Colombia: multinacionales con olor a sangre

Por Decio Machado

El escándalo por los vínculos existentes entre políticos y empresarios con los narcoparamilitares de la extrema derecha en Colombia sigue pasando páginas. Las redes “paras” han impregnado a todos los estamentos de la sociedad colombiana. Poco a poco, y aun lejos de aflorar en toda su realidad, comienzan a aparecer diferentes casos que nos van permitiendo visualizar la envergadura de esta terrible trama.

En el hasta ahora último capítulo de este enorme escándalo institucional, le ha tocado el turno a la clase empresarial. En sus declaraciones realizadas a mediados de mayo ante los jueces de Justicia y Paz en Medellín, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar desmovilizado, además de dar nombres de políticos y militares, ha dado nombres de empresas y empresarios implicados en la financiación del paramilitarismo.

Multinacionales y empresarios nacionales implicados

Con los detalles entregados por Mancuso, ha quedado clara la manera cómo calcularon, peso por peso, el crecimiento de las arcas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Prácticamente, ningún sector de la economía costeña quedó por fuera: empresas bananeras; palmicultores del Magdalena; transportadores como Copetrán y Brasilia; los cafetaleros de la Sierra Nevada; las gasolineras; petroleras como Ocensa, Ecopetrol y todas las de Casanare; y las empresas madereras, pesqueras y carboníferas, como Prodeco y Carbones del Caribe, forman parte de un amplio listado comprometedor del mundo del capital en la financiación del narcoparamilitarismo.

Según Mancuso, “el paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. Según el líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (la antigua United Fruit Company), Dole Food Company (propiedad al 100% del multimillonario David Murdoch) y Fresh Del Monte (con un 56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh, pero en la que participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica Barclays o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp) pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos. Así, cada una de ellas aportaba a los fondos de las AUC “un centavo de dólar por cada caja de banano que exportaban desde Colombia”.

Además, también pagaban “impuestos” la empresa Postobón, del grupo Ardila Lule (uno de los mayores grupos económicos de Colombia), que donaba 7.000 dólares mensuales a las AUC por cada departamento en el que distribuía sus productos (Postobón controla el 99% del mercado de la bebidas no alcohólicas en Colombia y tiene más de 450.000 puntos de venta en todo el país), y Bavaria (propiedad de SABMiller, la segunda cervecera del mundo), que desembolsaba 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica. Las empresas carboneras que operan en el departamento del Cesar, donde se encuentra uno de los yacimientos carboníferos con mayores reservas del mundo, también pagaban “impuestos” a las AUC, según ha declarado el jefe paramilitar. En este caso, también los transportistas abonaban más de 70.000 dólares mensuales por hacer los portes.

Según el fiscal general Mario Iguarán, estas empresas “no pagaron por seguridad, pagaron por sangre”. El fiscal se ha comprometido públicamente a procesar el último eje del proyecto paramilitar: las empresas que les ayudaron a financiarse. Así han quedado abiertas dos líneas de investigación sobre las actuaciones de Drummond y Chiquita Brands en Colombia.

Para los paramilitares la cosa es simple. Según dijo Iván Duque, un portavoz de los “paras” que se encuentra en prisión, a la agencia de noticias Argenpress: “el apoyo de las empresas a los paramilitares era lógico, ya que respetábamos las empresas privadas y las ideas de las compañías y los paramilitares sobre los beneficios del libre mercado coincidían”.

Comienzan a aflorar datos que avalan las denuncias contra las multinacionales

La implicación de las multinacionales en los crímenes cometidos contra sindicalistas y líderes comunales no es nueva.

En el caso de la carbonífera estadounidense Drummond, el mayor explotador de carbón de Colombia, la compañía afronta un proceso judicial en su país por pagar a los paramilitares por el asesinato de tres líderes sindicales, según denunció hace ahora un año un ex responsable informático “arrepentido” del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, un órgano de inteligencia del Estado colombiano).

No es la única, a Coca-Cola se le imputan catorce asesinatos, de los cuales siete se cometieron sobre dirigentes sindicales. El diario Los Angeles Times denunció, en el año 2002, que Oxy pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas, al igual que la Asociación Cravo Norte (propiedad de Ecopetrol, Repsol y Oxy), que abonaba anualmente dos millones de dólares con destino a la Brigada XVIII del ejército en Arauca, que patrullaba las zonas cercanas al oleoducto Caño Limón-Coveñas. De igual manera, la compañía British Petroleum, junto con la francesa Total y la estadounidense Tritón, también son acusadas en diversos informes y denuncias de financiar a los paramilitares y ser cómplices en las violaciones de derechos humanos en Casanare.

Pero el caso más emblemático hasta ahora ha sido el de Chiquita Brands. Ésta se ha visto obligada a pagar al gobierno de los EE.UU. (tras pactar con el Departamento de Justicia para que el caso no fuera a más) 25 millones de dólares por haber financiado a grupos paramilitares en Colombia. Chiquita reconoció que sus principales directivos habían “donado” a los paramilitares colombianos, a través de su filial Banadex, unos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, a cambio de que éstos actuasen contra todo lo que la multinacional entendiese como un riesgo para ellos. Y, durante estos años, se incrementaron significativamente los asesinatos y los desplazamientos forzados en Urabá.

Chiquita, Coca-Cola y Drummond son sólo la punta del iceberg de la generalizada y evidente vinculación entre las multinacionales y el mundo empresarial en general con el narcoparamilitarismo. Empresas como British Petroleum, Defense System Limited, Ecopetrol, Repsol, Oxy y Nestlé, entre otras, forman parte del entramado de terror en Colombia, de ese terror que se ha cobrado la vida de muchos sindicalistas y que ha contribuido a desmejorar las condiciones salariales de los trabajadores colombianos, así como los niveles de la vida de las comunidades que se han visto afectadas.

Publicado en el Observatorio de Multinacionales de América Latina, mes mayo/07.

