Por Decio Machado
Durante los primeros nueve meses del presente año, diecisiete periodistas fueron asesinados en América Latina. Estos datos fueron denunciados a primeros de octubre por Manuel Méndez, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), organización adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la cual engloba a unos quinientos mil afiliados de más de 100 países esparcidos por los cinco continentes.
La región de mayor conflictividad dentro del continente ha sido Haití, con cuatro periodistas asesinados, seguido de México con tres, Brasil y Guatemala con dos y con uno, Nicaragua, Perú, Colombia, El Salvador, Paraguay y Venezuela. Aunque a estos datos, hay que sumar las desapariciones de tres periodistas mexicanos, lo cual en el peor de los casos, situaría a este país como el de mayor riesgo y siniestrabilidad, cosa que ya sucedió el año pasado.
La peligrosidad y la falta de seguridad en el ejercicio profesional del periodismo, al igual que en muchos de los casos la impunidad sobre los delitos, constituyen motivo de grave preocupación para las organizaciones sindicales del sector, que permanentemente vienen denunciando estos hechos.
Por su parte la UNESCO consignó en un informe reciente que en los últimos diez años fueron asesinados más de 1.200 periodistas en todo el mundo y otros miles han padecido agresiones e intimidaciones de todo tipo.
Estas alarmantes cifras fueron dadas a conocer por el subdirector general adjunto de Comunicación de la UNESCO, Mogens Schmidt, quien señaló además que los ataques a periodistas han ido en aumento.
El total de periodistas asesinados durante el 2006 fueron 155, siendo considerado este, el peor año registrado en ataques directos y brutalidad e impunidad continua en casos de periodistas muertos, la mayoría en Irak, mientras que otros son objeto de constantes amenazas, añadió el directivo de la UNESCO en conferencia de prensa realizada en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al 30 de septiembre de año en curso, ya habían sido asesinados 130 periodistas, lo hace temer que este año se pueda rebasar con creces la trágico cuota de comunicadores asesinados en el ejercicio de su profesión con respecto al año pasado.
Según Mogens Schmidt, el acoso a los periodistas no es exclusivo de los países en situación de conflicto, puesto que en algunos de los países que aparecen como signados por la paz y la democracia, los profesionales de la prensa son asesinados por revelar casos de corrupción o criminalidad que involucran a las autoridades. En palabras de Aidam White, secretario general del FIP: “los medios de comunicación se han vuelto más poderosos y el ejercicio del periodismo más peligroso”.
América Latina, un continente de riesgo para la comunicación.
Si bien es cierto que el ascenso de las izquierdas en América Latina ha significado mayor seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo sigue habiendo países de alto riesgo para el desarrollo del periodismo y la libertad de expresión.
Durante los 31 años de existencia de la FEPALC, desde su fundación en 1976, han sido asesinados cerca de mil periodistas en América Latina y el Caribe.
Desde la invasión de 2003 en Irak, este país se ha convertido año tras año en el máximo foco de asesinatos de periodistas a nivel mundial. Sin embargo en América Latina se continúa asesinando periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo y que no impidió las elecciones que reeligieron a Álvaro Uribe Vélez con una tasa de abstención del 60%, superior a la registrada en cualquier otro país de la región.
Con independencia del número de muertos, México y Colombia merecen un tratamiento especial en los informes sobre la falta de libertad de expresión de determinados países del continente. En ambos países es donde hoy por hoy se hace más difícil el desempeño del ejercicio del periodismo. Ambos países han sido denunciados en innumerables ocasiones ante diversos organismos internacionales, debido a las presiones y amenazas que de forma permanente viven los periodistas y los medios de comunicación en general.
México: mayor zona de riesgo para el ejercicio de la profesión en América Latina.
El pasado 5 de septiembre, Óscar Rivera de 39 años recibió siete impactos de bala disparados por fusiles automáticos en la ciudad de Culiacán, región central del Estado de Sinaloa.
Este periodista, fundador de la revista “Cambio 21” fue asesinado cuando salía de su trabajo a dos cuadras de la sede de la policía ministerial. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas “7 de Junio” movilizaba a de cerca de cincuenta trabajadores de prensa para exigir a las autoridades que esclarezcan el homicidio de Rivera, castiguen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para que los reporteros realicen sus labores.
