LA COOPERANTE VASCA BEGOÑA GARCÍA FUE ASESINADA DE UN TIRO EN LA NUCA EN 1990
Decio Machado Flores
Diecisiete años después del asesinato de la cooperante vasca Begoña García Arandigoien en El Salvador, el principal implicado en el crimen visita el Estado español con la más absoluta impunidad.
“Fue el 10 de septiembre de 1990 en la falda del volcán de Santa Ana (zona del nordeste del país). Dos días antes, la guerrilla había realizado diversas reuniones y actos propagandísticos en el territorio, consecuencia de ello, una unidad de compañeros del ERP se hallaba aún en la zona”, así relata a DIAGONAL Domingo, alías usado en aquella época por este ex combatiente guerrillero que fue miembro del Ejército Revolucionario Popular (ERP), uno de los cinco grupos armados que conformaron en 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Domingo, militante activo del FMLN y trabajador de la cooperación internacional, prefiere no dar su nombre: “No entiendo la actuación de la Justicia española, pero mientras este asesino no esté sentado en un banquillo español o ante la Corte Internacional, mejor mantener mi anonimato, al fin y al cabo, nuestro país está gobernado por la extrema derecha”. Y prosigue: “Los compas supervivientes relataron a nuestra unidad, que estaba a pocos kilómetros, que a primera hora de la tarde la columna guerrillera en la que estaba Alba (nombre con el que se conocía popularmente a Begoña García Arandigoien) fue emboscada por el Ejército, la compañera fue herida y apresada por los militares. Fue un duro golpe porque todos los que tuvimos la suerte de conocerla, la queríamos mucho”.
Dos días después, el 12 de septiembre, la radio Venceremos, emisora rebelde de la guerrilla del FMLN informaba: “Begoña García, compañera internacionalista de origen vasco, fue asesinada salvajemente por el Ejército en un hospital de campaña en el cantón La Montañita, del departamento de Santa Ana, horas después de su captura el pasado 10 de septiembre”.
El asesinato de una cooperante
Begoña García Arandigoien era una joven médica nacida en Navarra y militante de la organización internacionalista Askapena. Había llegado a Nicaragua en 1988 y apenas un año después marchaba a El Salvador como personal sanitario para la guerrilla del FMLN.
La versión oficial dada por el Gobierno salvadoreño y la Comandancia del Ejército fue que la brigadista internacional murió “en combate” a consecuencia del fuego cruzado entre guerrilla y Ejército. No hubo ningún reconocimiento judicial y el Ejército procedió de inmediato al entierro de su cadáver. Esta joven cooperante de apenas 24 años pasó a formar parte de la larga lista de mártires que generó el Ejército durante el conflicto armado en El Salvador. “Incluso el nombre de Begoña fue utilizado como un alías por otros internacionalistas vascos en honor a su memoria”, relata a DIAGONAL Alfredo Pombo, otro ex combatiente del ERP.
Tras las gestiones de la embajada española, se consiguió que cuatro días después del asesinato fuera exhumado su cadáver. Ya en el Hospital de Navarra, lugar donde Begoña trabajó antes de viajar a Centroamérica, la autopsia no dejaba lugar a dudas: la joven había sido asesinada de un balazo con “cañón tocante en la nuca”, además de haber recibido otros cinco balazos en diferentes partes del cuerpo y sufrir roturas del fémur y de los dos brazos. Todo indica que antes de su asesinato con un disparo a quemarropa, había sido torturada por el Ejército salvadoreño.
Ante las explicaciones requeridas por las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por esta “vergonzante” ejecución extrajudicial, las autoridades del Gobierno salvadoreño nunca dieron respuesta.
Ejecución extrajudicial
La Comisión de la Verdad que se formó en 1993, con la participación de las Naciones Unidas y con el fin de investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante el conflicto que azotó El Salvador entre 1980 a 1991, estudiaron entre otros, el caso de la joven cooperante internacional. Según la Comisión de la Verdad, Begoña García “fue ejecutada extrajudicialmente por efectivos de la cuarta compañía BIC PIPIL de la Segunda Brigada de Infantería bajo el mando inmediato del teniente Roberto Salvador Hernández y el mando superior del teniente coronel del Ejército, José Antonio Almendáriz Rivas, Ejecutivo de la Segunda Brigada”. La investigación de la Comisión indica que ambos oficiales “encubrieron los hechos” con la colaboración de la tercera comandancia de la Policía Nacional, así como peritos y las autoridades judiciales que reconocieron el cadáver en el patio del hospital de campaña donde fue asesinada.
El decreto de amnistía general de 1993, por el que se “perdonaron” miles de delitos de lesa humanidad cometidos en El Salvador, permitió a Almendáriz verse exculpado de los crímenes cometidos durante la guerra, entre los cuales destacaba el de Begoña por su condición de cooperante extranjera.
Según informó a DIAGONAL Vicente Neto, líder comunal y antiguo combatiente de la Fuerzas Populares de Liberación (FLP), otra de las organizaciones armadas que conformaron el FMLN: “José Antonio Almendáriz Rivas es diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por el departamento de Sonsonete, hace diez años que ejerce cargos en la Asamblea Legislativa de El Salvador, y en la actualidad postula por ser el cabeza de lista de su partido para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el primer trimestre del 2009”. Y prosigue: “Almendáriz fue depurado del Ejército en 1992 junto a otro centenar de militares. Además, reconoció públicamente hace dos años su responsabilidad por el asesinato de la compañera Alba, llegando a decir que dicho crimen lo cometió en su momento por odio”.
Almendariz: “Ya pedí perdón por ello”
A finales del pasado mes de octubre, Almendáriz formó parte de una delegación de diputados salvadoreños que viajaron al Estado español con el fin de analizar la Transición española como un posible modelo aplicable a la situación política de El Salvador. Allá, Guillermo García, padre de la víctima, contactó con escasa fortuna con los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de que el diputado salvadoreño fuera detenido y evitar así que pudiera salir del territorio español. En la actualidad y preguntado por el crimen de Begoña García por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, Almendáriz se limitó a declarar: “ya pedí perdón por ello”.
Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal el 29 de noviembre de 2007
jueves, 29 de noviembre de 2007
domingo, 4 de noviembre de 2007
La “parapolítica” se mantiene vigente en Colombia
Autor: Decio Machado (Delegado de Paz con Dignidad en América Latina)
Aunque a simple vista parece que su influencia se redujo, la sombra de la “parapolítica” no desaparece en la Costa. Los resultados electorales del pasado 28 de octubre demuestran que varios de los partidos que tienen nexos con las autodefensas ganaron en 21 alcaldías y tres gobernaciones, así como curules en una Asamblea.El caso más notorio es Córdoba, donde 17 de sus 28 alcaldías estarán en manos de grupos afines a los ex congresistas Reginaldo Montes, Miguel de Espriela y Juan Manuel López, todos ellos presos en el penal de La Picota.
La situación de Sucre también es bastante inquietante, dado que en la Gobernación y en la Alcaldía de Sincelejo ganaron candidatos cercanos a Álvaro García y Jairo Merlano, también detenidos por “paapolítica”.
En Magdalena, donde un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ganó la Alcaldía de Pivijay, también se afirma que el Gobernador electo es cercano a Trino Luna.
Una Alcaldía en Bolívar (Turbaco) y otra en el Atlántico (Campo de la Cruz), completan el nuevo mapa “para” de la Cosa a partir del 1 de enero, donde tomarán posesión de sus nuevos cargos, gobernadores, alcaldes, ediles, concejales y los curules a la Asamblea.
Más de 40 los parlamentarios son investigados por “parapolítica”.
El 17 de enero de 2006, los directores del partido de la U, Juan Manuel Santos, y de Cambio Radical, Germán Várgas Lleras, anunciaron la expulsión de cinco congresistas por presuntos vínculos con paramilitares. Los cinco políticos afectados eran fieles aliados del gobierno y aunque había rumores sobre sus relaciones non sanctas, no se constataban hasta entonces las ilegalidades. Muchos afiliados de ambos partidos llegaron a calificar como precipitada la medida tomada por Santos y Vargas. Sin embargo hoy, tres de ellos –Dieb Maloof, Luís Eduardo Vives, Jorge Castro- están detenidos por “parapolítica”; otro –el representante Jorge Caballero- anda prófugo en Europa, y el quinto –el senador Habib Merheg-, está siendo investigado por lo mismo.
A primeros del 2006, se llegó a decir que estábamos ante hechos aislados y que había que restarle importancia a lo sucedido. En noviembre del 2007, esos casos han dejado de ser aislados y ya suman más de 40 parlamentarios. Ni el proceso 8000 –hasta ahora el escándalo político por excelencia de la última década en Colombia- la Justicia se había ocupado de tantos congresistas al mismo tiempo. Y de tantos gobernadores: hay dos detenidos –los de Magdalena y Cesar- y uno ex prófugo, Salvador Arana, de Sucre.
Ni los más críticos con el sistema político colombiano se imaginaban que a la fecha de hoy, la mayoría de la dirigencia política tradicional de cuatro departamentos –Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba- estaría sub-júdice.
Merece la pena destacar, que todo este escándalo de “parapolítica” posiblemente nunca habría llegado a estos niveles si no fuera por dos hechos concretos: el allanamiento de una casa en Santa Marta en marzo de 2006 y la decisión de la Corte Suprema de desempolvar una investigación contra el senador Álvaro García. En el allanamiento se encontró el llamado computador de “Jorge 40”. Allí había información sobre vínculos de varios políticos con el jefe paramilitar, que, en primera consecuencia: fueron detenidos cuatro diputados de Sucre, cuyas voces habían sido grabadas por miembros de las autodefensas durante una reunión que sostuvieron con los políticos.
En octubre, la corte llamó a indagatoria a los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, así como al congresista Eric Morris. Esto significó un nuevo punto de inflexión en las actuaciones de la Justicia en Colombia. Nunca la Corte, es más alto tribunal de la justicia penal, se había atrevido a imputar a con un político todopoderoso como Álvaro García en un caso como este. Esta situación, permitió que se visualizara la verdadera dimensión de la “parapolítica” –la que no afecta directamente al presidente Álvaro Uribe, aún perfectamente parapetado frente a los procesos judiciales-.
A partir de ahí, la Corte y la Fiscalía General empezaron a verse inundadas de denuncias de testimonios y de pruebas de vínculos de políticos y paramilitares. Declaraciones de imputados como el senador Miguel de la Espriella, dejaron a la luz las reuniones clandestinas entre parlamentarios, dirigentes regionales y comandantes de las autodefensas. La osadía y falta de recato en algunas de las declaraciones de los implicados, da a entender la visión de impunidad que hasta entonces habían tenido los políticos colombianos ante la ley.