RELACIONES DE LA FAMILIA URIBE CON EL PARAMILITARISMO

Por Decio Machado // Periódico Diagonal

El pasado mes de abril, Gustavo Petro, senador de PDA denunciaba que Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, aprobó la creación de una cooperativa de seguridad propiedad de Salvatore Mancuso.
El senador documentó ante el senado colombiano que lo mismo ocurrió con otros líderes paramilitares como ‘La Gata’ Enilce López y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’.
El legislador dijo que la de Mancuso fue una de los 82 ‘convivir’ (como se conocieron este tipo de escuadrones privados) que Uribe autorizó de 1995 a 1997 en Antioquia. Las ‘convivir’ tuvieron vinculación con grandes narcotraficantes y contaron con la colaboración de efectivos del Ejército. Según Petro, “los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 o 30 vuelos con coca”. Petro sostuvo que el asesinato en 1989 de Luis Carlos Galán, quien por entonces promovía su candidatura presidencial, se derivó de una alianza de las AUC, narcotraficantes y “militares anticomunistas”.
También testimonios que dan cuenta de cómo los paramilitares protegían las haciendas de la familia Uribe. En la finca Las Guacharacas, propiedad de la familia del mandatario, se ejecutaron guerrilleros y allí operó una organización dirigida por Juan Villegas Uribe, quien tenía contacto permanente con ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar. Por último, Petro indicó que en la finca La Carolina, también propiedad de los Uribe, los paramilitares tuvieron su base de operaciones para actuar en la zona.
Gustavo Petro y su familia han sido innumerables veces amenazados por sicarios y paramilitares. El último hecho de gravedad en este contexto ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando dos suboficiales del Ejército fueron capturados en las inmediaciones de la casa de Petro por su escolta personal. Primero se dijo que eran agentes de la DAS (órgano de inteligencia de la seguridad colombiana). Tras haber sido esto desmentido por parte de las autoridades policiales, el Ejército sacó un escueto comunicado donde indicaba que los dos militares realizaban actividades de verificación dentro de una operación, que no ha quedado aclarada en el comunicado.

Los ‘paras’ y las multinacionales

El ‘para’ Salvatore Mancuso incriminó el pasado 17 de mayo a diversas multinacionales, a dos de las mayores empresas nacionales del país y a diversas compañías carboníferas de financiar a las AUC. Según el líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (ex United Fruit), Dole Food Company Inc (propiedad de David Murdoch), Fresh Del Monte (con un 56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh, pero donde participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica Barclays, o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp) pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos, aportando cada una de ellas dinero a los fondos de las AUC.

Gobierno, Ejército y multinacionales: la trama de la parapolítica acorrala a Uribe

Por Decio Machado // Periódico Diagonal

Con más de cien detenidos, entre los que destacan 12 congresistas de la coalición que apoya a Uribe en la presidencia de Colombia, el país afronta una crisis de legitimidad institucional sin precedentes.

El escándalo de la parapolítica en Colombia no para de crecer. Muchas organizaciones humanitarias ya habían denunciado desde hace años esta situación, sin embargo es ahora cuando están saliendo a relucir nombres, datos y hechos que salpican de manera permanente al presidente Uribe.
La impunidad con la que ha actuado el paramilitarismo ha permitido que sus líderes no hayan tenido pelos en la lengua. Carlos Castaño, el antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -responsable de matanzas, masacres y asesinatos selectivos a lo largo y ancho del país-, se vanaglorió públicamente tras las elecciones parlamentarias de 2002, las que llevaron a Álvaro Uribe a la presidencia, de que un tercio de los diputados elegidos apoyaba a los ‘paras’.
El escándalo continúa, y el pasado 14 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de cuatro nuevos senadores: Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. También ordenó la captura del representante de la Cámara de Córdoba, José de los Santos Negrete y de Luis Carlos Ordesgoitia, hasta hace poco uno de los más altos funcionarios de Uribe, ex presidente del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). La acusación sobre todos es contundente: “concierto para delinquir agravado”.
También la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General ha ordenado la detención de 15 personas -todas de la órbita política- entre quienes destaca la ex parlamentaria Eleonora Pineda, muy cercana a Uribe y gran defensora del proceso Justicia y Paz que otorga beneficios judiciales a los miembros desmovilizados de las AUC.
La Sala Penal de la Corte concluyó que todas estas personas trabaron una estrecha relación con los ‘paras’ para obtener beneficio político. La prueba de ello está escrita en el documento llamado Acuerdo de Ralito, firmado por 32 personas, donde aparecen, además de los líderes más temidos de las AUC (Salvatore Mancuso, Don Berga, Diego Vecino y Jorge 40), los senadores detenidos, representantes en la Cámara, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, dirigentes políticos, ganaderos y hasta un periodista. Según Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), “una buena parte de la clase política tradicional del país ha estado haciendo un acuerdo con el ‘paranarcotráfico’ para construir conjuntamente lo que ellos denominan una nueva Colombia”.
Ejército y paras, la misma cosa Con estas nuevas órdenes de captura, los detenidos pertenecientes al entramado político colombiano superan el centenar. Entre ellos hay ya 12 congresistas encarcelados y dos más están fugados. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar detenido, confesó en Medellín el pasado 15 de mayo ante los jueces de Justicia y Paz haber sido entrenado por los militares, así como la existencia de acuerdos firmados por las AUC con varios ex comandantes del Ejército. Todos estos comandantes forman parte hoy del generalato de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Mancuso se definió a sí mismo como “una prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado”. Explicó cómo desde la década de los ‘60 hasta los ‘90 todos los manuales de contraguerrilla de las Fuerzas Armadas justificaban e invocaban el pensamiento de las AUC. Las lista de altos mandos militares implicados es larga, pero entre ellas destacan por su alta graduación los generales Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño e Iván Ramírez. Según Mancuso, con ellos se planeó la extensión de las AUC por todo el país. “Los generales nos indicaban a los escuadrones paramilitares qué terrenos podíamos tomar y qué zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados”, indica el ‘para’ detenido. Y prosiguió diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrillero o no sea”. El caso del general Del Río es sin duda el más escandaloso. Todas las denuncias que se interpusieron contra él fueron rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares y por los funcionarios de alto nivel. Las pruebas sobre la actuación de este mando militar son tan evidentes que llevó a un juez a proferir una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001.
La detención se realizó en base a pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200 personas durante los años 1996 y 1997, cuando desempeñó el cargo de comandante de la Brigada XVII.No obstante, fue excarcelado el 6 de agosto del mismo año y el 9 de marzo de 2004 el Fiscal General archivó la investigación. Pasión y muerte de un informante es uno de los documentos más interesantes sobre las actividades de Del Río. Está escrito por el sacerdote Javier Girado, y en él se hace un recuento del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por describir las relaciones entre los militares en Antioquia y las AUC.
Según este soldado, “el general Rito Alejo del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el ‘Mono Mancuso’, líder paramilitar. La oficina de dicho general era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el general Del Río les daba confianza; dicho general más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.
Giraldo Yepes denunciaba que Del Río era habitualmente escoltado por paramilitares, y decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser ‘A-1’ (máxima prioridad).
El senador Gustavo Petro le reclamó al presidente Álvaro Uribe, el pasado mes de abril, una explicación de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al general Del Río cuando la embajada de los EE UU había anunciado el retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país publicaban detallados informes de su actividades. Sobre Del Río recaen denuncias de haber actuado en unidad de acción con las AUC, de ser el responsable de desplazamientos violentos de muchas poblaciones campesinas e indígenas, así como de centenares de muertes. Sin embargo, Del Río apenas ha sido investigado.