La columna se desplazó primero hacia el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, en Culiacán. Como no fueron recibidos por el funcionario a cargo del organismo, tomaron el edificio y bloquearon calles aledañas mostrando pancartas con leyendas como “¡Ni un periodista más!” y “¡Exigimos justicia”.
La esposa del periodista asesinado responsabilizó por el hecho al comandante de la Novena Zona Militar, Rolando Eugenio Hidalgo Hedyy, señalando que como parte de su trabajo la víctima debía cumplir la función de vocero, sin ninguna protección, informando en varias oportunidades los resultados de las redadas que se le tendían a los narcotraficantes.
El año 2006 ya fue un año de brutalidad sin precedentes para los profesionales del sector en México, que se convirtió en la país más peligroso del continente para los periodistas. En el informe anual del año pasado, titulado Periodistas bajo el filo de la espada, que se presento en la ciudad de Bruselas, la FIP calificó a México como “el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción”, y precisó que en el plano internacional para los trabajadores de los medios de información 2006 fue “un año de brutalidad sin precedentes”.
En su reporte, el FIP precisó que en México ocurrieron el año pasado 10 asesinatos de periodistas de investigación, lo que colocaba al país por encima de Colombia (cinco), que quedaba en el segundo lugar de este macabro ranking. El número de periodistas asesinados durante el ejercicio del 2006 en América Latina, fueron 37.
La situación en México refleja continuidad con la cifra de otros años. Reporteros sin Fronteras ya había precisado en los últimos días de la administración pasada, que “el mandato del presidente Vicente Fox terminó con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes”.
Durante el sexenio panista de Fox, México se convirtió en 2005 “en el país más letal para la prensa de todo el continente americano” y el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak, y de entonces a la fecha se le considera como el país “más peligroso del mundo” en este sentido.
“La creciente desigualdad y no equitativa distribución de la riqueza, a favor de los que más tienen y en perjuicio de las poblaciones más necesitadas, son el caldo de cultivo para la impunidad y las campañas interesadas en desacreditar al periodismo de investigación y de denuncia”, analiza la FIP sobre la situación del gigante del norte latinoamericano.
Según la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX): “el mayor peligro de muerte del periodismo regional radica hoy en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político local, sea estatal, regional, provincial y/o municipal”.
Colombia: segundo en el ranking de asesinados a periodistas.
El pasado 24 de octubre, morían asesinados el reportero gráfico Carlos Alberto Jaramillo, y su colaborador Julio César García. Ambos morían baleados en la ciudad de Calí. Ese mismo día hacía público su decisión de abandonar el país, el prestigioso reportero colombiano y destacado activista por la defensa de los derechos humano, Hollman Morris, consecuencia de las diversas amenazas recibidas por los paramilitares debido a sus críticas públicas al gobierno de Álvaro Uribe.
De igual manera a primeros de septiembre, el periodista Javier Darío Arroyabe Monsalve fue asesinado en Cartago, 200 kilómetros al oeste de Bogotá. Colaborador del diario “El Tiempo”, principal periódico del país, y director de noticias de la emisora radial “Ondas del Valle”, la víctima de 41 años fue apuñalado en varias ocasiones en el interior de su residencia.
Sus compañeros de trabajo señalaron que Arroyabe Monsalve abordaba temas polémicos en su espacio radial, como la corrupción, el despilfarro de los recursos de Estado y la política regional. Recordaron también que el periodista asesinado formaba parte del equipo periodístico que denunció la corrupción del ex alcalde de la ciudad, Luís Alberto Casto, quien a la postre fue sancionado con la suspensión del cargo.
Por otro lado, recientemente organizaciones nacionales e internacionales de prensa expresaron su enérgica repulsa en contra de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe por sus acusaciones a dos periodistas de relevante trayectoria. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que sus comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra de ambos, provocando además el exilio de uno de ellos.
El CPJ denunció la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación, lo cual socava su “teórico” compromiso con la libertad de expresión. Los afectados fueron los periodistas Daniel Coronell, director de noticias del Canal 1 y columnista de la prestigiosa revista “Semana”, al que el presidente en un diálogo radial calificó de cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional; y Gonzalo Guillén, corresponsal de diario “El Nuevo Herald” de Miami, que se vio obligado a abandonar Colombia luego de recibir más de veinte amenazas de muerte, tras que Uribe lo definiese como difamador de baja calidad.
La Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER), también formuló un llamado al presidente Uribe para que atempere su lenguaje cuando se trata de la prensa. La FELCOPER denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos o inexactos. Guillén no ha sido el único periodista obligado a marcharse de Colombia, la lista es extensa y entre ellas está Freddy Muñoz, el hasta hace unos meses corresponsal de Telesur en Bogotá.
Destacan en este país, los sucesos ocurridos en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba, zona norte del país y uno de los departamentos de mayor actividad paramilitar. Allí una turba de simpatizantes de Colombia Democrática, la organización política que mayor número de dirigentes detenidos tiene por “parapolítica”, golpeó a los periodistas Milton Otero y Julio Daniel Otero, reportero gráfico y director del quincenario “El Observador”.
La agresión fue liderada por el ex alcalde José Berín Figueroa y el profesor Rafael Figueroa Flórez, cuando los periodistas hacían tomas fotográficas del Palacio Municipal, mientras esperaban al nuevo alcalde para una entrevista.
Milton Otero denunció que el intento de linchamiento podría estar relacionado con las denuncias de fueron publicadas en “El Observador” respecto a diversos actos de corrupción que alcanzan al ex alcalde y a diversos funcionarios, así como a los posibles vínculos de políticos de dicha coalición con los grupos paramilitares de la región.
La situación de grave inseguridad que viven los y las periodistas colombianas desde hace muchos años ha llevado a multitud de denuncias tanto nacionales como internacionales, que tuvieron su cenit en las acciones que se realizaron en la ciudad de Arauca, donde se produjo el lanzamiento del “Código de Protección para el Cubrimiento de los Actos Electorales” y se distribuyó la segunda edición en español del “Manuel de Protección para Periodistas: Noticias en vivo” de la FIP.
El programa de capacitación se realiza merced al trabajo conjunto del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia, la Corporación de Medios para la Paz y la Agencia Sueca de Cooperación la acción se extendió este año a las ciudades de Bucaramanga, Cali e Ibagué.
En los últimos 16 años, solo en Colombia, 39 periodistas han sido asesinados en cumplimiento de su trabajo profesional.
Últimos asesinatos en el continente.
El pasado 11 de octubre, la Policía Nacional Civil de El Salvador anunció la captura de José Alfredo Hernández, a quien se le atribuye la autoría del asesinato del periodista Salvador Sánchez Roque.
Sánchez Roque, de 38 años de edad, reporteaba para las emisoras de radio Mi Gente, YSUCA y Maya Visión, todas ellas vinculadas a la izquierda social y política del país. La madre del periodista asesinado declaró a los medios que su hijo venía denunciando numerosas injusticias y que se mantenía muy pendiente de las extorsiones al transporte público que las pandillas realizan en la zona.
El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina y del mundo, con una tasa de homicidios de más de 60 por 100.000 habitantes. El 80 por ciento de los crímenes son ejecutados con armas de fuego y en su mayoría quedan impunes.
De igual manera, el pasado 22 de agosto, fue asesinado el periodista paraguayo Tito Palma, director de la emisora de radio FM Mayor Otaño.
El 5 de julio pasado, murió asesinado el reportero gráfico Jorge Alejandro Castañeda Martínez, de 35 años, quien recibió más de diez tiros por desconocidos, cuando salía de dejar a sus hijos de 4 y 6 años en una escuela de la zona 11 de Ciudad de Guatemala.
No era el primer periodista asesinado en Guatemala, donde el pasado 3 de mayo, cayó el reportero de Radio Sonora rolando López Sánchez.
Conclusión.
Hace quince o veinte años, en la época de las dictaduras militares en América Latina, los periodistas eran reprimidos, asesinados y desaparecidos directamente por los gobiernos autoritarios emanados de la “Operación Condor”. Hoy sin embargo, queda evidenciado que en varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos además tienen la osadía de autodefinirse como las vanguardias de las democracias avanzadas en el continente junto a los Estados Unidos y Canadá, se consolida una nueva clase política local de extracción delictiva que ejerce una suerte de “narco-poder” o “corrup-poder” en asociación con los ejércitos privados del crimen armado. La mayoría de los periodistas asesinados trabajaban en diarios, periódicos, radios y otros medios de comunicación locales.
Publicado en la Revista Pueblos (octubre/2007)
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