Claros y oscuros en el Gobierno de Ortega

Autor: Decio Machado

El 20 de abril se cumplieron los cien primeros días de gobierno del presidente Daniel Ortega. Los colectivos consultados coinciden en que muchas iniciativas han sido positivas, pero otras “ponen en riesgo la institucionalidad”.

Entre luces y sombras y como un elemento dominante, la confusión ha caracterizado los primeros cien días de gobierno de Daniel Ortega. Una confusión que ha sido provocada por el propio Gobierno sandinista, al haber elegido el secreto como norma generalizada. El Gobierno de Ortega es un ejecutivo sin portavoces oficiales, donde el silencio y la prohibición que tienen los ministros y altos funcionarios de hablar, aun bajo castigo de destitución, viene a ser la nota dominante.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó al Gobierno ya ejerciendo el control sobre una gran parte del Poder Judicial, a través del nombramiento de jueces afines. De igual manera y a pesar de sólo detentar el 38% de los votos, mantiene el control en la Asamblea Nacional a través de un cuestionado pacto con el Partido Liberal Conservador (PLC) de Arnaldo Alemán, además de regentar 80 de las 153 alcaldías existentes en Nicaragua.

Desde diversos sectores sociales, políticos y periodísticos se critica la importante acumulación de poder de Daniel Ortega, basada en acuerdos políticos con sectores de la derecha (Alemán, Iglesia, empresarios y sectores de la ‘contra’ liderados por el actual vicepresidente del Gobierno). Sin embargo, el restablecimiento del principio constitucional que otorga a todos los nicaragüenses acceso gratuito a la enseñanza y la salud públicas fue una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno sandinista, tras su vuelta al poder el 10 de enero pasado. El conjunto de movimientos sociales valora como positivas estas acciones en cuanto a la reducción de los salarios del poder ejecutivo y el incremento de los presupuestos de educación y salud.

Cinturones apretados
Los ahorros generados por la reducción de salarios en el Gobierno, en torno a unos 600.000 dólares, se están aplicando a medidas sociales. Ortega se ha convertido en el presidente centroamericano que menos gana: 3.200 dólares mensuales, un 68% menos que su antecesor, Enrique Bolaños. De igual manera, los ministros sandinistas se redujeron a 3.000 dólares sus salarios, mientras que en etapas anteriores superaban los 5.000 dólares.

El propio Edmundo Jarquín Calderón, ex candidato presidencial del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), pese a ser muy crítico con el Gobierno, reconocía en el reciente congreso organizado por su partido que la política social del Frente es adecuada, con respecto a la gratuidad de escuelas y hospitales, y tildó de “infame” la situación anterior. Sin embargo, tanto los movimientos sociales como el MRS aseguran ver “con preocupación” el despido de miles de empleados públicos y el nombramiento de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como coordinadora del denominado Consejo de Ciudadanía y Comunicación, “lo cual viola la Ley de Probidad de funcionarios públicos que condena el nepotismo”.

La Constitución nicaragüense prohíbe nombramientos de personas cuya relación sea hasta el cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad con la autoridad que hace la elección. Según Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, estas medidas “ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia por sus tendencias autoritarias”. La popularmente conocida como Challo Murillo, considerada en Nicaragua como el verdadero poder en la sombra, ha sido la artífice del acuerdo de facto que Ortega tiene con la Iglesia, por el cual el FSLN le ha devuelto privilegios a la jerarquía católica a cambio de apoyo político.

Críticas desde el feminismo
Las críticas también se muestran en el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que el pasado 8 de marzo emitió un duro comunicado en el que calificó al Gobierno de Ortega como “el peor escenario posible para las mujeres: el ascenso de un nuevo oscurantismo autoritario disfrazado de democracia directa”. “El hombre que ascendió a la Presidencia con un voto minoritario montado sobre la amañada ley electoral del pacto líbero-sandinista es un emblema de abuso sexual y de la impunidad masculina reinante en Nicaragua y una verdadera afrenta para la dignidad nacional. Dudoso honor compartido por una primera dama que negoció la integridad de su propia hija por la cuota de poder que actualmente ostenta”, reza el comunicado en alusión a la acusación por violación que interpuso en el pasado Zoilamérica Narváez en contra de su padrastro Daniel Ortega.

