Con la dimisión de Carlos Vielmann, ministro de Gobernación y uno de los hombres fuertes del gobierno de Oscar Berger en Guatemala, culmina la caída de la plana mayor responsable de la “seguridad” en este país centroamericano.
En la tarde del 26 de marzo y a pesar de sus retiradas negativas, el presidente Berger se vio obligado por el Congreso Nacional a aceptar la renuncia de su ministro de Gobernación, a la vez que la de Erwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.
Estas dimisiones fueron precedidas el pasado 2 de marzo por las Javier Figueroa Díez y Víctor Hugo Soto, director y el subdirector de la División de Investigación Criminal (DINC). Con el agravante de que este último salió del país al día siguiente con destino Costa Rica, y ahora corren rumores de que pueda encontrarse escondido en Venezuela.
Un viaje sin retorno.
El pasado 19 de febrero tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, fueron asesinados en territorio guatemalteco en el que se encontraban para asistir a una reunión de ese organismo regional.
Los cuerpos tiroteados y calcinados, al igual que el vehículo que utilizaban, de los parlamentarios Eduardo D’Aubuisson, Jos Ramón González y William Rissiety Pichinte, todos del partido Alianza Republica Nacionalista (ARENA) y de su chofer, el agente de seguridad Gerardo Napoleón Ramírez, fueron hallados en la finca Las Conchas, en la aldea el Jocotillo, a 36 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
Habían salido de El Salvador formando parte de una caravana de 6 vehículos oficiales, habiendo sido custodiados por la PNC de El Salvador hasta la frontera, donde fueron relevados por la PNC de Guatemala.
En el caso del vehículo siniestrado, las patrullas los escoltaron hasta Vista Hermosa, zona 15 de Ciudad de Guatemala, donde los propios parlamentarios pidieron que los dejaran solos, pues no se dirigían directamente al hotel. Entre ese momento y sus asesinatos transcurrieron más de 3 horas, según fuentes de la investigación policial.
Primeras reacciones.
Los hechos coincidieron con el 15 aniversario de la muerte del mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA, organizador de los escuadrones de la muerte en El Salvador y padre de uno de los parlamentarios asesinatos. El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, miembro de ese mismo partido, declaraba públicamente que el asesinato había sido “premeditado y planificado por personas que no quieren la libertad”, y aseguraba que “no vamos a permitir que irresponsables comunistas lleguen al poder”, en clara alusión al Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), antigua guerrilla y principal partido de la oposición.
Transcurridos tan sólo 3 días de los asesinatos, el 22 de febrero en un acto que pretendía demostrar la eficacia de las autoridades de Guatemala, se anuncia la captura de cuatro policías en el proceso de investigación. Los detenidos eran tres oficiales y el jefe de la sección contra el Crimen Organizado de la DINC, Luis Arturo Herrera López. Según el dimitido ministro de Gobernación de Guatemala, los agentes capturados pertenecían a una red de crimen organizado que funciona dentro de la PNC.
Además de los cuatro detenidos, se extienden tres nuevas ordenes de capturas sobre subinspectores de la DINC.
Los detenidos habían sido rastreados hasta el lugar del crimen por el uso de la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, siglas en inglés). Un sistema adaptado en las patrullas policiales, que permitió determinar la posición del vehículo en el día y la hora de los asesinatos.
¿Que aconteció el 19 de febrero y los días posteriores?
Las investigaciones que se han ido llevando paralelamente desde la DINC de Guatemala, la PNC de El Salvador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los EEUU –invitado por ambas policías para dirigir el proceso-, indican que un testigo ocular vio como frente al centro comercial de la zona 10 de Guatemala, Eduardo D’Aubuisson y William Pichinte, eran introducidos en el vehículo de unos policías, mientras otros dos agentes abordaban el auto de los diputados, un Toyota 4x4 propiedad de Pichinte, donde permanecían José Ramón Gonzáles y el chofer.
Según relataron los policías detenidos, de allí los llevaron a una casa de seguridad, a 26 kilómetros del lugar del secuestro, donde los diputados fueron torturados durante más de dos horas, para posteriormente ser ejecutados en la finca La Concha.