Caminando en la construcción de una red birregional.

Entre el pasado 3 y 5 de mayo, La Habana fue escenario del VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Libre Comercio y por la Integración de los Pueblos. Al menos 733 delegados y 440 invitados de 33 países entre profesores y estudiantes universitarios cubanos participaron en la cita.

El encuentro fue convocado por la Alianza Social Continental (ASC) y el Capítulo Cubano de la misma, para discutir la construcción de estrategias de lucha frente a las diversas expresiones de las prácticas del libre comercio, la deuda externa, la militarización y la OMC (Organización Mundial de Comercio), así como para la construcción y avance de la integración, como parte de las alternativas al modelo neoliberal del sistema capitalista actual.

Durante el encuentro, los movimientos sociales latinoamericanos advirtieron de que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fracasó, pero que se transformó y ahora aparece con rostro de TLC como nuevo elemento de dominación en el continente. Y que además ahora se incorporan nuevos TLCs provenientes de Europa, bajo el título de Acuerdos de Asociación y EPAs.

El Palacio de Convenciones de La Habana, dio cobijo a miembros de las organizaciones sociales y políticas de América, indígenas, sindicalistas, campesinos, minorías étnicas, estudiantes, religiosos, ambientalistas, representantes de comunidades, defensores de derechos humanos, comunicadores, parlamentarios, artistas e intelectuales, hombres y mujeres de todos los pueblos de las Américas. Se reunieron en sesiones plenarias con el objetivo de lograr articulaciones y acciones comunes con respecto a los temas más apremiantes de la humanidad.

Se compartieron reflexiones y propuestas sobre la situación de las luchas, y en el plenario se reconoció la necesidad de fortalecer las luchas participativas y transformadoras de los pueblos americanos. “Se acentúan las condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemónicos del imperio. No obstante, aun predominan esos flagelos en la mayoría de nuestros países.”

El continente aun no ha dejado de resistir. Lo atestiguan ejemplos como las movilizaciones de los pueblos de Costa Rica y Colombia en contra de los TLC, o la del pueblo de Oaxaca por sus derechos.

Sectores políticos y movimentistas coincidieron que “los procesos de integración de los pueblos no pueden jamás ser realizados sino desde la base del respeto a sus derechos, sus ambientes y territorios”. Y en este sentido saludaron el avance de iniciativas como el ALBA y el estímulo a una transformación social basada en la participación, la pluralidad y el diálogo.

También se apoyo la decisión de varios gobiernos latinoamericanos de cuestionarse su permanencia en instituciones como el FMI, el BM o el Banco Interamericano de Desarrollo. De igual manera se están concretando campañas para resistir la nueva estrategia por la cual mediante los biocombustibles, el planeta se ve aun más amenazado por la depredación de los recursos naturales y amenazado el derecho de los pueblos a la alimentación segura.
También es notable destacar la articulación de diversos frentes de lucha contra las multinacionales. Varias sesiones del Tribunal Permanente de lo Pueblos en articular para este año en América Latina y Europa, donde se presentaran graves acusaciones sobre multinacionales europeas y especialmente españolas en América Latina.

La Red Birregional.

La creación de la red es la consecuencia de la toma de conciencia de que las políticas neoliberales del UE y su agenda comercial se encuentran hipotecadas por las corporaciones transnacionales, con el objetivo de asegurarse el acceso sin obstáculos a las economías y los mercados latinoamericanos y caribeños.

La creación de la Red Birregional (RB) refleja la necesidad de incrementar las resistencias al “proyecto europeo”, al “libre” comercio y los intereses de las transnacionales tanto en Europa como en América Latina, de la forma más coordinada posible.

Así con casi tres años de existencia, la RB se ha referenciado como un buen espacio político y de movilización birregional. También en Europa, aunque con un ritmo más lento y desafinado, se esta construyendo una reflexión profundamente crítica sobre el futuro del proyecto europeo, y la crisis generada tras en “No” a la Constitución Europea en Francia y Holanda, son fiel ejemplo de ello.

Según manifiesta en sus propios documentos la Red: “Así como la ASC ha sido un actor clave en la creación de la red, otro factor importante es el fortalecimiento de los lazos con otras redes, como por ejemplo con las redes `Nuestro Mundo no está en venta’ y `Seattle to Brussels network”, tanto por medio de la participación en estos espacios, como por la organización conjunta de actividades en momentos claves de convergencia internacional, como han sido el Foro Social Mundial en Nairobi (2007) o como serán las movilizaciones en contra del G8 en Junio 2007 en Rostock, Alemania”.

En este contexto la ASC prepara Tribunales Permanentes de los Pueblos en Colombia contra Repsol y British Petroleum, y en Nicaragua contra Unión FENOSA, paralelamente a sumar esfuerzos para fortalecimiento de lo que será en encuentro Enlazando Alternativas 3 a realizarse en Lima, Perú en mayo del año que viene, cuando los presidentes de ambos continentes se vuelvan a reunir.

Autor: Decio Machado Flores, Observatorio de Multinacionales OMAL y asistente al encuentro de La Habana.

