanimidad, se ha acordado prohibir la privatización o concesionamiento e incluso se ha prohibido que se aplique la ley de agua potable.
Honduras lleva sufriendo ya cerca de 20 años los ajustes estructurales, trasnacionalización, privatización de recursos y bienes públicos, represión e impunidad, corrupción gubernamental, imposición de leyes según la conveniencia trasnacional y las recetas del FMI, BID y BM, que ha traído el aumento de la deuda externa y un incremento de la población sumida en la pobreza.

Cuadro de Pobreza:

Clasificación

En pobreza (datos globales)
64.5 % pobreza nacional general
56.3 % pobreza población urbana
73.8 % pobreza población rural

Pobres
17.0 % datos nacional general
20.3 % datos población urbana
13.3 % datos población rural

Muy pobres
47.4 % datos nacional general
36.1 % datos población urbana
60.5 % datos población rural

No pobres
35.5 % datos nacional general
43.7 % datos población urbana
26.2 % datos población rural

Total hogares pobres a nivel nacional 1,258,299
Total hogares pobres área urbana 630,735
Total hogares pobres área rural 627,564

En Honduras, el 64.5 de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares Pobres y No Pobres) y un 35.5% son clasificados como no Pobres. Se destaca en el área rural los hogares En Pobreza con 73.8%, siendo muy pobres el 60.5%.

El Gobierno salvadoreño incrementa la represión sobre los movimientos sociales

Por Decio Machado

Ante su baja popularidad, el Gobierno de ARENA ha cambiado de estrategia. Los movimientos sociales y la oposición, el FMLN, denuncian un incremento de la violencia de Estado.

A principios de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador disolvía a golpes una protesta contra la política neoliberal del Gobierno con un saldo de 14 personas detenidas. Al amparo de una recientemente aprobada ley antiterrorista, todos los arrestados, entre ellos diversos dirigentes populares, están acusados de terrorismo y de participar en asociaciones ilícitas. Al mismo tiempo, en otro episodio, en apariencia sin relación, el Gobierno involucraba a dirigentes del principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en acciones de terrorismo urbano. Estos dos hechos marcan, según diversas organizaciones sociales, “un nuevo ciclo de represión acompañado de una intensa campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar a la izquierda social y política ante las elecciones de marzo de 2009”.

El 2 de julio, diversas organizaciones sociales salvadoreñas habían convocado una movilización social en el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, a 32 kilómetros de la capital. Estaba previsto que Elías Antonio Saca, presidente de la República, en un acto oficial, presentara la Política Nacional de Descentralización cuya finalidad es la privatización del agua. Los manifestantes pretendían entregar al máximo mandatario salvadoreño una carta de demandas, así como celebrar un foro de debate sobre las políticas privatizadoras del Gobierno. Era la tercera vez -hasta ahora todos los intentos siguen resultando infructuosos- que las organizaciones sociales trataban de entregar una carta de demandas y propuestas sobre diversos temas al presidente.

La policía reprimió durante horas la movilización social. Suchitoto, militarizada desde tempranas horas de la madrugada, fue el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció a DIAGONAL la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.

Represión en Suchitoto

En la manifestación participaron varias organizaciones sociales de la zona, así como moradores de diferentes comunidades cercanas. Los testimonios recogidos por DIAGONAL en la ciudad coinciden en que los agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) comenzaron a atacar sin ningún motivo. “Niños y mujeres fueron agredidos con brutalidad por parte de los agentes de la UMO; ése ha sido uno de los principales motivos para que la población que se estaba manifestando encandilara los ánimos”, denunció el sacerdote local Mario Campos, quien también resultó afectado por los gases lacrimógenos de los antidisturbios.

La represión policial abarcó diversas zonas de la localidad. Los manifestantes fueron dispersados a golpes con pelotas de goma y gases lacrimógenos y pimienta. Incluso varias viviendas fueron asaltadas. Los manifestantes huyeron por los montes cercanos mientras la policía continuaba su persecución por la zona durante cuatro horas con apoyo de helicópteros. El balance final fue de 43 personas heridas -25 por balas de goma y 18 con afecciones graves por el gas pimienta- y 14 detenidas. Entre las arrestadas destacan Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno y María Haydée Chicas, presidenta, vicepresidenta y responsable de comunicación de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones de base más importante del país. Todas fueron detenidas al ser interceptado el vehículo en el que viajaban hacia la ciudad.

Tras pasar por los juzgados, el Ministerio Público y la Fiscalía han acusado a los 14 detenidos de participación en asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. Diversas organizaciones sociales, entre las que destacan la propia CRIPDES, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) o el Movimiento Popular 12 de Octubre (MPR- 12), han realizado numerosos actos de apoyo a los activistas detenidos. Según Jeannette Alvadrado, portavoz de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), “hemos retrocedido a los años ‘70, cuando a la gente no se le dejaba expresar su descontento por las políticas desde el Estado”. Por su parte, David Vázquez, también de MPGR, denuncia que los detenidos, que fueron trasladados en helicópteros, fueron amenazados por la policía con ser arrojados en pleno vuelo mientras permanecían esposados a la espalda.