Los policías capturados declararon que fueron contratados por un grupo de narcotraficantes de Jalpatagua, en el departamento de Jutiapa (fronterizo con El Salvador), y que estos tenían vínculos con grupos salvadoreños. Las instrucciones fueron interceptar el auto y robar el cargamento (droga o dinero), valorado en 5 millones de dólares. Según la bitácora de llamadas telefónicas, uno de los agentes capturados se comunicó en varias ocasiones con El Salvador durante y después del crimen.
Los vehículos de los parlamentarios salvadoreños no eran registrados al cruzar la frontera, ello permitía que fuera un canal seguro para pasar droga desde El Salvador a Guatemala.
En el vehículo siniestrado había destrozos importantes realizados en los asientos y se había desmontado el motor para buscar “supuestamente” un alijo de drogas o de dinero. Sin embargo, las fuentes oficiales de la investigación en Guatemala no hacen público si los policías declararon haberla encontrado.
Desde ese momento la versión manejada por las autoridades salvadoreños fue que el asesinato ya no era tan premeditado como se decía en un principio, y que a los diputados fueron confundidos con unos colombianos, que era a quienes querían matar. Tanto Saca, como Rodrigo Ávila, director de la PNC salvadoreña, mantienen incansablemente la tesis de que los diputados no estaban involucrados en actos ilícitos.
Sin embargo, el periódico “Siglo XXI” de Guatemala, asegura en su edición de primeros de marzo, que las autoridades de Guatemala han pedido un informe del diputado William Pichinte, por supuesta relación con narcotráfico. Este diario resalta también que en el ministerio de Gobernación existe un informe que relaciona al diputado salvadoreño con el tráfico de estupefacientes, y destaca a su vez, que una de las conclusiones descritas en los apuntes de los investigadores de Gobernación, es que los asesinatos se “trató de un tumbe de drogas” (robo de estupefacientes entre narcos).
El documento refiere que a las autoridades locales les extraña que los funcionarios policiales y ministeriales de El Salvador hayan venido específicamente “a aclarar que no era droga” el motivo del crimen.
Según el diario salvadoreño “Colatino”, el informe anota que ARENA manifestó reiteradamente interés en hacer creer que las muertes pudieron ser originadas por roces entre ellos y el opositor FMLN. Por último, la bitácora de los investigadores describe dos veces los aparentes reproches que los familiares de un fallecido hacen por la amistad que sostenía con Pichinte.
Asesinatos en la cárcel de alta seguridad.
En la tarde del 25 de febrero, los cuatro policías detenidos en el Centro Penal de alta seguridad “El Boquerón”, ubicado en Santa Rosa, a 65 kilómetros de Ciudad de Guatemala, son asesinados horas antes que se sometieran a un prueba de polígrafo por parte de agentes del FBI.
Según familiares de los reos que visitaban el centro: a las 15:30 horas un comando fuertemente armado y vestidos de civil ingresaron violentamente a las instalaciones, agrediendo a los visitantes y a los reos para luego sacarlos al patio de la penitenciaria desde donde aproximadamente 20 minutos después se escucharon varios disparos. Para llegar a la celda de los policías detenidos tuvieron que cruzar 9 portones de seguridad.
Las autoridades guatemaltecas negaron esta versión, el ministro Vielmann aseguró que se originó una reyerta en el interior del centro, provocada por los mismos reclusos pertenecientes a distintas “maras” (pandillas), y que fue durante esos disturbios cuando los policías fueron asesinados por los mismos “mareros”.
Un día después se confirmaba que el alcaide de la prisión, el subdirector y cuatro guardias del presidio fueron durante varias horas cautivos como rehenes dentro del centro penitenciario, por varios reos que fueron testigos oculares de los hechos. Quienes para dejar en libertad a los funcionarios negociaron con la Procuraduría de Derechos Humanos la garantía de su vida y la presencia de los medios de comunicación para desvincularse de los asesinatos.