La desfachatez de los incriminados ha sido patente. Todos declaran su inocencia. Alegan que fueron obligados, que no había otra opción que tratar con los jefes feudales armados, y que lo hicieron por “salvar a la patria”. Hasta ahora, esa explicación no ha prosperado en la Corte. Tal vez por eso varios de ellos optaron por renunciar a su investidura, pedir a la Fiscalía que los investigue y esperar que un juez les dé la razón.
| Relación de políticos implicados en “parapolítica” | ||
| Nombre del imputado | Asignación o cargo político | Situación legal |
| Álvaro García Romero | Senador de Colombia Democrática | Detenido, llamado a juicio |
| Álvaro Araujo Castro | Senador de Alas Equipo Colombia | Detenido, llamado a juicio |
| Mauricio Pimiento | Senador de partido de la U | Detenido, llamado a juicio |
| Dieb Maloof | Senador de Colombia Viva | Detenido, llamado a juicio |
| Luís Eduardo Vives | Senador de Convergencia Ciudadana | Detenido, llamado a juicio |
| Eric Morris Tabeada | Representante de Colombia Democrática | Llamado a juicio |
| Jorge Luís Caballero | Representante de Apertura Liberal | Prófugo |
| Alfonso Campo Escobar | Representante por el Partido Conservador | Detenido. Se declaró culpable |
| Miguel de la Espriella | Senador de Colombia Democrática | Detenido |
| Eleonora Pineda | Ex representante expulsada de Colombia Democrática | Detenida |
| William Montes | Senador del Partido Conservador | Detenido |
| Muriel Benito Revollo | Ex representante del Partido Conservadora | Detenida |
| Reginaldo Montes | Senador de Cambio Radical | Detenido |
| Juan Manuel López Cabrales | Senador del Partido Liberal | Detenido |
| Jairo Enrique Merlano | Senador del partido de la U | Detenido |
| José de los Santos Negrete | Representante por el Partido Conservador | Detenido |
| Karelly Patricia Lara | Representante de Cambio Radical | Detenido |
| Óscar Leonidas Wilches | Representante de Cambio Radical | Detenido |
| Mario Uribe Escobar | Senador de Colombia Democrática, ex presidente del Senado | Llamado a indagatoria |
| Alfredo Cuello Baute | Representante por el Partido Conservador, ex presidente de la Cámara | Llamado a indagatoria |
| Álvaro Morón Cuello | Representante de Alas Equipo Colombia | Llamado a indagatoria |
| Luís Carlos Torres | Senador de Cambio Radical | Llamado a indagatoria |
| Vicente Blel | Senador de Colombia Viva | Llamado a indagatoria |
| Luís Humberto Gómez Gallo | Senador conservador, ex presidente del Congreso | Investigación preliminar |
| Rubén Darío Quintero | Senador de Cambio Radical | Investigación preliminar |
| Óscar Suárez Mira | Senador de Alas Equipo Colombia | Investigación preliminar |
| Mauricio Parodi Díaz | Representante por el Partido Liberal | Investigación preliminar |
| Óscar Reyes | Senador de Convergencia Ciudadana | Investigación preliminar |
| Alfonso Riaño Castillo | Representante de Convergencia Ciudadana | Investigación preliminar |
| Zulema Jattin | Senadora de la U, ex presidente de la Cámara | Investigación preliminar |
| Julio Mazur Abdala | Senador por el Partido Conservador | Investigación preliminar |
| José Manuel Herrera | Representante por Convergencia Ciudadana | Investigación preliminar |
| Habib Merheg | Senador de Colombia Viva | Investigación preliminar |
| Héctor Julio Alfonso López | Representante por Apertura Liberal | Investigación preliminar |
| Fernando Tafur | Representante por Apertura Liberal | Investigación preliminar |
| Dixon Ferney Tapasco | Representante por el Partido Liberal | Investigación preliminar |
| Adriana Patricia Gutiérrez | Senadora de la U | Investigación preliminar |
| Emilio Ángel Barco | Representante por el Partido Liberal | Investigación preliminar |
| Musa Besaile Fayad | Representante por el Partido Liberal | Investigación preliminar |
La "parapolítica" a la sombra del presidente Uribe.
La vinculación formal del senador Mario Uribe a la “parapolítica” es el trago más amargo que le ha tocado hasta ahora pasar al presidente Uribe, tanto por su cercanía familiar como por su significado político.Desde que comenzó la investigación de las vinculaciones de políticos colombianos con el “paramilitarismo”, nunca se había tocado de tan cerca a la Casa de Nariño. El turno le tocó al senador Mario Uribe Escobar, el primo del alma del presidente Álvaro Uribe. Enterado de la noticia, Uribe declararía: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”. Pero ¿qué hay detrás de todo esto?
La cercanía entre el Presidente y el senador no se limita a los vínculos de sangre. Se ha construido a lo largo de muchos años de actividad conjunto en la política. Los propios inicios de ambos fueron comunes: en el guerrismo, el movimiento del mítico caudillo liberal Bernardo Guerra Serna. De allí salieron juntos, y en 1986, ambos fueron elegidos al Congreso: el actual presidente al Senado, y Mario a la Cámara. Cuando el actual mandatario aspiró a la cámara, su primo heredó el curul senatorial. Han sido parejas paralelas y complementarias, y precisamente esto es lo que hace pronosticar que difícilmente Mario Uribe actuara a parte del presidente.
Mario Uribe esta imputado por declaraciones que le implican con paramilitares de Caucasia tratando de hacerse con unas tierras baratas en la región de Antioquia, y de igual manera en reuniones con ilegales en Sahagún (Córdoba) para conseguir fincas en Sucre. Pero lo que realmente importante que tiene sobre sus espaldas le ha llegado a través de las declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso, quien asegura que se reunión un par de veces que Uribe lo había buscado para que le ayudara a conseguir votos en las zonas bajo su influencia.
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jueves, 25 de octubre de 2007
Se incrementa la violencia contra el ejercicio del periodismo en América Latina
Por Decio Machado
Durante los primeros nueve meses del presente año, diecisiete periodistas fueron asesinados en América Latina. Estos datos fueron denunciados a primeros de octubre por Manuel Méndez, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), organización adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la cual engloba a unos quinientos mil afiliados de más de 100 países esparcidos por los cinco continentes.
La región de mayor conflictividad dentro del continente ha sido Haití, con cuatro periodistas asesinados, seguido de México con tres, Brasil y Guatemala con dos y con uno, Nicaragua, Perú, Colombia, El Salvador, Paraguay y Venezuela. Aunque a estos datos, hay que sumar las desapariciones de tres periodistas mexicanos, lo cual en el peor de los casos, situaría a este país como el de mayor riesgo y siniestrabilidad, cosa que ya sucedió el año pasado.
La peligrosidad y la falta de seguridad en el ejercicio profesional del periodismo, al igual que en muchos de los casos la impunidad sobre los delitos, constituyen motivo de grave preocupación para las organizaciones sindicales del sector, que permanentemente vienen denunciando estos hechos.
Por su parte la UNESCO consignó en un informe reciente que en los últimos diez años fueron asesinados más de 1.200 periodistas en todo el mundo y otros miles han padecido agresiones e intimidaciones de todo tipo.
Estas alarmantes cifras fueron dadas a conocer por el subdirector general adjunto de Comunicación de la UNESCO, Mogens Schmidt, quien señaló además que los ataques a periodistas han ido en aumento.
El total de periodistas asesinados durante el 2006 fueron 155, siendo considerado este, el peor año registrado en ataques directos y brutalidad e impunidad continua en casos de periodistas muertos, la mayoría en Irak, mientras que otros son objeto de constantes amenazas, añadió el directivo de la UNESCO en conferencia de prensa realizada en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al 30 de septiembre de año en curso, ya habían sido asesinados 130 periodistas, lo hace temer que este año se pueda rebasar con creces la trágico cuota de comunicadores asesinados en el ejercicio de su profesión con respecto al año pasado.
Según Mogens Schmidt, el acoso a los periodistas no es exclusivo de los países en situación de conflicto, puesto que en algunos de los países que aparecen como signados por la paz y la democracia, los profesionales de la prensa son asesinados por revelar casos de corrupción o criminalidad que involucran a las autoridades. En palabras de Aidam White, secretario general del FIP: “los medios de comunicación se han vuelto más poderosos y el ejercicio del periodismo más peligroso”.
América Latina, un continente de riesgo para la comunicación.
Si bien es cierto que el ascenso de las izquierdas en América Latina ha significado mayor seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo sigue habiendo países de alto riesgo para el desarrollo del periodismo y la libertad de expresión.
Durante los 31 años de existencia de la FEPALC, desde su fundación en 1976, han sido asesinados cerca de mil periodistas en América Latina y el Caribe.
Desde la invasión de 2003 en Irak, este país se ha convertido año tras año en el máximo foco de asesinatos de periodistas a nivel mundial. Sin embargo en América Latina se continúa asesinando periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo y que no impidió las elecciones que reeligieron a Álvaro Uribe Vélez con una tasa de abstención del 60%, superior a la registrada en cualquier otro país de la región.
Con independencia del número de muertos, México y Colombia merecen un tratamiento especial en los informes sobre la falta de libertad de expresión de determinados países del continente. En ambos países es donde hoy por hoy se hace más difícil el desempeño del ejercicio del periodismo. Ambos países han sido denunciados en innumerables ocasiones ante diversos organismos internacionales, debido a las presiones y amenazas que de forma permanente viven los periodistas y los medios de comunicación en general.
México: mayor zona de riesgo para el ejercicio de la profesión en América Latina.
El pasado 5 de septiembre, Óscar Rivera de 39 años recibió siete impactos de bala disparados por fusiles automáticos en la ciudad de Culiacán, región central del Estado de Sinaloa.
Este periodista, fundador de la revista “Cambio 21” fue asesinado cuando salía de su trabajo a dos cuadras de la sede de la policía ministerial. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas “7 de Junio” movilizaba a de cerca de cincuenta trabajadores de prensa para exigir a las autoridades que esclarezcan el homicidio de Rivera, castiguen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para que los reporteros realicen sus labores.
La columna se desplazó primero hacia el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, en Culiacán. Como no fueron recibidos por el funcionario a cargo del organismo, tomaron el edificio y bloquearon calles aledañas mostrando pancartas con leyendas como “¡Ni un periodista más!” y “¡Exigimos justicia”.
La esposa del periodista asesinado responsabilizó por el hecho al comandante de la Novena Zona Militar, Rolando Eugenio Hidalgo Hedyy, señalando que como parte de su trabajo la víctima debía cumplir la función de vocero, sin ninguna protección, informando en varias oportunidades los resultados de las redadas que se le tendían a los narcotraficantes.
El año 2006 ya fue un año de brutalidad sin precedentes para los profesionales del sector en México, que se convirtió en la país más peligroso del continente para los periodistas. En el informe anual del año pasado, titulado Periodistas bajo el filo de la espada, que se presento en la ciudad de Bruselas, la FIP calificó a México como “el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción”, y precisó que en el plano internacional para los trabajadores de los medios de información 2006 fue “un año de brutalidad sin precedentes”.
En su reporte, el FIP precisó que en México ocurrieron el año pasado 10 asesinatos de periodistas de investigación, lo que colocaba al país por encima de Colombia (cinco), que quedaba en el segundo lugar de este macabro ranking. El número de periodistas asesinados durante el ejercicio del 2006 en América Latina, fueron 37.
La situación en México refleja continuidad con la cifra de otros años. Reporteros sin Fronteras ya había precisado en los últimos días de la administración pasada, que “el mandato del presidente Vicente Fox terminó con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes”.
Durante el sexenio panista de Fox, México se convirtió en 2005 “en el país más letal para la prensa de todo el continente americano” y el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak, y de entonces a la fecha se le considera como el país “más peligroso del mundo” en este sentido.
“La creciente desigualdad y no equitativa distribución de la riqueza, a favor de los que más tienen y en perjuicio de las poblaciones más necesitadas, son el caldo de cultivo para la impunidad y las campañas interesadas en desacreditar al periodismo de investigación y de denuncia”, analiza la FIP sobre la situación del gigante del norte latinoamericano.
Según la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX): “el mayor peligro de muerte del periodismo regional radica hoy en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político local, sea estatal, regional, provincial y/o municipal”.