Acusan al narcotráfico de financiar la campaña electoral en Guatemala

NARCOPOLÍTICA / NUEVAS INFORMACIONES SOBRE EL ASESINATO DE TRES DIPUTADOS IMPLICAN AL GOBIERNO

Aunque la investigación sobre el asesinato de los diputados salvadoreños se encuentra empantanada, el escándalo está haciendo aflorar la incidencia del narcotráfico en las estructuras del Estado.

Desde que el pasado febrero tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer fueran asesinados en Guatemala por policías de este país (ver DIAGONAL nº 52), el Gobierno guatemalteco ha obstaculizado las investigaciones y escondido mucha información fundamental.

Es lo que afirma la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, que ha elaborado un informe preliminar acerca de lo sucedido desde los asesinatos. Este documento, que fue presentado al Congreso de la República, concluye que el Ministerio de Gobernación ha ocultado información. Aunque la Procuraduría sostiene que “existen intereses ocultos en el caso que obstaculizan el trabajo de investigación”, este organismo ha reafirmado su voluntad de esclarecer el crimen incluso sin contar con el apoyo del Gobierno.

Según este informe, los congresistas salvadoreños solicitaron protección a la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca cinco días antes de entrar en el país. Aunque anteriormente habían entrado en varias ocasiones, nunca habían solicitado esta protección. También recoge que hubo una orden para que los agentes de la División de Investigación Criminal (DINC) borraran evidencias y destruyeran información de los archivos de los agentes asesinados y que ninguna autoridad hizo nada por detenerlos. El informe de la Procuraduría pone también en cuestión el relato oficial sobre la muerte de los cuatro primeros policías guatemaltecos detenidos por su participación en el asesinato de los parlamentarios. Las autoridades sostienen que en la cárcel de alta seguridad de El Boquerón hubo un motín, y que en las reyertas entre presos se produjeron las muertes. La Procuraduría indica que en la inspección que realizó poco después a la cárcel todos los reos estaban en sus celdas sin indicios de amotinamiento, y añade que los internos conocen con exactitud los detalles de lo sucedido a los policías, pero que no hablarán por temor.

Implicación del Gobierno

Por otro lado, ahora se ha empezado a conocer la participación de la PNC salvadoreña en la captura de los cuatro policías guatemaltecos. A pesar de que el ex ministro de Gobernación guatemalteco, Carlos Vielmann, quiso capitalizar sus detenciones, éstas no fueron fruto del trabajo de la policía guatemalteca. También se ha confirmado que William Pichinte, uno de los diputados asesinados, llevaba una fuerte cantidad de dinero “para sus negocios”, aunque sigue sin esclarecerse la naturaleza exacta de esos “negocios”.

Vielmann, el entonces ministro de Gobernación de Guatemala, que tuvo que dimitir ante la presión social tras el asesinato de los policías, ha manifestado que hay una conspiración contra el Gobierno y las autoridades de seguridad. Lo cierto es que están circulando vía electrónica comunicados de un grupo autodenominado ‘Comité de Dignificación de la PNC de Guatemala’ en los que se denuncia la participación directa de Gobernación en la limpieza social y en escuadrones de la muerte. Este Comité también afirma que el dinero que Pichinte llevaba consigo provenía del narcotráfico y que iba a ser entregado al candidato presidencial Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), muy posible ganador de los próximos comicios presidenciales previstos para septiembre.

Durante sus últimas apariciones en el Congreso, antes de dimitir, Vielmann tuvo que asistir a la proyección de tres vídeos en los que testigos denunciaban la existencia de grupos de exterminio dentro de la PNC, dirigidos por Víctor Soto y Javier Figueroa (ex director y ex subdirector del DINC) y Víctor Rivera (asesor de Gobernación). Uno de los testigos, que se identifica como agente de la DINC y que aparece con el rostro oculto, acusa a estos grupos paralelos de ser responsables de la muerte de los diputados salvadoreños y de la ejecución de los policías en El Boquerón. También denuncia que “ese asesinato se planificó durante una reunión en el Ministerio de Gobernación (...); el ministro sabe de todo eso”. Algunos de los policías detenidos por estos hechos -entre ellos dos de los asesinados en la cárcel de El Boquerón- han sido identificados por una víctima bajo protección de la Procuraduría como miembros de los escuadrones de la muerte de la PNC.

Presión empresarial

Las respuestas del Gobierno son vagas. El vicepresidente Eduardo Stein manifiesta que “este crimen es similar al de J.F. Kennedy, que al final no se resolvió”. Los empresarios y los medios de comunicación han cerrado filas en apoyo al gobierno. De hecho, varias organizaciones políticas han denunciado haber recibido presiones de empresas que los financian para que no agiten más la problemática de la corrupción en la cúpula del Estado. Incluso la Fiscalía General de Guatemala ha reconocido estar lejos de poder identificar a los autores intelectuales del asesinato de los diputados.

La narcopolítica tiene muchos tentáculos. De muestra, un botón. Marvin Enrique Zepeda González es el más influyente candidato a alcalde por el Comité Cívico El Progresano. Cuenta con el apoyo masivo de su pueblo, Jutiapa, un municipio de 22.000 habitantes. Pero Zepeda está siendo investigado por la PNC por su relación con una organización de narcotraficantes que opera en Jalpatagua implicada en la muerte de los diputados. Aunque hace dos años que Zepeda inició sus actividades preelectorales en Jutiapa, a base de regalar dinero se ha convertido en padrino y ‘benefactor’ de gran parte de la población.

“No importa de dónde viene el dinero”

Javier Figueroa, ex subdirector de la DINC y hoy en busca y captura, ha hecho pública una carta a Óscar Berger, presidente de Guatemala. “Espero que no se le haya olvidado el comentario que nos hizo en su despacho, sobre que el dinero, que procedía del pago de cualquier trabajo honrado, era igual al billete que procedía de algún secuestro, robo, asalto o narcotráfico, puesto que billete era billete. Moraleja: no importa de dónde viene el dinero, lo que importa es que llegue constante y abundante. (...) Le recuerdo que la situación que ‘se salió de las manos’ con lo ocurrido a los diputados salvadoreños, usted en persona delante de mí y de Sperisen fue debida y directamente informado, y luego, junto a Carlos Vielmann se instruyó al respecto de lo que se tenía que hacer para ‘borrar cualquier huella’ por la ‘burrada’ cometida por los policías. El asesinato en El Boquerón [de los policías] se planificó y se ordenó en las altas esferas del Gobierno”.