Días después, Samuel Villalta, jefe de la Fiscalía de Cuilapa, Santa Rosa, indicaba que: “Se conoce que un grupo de personas ingresaron en forma violenta en el penal, por la puerta principal, con la complicidad del personal de turno en ese centro carcelario, y llegaron hasta donde estaban los agentes de la PNC. Los mataron utilizando armas de fuego de grueso calibre y armas blancas”.
Tras las primeras pesquisas efectuadas para determinar quiénes son los responsables de la muerte de los cuatro policías en El Boquerón, se ordenó la captura, por complicidad de 24 personas: 22 guardias del Sistema Penitenciario asignados a esa prisión, la del director de la cárcel y la del alcaide.
Dos días después se hace pública la entrega de uno de los policías prófugos, se trata del sub inspector Marvin Contreras Natarena. Este reafirma en sus declaraciones las conexiones narco-policiales y las declaraciones realizadas por los policías asesinados en “El Boquerón”.
Un día después, la crisis institucional se agudiza aun más, cuando el general Otto Pérez Molina, líder del Partido Patriota, presenta ante el Ministerio Público una denuncia en la cual dice que existen dos “escuadrones de la muerte” que funcionan dentro de la PNC de Guatemala, indicando a su vez que estos están dirigidos por un venezolano llamado Víctor Rivera, asesor de Gobernación, y por Javier Figueroa, entonces subdirector de la DINC.
Captura de los “supuestos” autores intelectuales del atentado.
El pasado 20 de marzo son capturados cuatro presuntos narcotraficantes que operan en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, quienes según las autoridades guatemaltecas serían los autores intelectuales del asesinato de los diputados. Los detenidos, Mario Lemus Escobar alias “Yegua Arisca”, Estuardo Lemus Escobar y Carlos Orellana Donis, así como Linda Castillo Orellana, quien sería la propietaria de un lujoso vehículo todo terreno que se encargó de dar seguimiento a los diputados cuando ingresaron en territorio de Guatemala, fueron grabados por las cámaras de video de una gasolinera comprando el combustible con el que luego se carbonizarían tanto los cuerpos como el vehículo de los parlamentarios asesinados.
Las autoridades guatemaltecas consideran que con la detención los dos policías que aun se mantienen prófugos y la del civil Wanner Adilcar Morales, identificado por el video de la gasolinera como compañero de los narcos de Jutiapa en el crimen, el caso estará cerrado.
Sin embargo, son muchas las voces que no tienen esto tan claro.
Según Leonel Búcaro, legislador del FMLN en el PARLACEN, el asesinato de los diputados de ARENA es el resultado de la actuación de grupos armados clandestinos en Guatemala, y presumiblemente, en El Salvador. La fracción del FMLN del PARLACEN expresó sus “dudas” con respecto a la captura de los supuestos autores intelectuales del crimen. Según Lorena Peña portavoz de esta organización: “no pueden definir como autores intelectuales del crimen a quienes compraron la gasolina”.
Para Beatrice de Carrillo, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, el asesinato de los tres diputados del PARLACEN “quedará en la impunidad total”, debido a que la “verdad” del hecho es una “bomba atómica” para toda Centroamérica.
“Habrá una aparente persecución del delito, que de antemano será sesgada, no creo en lo absoluto que se pueda llegar al fondo de esta situación tan delicada. Creo que hay un intento de los dos países por bajar el interés y la atención del caso”, dijo.
Cuadro sobre Redes de Crimen Organizado en Guatemala:
Existen varios informes de organizaciones internacionales donde se hace referencia a las redes criminales que operan en Guatemala.
Pero de todos estos informes, es más revelador es el informe “Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos”, realizado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Según la ONG estadounidense, estas agrupaciones proceden de los cuerpos contrainsurgentes que operaron durante la guerra civil guatemalteca que duró entre 1960 y 1996, están integrados por militares retirados y en ejercicio, y se relacionan con redes de narcotráfico, comercio de armas, lavado de dinero, corrupción y otros delitos. Su relación con casi todos los partidos políticos y su vínculo con las instituciones gubernamentales, especialmente la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y la cartera de finanzas públicas, les permite actuar con total impunidad.