Colombia: segundo en el ranking de asesinados a periodistas.
El pasado 24 de octubre, morían asesinados el reportero gráfico Carlos Alberto Jaramillo, y su colaborador Julio César García. Ambos morían baleados en la ciudad de Calí. Ese mismo día hacía público su decisión de abandonar el país, el prestigioso reportero colombiano y destacado activista por la defensa de los derechos humano, Hollman Morris, consecuencia de las diversas amenazas recibidas por los paramilitares debido a sus críticas públicas al gobierno de Álvaro Uribe.
De igual manera a primeros de septiembre, el periodista Javier Darío Arroyabe Monsalve fue asesinado en Cartago, 200 kilómetros al oeste de Bogotá. Colaborador del diario “El Tiempo”, principal periódico del país, y director de noticias de la emisora radial “Ondas del Valle”, la víctima de 41 años fue apuñalado en varias ocasiones en el interior de su residencia.
Sus compañeros de trabajo señalaron que Arroyabe Monsalve abordaba temas polémicos en su espacio radial, como la corrupción, el despilfarro de los recursos de Estado y la política regional. Recordaron también que el periodista asesinado formaba parte del equipo periodístico que denunció la corrupción del ex alcalde de la ciudad, Luís Alberto Casto, quien a la postre fue sancionado con la suspensión del cargo.
Por otro lado, recientemente organizaciones nacionales e internacionales de prensa expresaron su enérgica repulsa en contra de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe por sus acusaciones a dos periodistas de relevante trayectoria. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que sus comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra de ambos, provocando además el exilio de uno de ellos.
El CPJ denunció la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación, lo cual socava su “teórico” compromiso con la libertad de expresión. Los afectados fueron los periodistas Daniel Coronell, director de noticias del Canal 1 y columnista de la prestigiosa revista “Semana”, al que el presidente en un diálogo radial calificó de cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional; y Gonzalo Guillén, corresponsal de diario “El Nuevo Herald” de Miami, que se vio obligado a abandonar Colombia luego de recibir más de veinte amenazas de muerte, tras que Uribe lo definiese como difamador de baja calidad.
La Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER), también formuló un llamado al presidente Uribe para que atempere su lenguaje cuando se trata de la prensa. La FELCOPER denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos o inexactos. Guillén no ha sido el único periodista obligado a marcharse de Colombia, la lista es extensa y entre ellas está Freddy Muñoz, el hasta hace unos meses corresponsal de Telesur en Bogotá.
Destacan en este país, los sucesos ocurridos en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba, zona norte del país y uno de los departamentos de mayor actividad paramilitar. Allí una turba de simpatizantes de Colombia Democrática, la organización política que mayor número de dirigentes detenidos tiene por “parapolítica”, golpeó a los periodistas Milton Otero y Julio Daniel Otero, reportero gráfico y director del quincenario “El Observador”.
La agresión fue liderada por el ex alcalde José Berín Figueroa y el profesor Rafael Figueroa Flórez, cuando los periodistas hacían tomas fotográficas del Palacio Municipal, mientras esperaban al nuevo alcalde para una entrevista.
Milton Otero denunció que el intento de linchamiento podría estar relacionado con las denuncias de fueron publicadas en “El Observador” respecto a diversos actos de corrupción que alcanzan al ex alcalde y a diversos funcionarios, así como a los posibles vínculos de políticos de dicha coalición con los grupos paramilitares de la región.
La situación de grave inseguridad que viven los y las periodistas colombianas desde hace muchos años ha llevado a multitud de denuncias tanto nacionales como internacionales, que tuvieron su cenit en las acciones que se realizaron en la ciudad de Arauca, donde se produjo el lanzamiento del “Código de Protección para el Cubrimiento de los Actos Electorales” y se distribuyó la segunda edición en español del “Manuel de Protección para Periodistas: Noticias en vivo” de la FIP.
El programa de capacitación se realiza merced al trabajo conjunto del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia, la Corporación de Medios para la Paz y la Agencia Sueca de Cooperación la acción se extendió este año a las ciudades de Bucaramanga, Cali e Ibagué.
En los últimos 16 años, solo en Colombia, 39 periodistas han sido asesinados en cumplimiento de su trabajo profesional.
Últimos asesinatos en el continente.
El pasado 11 de octubre, la Policía Nacional Civil de El Salvador anunció la captura de José Alfredo Hernández, a quien se le atribuye la autoría del asesinato del periodista Salvador Sánchez Roque.
Sánchez Roque, de 38 años de edad, reporteaba para las emisoras de radio Mi Gente, YSUCA y Maya Visión, todas ellas vinculadas a la izquierda social y política del país. La madre del periodista asesinado declaró a los medios que su hijo venía denunciando numerosas injusticias y que se mantenía muy pendiente de las extorsiones al transporte público que las pandillas realizan en la zona.
El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina y del mundo, con una tasa de homicidios de más de 60 por 100.000 habitantes. El 80 por ciento de los crímenes son ejecutados con armas de fuego y en su mayoría quedan impunes.
De igual manera, el pasado 22 de agosto, fue asesinado el periodista paraguayo Tito Palma, director de la emisora de radio FM Mayor Otaño.
El 5 de julio pasado, murió asesinado el reportero gráfico Jorge Alejandro Castañeda Martínez, de 35 años, quien recibió más de diez tiros por desconocidos, cuando salía de dejar a sus hijos de 4 y 6 años en una escuela de la zona 11 de Ciudad de Guatemala.
No era el primer periodista asesinado en Guatemala, donde el pasado 3 de mayo, cayó el reportero de Radio Sonora rolando López Sánchez.
Conclusión.
Hace quince o veinte años, en la época de las dictaduras militares en América Latina, los periodistas eran reprimidos, asesinados y desaparecidos directamente por los gobiernos autoritarios emanados de la “Operación Condor”. Hoy sin embargo, queda evidenciado que en varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos además tienen la osadía de autodefinirse como las vanguardias de las democracias avanzadas en el continente junto a los Estados Unidos y Canadá, se consolida una nueva clase política local de extracción delictiva que ejerce una suerte de “narco-poder” o “corrup-poder” en asociación con los ejércitos privados del crimen armado. La mayoría de los periodistas asesinados trabajaban en diarios, periódicos, radios y otros medios de comunicación locales.
Publicado en la Revista Pueblos (octubre/2007)
viernes, 19 de octubre de 2007
En memoria del Che Guevara
Por Decio Machado
La figura del Che sigue asomando 40 años después en cada parte del planeta donde los humildes y las organizaciones sociales se enfrentan a las injusticias globales.
8 de octubre, 40 años atrás. No había cumplido un año aún la guerrilla en Bolivia. La situación era mala, el Ejército les pisaba los talones, el apoyo popular era escaso y las organizaciones de la III Internacional les daban la espalda.
Meses antes había escrito su Mensaje a los Pueblos del Mundo, que contiene sus afirmaciones más radicales y contundentes: la guerra mundial abierta contra EE UU, en abierta contradicción con la “coexistencia pacífica” que entonces sostenía la URSS y los partidos comunistas latinoamericanos. Encabezó ese documento con la frase: “Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna”.
Una guerrilla diezmada, donde apenas quedan 17 combatientes, es sorprendida en la Quebrada del Yuro. El Che ordena sacar a los enfermos y se queda con el resto para hacer frente a los militares. Harry Villegas, alias Pombo, uno de los cinco sobrevivientes, contó así ese momento: “Yo pienso que él pudo escapar. Pero traía un grupo de gente enferma que no se podía desplazar a la misma velocidad que él. Cuando el Ejército comienza la persecución, decide pararse y dice a los enfermos que sigan. Entre tanto el cerco se va cerrando. Sin embargo, los enfermos logran salir (...). El Che y el resto de compañeros aguantan. Cuando van a continuar, el cerco se cerró y entonces se produce el enfrentamiento directo”.
“Apunte bien, va a matar a un hombre”
Tras tres horas de combate es herido y apresado. Le quedan horas de vida.
El sargento Mario Terán entra en una sala de la escuelita de La Higuera, donde había sido confinado el Che. Según declaró a la prensa: “Ése fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme me dijo: ‘Usted ha venido a matarme’. Yo me sentí cohibido y baje la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: ‘¿Qué han dicho los otros?’ (refiriéndose a los guerrilleros Willy y Chino). Le respondí que no habían dicho nada, y el contestó: ‘¡Eran unos valientes!’. Yo no me atrevía a disparar, en ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentí que se me echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno - me dijo- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto”.
La historia 40 años después aún tiene cosas que decir sobre las razones que llevaron a Guevara al callejón sin salida de la selva de Ñancahuazú. Enviado al mundo de los mitos por dos ráfagas de fusil automático por orden del agente cubano de la CIA Félix Rodríguez. Hoy la Historia nos indica que mataron a un hombre, pero no su leyenda. El fotógrafo Freddy Alborta inmortalizó su cuerpo sin vida expuesto por los militares en la lavandería del hospital de Vallegrande, donde fue trasladado después de muerto. Lo haya querido o no el autor, la imagen de Guevara tendido sobre los pilones de un lavadero recuerda a Cristo. Su mirada ausente de muerto irradiaba una extraña inocencia, acentuada por sus labios entreabiertos, semi sonrientes en el rictus mortis.
Hoy los campesinos de esta región de Bolivia han hecho un santuario en ese lugar. Es la religiosidad verdadera que inspira el Che para millones de personas de todo el planeta.
Su legado
Presentar al Che como un soñador o aventurero es erróneo, su imagen guerrillera tapó al teórico socialista de pensamiento crítico y rebelde. Guevara criticó fuertemente las contradicciones del sistema económico socialista de la URSS, China y demás naciones bajo su órbita. En las notas de Praga, tras su salida de África, el Che denuncia que, de no ser rectificadas, las deformaciones de las sociedades socialistas conducirían a una involución del sistema de impredecibles consecuencias para la humanidad.
Para él, “la revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”. También se enfrenta a la tesis “no debemos plantearnos la toma del poder”, nacida de pensadores socialdemócratas de finales del siglo XIX y puesta de actualidad por los autores llamados ‘posmodernos’ desde sus cómodos sillones académicos. Él afronta este debate desde una práctica política vivida cotidianamente como una apuesta vital por la revolución socialista. “El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las fuerzas revolucionarias y todo debe estar supeditado a esta gran consigna. La toma del poder es un objetivo mundial de las fuerzas revolucionarias”.
Para Guevara, “la misión de los dirigentes y de los partidos es la de crear todas las condiciones necesarias para la toma del poder y no convertirse en nuevos espectadores de la ola revolucionaria que va naciendo en el seno del pueblo”. Su pensamiento prioriza el plano donde se constituye la hegemonía socialista. Es ahí donde deben ubicarse sus escritos sobre la necesidad de construir el hombre nuevo, la batalla por la creación de una pedagogía del ejemplo y la moral comunista: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”.
El guevarismo, junto al mariateguismo (que incluye el factor indígena en el proceso revolucionario), constituye la expresión del pensamiento político más radical de Marx y Lenin, descifrados en clave latinoamericana. Pero el Che sobrevive a la crisis ideológica tras la caída del muro de Berlín. Lo logra porque su vida irradia autenticidad y radicalidad, siendo un ejemplo de coherencia de vida. Como proyecto político, significa una lectura del marxismo que recupera su clave antiimperialista y anticapitalista, la confrontación por el poder y de lucha radical contra toda forma de dominación social.