Autor: Decio Machado desde Ciudad de Guatemala. Publicado en el Diagonal n| 54

Terror y caos institucional en Guatemala.

Durante el mes de marzo han salido a la luz las implicaciones de la policía guatemalteca en los escuadrones de la muerte, así como las vinculaciones de la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, lo que ha provocado la caída de toda la cúpula del ministerio de Gobernación (Interior) en Guatemala. Las democracias en el patio trasero de los Estados Unidos quedan en entredicho, a pesar de que los procesos de paz que conllevaban la democratización de estos países se firmarán hace quince años.

Con la dimisión de Carlos Vielmann, ministro de Gobernación y uno de los hombres fuertes del gobierno de Oscar Berger en Guatemala, culmina la caída de la plana mayor responsable de la “seguridad” en este país centroamericano.
En la tarde del 26 de marzo y a pesar de sus retiradas negativas, el presidente Berger se vio obligado por el Congreso Nacional a aceptar la renuncia de su ministro de Gobernación, a la vez que la de Erwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.
Estas dimisiones fueron precedidas el pasado 2 de marzo por las Javier Figueroa Díez y Víctor Hugo Soto, director y el subdirector de la División de Investigación Criminal (DINC). Con el agravante de que este último salió del país al día siguiente con destino Costa Rica, y ahora corren rumores de que pueda encontrarse escondido en Venezuela.

Un viaje sin retorno.
El pasado 19 de febrero tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, fueron asesinados en territorio guatemalteco en el que se encontraban para asistir a una reunión de ese organismo regional.
Los cuerpos tiroteados y calcinados, al igual que el vehículo que utilizaban, de los parlamentarios Eduardo D’Aubuisson, Jos Ramón González y William Rissiety Pichinte, todos del partido Alianza Republica Nacionalista (ARENA) y de su chofer, el agente de seguridad Gerardo Napoleón Ramírez, fueron hallados en la finca Las Conchas, en la aldea el Jocotillo, a 36 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
Habían salido de El Salvador formando parte de una caravana de 6 vehículos oficiales, habiendo sido custodiados por la PNC de El Salvador hasta la frontera, donde fueron relevados por la PNC de Guatemala.
En el caso del vehículo siniestrado, las patrullas los escoltaron hasta Vista Hermosa, zona 15 de Ciudad de Guatemala, donde los propios parlamentarios pidieron que los dejaran solos, pues no se dirigían directamente al hotel. Entre ese momento y sus asesinatos transcurrieron más de 3 horas, según fuentes de la investigación policial.

Primeras reacciones.
Los hechos coincidieron con el 15 aniversario de la muerte del mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA, organizador de los escuadrones de la muerte en El Salvador y padre de uno de los parlamentarios asesinatos. El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, miembro de ese mismo partido, declaraba públicamente que el asesinato había sido “premeditado y planificado por personas que no quieren la libertad”, y aseguraba que “no vamos a permitir que irresponsables comunistas lleguen al poder”, en clara alusión al Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), antigua guerrilla y principal partido de la oposición.
Transcurridos tan sólo 3 días de los asesinatos, el 22 de febrero en un acto que pretendía demostrar la eficacia de las autoridades de Guatemala, se anuncia la captura de cuatro policías en el proceso de investigación. Los detenidos eran tres oficiales y el jefe de la sección contra el Crimen Organizado de la DINC, Luis Arturo Herrera López. Según el dimitido ministro de Gobernación de Guatemala, los agentes capturados pertenecían a una red de crimen organizado que funciona dentro de la PNC.
Además de los cuatro detenidos, se extienden tres nuevas ordenes de capturas sobre subinspectores de la DINC.
Los detenidos habían sido rastreados hasta el lugar del crimen por el uso de la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, siglas en inglés). Un sistema adaptado en las patrullas policiales, que permitió determinar la posición del vehículo en el día y la hora de los asesinatos.

¿Que aconteció el 19 de febrero y los días posteriores?
Las investigaciones que se han ido llevando paralelamente desde la DINC de Guatemala, la PNC de El Salvador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los EEUU –invitado por ambas policías para dirigir el proceso-, indican que un testigo ocular vio como frente al centro comercial de la zona 10 de Guatemala, Eduardo D’Aubuisson y William Pichinte, eran introducidos en el vehículo de unos policías, mientras otros dos agentes abordaban el auto de los diputados, un Toyota 4x4 propiedad de Pichinte, donde permanecían José Ramón Gonzáles y el chofer.
Según relataron los policías detenidos, de allí los llevaron a una casa de seguridad, a 26 kilómetros del lugar del secuestro, donde los diputados fueron torturados durante más de dos horas, para posteriormente ser ejecutados en la finca La Concha.
Los policías capturados declararon que fueron contratados por un grupo de narcotraficantes de Jalpatagua, en el departamento de Jutiapa (fronterizo con El Salvador), y que estos tenían vínculos con grupos salvadoreños. Las instrucciones fueron interceptar el auto y robar el cargamento (droga o dinero), valorado en 5 millones de dólares. Según la bitácora de llamadas telefónicas, uno de los agentes capturados se comunicó en varias ocasiones con El Salvador durante y después del crimen.
Los vehículos de los parlamentarios salvadoreños no eran registrados al cruzar la frontera, ello permitía que fuera un canal seguro para pasar droga desde El Salvador a Guatemala.
En el vehículo siniestrado había destrozos importantes realizados en los asientos y se había desmontado el motor para buscar “supuestamente” un alijo de drogas o de dinero. Sin embargo, las fuentes oficiales de la investigación en Guatemala no hacen público si los policías declararon haberla encontrado.
Desde ese momento la versión manejada por las autoridades salvadoreños fue que el asesinato ya no era tan premeditado como se decía en un principio, y que a los diputados fueron confundidos con unos colombianos, que era a quienes querían matar. Tanto Saca, como Rodrigo Ávila, director de la PNC salvadoreña, mantienen incansablemente la tesis de que los diputados no estaban involucrados en actos ilícitos.
Sin embargo, el periódico “Siglo XXI” de Guatemala, asegura en su edición de primeros de marzo, que las autoridades de Guatemala han pedido un informe del diputado William Pichinte, por supuesta relación con narcotráfico. Este diario resalta también que en el ministerio de Gobernación existe un informe que relaciona al diputado salvadoreño con el tráfico de estupefacientes, y destaca a su vez, que una de las conclusiones descritas en los apuntes de los investigadores de Gobernación, es que los asesinatos se “trató de un tumbe de drogas” (robo de estupefacientes entre narcos).
El documento refiere que a las autoridades locales les extraña que los funcionarios policiales y ministeriales de El Salvador hayan venido específicamente “a aclarar que no era droga” el motivo del crimen.
Según el diario salvadoreño “Colatino”, el informe anota que ARENA manifestó reiteradamente interés en hacer creer que las muertes pudieron ser originadas por roces entre ellos y el opositor FMLN. Por último, la bitácora de los investigadores describe dos veces los aparentes reproches que los familiares de un fallecido hacen por la amistad que sostenía con Pichinte.