La detención de Belloso

También el 2 de julio, de madrugada, pero en la capital, San Salvador, era detenido José Mario Belloso, el hombre más buscado por la PNC desde hace un año. A Belloso se le acusa de ser el francotirador que abatió el año pasado a dos policías antidisturbios a las puertas de la Universidad Nacional de San Salvador (UES), durante una jornada de protesta por el encarecimiento del transporte.

En la detención de Belloso, tres días antes de que se cumpliera el aniversario de estos incidentes, intervinieron 300 policías y soldados de cuerpos especiales de la PNC y de las Fuerzas Armadas. Llevaban mochilas de campaña, visores nocturnos, armas especiales y estaban respaldados por helicópteros y aviones. La detención fue retransmitida por televisión, como si de una película de guerra se tratase. Al mando, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, que apareció repartiendo órdenes vestido como un policía de las playas californianas.

Tan solo día y medio después de la espectacular detención, miembros del Gobierno y la PNC filtraban a los medios de comunicación un vídeo grabado en dependencias policiales. En una confusa conversación el detenido implicaba a miembros de la cúpula de FMLN, entre ellos a su coordinador general, Medardo González, en la distribución de armamento. También les implicaba en la dirección política de un supuesto grupo de terrorismo urbano del que Belloso afirmaba formar parte. Según el secretario de comunicación del FMLN, Sigfrido Reyes, “la supuesta captura de este individuo y las contradicciones inobjetables que rodean el hecho muestran que se trata de una maniobra política dirigida en el terreno por el director de ideología de ARENA, René Figueroa, quien también es el ministro de Seguridad”. Y añade que “la maniobra busca desgastar al FMLN frente a sectores del electorado que son susceptibles a este tipo de ‘sustos mediáticos’, a través de un montaje basado en manipulación de lugares, fechas e imágenes, donde los medios de comunicación, en su inmensa mayoría afines al Gobierno de ARENA, han sustituido a los tribunales”.

Diferentes sectores de los movimientos sociales sostienen que, ante la baja popularidad del presidente Saca y del Gobierno de ARENA, todo consiste en un gran montaje que puede desembocar incluso en el intento de ilegalización de la primera fuerza política de la oposición. El FMLN, en teoría, goza de la mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Todo lo vinculado a Belloso huele a montaje hace mucho tiempo”, indica Elisardo Rodríguez, uno de los portavoces del tejido asociativo estudiantil de la UES.

De montaje en montaje

El 5 de julio del año pasado, los estudiantes de secundaria protagonizaron una marcha pacífica enfrente de la UES. Protestaban por el aumento del precio del transporte público y para exigir media tarifa para estudiantes, la tercera edad y discapacitados. Según denunciaron en su día las organizaciones estudiantiles presentes en la protesta, al finalizar la marcha y a punto de iniciarse una rueda de prensa, los estudiantes fueron atacados por la UMO. Tras la carga y aún en medio de la algarabía se escucharon disparos, que dejaron como resultado dos agentes de la UMO muertos, decenas de detenidos y 20 heridos entre estudiantes, policía e incluso un docente que estaba trabajando dentro de la universidad.

A pesar del desmentido oficial, múltiples testigos oculares y algunas imágenes grabadas demuestran la existencia de francotiradores de la policía apostados en los tejados de un edificio colindante a la UES, así como la presencia de helicópteros desde los que se disparó sobre los manifestantes. Las deficiencias de la investigación y la inexplicable ausencia de autopsia de los cuerpos de los policías no han permitido aclarar de dónde provenían los disparos. Sin embargo, la trayectoria descendente de los impactos de bala hace pensar en algún tipo de montaje policial.

“El problema real es que estamos ante lo que va a ser el escenario político de aquí a marzo de 2009: represión a la ciudadanía, campañas de manipulación mediática, detenciones de líderes sociales e incluso su desaparición, como ya sucedió hace cinco meses con Edward Francisco Contreras. Este líder estudiantil está desaparecido desde el pasado 7 de febrero”, indica un portavoz del Bloque Popular Juvenil que prefiere mantener el anonimato. “Aquí hay sicarios pagados por la derecha, con complicidad de la policía. Hay gente de la policía involucrada en la desaparición de Edwin”, concluye.

Una ley antiterrorista a medida

Los sucesos del 5 de julio del año pasado fueron aprovechados por el Gobierno para aprobar un decreto legislativo contra actos de terrorismo, aunque en ningún momento el texto define el concepto de terrorismo. “Las definiciones de los tipos penales son tan ambiguas que podrán ser convertidas en ‘comodines’ para realizar capturas, bajo cualquier supuesto y casi por cualquier circunstancia”, denuncian diversos juristas de la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El auto de la Fiscalía contra los 14 detenidos en Suchitoto recoge “como actos de terrorismo toda infracción dirigida contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio y el funcionamiento normal de las instituciones”. Algunas de las acusaciones formuladas contra ellos son “sembrar el pánico en la población y crear un clima de inseguridad”, “obstaculizar la circulación en las calles” u “obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas”. Al cierre de esta edición, el fiscal mantenía a los detenidos en prisión. Las condenas pueden superar los diez años de cárcel.

Publicado en el periódico Diagonal nº 59