Poder popular y antiestalinismo
Para el Che la revolución comienza antes de la toma del poder, con la creación del poder popular y las zonas liberadas, se prolonga a través de la destrucción del poder estatal, en el derrocamiento de la vieja sociedad, y más tarde se extiende en la creación de nuevas formas de relaciones sociales y nuevas instituciones creadas a partir de la transformación del orden social. Antiburocrático y antiautoritario, siempre planteó la creación del poder popular y la continuidad ininterrumpida y permanente de la revolución contra toda burocracia. Acusado por los estalinistas de pretender exportar la revolución por todo el mundo, hizo énfasis en la revolución continental: “No pueden confundirse los compromisos coyunturales, diplomáticos o comerciales de un Estado particular con las necesidades políticas del movimiento popular latinoamericano en su conjunto”.
Su internacionalismo le llamó a sentir en carne propia las desdichas que afectan a todas las personas del mundo, ésa fue su mayor contribución al pensamiento contemporáneo. Bolivia fue su fracaso militar y político. Un error de trágicas consecuencias para él y para el movimiento revolucionario del momento. Sin embargo, su legado vive: la América en lucha de hoy parte del fruto de la semilla por él sembrada. “Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana” (Diario de Bolivia, 1967).
Fuente: Diagonal Periódico
La figura del Che sigue asomando 40 años después en cada parte del planeta donde los humildes y las organizaciones sociales se enfrentan a las injusticias globales.
8 de octubre, 40 años atrás. No había cumplido un año aún la guerrilla en Bolivia. La situación era mala, el Ejército les pisaba los talones, el apoyo popular era escaso y las organizaciones de la III Internacional les daban la espalda.
Meses antes había escrito su Mensaje a los Pueblos del Mundo, que contiene sus afirmaciones más radicales y contundentes: la guerra mundial abierta contra EE UU, en abierta contradicción con la “coexistencia pacífica” que entonces sostenía la URSS y los partidos comunistas latinoamericanos. Encabezó ese documento con la frase: “Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna”.
Una guerrilla diezmada, donde apenas quedan 17 combatientes, es sorprendida en la Quebrada del Yuro. El Che ordena sacar a los enfermos y se queda con el resto para hacer frente a los militares. Harry Villegas, alias Pombo, uno de los cinco sobrevivientes, contó así ese momento: “Yo pienso que él pudo escapar. Pero traía un grupo de gente enferma que no se podía desplazar a la misma velocidad que él. Cuando el Ejército comienza la persecución, decide pararse y dice a los enfermos que sigan. Entre tanto el cerco se va cerrando. Sin embargo, los enfermos logran salir (...). El Che y el resto de compañeros aguantan. Cuando van a continuar, el cerco se cerró y entonces se produce el enfrentamiento directo”.
“Apunte bien, va a matar a un hombre”
Tras tres horas de combate es herido y apresado. Le quedan horas de vida.
El sargento Mario Terán entra en una sala de la escuelita de La Higuera, donde había sido confinado el Che. Según declaró a la prensa: “Ése fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme me dijo: ‘Usted ha venido a matarme’. Yo me sentí cohibido y baje la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: ‘¿Qué han dicho los otros?’ (refiriéndose a los guerrilleros Willy y Chino). Le respondí que no habían dicho nada, y el contestó: ‘¡Eran unos valientes!’. Yo no me atrevía a disparar, en ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentí que se me echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno - me dijo- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto”.
La historia 40 años después aún tiene cosas que decir sobre las razones que llevaron a Guevara al callejón sin salida de la selva de Ñancahuazú. Enviado al mundo de los mitos por dos ráfagas de fusil automático por orden del agente cubano de la CIA Félix Rodríguez. Hoy la Historia nos indica que mataron a un hombre, pero no su leyenda. El fotógrafo Freddy Alborta inmortalizó su cuerpo sin vida expuesto por los militares en la lavandería del hospital de Vallegrande, donde fue trasladado después de muerto. Lo haya querido o no el autor, la imagen de Guevara tendido sobre los pilones de un lavadero recuerda a Cristo. Su mirada ausente de muerto irradiaba una extraña inocencia, acentuada por sus labios entreabiertos, semi sonrientes en el rictus mortis.
Hoy los campesinos de esta región de Bolivia han hecho un santuario en ese lugar. Es la religiosidad verdadera que inspira el Che para millones de personas de todo el planeta.
Su legado
Presentar al Che como un soñador o aventurero es erróneo, su imagen guerrillera tapó al teórico socialista de pensamiento crítico y rebelde. Guevara criticó fuertemente las contradicciones del sistema económico socialista de la URSS, China y demás naciones bajo su órbita. En las notas de Praga, tras su salida de África, el Che denuncia que, de no ser rectificadas, las deformaciones de las sociedades socialistas conducirían a una involución del sistema de impredecibles consecuencias para la humanidad.
Para él, “la revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”. También se enfrenta a la tesis “no debemos plantearnos la toma del poder”, nacida de pensadores socialdemócratas de finales del siglo XIX y puesta de actualidad por los autores llamados ‘posmodernos’ desde sus cómodos sillones académicos. Él afronta este debate desde una práctica política vivida cotidianamente como una apuesta vital por la revolución socialista. “El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las fuerzas revolucionarias y todo debe estar supeditado a esta gran consigna. La toma del poder es un objetivo mundial de las fuerzas revolucionarias”.
Para Guevara, “la misión de los dirigentes y de los partidos es la de crear todas las condiciones necesarias para la toma del poder y no convertirse en nuevos espectadores de la ola revolucionaria que va naciendo en el seno del pueblo”. Su pensamiento prioriza el plano donde se constituye la hegemonía socialista. Es ahí donde deben ubicarse sus escritos sobre la necesidad de construir el hombre nuevo, la batalla por la creación de una pedagogía del ejemplo y la moral comunista: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”.
El guevarismo, junto al mariateguismo (que incluye el factor indígena en el proceso revolucionario), constituye la expresión del pensamiento político más radical de Marx y Lenin, descifrados en clave latinoamericana. Pero el Che sobrevive a la crisis ideológica tras la caída del muro de Berlín. Lo logra porque su vida irradia autenticidad y radicalidad, siendo un ejemplo de coherencia de vida. Como proyecto político, significa una lectura del marxismo que recupera su clave antiimperialista y anticapitalista, la confrontación por el poder y de lucha radical contra toda forma de dominación social.
Poder popular y antiestalinismo
Para el Che la revolución comienza antes de la toma del poder, con la creación del poder popular y las zonas liberadas, se prolonga a través de la destrucción del poder estatal, en el derrocamiento de la vieja sociedad, y más tarde se extiende en la creación de nuevas formas de relaciones sociales y nuevas instituciones creadas a partir de la transformación del orden social. Antiburocrático y antiautoritario, siempre planteó la creación del poder popular y la continuidad ininterrumpida y permanente de la revolución contra toda burocracia. Acusado por los estalinistas de pretender exportar la revolución por todo el mundo, hizo énfasis en la revolución continental: “No pueden confundirse los compromisos coyunturales, diplomáticos o comerciales de un Estado particular con las necesidades políticas del movimiento popular latinoamericano en su conjunto”.
Su internacionalismo le llamó a sentir en carne propia las desdichas que afectan a todas las personas del mundo, ésa fue su mayor contribución al pensamiento contemporáneo. Bolivia fue su fracaso militar y político. Un error de trágicas consecuencias para él y para el movimiento revolucionario del momento. Sin embargo, su legado vive: la América en lucha de hoy parte del fruto de la semilla por él sembrada. “Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana” (Diario de Bolivia, 1967).
Fuente: Diagonal Periódico
lunes, 24 de septiembre de 2007
Tras las elecciones: Guatepeor
GUATEMALA: CERCA DE 50 PERSONAS MUEREN EN LOS COMICIOS MÁS SANGRIENTOS DE LA HISTORIA DEL PAÍS
Por Decio Machado / Guatemala
Guatemala se prepara para la segunda vuelta en la pugna para las presidenciales. Corrupción, narcotráfico y paramilitarismo se afianzan en el país, mientras las opciones de izquierda quedan desarmadas.
Por Decio Machado / Guatemala
Guatemala se prepara para la segunda vuelta en la pugna para las presidenciales. Corrupción, narcotráfico y paramilitarismo se afianzan en el país, mientras las opciones de izquierda quedan desarmadas.
Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el más votado en la primera vuelta con el 28%, y el ex militar ultraderechista Otto Pérez del Partido Patriota (PP), segundo con el 23%, aspiran a lograr la presidencia del Gobierno tras la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 4 de noviembre. Hasta el momento, Colom ha recibido el respaldo de una decena de alcaldes electos, mientras que Pérez ha sido apoyado por empresarios farmacéuticos y líderes evangélicos.
No obstante, los dos candidatos centran sus fuerzas en convencer al caudal de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), que quedó en tercer puesto en la lucha por la presidencial con el 17% de los votos. La romería hacia los alcaldes electos comenzó después de que el comité ejecutivo de la GANA dio “libertad” a sus simpatizantes al no decantarse por ningún candidato. GANA quedó en segundo lugar en las alcaldías, al ganar 78 de las 332 que se disputaron el 9 de septiembre.
Una jornada en teoría “limpia”
La totalidad de los observadores nacionales e internacionales presentes en el proceso electoral del 9 de septiembre han coincidido en destacar la “normalidad y eficiencia democrática” con la que se celebraron los comicios y felicitar al actual Gobierno de Óscar Berger por ello.
Sin embargo, Orlando Amado, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), denuncia lo siguiente a DIAGONAL: “El proceso electoral en Guatemala lleva más de 50 años siendo una farsa: durante la dictadura militar votaban hasta los muertos, ahora compran el voto en barriadas enteras por lo que apenas viene a significar dos platos de comida. Aprovechan las necesidades que tiene el pueblo, se aprovechan del analfabetismo político de la inmensa mayoría de la población, y se aprovechan de la sumisión de la población indígena, la cual ha sido vapuleada históricamente en nuestro país y se ha convertido en sumisa”.
“Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y la local Mirador Electoral apenas visualizaron la ausencia de incidentes violentos graves el día de las votaciones, pero esta campaña electoral ha sido la más violenta de la historia del país”, indicó a DIAGONAL Gregorio Caicedo, miembro del colectivo MAIZ en la localidad de Las Flores, en el norte de Guatemala. Y prosigue: “medio centenar de personas, entre candidatos a diferentes cargos, activistas políticos y familiares de ellos, han sido asesinados durante la campaña electoral”.
La intromisión sin precedentes del crimen organizado en los comicios locales ha sido motivo de preocupación de todas las organizaciones sociales, especialmente en aquellas zonas cuyos aspirantes a alcalde son más que sospechosos. Ante la amenaza del narcotráfico a los poderes locales, el Foro Guatemala, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil, lanzó una intensa campaña sobre el riesgo de convertirse en cómplice de los delincuentes a la hora de depositar la papeleta en la urna.
“Hay regiones donde el narcotráfico ya está invirtiendo en beneficio de la población, y esto es un problema serio, porque la población empieza a pensar: si el Gobierno no me da esto... mejor sigamos con ellos”, denunció Fernando Leal, representante de la Alianza Evangélica en el Foro Guatemala. En dichas zonas rurales, los alcaldes sólo adoptan decisiones con el visto bueno de las mafias.
El comportamiento mafioso llega en muchas ocasiones hasta sus últimas consecuencias. En Chimaltenango, el hijo del alcalde que se presentaba a la reelección tiene una compañía de moto-taxis, conocidos popularmente como tuc-tuc. Un vecino intentó entrar en ese sector de negocio y compró una moto. No contaba con la autorización del hijo del alcalde. Tras varias amenazas, un día apareció muerto. Un informe elaborado por el Procurador de Derechos Humanos sobre el proceso electoral indica que el crimen organizado controla el noreste del país, y que es imposible presentar candidatos limpios de toda conexión con estas mafias.