Asesinatos en la cárcel de alta seguridad.
En la tarde del 25 de febrero, los cuatro policías detenidos en el Centro Penal de alta seguridad “El Boquerón”, ubicado en Santa Rosa, a 65 kilómetros de Ciudad de Guatemala, son asesinados horas antes que se sometieran a un prueba de polígrafo por parte de agentes del FBI.
Según familiares de los reos que visitaban el centro: a las 15:30 horas un comando fuertemente armado y vestidos de civil ingresaron violentamente a las instalaciones, agrediendo a los visitantes y a los reos para luego sacarlos al patio de la penitenciaria desde donde aproximadamente 20 minutos después se escucharon varios disparos. Para llegar a la celda de los policías detenidos tuvieron que cruzar 9 portones de seguridad.
Las autoridades guatemaltecas negaron esta versión, el ministro Vielmann aseguró que se originó una reyerta en el interior del centro, provocada por los mismos reclusos pertenecientes a distintas “maras” (pandillas), y que fue durante esos disturbios cuando los policías fueron asesinados por los mismos “mareros”.
Un día después se confirmaba que el alcaide de la prisión, el subdirector y cuatro guardias del presidio fueron durante varias horas cautivos como rehenes dentro del centro penitenciario, por varios reos que fueron testigos oculares de los hechos. Quienes para dejar en libertad a los funcionarios negociaron con la Procuraduría de Derechos Humanos la garantía de su vida y la presencia de los medios de comunicación para desvincularse de los asesinatos.
Días después, Samuel Villalta, jefe de la Fiscalía de Cuilapa, Santa Rosa, indicaba que: “Se conoce que un grupo de personas ingresaron en forma violenta en el penal, por la puerta principal, con la complicidad del personal de turno en ese centro carcelario, y llegaron hasta donde estaban los agentes de la PNC. Los mataron utilizando armas de fuego de grueso calibre y armas blancas”.
Tras las primeras pesquisas efectuadas para determinar quiénes son los responsables de la muerte de los cuatro policías en El Boquerón, se ordenó la captura, por complicidad de 24 personas: 22 guardias del Sistema Penitenciario asignados a esa prisión, la del director de la cárcel y la del alcaide.
Dos días después se hace pública la entrega de uno de los policías prófugos, se trata del sub inspector Marvin Contreras Natarena. Este reafirma en sus declaraciones las conexiones narco-policiales y las declaraciones realizadas por los policías asesinados en “El Boquerón”.
Un día después, la crisis institucional se agudiza aun más, cuando el general Otto Pérez Molina, líder del Partido Patriota, presenta ante el Ministerio Público una denuncia en la cual dice que existen dos “escuadrones de la muerte” que funcionan dentro de la PNC de Guatemala, indicando a su vez que estos están dirigidos por un venezolano llamado Víctor Rivera, asesor de Gobernación, y por Javier Figueroa, entonces subdirector de la DINC.

Captura de los “supuestos” autores intelectuales del atentado.
El pasado 20 de marzo son capturados cuatro presuntos narcotraficantes que operan en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, quienes según las autoridades guatemaltecas serían los autores intelectuales del asesinato de los diputados. Los detenidos, Mario Lemus Escobar alias “Yegua Arisca”, Estuardo Lemus Escobar y Carlos Orellana Donis, así como Linda Castillo Orellana, quien sería la propietaria de un lujoso vehículo todo terreno que se encargó de dar seguimiento a los diputados cuando ingresaron en territorio de Guatemala, fueron grabados por las cámaras de video de una gasolinera comprando el combustible con el que luego se carbonizarían tanto los cuerpos como el vehículo de los parlamentarios asesinados.
Las autoridades guatemaltecas consideran que con la detención los dos policías que aun se mantienen prófugos y la del civil Wanner Adilcar Morales, identificado por el video de la gasolinera como compañero de los narcos de Jutiapa en el crimen, el caso estará cerrado.
Sin embargo, son muchas las voces que no tienen esto tan claro.
Según Leonel Búcaro, legislador del FMLN en el PARLACEN, el asesinato de los diputados de ARENA es el resultado de la actuación de grupos armados clandestinos en Guatemala, y presumiblemente, en El Salvador. La fracción del FMLN del PARLACEN expresó sus “dudas” con respecto a la captura de los supuestos autores intelectuales del crimen. Según Lorena Peña portavoz de esta organización: “no pueden definir como autores intelectuales del crimen a quienes compraron la gasolina”.
Para Beatrice de Carrillo, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, el asesinato de los tres diputados del PARLACEN “quedará en la impunidad total”, debido a que la “verdad” del hecho es una “bomba atómica” para toda Centroamérica.

“Habrá una aparente persecución del delito, que de antemano será sesgada, no creo en lo absoluto que se pueda llegar al fondo de esta situación tan delicada. Creo que hay un intento de los dos países por bajar el interés y la atención del caso”, dijo.