Existen cinco grupos armados clandestinos que dominan el crimen. Estas organizaciones forman una “red secreta y amorfa conocida como poderes ocultos, que ejercieron influencia en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), y que continúan operando durante la administración de Oscar Berger”.
Breve descripción de las redes criminales que operan en Guatemala:
La Cofradía.
Es una camarilla de oficiales de inteligencia militar activos y retirados, una especie de fraternidad interna del ejército. Los dirigentes se vincularon a la corrupción administrativa durante la dictadura de Lucas García (julio de 1978-marzo de 1982). Se dice que los principales jefes son los generales retirados Manuel Callejas y Callejas y Luis Francisco Ortega Menaldo.
Durante la guerra civil formaban parte de un grupo de militares de línea dura conocido como “los estratégicos”, que simpatizaba con los métodos de los militares taiwandeses. Adoptaron una línea de seguridad enmarcada en la polarización total del “estas conmigo o contra mi” y consideraba a todos los civiles como potenciales opositores.
El Sindicato.
Surgió de la “promoción 73” de la Escuela Politécnica de 1969, y su red de lealtades ejemplifica el fenómeno de la “tanda”. Su persistencia se atribuye al liderazgo del general Otto Pérez Molina, negociador gubernamental para los acuerdos de paz con la URNG, ex aliado del actual presidente Berger y ahora candidato presidencial del Partido Patriótico.
Los miembros de “El Sindicato” eran considerados “reformistas” dentro del ejército. También se les llamó “contrainsurgentes institucionalistas” porque preferían el “esquema 30-70”: asesinar sólo al 30% de la población y “recatar el 70% con proyectos de desarrollo”.
El Estado Mayor Presidencial (EMP).
Este contingente tuvo doble función: proporcionar protección, apoyo logístico y asesoría al presidente, y actuar en inteligencia militar y actividades encubiertas. Sus actuaciones datan desde la época del general Efraín Ríos Montt, en el Archivo General y Servicios de Apoyo, que más tarde se llamó Departamento de Seguridad Presidencial.
Cuando los gobiernos civiles tomaron el control, sirvió como vínculo entre las fuerzas armadas y la presidencia de la República. Sus miembros están implicados en numerosos secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y en actos de corrupción. Uno de sus principales dirigentes es el coronel retirado Juan Guillermo Oliva Carrera.
Patrullas de Autodefensa Civil.
Las Patrullas de Autodefensa Civil, que en un momento de la guerra incluían a casi un millón de campesinos guatemaltecos, apoyaron al ejército en los esfuerzos contrainsurgentes, especialmente en los operativos de “tierra arrasada” que eliminó a centenares de aldeas indígenas, sobre todo en departamentos como Quiché.
Los antiguos jefes de estos grupos están vinculados a actividades ilícitas, mientras sus bases han servido para la organización de partidos reaccionarios como el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general Ríos Montt, y forman parte de la “infantería” del crimen organizado a nivel local. Uno de sus líderes es el general de brigada retirado Luis Felipe Miranda Trejo.
La red Moreno y el Grupo Salvavidas.
Ilustran claramente el alcance de los poderes ocultos en Guatemala por sus actividades ilícitas, sus vínculos nocivos y su estructura. Incluye un vasto despliegue de oficiales militares y funcionarios de gobierno, que pertenecieron a “La Cofradía, “El Sindicato” y el “EMP”.
Está encabezada por Alfredo Moreno Molina, de origen salvadoreño, quien estableció sus estructuras en el sistema de aduanas y otras dependencias de la cartera de finanzas públicas, desde donde realizó contrabando y fraudes fiscales. El Grupo Salvavidas integró una poderosa red conectada con todas las esferas públicas y políticas en Guatemala.
Guatemala y las drogas:
En el informe de 2007 sobre la campaña internacional contra las drogas se especifica que Panamá intercepto 36 toneladas de cocaína; Costa Rica, 14 y Nicaragua, 9. Estas cifras contrastan con las de Guatemala, en donde apenas se decomisaron 281 kilos de alcaloide.
La implicación del narco en las fuerzas de seguridad guatemaltecas es tan fuerte que en 2005 se capturó en EEUU, al jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), Adán Castillo, bajo cargos de haber conspirado para traficar cocaína a ese país.