En el Petén, zona noreste del país, han surgido fortunas de la noche a la mañana. “Algunos de estos nuevos ricos han llegado a cargos municipales o han apoyado a determinados candidatos”, dice Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Y continúa: “El candidato usa el partido como un vehículo para llegar a la alcaldía. Es él quien financia la campaña y no el partido, al que no le debe nada. Por esta razón, los narcotraficantes, que disponen de buenos recursos, tienen grandes posibilidades de ganar”.
Y la izquierda desapareció
La sorprendente irrelevancia de Rigoberta Menchú en los resultados electorales, con tan sólo el 3%, tira por tierra la tesis del racismo como elemento básico del rechazo de su propuesta política. “Claro que algo de racismo hubo, pero no fue lo más importante. Menchú perdió ante el escrutinio del pueblo maya mayoritario en el padrón electoral. Si las elecciones se hubieran realizado en las Naciones Unidas, habría ganado. Pero para ser líder político hace falta algo más que fama internacional. Rigoberta no es el Moisés que nos llevará a la Tierra Prometida”. Así de rotunda se mostró a DIAGONAL Clarita Winapuc, líder comunal en el departamento de Quiché, predominantemente indígena.
De igual manera piensa el analista y académico indígena Estuardo Zapeta, el cual declaraba recientemente a ArgenPress: “Creo que fue un error pensar que los indígenas iban a votar por ella sólo por ser indígena, además el hecho de que el 95% de la población la conozca y tenga buena opinión de ella no quiere decir que voten por ella para la presidencia... lograr eso requiere trabajo”.
A la división indígena hay que añadir que la izquierda social y política chapín nunca le dio legitimidad a la candidatura de Rigoberta. “Ella fue un invento de las ONG españolas, nunca ha hecho nada en la política interna de Guatemala, los que la conocemos sabemos que no es una persona de izquierdas. En 2004 aceptó ser la embajadora de buena voluntad para los Acuerdos de Paz, un cargo creado ‘ad hoc’ por el Gobierno del neoliberal Óscar Berger para incluirla en el gabinete, ¿usted lo puede entender?”, sentencia con severidad Mario Beltrán, miembro del Frente Nacional de Lucha.
Con respecto al resto de las fuerzas de la izquierda, el resultado fue aún más calamitoso. La histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antigua fuerza guerrillera, estuvo a punto de desaparecer del escenario político, habiendo logrado tan sólo un “curul” en el Congreso de la República.
Inmunidad para un genocida
El ex dictador Efraín Ríos Montt consiguió un escaño como diputado por su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), logrando así la inmunidad legislativa que buscaba para evadir la acción de la justicia española. Los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal. En la actualidad pesa una orden de búsqueda y captura contra el ex dictador y otros altos cargos cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para juzgarlo por genocidio y torturas. “Estuve disponible cuatro años [sin inmunidad].
Si los otros son inútiles y no supieron presentar demandas, es cuestión de ellos”, afirmó recientemente el ex dictador, pastor evangélico y un ferviente lector de la Biblia que dio un golpe de Estado en 1982 contra el general Romeo García. Su mandato es considerado el más sangriento de todos los que se sucedieron durante la cruenta guerra civil de 36 años (1960-1996) que asoló el país. Después de más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos el conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz hace 11 años.
Fuente: Periódico Diagonal núm.61, 20 de septiembre de 2007Maras o pandillas: tatuajes con dolor en Centroamérica
Por Decio Machado / Honduras
l fenómeno pandillero importado desde los EE UU se ha asentado en el sur. Las diferentes maras, especialmente la Salvatrucha y Barrio 18, se han convertido hoy en factores de inestabilidad para los Gobiernos centroamericanos. Se estima que entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, actúan más de 100.000 mareros.
Los líderes en Honduras de las temibles Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13) y Barrio 18 (o M-18)firmaron el cese de la violencia entre ellos y acordaron un reparto del territorio, según informes policiales filtrados por la prensa hondureña a primeros de septiembre.
Según estos documentos, que recogerían informaciones de agentes infiltrados, líderes de las pandillas M-18 y MS-13 han firmado un pacto para que sus integrantes no se exterminen en cada conflicto. “Nosotros ya quedamos en que no nos íbamos a matar unos a otros y que no haya pleitos, pero nosotros no por eso dejamos de pertenecer a nuestra home (pandilla), sólo es que estamos distribuyéndonos los sectores”, habría explicado un marero (pandillero) a un agente infiltrado. Un portavoz de la Policía hondureña declaró que “hemos observado que ellos volvieron a pintar las paredes para dar a conocer que ya tienen nuevamente marcados los sectores que operan para la venta de droga, cobro de impuestos de guerra y asaltos”. Sin embargo, otro portavoz de la Policía, Héctor Mejía, manifestó a DIAGONAL que “esto no es nada nuevo. En muchos otros momentos las maras han llegado a acuerdos de reparto de territorio y de tregua entre bandas, que son sistemáticamente rotas cuando cambian los líderes locales, consecuencia de las detenciones a las que son sometidos por los cuerpos de seguridad hondureños”.
Sin embargo, este pacto se produce después de que, a mediados de julio, los representantes de los servicios de seguridad de los países centroamericanos, junto a los de República Dominicana, México y Estados Unidos acordaran en Ciudad de Guatemala impulsar una estrategia conjunta para el combate de las pandillas, el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico. Los responsables de seguridad se comprometían a desarrollar sistemas de intercambio de datos y el uso y la difusión de información entre los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y EE UU.
La declaración final de la cumbre de seguridad estableció que esta lucha “se basará no solamente en actividades policiales, sino también en programas de prevención y rehabilitación” de los jóvenes miembros de estos grupos. Según Thomas Shannon, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio Occidental de EE UU, su país aportará un millón de dólares al SICA para este proyecto. Según fuentes del SICA, el acuerdo de seguridad podría costar entre 600 y 800 millones de dólares. Hasta el momento, lo único puesto en marcha ha sido la coordinación de la Unidad TAG (Transnational anti- gang Unit), un nuevo grupo supranacional para reforzar la lucha contra las maras con el FBI y las policías de los distintos países.
¿Qué son las maras?
La violencia en Centroamérica no es un fenómeno reciente. Desde hace varias décadas estos países han ocupado un lugar privilegiado entre las naciones con los índices más elevados de violencia. Según declaró a DIAGONAL Aristide Carpio, de la asociación salvadoreña Casa de los Mestizos, “uno de los grupos que mayor protagonismo han tenido en la violencia generada en la historia reciente de nuestros países son los jóvenes, quienes tienen un alta participación en la dinámica de la violencia tanto en calidad de víctimas, como de victimarios”. En este contexto, indica, “una de las expresiones de la violencia juvenil que en la última década ha cobrado cada vez mayor visibilidad pública a partir de su rápido crecimiento y de la complejización de sus dinámicas es el de las maras o pandillas juveniles, que surgieron en Centroamérica a finales de los años ‘80”.
El factor desencadenante es la deportación masiva desde los EE UU, tras el endurecimiento de sus leyes migratorias, de jóvenes centroamericanos llegados allí por la crisis económica de los ‘80 y ‘90. Para Roberto Gómez, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “mientras estuvieron allá, estos jóvenes fueron asimilados por la cultura y la organización pandillera del Estado de California, específicamente del Condado de Los Ángeles, en particular por la ‘18th Street’ y la ‘Mara Salvatrucha-13’, que desde entonces se convirtieron en los principales referentes organizativos y simbólicos de la rebeldía juvenil contra la sociedad establecida”.
En los países centroamericanos, la influencia cultural pandillera californiana, con sus novedosas modas de vestir, de tatuarse, de hablar caliche (el lenguaje empleado por los sectores más marginales de la sociedad) y de beligerancia provocó la fascinación de decenas de miles de jóvenes que adoptaron su modo de ser e hicieron suyas las reglas de los pandilleros deportados de EE UU a quienes veían “más poderosos”. Para Stefan Johanson, cooperante de la asociación de iglesias libres de Suecia, Diakonía, “las maras se convirtieron en un verdadero movimiento contracultural juvenil fanatizado, que les proveía un ambiente familiar sustituto, amistad, protección, seguridad física y económica, pero, sobre todo, una identidad juvenil autónoma, cuya existencia la sociedad antes había rechazado pero que ahora se le imponía de la peor manera”.
“Las pandillas en Centroamérica han existido desde hace mucho tiempo”, indica Roberto Gómez. “Eran espacios donde los jóvenes buscaban constante de diversión y escándalo, pero donde la muerte era la excepción”. Johanson opina en el mismo sentido: “la brutal realidad de las maras californianas estaba muy lejos de ser lo que fueron las pandillas tradicionales centroamericanas”. En las nuevas maras, la violencia, el conflicto con la ley, la cárcel, el hospital y la muerte se convirtieron en la compañía permanente de los jóvenes involucrados. “Lo peor es que las reglas de las nuevas pandillas no eran fijadas por sus miembros, sino que ya estaban establecidas y se imponían desde Los Ángeles”, sentencia el cooperante sueco. Tanto para Gómez como para Johanson, la especial democracia interna de las maras tradicionales centroamericanas fue asfixiada aquí por el mandato proveniente del exterior.
El término ‘mara’ viene de un sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil. Para Graciela Morales, portavoz de la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz de Guatemala, “con el aumento de personas que fueron y siguen siendo deportadas diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también regional. Y se ha agravado a partir de la introducción del crack, pegamento para zapateros o inhalantes, heroína y otras drogas que azotan las zonas marginales de las grandes urbes capitalinas centroamericanas”.
Aunque en la última década, ya se advertía entre las pandillas importantes transformaciones relacionadas con un mayor ejercicio de la violencia, el incremento en el consumo de drogas y el mayor acceso y uso de armas, el salto cualitativo más importante en la dinámica pandillera se ha producido en el último trienio. A él han contribuido de forma importante las medidas de represión y control impulsadas por los Gobiernos de la zona a partir de 2003. El que los Estados los hayan identificado como enemigos sociales y en función de ellos construyan su política de seguridad ha generado que estos grupos cambien de organización interna para defenderse y sobrevivir bajo nuevas y sofisticadas modalidades.
Hasta hace algunos años, la estructura básica de la pandilla, la ‘clica’, mantenía el control territorial de un barrio o una colonia. Su ámbito de operación estaba circunscrito a una pequeña zona, sin mayores posibilidades de comunicación entre los grupos de diferentes sectores. Por lo general, los miembros de una ‘clica’ eran residentes de la zona donde operaban y difícilmente extendían su control territorial a otros sectores. No tenían una red de coordinación y comunicación entre ‘clicas’ de diferentes lugares y menos aún una articulación a nivel nacional. “En la actualidad, las maras se han reestructurado, ahora existe una división del trabajo en la que se asignan roles como el de ‘palabreros’ o ‘segunderos’, los cuales asumen el rol de voceros; misioneros a quienes se les asignan tareas o misiones importantes para el grupo y avecillas o soldados, quienes desempeñan funciones más operativas como la defensa del territorio. Esta división asegura una mayor efectividad y coordinación en sus acciones colectivas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Gavilán, miembro de una brigada de investigación de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala.