Cuadro sobre Redes de Crimen Organizado en Guatemala:

Existen varios informes de organizaciones internacionales donde se hace referencia a las redes criminales que operan en Guatemala.
Pero de todos estos informes, es más revelador es el informe “Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos”, realizado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Según la ONG estadounidense, estas agrupaciones proceden de los cuerpos contrainsurgentes que operaron durante la guerra civil guatemalteca que duró entre 1960 y 1996, están integrados por militares retirados y en ejercicio, y se relacionan con redes de narcotráfico, comercio de armas, lavado de dinero, corrupción y otros delitos. Su relación con casi todos los partidos políticos y su vínculo con las instituciones gubernamentales, especialmente la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y la cartera de finanzas públicas, les permite actuar con total impunidad.
Existen cinco grupos armados clandestinos que dominan el crimen. Estas organizaciones forman una “red secreta y amorfa conocida como poderes ocultos, que ejercieron influencia en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), y que continúan operando durante la administración de Oscar Berger”.
Breve descripción de las redes criminales que operan en Guatemala:
La Cofradía.
Es una camarilla de oficiales de inteligencia militar activos y retirados, una especie de fraternidad interna del ejército. Los dirigentes se vincularon a la corrupción administrativa durante la dictadura de Lucas García (julio de 1978-marzo de 1982). Se dice que los principales jefes son los generales retirados Manuel Callejas y Callejas y Luis Francisco Ortega Menaldo.
Durante la guerra civil formaban parte de un grupo de militares de línea dura conocido como “los estratégicos”, que simpatizaba con los métodos de los militares taiwandeses. Adoptaron una línea de seguridad enmarcada en la polarización total del “estas conmigo o contra mi” y consideraba a todos los civiles como potenciales opositores.
El Sindicato.
Surgió de la “promoción 73” de la Escuela Politécnica de 1969, y su red de lealtades ejemplifica el fenómeno de la “tanda”. Su persistencia se atribuye al liderazgo del general Otto Pérez Molina, negociador gubernamental para los acuerdos de paz con la URNG, ex aliado del actual presidente Berger y ahora candidato presidencial del Partido Patriótico.
Los miembros de “El Sindicato” eran considerados “reformistas” dentro del ejército. También se les llamó “contrainsurgentes institucionalistas” porque preferían el “esquema 30-70”: asesinar sólo al 30% de la población y “recatar el 70% con proyectos de desarrollo”.
El Estado Mayor Presidencial (EMP).
Este contingente tuvo doble función: proporcionar protección, apoyo logístico y asesoría al presidente, y actuar en inteligencia militar y actividades encubiertas. Sus actuaciones datan desde la época del general Efraín Ríos Montt, en el Archivo General y Servicios de Apoyo, que más tarde se llamó Departamento de Seguridad Presidencial.
Cuando los gobiernos civiles tomaron el control, sirvió como vínculo entre las fuerzas armadas y la presidencia de la República. Sus miembros están implicados en numerosos secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y en actos de corrupción. Uno de sus principales dirigentes es el coronel retirado Juan Guillermo Oliva Carrera.
Patrullas de Autodefensa Civil.
Las Patrullas de Autodefensa Civil, que en un momento de la guerra incluían a casi un millón de campesinos guatemaltecos, apoyaron al ejército en los esfuerzos contrainsurgentes, especialmente en los operativos de “tierra arrasada” que eliminó a centenares de aldeas indígenas, sobre todo en departamentos como Quiché.
Los antiguos jefes de estos grupos están vinculados a actividades ilícitas, mientras sus bases han servido para la organización de partidos reaccionarios como el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general Ríos Montt, y forman parte de la “infantería” del crimen organizado a nivel local. Uno de sus líderes es el general de brigada retirado Luis Felipe Miranda Trejo.
La red Moreno y el Grupo Salvavidas.
Ilustran claramente el alcance de los poderes ocultos en Guatemala por sus actividades ilícitas, sus vínculos nocivos y su estructura. Incluye un vasto despliegue de oficiales militares y funcionarios de gobierno, que pertenecieron a “La Cofradía, “El Sindicato” y el “EMP”.
Está encabezada por Alfredo Moreno Molina, de origen salvadoreño, quien estableció sus estructuras en el sistema de aduanas y otras dependencias de la cartera de finanzas públicas, desde donde realizó contrabando y fraudes fiscales. El Grupo Salvavidas integró una poderosa red conectada con todas las esferas públicas y políticas en Guatemala.

Guatemala y las drogas:

En el informe de 2007 sobre la campaña internacional contra las drogas se especifica que Panamá intercepto 36 toneladas de cocaína; Costa Rica, 14 y Nicaragua, 9. Estas cifras contrastan con las de Guatemala, en donde apenas se decomisaron 281 kilos de alcaloide.
La implicación del narco en las fuerzas de seguridad guatemaltecas es tan fuerte que en 2005 se capturó en EEUU, al jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), Adán Castillo, bajo cargos de haber conspirado para traficar cocaína a ese país.
El SAIA fue desmantelado y reorganizado; sin embargo, los cambios siguen sin dar sus frutos.
Según el documento, el país sigue siendo un área difícil de controlar para el Gobierno, al igual que la costa del Pacífico, donde los narcotraficantes descargan la droga que luego es llevada a México por tierra. EE.UU. no cree que las altas autoridades del Gobierno estén involucradas en el tráfico de drogas, pero opina que la corrupción es uno de los principales obstáculos para combatir ese flagelo.