El SAIA fue desmantelado y reorganizado; sin embargo, los cambios siguen sin dar sus frutos.
Según el documento, el país sigue siendo un área difícil de controlar para el Gobierno, al igual que la costa del Pacífico, donde los narcotraficantes descargan la droga que luego es llevada a México por tierra. EE.UU. no cree que las altas autoridades del Gobierno estén involucradas en el tráfico de drogas, pero opina que la corrupción es uno de los principales obstáculos para combatir ese flagelo.
Biografías de los responsables de Seguridad dimitidos en el mes de marzo:
Víctor Hugo Soto. Estos son detalles de la carrera de Soto: Tiene 25 años de servicio con el rango de comisario. Uno de sus primeros trabajos fue como guardaespaldas del desaparecido “Archivo”. En 1986, cuando desapareció el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) y se creó la Brigada de Investigación Especial Narcótica (BIEN), se inició la carrera de Soto. Durante la gestión de Ángel Conte Cojulún como director de la desaparecida Policía Nacional, fue jefe del Comando Antisecuestros, del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Fungió como jefe tercero del SIC, luego pasó a jefe. Su nombre tomó relevancia en marzo del 2002, cuando era jefe de Operaciones del SIC y se suscitó un enfrentamiento entre militares y policías en la avenida Simeón Cañas, zona 2 de Ciudad de Guatemala. Oficialmente se dijo que se trataba del rescate de un secuestrado y por falta de coordinación se registraron muertes. Sin embargo un testigo declaró que vio a Soto quedarse con un maletín en donde se transportaba dinero del rescate. La Fiscalía solicitó investigar a la cúpula del SIC, entre ellos a Soto. En noviembre de 2004, Soto fue investigado por frustrar la captura de un policía corrupto. Al mes siguiente, Vielmann lo condecoraba por su destacado trabajo en la PNC. Siguió como jefe de la SIC, hasta que esa unidad se transformó en la División de Investigación Criminal (DINC). El año pasado Soto encabezaba el operativo de la toma de la cárcel de Pavón donde se dio ejecución extrajudicial a siete reos.
Javier Figueroa. Estos son aspectos de la hoja de vida de Figueroa: es un ginecólogo que trabajó en el Centro Médico Militar (CMM) y dueño de la empresa Eco-Torner SA. Llegó a la Policía Nacional Civil en 2005, como jefe de la Subdirección de Salud de la Policía (Sisap), estando a cargo de la negociación para fusionar el hospital de la PNC a los servicios que se prestaban en las instalaciones militares. El proyecto fue abortado luego de que el ministro de la Defensa, Carlos Aldana, y el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, no lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, durante el proceso de negociación, Figueroa fue señalado de participar en el rapto y posterior ejecución de la hija del coronel José Israel Palacios, entonces subdirector del CMM. De acuerdo con la investigación que realizó el Ministerio Público, Figueroa fue citado a declarar por el caso y la investigación aún continúa. Tres meses después, fue nombrado por el hasta hace poco director de la Policía, Erwin Sperisen, como subdirector de Investigación, y era el jefe inmediato superior de Soto. Su designación generó malestar en la Policía, porque no tenía carrera en la institución ni conocimientos de investigación. En junio de 2006, empleados del Aeroclub de Guatemala presentaron ante el Ministerio de Gobernación una queja en contra de Figueroa por abuso de autoridad. En la misma, los denunciantes declararon que el ahora ex Subdirector de Investigaciones se presentó a las instalaciones en la zona 13 y trató de entrar por la fuerza. Ante la negativa del personal, Figueroa los ató de manos y amenazó de muerte.
Luego de que se diera a conocer la incursión de Figueroa en el Aeroclub, el dimitido director de la PNC, Erwin Sperisen, dijo en conferencia de prensa, el 11 de junio de 2006, que “si Figueroa se va, yo también”.