Así, la desatención hacia las condiciones de exclusión social -que generan las maras- y al tiempo la apuesta por el acoso y la persecución policial permanente de las pandillas han contribuido a generar una importante recomposición de la estructura, organización interna, sistema de normas y valores, fines y objetivos de las pandillas. Las maras se perfilan ahora como una nueva modalidad de estructura criminal que amenaza la seguridad pública de los países afectados. Todo parece indicar que las soluciones planteadas por los gobiernos afectados, desde EE UU (plan tolerancia cero) hasta Nicaragua (planes mano dura), mientras se limiten a un enfoque policial y represivo, no darán mayores resultados. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, resumió el problema en pocas palabras: “Las maras desaparecerán cuando se abata la pobreza, se eleven los niveles educativos y haya oportunidades de trabajo para todos”.
MARAS EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN
La persecución policial indiscriminada y las capturas masivas y arbitrarias contra jóvenes mareros, en el marco de los ‘planes mano dura’ implantados en Centroamérica a partir de 2003, han provocado transformaciones importantes. Como los criterios policiales estaban fundamentados en buena medida en los estereotipos tradicionalmente asociados a las pandillas, éstas han adaptado su imagen para dificultar su identificación y garantizar una mayor clandestinidad.
Sus miembros, por ejemplo, están evitando tatuarse o lo están haciendo en lugares menos visibles del cuerpo, renunciando así al uso de un importante símbolo de identidad grupal y pertenencia a la pandilla, considerado internamente un signo de respeto y prestigio, de rebeldía y desafío al orden social establecido. Para Brigitte Nelson, de Diakonía, la transformación estética de los mareros ha sido aún mayor: “También han cambiado su forma de llevar el cabello rapado por uno más largo y tradicional; su típica vestimenta holgada ha sido sustituida por ropa más tradicional, lo que facilita que puedan pasar desapercibidos. Los códigos de comunicación basados en las señales con las manos solamente descifrables entre ellos ya no son tan ampliamente utilizados en la vía pública, ni siquiera para rifarse el barrio con la pandilla rival”. Esto les permite actuar en un territorio que ya no se circunscribe a las comunidades marginales o barrios populosos, sino que se ha expandido a amplias zonas de las ciudades y vuelto más difuso.
Según Carpio, “la represión ha conllevado que se incremente la movilidad de las maras, al obligarlos a salir de las comunidades, reorganizarse en nuevos territorios de las ciudades o mantenerse en la clandestinidad total”. Las pandillas se desvinculan de su comunidad y se desarraigan, lo que afecta a toda posibilidad de reinserción. El portavoz de la salvadoreña Casa Mestiza afirma que “las maras ya no se disputan el barrio, la MS- 13 y Barrio 18 se están disputando ahora un territorio simbólico que ya no se circunscribe a un espacio geográfico determinado, lo que ha hecho que la violencia entre ellos se expanda”.
Alcance internacional
Las maras se extienden dentro de las fronteras de los EE UU, llegando a sus suburbios. Un informe del Congressional Research Service del Congreso de EE UU estimaba en mayo de 2005 que solamente la MS-13 tenía entre 8.000 y 10.000 miembros activos en unos 33 Estados y en el Distrito de Columbia. En El Salvador, según el Ministerio de Gobernación (datos de 2005), el número de mareros podría alcanzar los 15.000 miembros. Las agrupaciones más representativas son la Mara Salvatrucha (54,4%) y Barrio 18 (45,3%), ambas surgidas originalmente en Los Ángeles. Sólo un 0,3% se identifica con otras pandillas. La PNC de Guatemala maneja una cifra de entre 8.000 y 10.000 mareros activos, a los que hay que sumar unos 30.000 simpatizantes.
Algunas investigaciones universitarias elevan a 14.000 los pandilleros activos. La MS (80%) y Barrio 18 (15%) protagonizan el escenario de pandillas (entre ambas el 95% de los mareros). Aunque todavía se habla de otras pandillas tales como Breakeros (BKS), los Wifers (WF), los Roqueros, los Cholos y los Latin Kings. En cuanto a Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas contabilizó cerca de 26.000 miembros de maras a nivel nacional para 2000 (sin contar simpatizantes), siendo la MS y Barrio 18 las dos organizaciones más importantes. El crecimiento de la población y de los suburbios urbanos en Honduras derivó en cruentas disputas territoriales tanto entre miembros de la ‘18’ como de la ‘13’.
Fuente: Periódico Diagonal, núm. 61, 20 de septiembre.
l fenómeno pandillero importado desde los EE UU se ha asentado en el sur. Las diferentes maras, especialmente la Salvatrucha y Barrio 18, se han convertido hoy en factores de inestabilidad para los Gobiernos centroamericanos. Se estima que entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México, actúan más de 100.000 mareros.
Los líderes en Honduras de las temibles Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13) y Barrio 18 (o M-18)firmaron el cese de la violencia entre ellos y acordaron un reparto del territorio, según informes policiales filtrados por la prensa hondureña a primeros de septiembre.
Según estos documentos, que recogerían informaciones de agentes infiltrados, líderes de las pandillas M-18 y MS-13 han firmado un pacto para que sus integrantes no se exterminen en cada conflicto. “Nosotros ya quedamos en que no nos íbamos a matar unos a otros y que no haya pleitos, pero nosotros no por eso dejamos de pertenecer a nuestra home (pandilla), sólo es que estamos distribuyéndonos los sectores”, habría explicado un marero (pandillero) a un agente infiltrado. Un portavoz de la Policía hondureña declaró que “hemos observado que ellos volvieron a pintar las paredes para dar a conocer que ya tienen nuevamente marcados los sectores que operan para la venta de droga, cobro de impuestos de guerra y asaltos”. Sin embargo, otro portavoz de la Policía, Héctor Mejía, manifestó a DIAGONAL que “esto no es nada nuevo. En muchos otros momentos las maras han llegado a acuerdos de reparto de territorio y de tregua entre bandas, que son sistemáticamente rotas cuando cambian los líderes locales, consecuencia de las detenciones a las que son sometidos por los cuerpos de seguridad hondureños”.
Sin embargo, este pacto se produce después de que, a mediados de julio, los representantes de los servicios de seguridad de los países centroamericanos, junto a los de República Dominicana, México y Estados Unidos acordaran en Ciudad de Guatemala impulsar una estrategia conjunta para el combate de las pandillas, el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico. Los responsables de seguridad se comprometían a desarrollar sistemas de intercambio de datos y el uso y la difusión de información entre los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y EE UU.
La declaración final de la cumbre de seguridad estableció que esta lucha “se basará no solamente en actividades policiales, sino también en programas de prevención y rehabilitación” de los jóvenes miembros de estos grupos. Según Thomas Shannon, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio Occidental de EE UU, su país aportará un millón de dólares al SICA para este proyecto. Según fuentes del SICA, el acuerdo de seguridad podría costar entre 600 y 800 millones de dólares. Hasta el momento, lo único puesto en marcha ha sido la coordinación de la Unidad TAG (Transnational anti- gang Unit), un nuevo grupo supranacional para reforzar la lucha contra las maras con el FBI y las policías de los distintos países.
¿Qué son las maras?
La violencia en Centroamérica no es un fenómeno reciente. Desde hace varias décadas estos países han ocupado un lugar privilegiado entre las naciones con los índices más elevados de violencia. Según declaró a DIAGONAL Aristide Carpio, de la asociación salvadoreña Casa de los Mestizos, “uno de los grupos que mayor protagonismo han tenido en la violencia generada en la historia reciente de nuestros países son los jóvenes, quienes tienen un alta participación en la dinámica de la violencia tanto en calidad de víctimas, como de victimarios”. En este contexto, indica, “una de las expresiones de la violencia juvenil que en la última década ha cobrado cada vez mayor visibilidad pública a partir de su rápido crecimiento y de la complejización de sus dinámicas es el de las maras o pandillas juveniles, que surgieron en Centroamérica a finales de los años ‘80”.
El factor desencadenante es la deportación masiva desde los EE UU, tras el endurecimiento de sus leyes migratorias, de jóvenes centroamericanos llegados allí por la crisis económica de los ‘80 y ‘90. Para Roberto Gómez, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “mientras estuvieron allá, estos jóvenes fueron asimilados por la cultura y la organización pandillera del Estado de California, específicamente del Condado de Los Ángeles, en particular por la ‘18th Street’ y la ‘Mara Salvatrucha-13’, que desde entonces se convirtieron en los principales referentes organizativos y simbólicos de la rebeldía juvenil contra la sociedad establecida”.
En los países centroamericanos, la influencia cultural pandillera californiana, con sus novedosas modas de vestir, de tatuarse, de hablar caliche (el lenguaje empleado por los sectores más marginales de la sociedad) y de beligerancia provocó la fascinación de decenas de miles de jóvenes que adoptaron su modo de ser e hicieron suyas las reglas de los pandilleros deportados de EE UU a quienes veían “más poderosos”. Para Stefan Johanson, cooperante de la asociación de iglesias libres de Suecia, Diakonía, “las maras se convirtieron en un verdadero movimiento contracultural juvenil fanatizado, que les proveía un ambiente familiar sustituto, amistad, protección, seguridad física y económica, pero, sobre todo, una identidad juvenil autónoma, cuya existencia la sociedad antes había rechazado pero que ahora se le imponía de la peor manera”.
“Las pandillas en Centroamérica han existido desde hace mucho tiempo”, indica Roberto Gómez. “Eran espacios donde los jóvenes buscaban constante de diversión y escándalo, pero donde la muerte era la excepción”. Johanson opina en el mismo sentido: “la brutal realidad de las maras californianas estaba muy lejos de ser lo que fueron las pandillas tradicionales centroamericanas”. En las nuevas maras, la violencia, el conflicto con la ley, la cárcel, el hospital y la muerte se convirtieron en la compañía permanente de los jóvenes involucrados. “Lo peor es que las reglas de las nuevas pandillas no eran fijadas por sus miembros, sino que ya estaban establecidas y se imponían desde Los Ángeles”, sentencia el cooperante sueco. Tanto para Gómez como para Johanson, la especial democracia interna de las maras tradicionales centroamericanas fue asfixiada aquí por el mandato proveniente del exterior.
El término ‘mara’ viene de un sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil. Para Graciela Morales, portavoz de la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz de Guatemala, “con el aumento de personas que fueron y siguen siendo deportadas diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también regional. Y se ha agravado a partir de la introducción del crack, pegamento para zapateros o inhalantes, heroína y otras drogas que azotan las zonas marginales de las grandes urbes capitalinas centroamericanas”.
Aunque en la última década, ya se advertía entre las pandillas importantes transformaciones relacionadas con un mayor ejercicio de la violencia, el incremento en el consumo de drogas y el mayor acceso y uso de armas, el salto cualitativo más importante en la dinámica pandillera se ha producido en el último trienio. A él han contribuido de forma importante las medidas de represión y control impulsadas por los Gobiernos de la zona a partir de 2003. El que los Estados los hayan identificado como enemigos sociales y en función de ellos construyan su política de seguridad ha generado que estos grupos cambien de organización interna para defenderse y sobrevivir bajo nuevas y sofisticadas modalidades.