Dicho 8 de marzo las mujeres protagonizaron un plantón frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde interpusieron un recurso de amparo en contra de la penalización del aborto terapéutico, que fue abolido del Código Penal en septiembre del año pasado. La Corte aún no ha emitido un fallo y los diputados de la Asamblea Nacional han postergado una y otra vez debatir el tema en el Código Penal, dejando en la actualidad pendiente dicho debate hasta el próximo mes de agosto.

La doctora Ana María Pizarro, directora de Sí Mujer y miembro del MAM, en declaraciones a DIAGONAL criticó la actitud de los gobiernos que intentan imponer un Estado clerical antepuesto a la laicidad establecida en la Constitución Política, y sostuvo que es “difícil” cuantificar en cifras la situación de muertes maternas producto de la penalización del aborto terapéutico, debido a que el Ministerio de Salud maneja las cifras con secretismo. En este sentido, numerosas organizaciones sociales se manifiestan muy críticamente con el Gobierno de Ortega por nombrar al cardenal Miguel Obando y Bravo (ex líder espiritual de la ‘contra’) como coordinador del Consejo de Reconciliación, cuando el Estado se define como laico.

Según expresaron a DIAGONAL diversas líderes feministas, “Ortega está creando una confusión Estado- Partido-Familia, al haber desechado la Casa Presidencial para despachar y hacerlo desde su residencia, donde funciona la Secretaría del FSLN”. Casa por cierto cedida por el actual vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales, antiguo líder de la ‘contra’.

Desde muy diferentes sectores de la izquierda social, se señala además que “es peligrosa” la anunciada intención del FSLN de promover en el legislativo la “reelección presidencial consecutiva” con intenciones de que Ortega se “perpetúe en el poder”, algo que la actual Constitución nicaragüense prohíbe, así como que Ortega hubiese invitado a su toma de posesión al ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por fraude al Estado y lavado de dinero; y por haberle concedido a través del sistema penitenciario libertad para moverse por todo el país.

Integración latinoamericana
Por otra parte, la adhesión de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el proyecto integracionista que impulsan Venezuela, Cuba y Bolivia, fue otra de las decisiones tomadas por Ortega de manera casi inmediata. Los
beneficios económicos y sociales que acarrea el ALBA para Nicaragua son evidentes, e incluso la propia oposición conservadora se vio obligada a darle el visto bueno en la Asamblea Nacional, donde el gobernante FSLN tiene apenas 38 de los 92 escaños, pero donde los acuerdos del ALBA fueron ratificados unilateralmente con tan sólo un voto en contra y diez abstenciones.

De hecho, uno de los grandes temores de la derecha -tanto la pactista con el FSLN como la opositora-, es que la influencia cada vez mayor de Hugo Chávez sobre el Gobierno de Ortega haga que el país pueda dar un giro a la izquierda, que no estaba previsto en un principio en el programa sandinista. Los movimientos sociales se declaran conscientes de que cien días es un período demasiado corto para evaluar a cualquier gobierno, y están por ver los resultados de nuevas políticas sociales anunciadas por el Gobierno sandinista. A medio y largo plazo, se anuncian otras medidas de fuerte impacto social como el programa de Hambre Cero, que pretende beneficiar a 75.000 familias campesinas en cinco años, o la aspiración de declarar a Nicaragua libre de analfabetismo en 2009.