Biografías de los responsables de Seguridad dimitidos en el mes de marzo:
Víctor Hugo Soto. Estos son detalles de la carrera de Soto: Tiene 25 años de servicio con el rango de comisario. Uno de sus primeros trabajos fue como guardaespaldas del desaparecido “Archivo”. En 1986, cuando desapareció el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) y se creó la Brigada de Investigación Especial Narcótica (BIEN), se inició la carrera de Soto. Durante la gestión de Ángel Conte Cojulún como director de la desaparecida Policía Nacional, fue jefe del Comando Antisecuestros, del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Fungió como jefe tercero del SIC, luego pasó a jefe. Su nombre tomó relevancia en marzo del 2002, cuando era jefe de Operaciones del SIC y se suscitó un enfrentamiento entre militares y policías en la avenida Simeón Cañas, zona 2 de Ciudad de Guatemala. Oficialmente se dijo que se trataba del rescate de un secuestrado y por falta de coordinación se registraron muertes. Sin embargo un testigo declaró que vio a Soto quedarse con un maletín en donde se transportaba dinero del rescate. La Fiscalía solicitó investigar a la cúpula del SIC, entre ellos a Soto. En noviembre de 2004, Soto fue investigado por frustrar la captura de un policía corrupto. Al mes siguiente, Vielmann lo condecoraba por su destacado trabajo en la PNC. Siguió como jefe de la SIC, hasta que esa unidad se transformó en la División de Investigación Criminal (DINC). El año pasado Soto encabezaba el operativo de la toma de la cárcel de Pavón donde se dio ejecución extrajudicial a siete reos.
Javier Figueroa. Estos son aspectos de la hoja de vida de Figueroa: es un ginecólogo que trabajó en el Centro Médico Militar (CMM) y dueño de la empresa Eco-Torner SA. Llegó a la Policía Nacional Civil en 2005, como jefe de la Subdirección de Salud de la Policía (Sisap), estando a cargo de la negociación para fusionar el hospital de la PNC a los servicios que se prestaban en las instalaciones militares. El proyecto fue abortado luego de que el ministro de la Defensa, Carlos Aldana, y el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, no lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, durante el proceso de negociación, Figueroa fue señalado de participar en el rapto y posterior ejecución de la hija del coronel José Israel Palacios, entonces subdirector del CMM. De acuerdo con la investigación que realizó el Ministerio Público, Figueroa fue citado a declarar por el caso y la investigación aún continúa. Tres meses después, fue nombrado por el hasta hace poco director de la Policía, Erwin Sperisen, como subdirector de Investigación, y era el jefe inmediato superior de Soto. Su designación generó malestar en la Policía, porque no tenía carrera en la institución ni conocimientos de investigación. En junio de 2006, empleados del Aeroclub de Guatemala presentaron ante el Ministerio de Gobernación una queja en contra de Figueroa por abuso de autoridad. En la misma, los denunciantes declararon que el ahora ex Subdirector de Investigaciones se presentó a las instalaciones en la zona 13 y trató de entrar por la fuerza. Ante la negativa del personal, Figueroa los ató de manos y amenazó de muerte.
Luego de que se diera a conocer la incursión de Figueroa en el Aeroclub, el dimitido director de la PNC, Erwin Sperisen, dijo en conferencia de prensa, el 11 de junio de 2006, que “si Figueroa se va, yo también”.
Erwin Sperisen. Hombre grande y fuerte, pero poco estudioso: tres años en la Universidad Francisco Marroquín para no pasar del segundo semestre de Ciencias Políticas. Sperisen llega en 2003 a concejal de la ciudad de Guatemala en la estela del Alcalde Álvaro Arzú (ex presidente). El 1 de agosto 2004 fue nombrado Jefe de la Policía Nacional Civil -PNC-, sin ninguna experiencia previa, su padre era ya el representante de Guatemala en la OMC y una de sus primeras funciones consistió en reprimir las manifestaciones populares contra el CAFTA. Destacan entre sus responsabilidades, diversos hechos entre los que destacamos: el 31 de agosto del 2004 ordena a la PNC la masacre de campesinos –con uso de fusiles de asalto- que protestaban ocupando la finca Nueva Linda por la “desaparición” de su líder, atribuida al propietario (11 muertos y 27 heridos, mujeres y niños golpeados). El Procurador de Derechos Humanos denuncia ejecuciones extrajudiciales, y los periodistas presentes denuncian que fueron golpeados y amenazados para quitarles fotos testimoniales de lo sucedido. El 11 de enero de 2005 la PNC mata a Raúl Castro Bocel y hiere a otros cuatro dirigentes comunales que se oponen al paso de un molino para la empresa minera canadiense Montana Exploradora SA, a la que acusan de contaminar con mercurio y cianuro las aguas de la región. El 14 de marzo del mismo año, la PNC mata de un tiro en la cabeza a Juan López Velásquez, durante la represión contra los manifestantes contra el CAFTA (otros 6 manifestantes son heridos de bala, dos de ellos perecen con posterioridad). El 8 de julio de 2005 muere asesinado Álvaro Juárez en San Benito, Peten, tras denunciar abusos de la PNC ante el Procurador de Derechos Humanos. La actividad represiva de Sperisen ha sido moralmente confortada por prédicas diarias de pastores evangélicos a primera hora de la mañana durante estos casi tres años de responsabilidad. En los puestos altos de la jerarquía de la PNC se sitúan 30 militares que fueron colocados por Sperisen, contraviniendo los Acuerdos de Paz y las normas que rigen los requisitos para poder ocupar un cargo de alta jerarquía.
Carlos Vielmann. Hace tres años, Vielmann se presentaba como un hombre honrado, encabezó una importante lucha como Comisionado Presidencial contra la Corrupción. Rescindió onerosos contratos de alimentos para presos, creados en épocas de Portillo, y que reportaban escandalosas sobrevaloraciones; consiguió transparentar las licitaciones e hizo importantes ahorros para el Estado. Luego, dirigió las primeras intentonas por conseguir que los ministros de Estado rindieran cuentas e impulsó reformas a favor de la transparencia. Lamentablemente, estos últimos esfuerzos fallaron por el poco apoyo de otros funcionarios. En aquellos días, Vielmann gozaba de popularidad y en pocos meses llegó a ocupar la Dirección del Ministerio de Gobernación. Vielmann realizó esfuerzos por depurar a la Policía, más de 1.200 agentes fueron separados de su cargo, consiguió importantes capturas de bandas formadas por policías, que hoy se encuentran en la cárcel y pendientes de juicio. Además, fue el único ministro que publicó un informe detallado de sus gastos presupuestarios. Sin embargo, en el último año de su gestión algo se le salió de las manos y comenzó a fallar. Lamentablemente, el Ministro de Gobernación se apoyó en Figueroa y en Sperisen, quienes no sabían absolutamente nada de la institución policial, eran dos inexpertos con metralletas, así como en Soto un policía de la vieja escuela. La defensa de sus hombres por parte de Vielmann fue total, y con ellos ha caído también.

Durante el mes de marzo han salido a la luz las implicaciones de la policía guatemalteca en los escuadrones de la muerte, así como las vinculaciones de la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, lo que ha provocado la caída de toda la cúpula del ministerio de Gobernación (Interior) en Guatemala. Las democracias en el patio trasero de los Estados Unidos quedan en entredicho, a pesar de que los procesos de paz que conllevaban la democratización de estos países se firmarán hace quince años.

Autor: Decio Machado, desde Ciudad de Guatemala (publicado en Diagonal n° 52)