Hasta hace algunos años, la estructura básica de la pandilla, la ‘clica’, mantenía el control territorial de un barrio o una colonia. Su ámbito de operación estaba circunscrito a una pequeña zona, sin mayores posibilidades de comunicación entre los grupos de diferentes sectores. Por lo general, los miembros de una ‘clica’ eran residentes de la zona donde operaban y difícilmente extendían su control territorial a otros sectores. No tenían una red de coordinación y comunicación entre ‘clicas’ de diferentes lugares y menos aún una articulación a nivel nacional. “En la actualidad, las maras se han reestructurado, ahora existe una división del trabajo en la que se asignan roles como el de ‘palabreros’ o ‘segunderos’, los cuales asumen el rol de voceros; misioneros a quienes se les asignan tareas o misiones importantes para el grupo y avecillas o soldados, quienes desempeñan funciones más operativas como la defensa del territorio. Esta división asegura una mayor efectividad y coordinación en sus acciones colectivas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Gavilán, miembro de una brigada de investigación de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala.
Así, la desatención hacia las condiciones de exclusión social -que generan las maras- y al tiempo la apuesta por el acoso y la persecución policial permanente de las pandillas han contribuido a generar una importante recomposición de la estructura, organización interna, sistema de normas y valores, fines y objetivos de las pandillas. Las maras se perfilan ahora como una nueva modalidad de estructura criminal que amenaza la seguridad pública de los países afectados. Todo parece indicar que las soluciones planteadas por los gobiernos afectados, desde EE UU (plan tolerancia cero) hasta Nicaragua (planes mano dura), mientras se limiten a un enfoque policial y represivo, no darán mayores resultados. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, resumió el problema en pocas palabras: “Las maras desaparecerán cuando se abata la pobreza, se eleven los niveles educativos y haya oportunidades de trabajo para todos”.
MARAS EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN
La persecución policial indiscriminada y las capturas masivas y arbitrarias contra jóvenes mareros, en el marco de los ‘planes mano dura’ implantados en Centroamérica a partir de 2003, han provocado transformaciones importantes. Como los criterios policiales estaban fundamentados en buena medida en los estereotipos tradicionalmente asociados a las pandillas, éstas han adaptado su imagen para dificultar su identificación y garantizar una mayor clandestinidad.
Sus miembros, por ejemplo, están evitando tatuarse o lo están haciendo en lugares menos visibles del cuerpo, renunciando así al uso de un importante símbolo de identidad grupal y pertenencia a la pandilla, considerado internamente un signo de respeto y prestigio, de rebeldía y desafío al orden social establecido. Para Brigitte Nelson, de Diakonía, la transformación estética de los mareros ha sido aún mayor: “También han cambiado su forma de llevar el cabello rapado por uno más largo y tradicional; su típica vestimenta holgada ha sido sustituida por ropa más tradicional, lo que facilita que puedan pasar desapercibidos. Los códigos de comunicación basados en las señales con las manos solamente descifrables entre ellos ya no son tan ampliamente utilizados en la vía pública, ni siquiera para rifarse el barrio con la pandilla rival”. Esto les permite actuar en un territorio que ya no se circunscribe a las comunidades marginales o barrios populosos, sino que se ha expandido a amplias zonas de las ciudades y vuelto más difuso.
Según Carpio, “la represión ha conllevado que se incremente la movilidad de las maras, al obligarlos a salir de las comunidades, reorganizarse en nuevos territorios de las ciudades o mantenerse en la clandestinidad total”. Las pandillas se desvinculan de su comunidad y se desarraigan, lo que afecta a toda posibilidad de reinserción. El portavoz de la salvadoreña Casa Mestiza afirma que “las maras ya no se disputan el barrio, la MS- 13 y Barrio 18 se están disputando ahora un territorio simbólico que ya no se circunscribe a un espacio geográfico determinado, lo que ha hecho que la violencia entre ellos se expanda”.
Alcance internacional
Las maras se extienden dentro de las fronteras de los EE UU, llegando a sus suburbios. Un informe del Congressional Research Service del Congreso de EE UU estimaba en mayo de 2005 que solamente la MS-13 tenía entre 8.000 y 10.000 miembros activos en unos 33 Estados y en el Distrito de Columbia. En El Salvador, según el Ministerio de Gobernación (datos de 2005), el número de mareros podría alcanzar los 15.000 miembros. Las agrupaciones más representativas son la Mara Salvatrucha (54,4%) y Barrio 18 (45,3%), ambas surgidas originalmente en Los Ángeles. Sólo un 0,3% se identifica con otras pandillas. La PNC de Guatemala maneja una cifra de entre 8.000 y 10.000 mareros activos, a los que hay que sumar unos 30.000 simpatizantes.
Algunas investigaciones universitarias elevan a 14.000 los pandilleros activos. La MS (80%) y Barrio 18 (15%) protagonizan el escenario de pandillas (entre ambas el 95% de los mareros). Aunque todavía se habla de otras pandillas tales como Breakeros (BKS), los Wifers (WF), los Roqueros, los Cholos y los Latin Kings. En cuanto a Honduras, la Unidad de Prevención de Pandillas contabilizó cerca de 26.000 miembros de maras a nivel nacional para 2000 (sin contar simpatizantes), siendo la MS y Barrio 18 las dos organizaciones más importantes. El crecimiento de la población y de los suburbios urbanos en Honduras derivó en cruentas disputas territoriales tanto entre miembros de la ‘18’ como de la ‘13’.
Fuente: Periódico Diagonal, núm. 61, 20 de septiembre.
sábado, 22 de septiembre de 2007
La migración centroamericana hacia los Estados Unidos
Por Decio Machado
Tanto la externalización del control de fronteras norteamericanas hacia el sur de México, como la militarización de la frontera norte, están significando un notable incremento de víctimas entre los migrantes que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos. Paralelamente a esto, el Senado norteamericano ha bloqueado cualquier posibilidad de regularización masiva de sus ya más de 12 millones de clandestinos. El camino de las políticas migratorias norteamericanas se endurece y con él el drama que ocasiona.
La ruta centroamericana de la inmigración a los Estados Unidos se está volviendo cada vez más dramática. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.
La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los “polleros” o “coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000 dólares por llevar allí a los indocumentados, una amplia fluctuación que depende del origen y de la ruta del migrante indocumentado.
El comienzo del infierno
La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México (1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice) en su intento por llegar a “El Dorado” norteamericano se hace cada vez más preocupante. Según diversas fuentes, en los últimos cinco años han muerto o desaparecido al menos 5.000 salvadoreños y más de medio millar de hondureños, al intentar atravesar uno de los cruces más difíciles del comienzo de la travesía: la frontera Guatemala-México.
La presión política a la que ha sido sometido México por parte de EE UU desde hace ya varios años en esta materia ha hecho que la frontera sur mexicana sea una zona tremendamente militarizada, convirtiéndose así en el inicio de la “pesadilla del sueño americano” para muchos de los indocumentados que la cruzan.
En México las organizaciones sociales que trabajan en la atención a los inmigrantes cada vez están teniendo mayores problemas para poder ingresar en las estaciones de inmigrantes (centros de detención). De igual manera se están viendo afectadas por una intensa campaña de criminalización por parte del Estado. Hay activistas que sufren condena de hasta seis años, bajo la acusación de pertenecer a redes de tráfico de migrantes, simplemente por haber ofrecido alimentos a los “indocumentados”. Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la república.
Según datos oficiales México detuvo entre primeros de 2005 y finales de 2006 a 422.984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. Se están realizando más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.
Felipe de Jesús Preciado, jefe del estatal Instituto Nacional de Migración de México, justifica la situación diciendo: “La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”.
En la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas desde que se implementó el Operativo Guardián en 1994, según revela un informe presentado por la Fundación Asistencia Legal de California (FALC) (ver cuadro 1).
Claudia Smith, portavoz de la FALC, denunció que sólo en el primer trimestre de 2007 las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas, habiéndose casi duplicado el número de víctimas en el período de la Administración Fox. Según Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros 10 migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.
Operativo Guardián
El 1 de octubre de 1994 el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo del Operativo Guardián, también llamado “operación muerte” era “asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas, y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una profunda militarización de la frontera entre México y el Estado de California. Este Operativo sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa “Hold the Line” en Texas o “Safeguard” en Arizona.
Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de Derechos Humanos y las miles de muertes que acontecen en la frontera, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Además, al primer muro que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991, se le ha añadido otro segundo muro de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas para detectar a los candidatos al “sueño americano”: detectores con luces infrarrojas o de calor humano, y cámaras múltiples auxilian a las patrullas que están presentes las 24 horas del día.
Cada día, en la “línea” entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades, indican lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas (derecho universal).
“El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.
De igual manera, se han formado “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de “vigilantes”, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. A través de la lucha estadounidense contra el terrorismo se justifica la actuación de estas milicias paramilitares, que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial.
La locura llega a tal nivel que a finales del año pasado, el gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, llegó a proponer un nuevo plan para combatir la inmigración irregular en la frontera. La idea consistía en poner cámaras que estarían conectadas a un servidor de red para que cualquier persona pueda, desde Internet, convertirse en vigilante voluntario desde cualquier lugar del mundo. Un clic del ratón o una llamada a un número gratuito serán suficientes para alertar a la policía del posible “peligro”.
Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significa luto, el luto de miles de familias.
Sin embargo el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, pues ya suponen el 12,5 por ciento de la población, es decir, más de uno de cada 10 residentes en EE UU son hispanos. Se estima que en este país hay un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y cerca de tres millones de salvadoreños. El caso de México es especial, se estiman 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 11 millones son nacidos en México y los otros 19 son descendientes de mexicanos.
Todo ello a pesar de que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EE UU, (ICE por sus siglas en inglés), deportó un record de 185.431 personas en el año 2006, un 10 por ciento más que en 2005, tras redadas a empresas que empleaban a trabajadores inmigrantes sin papeles. Situación que se está reproduciendo con asiduidad durante el 2007. Se estiman en unos 12 millones, la mayoría mexicanos, los inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos.
Fracaso de la reforma migratoria
El pasado 27 de junio el proyecto de ley de reforma migratoria quedó estancado por segunda vez en el Senado de EE UU, después de que el pleno rechazara limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.
La mayoría de los legisladores republicanos en el Senado votó en contra, algunos de ellos incluso se vincularon en debates y propaganda de emisoras de radio “antiinmigrantes”. En el caso de los demócratas, todos dijeron siempre estar a favor de la reforma, y al final, los que votaron en contra manifestaron que lo hicieron porque no era suficientemente buena para los inmigrantes.
Es la segunda vez que el pleno de la cámara alta vota en contra de limitar el debate sobre esta reforma, dado que el pasado día 7 de junio ya sufrió el mismo revés, con la mínima diferencia de 45 a favor y 50 en contra.
De esta manera el Senado ha invalidado toda posibilidad de establecer un nuevo marco legal para los más de 12 millones de indocumentados existentes y mejorar así el sistema migratorio norteamericano, que data de 1986, cuando se aprobó una amnistía para unos tres millones de clandestinos.
Las consecuencias de esta decisión son importantes. Ya no será posible retomar el proyecto hasta el 2009, cuando haya un nuevo presidente y Congreso tras las elecciones de noviembre de 2008.
George Bush, conocedor de la capacidad perdida por parte del Partido Republicano de captar una mayor cantidad de votos hispanos para los próximos comicios presidenciales, es consciente de que este fracaso puede ser su puntilla definitiva de cara a las elecciones de finales del año que viene.
“Podrá tal vez haber una ventaja política a corto plazo para los que votaron en contra de la reforma migratoria, pero en el largo plazo tendrá un efecto desastroso para el Partido Republicano en términos de voto hispano”, señala Linda Chávez, del Centro de Oportunidad Equitativa. De igual manera opina Antonio González, presidente del Instituto Latino de Investigación William Velásquez: “Me parece que va a ser sangriento para los republicanos, algunos de estos senadores que más se han significado en sus discursos antiimigrante, van a ser masacrados por el voto hispano en el futuro”.