Una manita de Chávez a Ortega
La ayuda venezolana y los beneficios de la firma del ALBA en Nicaragua ya están en marcha. Su monto inicial es de 400 millones de dólares, y destacan, entre otros, una docena de proyectos gracias a los altos volúmenes de inversión, impensables desde el presupuesto estatal nicaragüense. El más notable de todos es la construcción de una refinería con capacidad para procesar de 100.000 a 150.000 barriles diarios, lo que permitiría suplir toda la demanda nacional y exportar productos terminados a Centro América, Estados Unidos y China, la que podría estar lista en un período de cuatro años, si se cumplen los objetivos.

Importante también es la construcción de dos plantas procesadoras de aluminio, que trabajarán usando materia prima producida en la planta que CVG ALUNASA (filial del ente estatal Corporación Venezolana de Guayana) tiene en Costa Rica. Se pondrá en marcha en breve la construcción de una planta para fabricar sacos de rafia (polipropileno) en la ciudad de Chinandega, con cuya producción se cubrirá la mitad de los sacos que Nicaragua consume.

En materia vial, comienza a darse forma ya al monumental proyecto de construir 500 kilómetros de carretera (que incluyen 24 puentes y numerosas escuelas y centros de salud en la vía) para conectar Río Blanco con Bilwi. Será una carretera asfaltada construida por personal militar de ambos países, con mano de obra local de cada pueblo por donde vaya pasando. De igual manera se procederá a la perforación de cien pozos profundos de agua potable en diversas ciudades, así como en algunas zonas de producción agrícola, a la par que se oficializa la apertura de una oficina de representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, con el fin de que se intensifiquen los préstamos a pequeños productores.

Y también están en ejecución proyectos como la importación de productos terminados de petróleo, a razón de 10.000 barriles por día, así como de gas licuado de petróleo, con el que se pretende detener la depredación de los bosques nicaragüenses. En este sentido, se importarán con precios ventajosos 200.000 cocinas de gas con sus respectivos cilindros, con la intención de que la gente aproveche las ventajas de esa tecnología que, además de ser más limpia y eficiente, es “amigable” con el medio ambiente.

A nivel sanitario se profundizará en la donación de medicamentos. Ya se han enviado tres toneladas de medicinas genéricas, entre las que destacan vacunas contra el rotavirus, así como un cargamento para atender a 400 enfermos con sida. Continuando en este sentido con la rehabilitación de cinco hospitales y la construcción de tres centros de atención integral que en todos los casos brindarán atención médica gratuita.

Programa de Hambre Cero
Es uno de los pilares del programa de Gobierno sandinista. Y se inicia en la costa caribeña de Nicaragua. Se prevé trabajar durante el 2007 con 15.000 familias. Ya se han enviado técnicos a la zona del Río Coco, territorio fronterizo con Honduras habitado mayormente por indígenas misquitos y mayagnas. Es la zona donde está más acentuada la pobreza. Se estima que cada mes mueren de hambre unas 17 personas en la región. El programa Hambre Cero, que pretende beneficiar a 75.000 familias campesinas pobres durante los próximos cinco años, se extenderá a los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, y algunos municipios de Managua, hasta abarcar todo el país, según aseguró a DIAGONAL Ariel Bucardo, ministro de Agricultura y Forestal (MAGFOR).

El objetivo fundamental del proyecto es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de esas familias pobres, y dinamizar el mercado interno. Como parte del programa, a cada núcleo familiar se le entregará una vaca, una cerda preñada, cinco gallinas y un gallo de corral para desarrollar un programa de crianza, forraje, un molino y un biodigestor para producir biogás a partir del estiércol. La iniciativa gubernamental también incluye créditos e implementos agrícolas a los campesinos. Los beneficiarios sólo pagarán por la mitad de lo entregado a una caja de ahorro que ellos mismos conformarán.

El costo total del proyecto será de 150 millones de dólares. El MAGFOR ya está entregando a más de 100.000 familias campesinas semillas de arroz, sorgo, frijoles y maíz, además de urea venezolana a precios más bajos que los del mercado local.