Erwin Sperisen. Hombre grande y fuerte, pero poco estudioso: tres años en la Universidad Francisco Marroquín para no pasar del segundo semestre de Ciencias Políticas. Sperisen llega en 2003 a concejal de la ciudad de Guatemala en la estela del Alcalde Álvaro Arzú (ex presidente). El 1 de agosto 2004 fue nombrado Jefe de la Policía Nacional Civil -PNC-, sin ninguna experiencia previa, su padre era ya el representante de Guatemala en la OMC y una de sus primeras funciones consistió en reprimir las manifestaciones populares contra el CAFTA. Destacan entre sus responsabilidades, diversos hechos entre los que destacamos: el 31 de agosto del 2004 ordena a la PNC la masacre de campesinos –con uso de fusiles de asalto- que protestaban ocupando la finca Nueva Linda por la “desaparición” de su líder, atribuida al propietario (11 muertos y 27 heridos, mujeres y niños golpeados). El Procurador de Derechos Humanos denuncia ejecuciones extrajudiciales, y los periodistas presentes denuncian que fueron golpeados y amenazados para quitarles fotos testimoniales de lo sucedido. El 11 de enero de 2005 la PNC mata a Raúl Castro Bocel y hiere a otros cuatro dirigentes comunales que se oponen al paso de un molino para la empresa minera canadiense Montana Exploradora SA, a la que acusan de contaminar con mercurio y cianuro las aguas de la región. El 14 de marzo del mismo año, la PNC mata de un tiro en la cabeza a Juan López Velásquez, durante la represión contra los manifestantes contra el CAFTA (otros 6 manifestantes son heridos de bala, dos de ellos perecen con posterioridad). El 8 de julio de 2005 muere asesinado Álvaro Juárez en San Benito, Peten, tras denunciar abusos de la PNC ante el Procurador de Derechos Humanos. La actividad represiva de Sperisen ha sido moralmente confortada por prédicas diarias de pastores evangélicos a primera hora de la mañana durante estos casi tres años de responsabilidad. En los puestos altos de la jerarquía de la PNC se sitúan 30 militares que fueron colocados por Sperisen, contraviniendo los Acuerdos de Paz y las normas que rigen los requisitos para poder ocupar un cargo de alta jerarquía.
Carlos Vielmann. Hace tres años, Vielmann se presentaba como un hombre honrado, encabezó una importante lucha como Comisionado Presidencial contra la Corrupción. Rescindió onerosos contratos de alimentos para presos, creados en épocas de Portillo, y que reportaban escandalosas sobrevaloraciones; consiguió transparentar las licitaciones e hizo importantes ahorros para el Estado. Luego, dirigió las primeras intentonas por conseguir que los ministros de Estado rindieran cuentas e impulsó reformas a favor de la transparencia. Lamentablemente, estos últimos esfuerzos fallaron por el poco apoyo de otros funcionarios. En aquellos días, Vielmann gozaba de popularidad y en pocos meses llegó a ocupar la Dirección del Ministerio de Gobernación. Vielmann realizó esfuerzos por depurar a la Policía, más de 1.200 agentes fueron separados de su cargo, consiguió importantes capturas de bandas formadas por policías, que hoy se encuentran en la cárcel y pendientes de juicio. Además, fue el único ministro que publicó un informe detallado de sus gastos presupuestarios. Sin embargo, en el último año de su gestión algo se le salió de las manos y comenzó a fallar. Lamentablemente, el Ministro de Gobernación se apoyó en Figueroa y en Sperisen, quienes no sabían absolutamente nada de la institución policial, eran dos inexpertos con metralletas, así como en Soto un policía de la vieja escuela. La defensa de sus hombres por parte de Vielmann fue total, y con ellos ha caído también.
Durante el mes de marzo han salido a la luz las implicaciones de la policía guatemalteca en los escuadrones de la muerte, así como las vinculaciones de la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, lo que ha provocado la caída de toda la cúpula del ministerio de Gobernación (Interior) en Guatemala. Las democracias en el patio trasero de los Estados Unidos quedan en entredicho, a pesar de que los procesos de paz que conllevaban la democratización de estos países se firmarán hace quince años.
Autor: Decio Machado, desde Ciudad de Guatemala (publicado en Diagonal n° 52)
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