“Definitivamente el voto hispano va a afectar al Partido Republicano a pesar de que el presidente Bush y el senador Mel Martínez apoyaron totalmente el proyecto”, manifiesta también Bettina Inclán, directora de la Asamblea Nacional de Hispanos Republicanos. Un estudio del Centro Hispano en Washington estima que los hispanos en el país representaron el 8,6 por ciento de votantes elegibles en 2006 en comparación con el 7,4 por ciento en 2000.
Las necesidades económicas del gigante americano
“La economía estadounidense necesita, absolutamente, de los inmigrantes”, hizo público Andrew Sum, director del Centro para Estudios del Mercado Laboral. Y prosiguió: “A algunos trabajadores (estadounidenses) esto les perjudica, y algunas personas se enojarán porque diga esto, pero nuestra economía se ha vuelto más dependiente ahora de la mano de obra inmigrante que en cualquier otra época en los últimos 100 años”.
Si no hubiese sido por los inmigrantes “la fuerza laboral masculina de todo el país hubiera crecido apenas marginalmente en la última década, y hubiera habido una escasez de mano de obra masculina, especialmente en el nordeste y la región del Pacífico”. Con respecto a las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son inmigrantes.
Además, el aporte demográfico de los inmigrantes no ha tenido impacto sólo en la mano de obra, sino que representa todo el incremento, en el ámbito nacional, de la matrícula en las escuelas públicas en los últimos 25 años.
Pero no sólo el sector empresarial saca tajada. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó desde primeros de junio un 86 por ciento el costo de los trámites migratorios. Suponiendo que uno cumpla las normativas, hacerse ciudadano cuesta ya en Estados Unidos unos 600 dólares.
Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.
Tanto la externalización del control de fronteras norteamericanas hacia el sur de México, como la militarización de la frontera norte, están significando un notable incremento de víctimas entre los migrantes que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos. Paralelamente a esto, el Senado norteamericano ha bloqueado cualquier posibilidad de regularización masiva de sus ya más de 12 millones de clandestinos. El camino de las políticas migratorias norteamericanas se endurece y con él el drama que ocasiona.
La ruta centroamericana de la inmigración a los Estados Unidos se está volviendo cada vez más dramática. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.
La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los “polleros” o “coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000 dólares por llevar allí a los indocumentados, una amplia fluctuación que depende del origen y de la ruta del migrante indocumentado.
El comienzo del infierno
La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México (1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice) en su intento por llegar a “El Dorado” norteamericano se hace cada vez más preocupante. Según diversas fuentes, en los últimos cinco años han muerto o desaparecido al menos 5.000 salvadoreños y más de medio millar de hondureños, al intentar atravesar uno de los cruces más difíciles del comienzo de la travesía: la frontera Guatemala-México.
La presión política a la que ha sido sometido México por parte de EE UU desde hace ya varios años en esta materia ha hecho que la frontera sur mexicana sea una zona tremendamente militarizada, convirtiéndose así en el inicio de la “pesadilla del sueño americano” para muchos de los indocumentados que la cruzan.
En México las organizaciones sociales que trabajan en la atención a los inmigrantes cada vez están teniendo mayores problemas para poder ingresar en las estaciones de inmigrantes (centros de detención). De igual manera se están viendo afectadas por una intensa campaña de criminalización por parte del Estado. Hay activistas que sufren condena de hasta seis años, bajo la acusación de pertenecer a redes de tráfico de migrantes, simplemente por haber ofrecido alimentos a los “indocumentados”. Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la república.
Según datos oficiales México detuvo entre primeros de 2005 y finales de 2006 a 422.984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. Se están realizando más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.
Felipe de Jesús Preciado, jefe del estatal Instituto Nacional de Migración de México, justifica la situación diciendo: “La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”.
En la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas desde que se implementó el Operativo Guardián en 1994, según revela un informe presentado por la Fundación Asistencia Legal de California (FALC) (ver cuadro 1).
Claudia Smith, portavoz de la FALC, denunció que sólo en el primer trimestre de 2007 las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas, habiéndose casi duplicado el número de víctimas en el período de la Administración Fox. Según Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros 10 migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.
Operativo Guardián
El 1 de octubre de 1994 el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo del Operativo Guardián, también llamado “operación muerte” era “asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas, y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una profunda militarización de la frontera entre México y el Estado de California. Este Operativo sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa “Hold the Line” en Texas o “Safeguard” en Arizona.
Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de Derechos Humanos y las miles de muertes que acontecen en la frontera, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Además, al primer muro que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991, se le ha añadido otro segundo muro de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas para detectar a los candidatos al “sueño americano”: detectores con luces infrarrojas o de calor humano, y cámaras múltiples auxilian a las patrullas que están presentes las 24 horas del día.
Cada día, en la “línea” entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades, indican lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas (derecho universal).
“El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.
De igual manera, se han formado “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de “vigilantes”, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. A través de la lucha estadounidense contra el terrorismo se justifica la actuación de estas milicias paramilitares, que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial.
La locura llega a tal nivel que a finales del año pasado, el gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, llegó a proponer un nuevo plan para combatir la inmigración irregular en la frontera. La idea consistía en poner cámaras que estarían conectadas a un servidor de red para que cualquier persona pueda, desde Internet, convertirse en vigilante voluntario desde cualquier lugar del mundo. Un clic del ratón o una llamada a un número gratuito serán suficientes para alertar a la policía del posible “peligro”.
Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significa luto, el luto de miles de familias.
Sin embargo el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, pues ya suponen el 12,5 por ciento de la población, es decir, más de uno de cada 10 residentes en EE UU son hispanos. Se estima que en este país hay un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y cerca de tres millones de salvadoreños. El caso de México es especial, se estiman 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 11 millones son nacidos en México y los otros 19 son descendientes de mexicanos.
Todo ello a pesar de que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EE UU, (ICE por sus siglas en inglés), deportó un record de 185.431 personas en el año 2006, un 10 por ciento más que en 2005, tras redadas a empresas que empleaban a trabajadores inmigrantes sin papeles. Situación que se está reproduciendo con asiduidad durante el 2007. Se estiman en unos 12 millones, la mayoría mexicanos, los inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos.
Fracaso de la reforma migratoria
El pasado 27 de junio el proyecto de ley de reforma migratoria quedó estancado por segunda vez en el Senado de EE UU, después de que el pleno rechazara limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.
La mayoría de los legisladores republicanos en el Senado votó en contra, algunos de ellos incluso se vincularon en debates y propaganda de emisoras de radio “antiinmigrantes”. En el caso de los demócratas, todos dijeron siempre estar a favor de la reforma, y al final, los que votaron en contra manifestaron que lo hicieron porque no era suficientemente buena para los inmigrantes.
Es la segunda vez que el pleno de la cámara alta vota en contra de limitar el debate sobre esta reforma, dado que el pasado día 7 de junio ya sufrió el mismo revés, con la mínima diferencia de 45 a favor y 50 en contra.
De esta manera el Senado ha invalidado toda posibilidad de establecer un nuevo marco legal para los más de 12 millones de indocumentados existentes y mejorar así el sistema migratorio norteamericano, que data de 1986, cuando se aprobó una amnistía para unos tres millones de clandestinos.
Las consecuencias de esta decisión son importantes. Ya no será posible retomar el proyecto hasta el 2009, cuando haya un nuevo presidente y Congreso tras las elecciones de noviembre de 2008.
George Bush, conocedor de la capacidad perdida por parte del Partido Republicano de captar una mayor cantidad de votos hispanos para los próximos comicios presidenciales, es consciente de que este fracaso puede ser su puntilla definitiva de cara a las elecciones de finales del año que viene.
“Podrá tal vez haber una ventaja política a corto plazo para los que votaron en contra de la reforma migratoria, pero en el largo plazo tendrá un efecto desastroso para el Partido Republicano en términos de voto hispano”, señala Linda Chávez, del Centro de Oportunidad Equitativa. De igual manera opina Antonio González, presidente del Instituto Latino de Investigación William Velásquez: “Me parece que va a ser sangriento para los republicanos, algunos de estos senadores que más se han significado en sus discursos antiimigrante, van a ser masacrados por el voto hispano en el futuro”.
“Definitivamente el voto hispano va a afectar al Partido Republicano a pesar de que el presidente Bush y el senador Mel Martínez apoyaron totalmente el proyecto”, manifiesta también Bettina Inclán, directora de la Asamblea Nacional de Hispanos Republicanos. Un estudio del Centro Hispano en Washington estima que los hispanos en el país representaron el 8,6 por ciento de votantes elegibles en 2006 en comparación con el 7,4 por ciento en 2000.
Las necesidades económicas del gigante americano
“La economía estadounidense necesita, absolutamente, de los inmigrantes”, hizo público Andrew Sum, director del Centro para Estudios del Mercado Laboral. Y prosiguió: “A algunos trabajadores (estadounidenses) esto les perjudica, y algunas personas se enojarán porque diga esto, pero nuestra economía se ha vuelto más dependiente ahora de la mano de obra inmigrante que en cualquier otra época en los últimos 100 años”.
Si no hubiese sido por los inmigrantes “la fuerza laboral masculina de todo el país hubiera crecido apenas marginalmente en la última década, y hubiera habido una escasez de mano de obra masculina, especialmente en el nordeste y la región del Pacífico”. Con respecto a las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son inmigrantes.
Además, el aporte demográfico de los inmigrantes no ha tenido impacto sólo en la mano de obra, sino que representa todo el incremento, en el ámbito nacional, de la matrícula en las escuelas públicas en los últimos 25 años.
Pero no sólo el sector empresarial saca tajada. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó desde primeros de junio un 86 por ciento el costo de los trámites migratorios. Suponiendo que uno cumpla las normativas, hacerse ciudadano cuesta ya en Estados Unidos unos 600 dólares.
Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.
lunes, 23 de julio de 2007
Panamá: Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas
Por Decio Machado
Atravesado por un canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico, lo que ha marcado fuertemente su devenir histórico, Panamá, un angosto país que fue hasta 1903 un Departamento de la República de Colombia, se ha ido desarrollando como un gran centro de comercio a escala internacional y un punto de atracción para un importante sector financiero.
El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero.
El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”.
Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.
Sistema bancario panameño
Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información.
El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del “reajuste”, su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país.
Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de “fiscalizar” las operaciones bancarias en el país.
La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá “paraíso fiscal cooperante” y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros “paraísos fiscales” en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.
Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país “no está mal” en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es “dinámico, evolutivo y cambiante”. Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo, este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.
Ampliación del Canal e intereses del capital español
El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros.
La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como “paraíso fiscal cooperante”.
El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los “países ricos” ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.
A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.
Empresas españolas y paraísos fiscales
Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgrana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos.
En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas off shore de baja tributación.
Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).
La realidad social panameña
Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.
En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento.
Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.
El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero.
El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”.
Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.
Sistema bancario panameño
Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información.
El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del “reajuste”, su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país.
Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de “fiscalizar” las operaciones bancarias en el país.
La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá “paraíso fiscal cooperante” y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros “paraísos fiscales” en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.
Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país “no está mal” en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es “dinámico, evolutivo y cambiante”. Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo, este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.
Ampliación del Canal e intereses del capital español
El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros.
La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como “paraíso fiscal cooperante”.
El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los “países ricos” ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.
A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.
Empresas españolas y paraísos fiscales
Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgrana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos.
En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas off shore de baja tributación.
Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).
La realidad social panameña
Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.
En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento.
Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.
Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina
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