viernes, 26 de enero de 2007

EE UU proyecta un nuevo muro en su frontera sur

Decio Machado



A la construcción de cientos de kilómetros de vallas se suma la militarización y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza. Esto ha provocado los temores mexicanos de que Washington aplique una política de ‘tirar a matar’ contra los inmigrantes.






El 16 de diciembre el Congreso de EE UU aprobó un proyecto, pendiente todavía de la ratificación del Senado y de la firma del presidente, que prevé la construcción de un tramo de 35 kilómetros de muro en la localidad estadounidense de Tecate, lindante con Mexicali (México), otro de 581 kilómetros entre Del Río y Eagle Pass, y uno de más de 283 kilómetros entre Laredo y Brownsville, todas estas localidades en Texas.
Agentes federales norteamericanos han iniciado este mes la instalación de postes de acero para una alambrada a lo largo de la frontera entre México y los estados de Arizona y Nuevo México. Diversos funcionarios declararon a The New Herald: “La barrera que se está levantando en Arizona terminará justo donde las autoridades tienen pensado ampliar una muralla de metal, para así hacerles el paso aún más difícil a los inmigrantes”. Además, el Congreso norteamericano ha aprobado o estudia toda una batería de medidas legislativas que criminalizan a los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula hay en los EE UU.
“La construcción de más muros y la criminalización de los indocumentados no logrará frenar ni disuadir su paso, sino que hará más lucrativo el negocio de los ‘coyotes’ (traficantes de personas)”, declaró el investigador mexicano Mauro Fernández, especialista en asuntos fronterizos. Fernández aseguró que la construcción de un doble vallado en la zona fronteriza de EE UU, frente a las ciudades mexicanas de Mexicali y Tijuana, en el Estado de Baja California, llevó a los traficantes a sofisticar sus métodos. “Sabemos que los coyotes pagan sobornos, construyen túneles o apelan a los baúles de los automóviles y a las rutas marítimas para llevar a cabo sus propósitos, y cada vez cobran más por ello”.
Al caer la noche los indocumentados- espaldas mojadas- procedentes de diversas regiones de México, Centro y Suramérica, nadando por el mar o cruzando por el cerro ‘Centinela’ de Tijuana o el desierto de Mexicali, intentan poner rumbo al norte a través de los 3.200 kilómetros de la frontera con EE UU. Según organismos norteamericanos, 542 personas han muerto en el país vecino durante los 11 primeros meses del pasado año intentando cruzar las fronteras. 5.700 fueron rescatadas -entre ellas 1.500 heridas- en situaciones de peligro. Otras muchas son interceptadas por los 10.000 guardias de la Patrulla Fronteriza o los agentes aerotransportados de EE UU, que el Gobierno prevé aumentar en casi 3.000 efectivos a finales de este año. Uno de estos guardias fronterizos está acusado de asesinar a tiros, el pasado 30 de diciembre, al sin papeles mexicano Guillermo Martínez, muerte que ha provocado una amplia protesta en México y que EE UU justificó porque Martínez agredió, supuestamente, a pedradas al agente que le disparó.
Habitantes de la ciudad de Tijuana y de otras localidades del norte de México rechazan la pretensión estadounidense de construir a lo largo de la frontera más “muros de la infamia”, como ya ha sido bautizado el proyecto. Muchos temen que el despliegue en el lado estadounidense de camiones militares y cuerpos policiales, así como la presencia de guardias privados armados, represente el preludio de un plan de ‘tirar a matar’ a los espaldas mojadas.
Al respecto, según información filtrada al periódico The Washington Times, un grupo de legisladores preocupados por la inmigración irregular, está estudiando la posibilidad de presentar un proyecto que supondría el despliegue de unos 36.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México. El grupo de congresistas, integrado por 68 republicanos y tres demócratas, evalúa positivamente el efecto que ha tenido en la frontera de Arizona la movilización de cientos de voluntarios civiles armados, organizados como Minuteman.
El Minuteman Project, nacido el 1 de abril del año pasado con el propósito de vigilar la frontera sur, es un cuerpo paramilitar reconocido por las autoridades norteamericanas que actúa coordinado con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

martes, 23 de enero de 2007

Haddad, exculpado de los atentados, se declara víctima de la investigación del 11-M

Decio Machado

Más de 30 testimonios acreditan la presencia de Mohammed Haddad en Tetuán la noche anterior a los atentados . La Policía Científica, tras analizar su ADN, desestimó que éste estuviera en ninguno de los escenarios relacionados con el 11-M . En ‘El Mundo’, Losantos afirmó: ”Quedan pocas dudas de su pertenencia en calidad de agente o confidente de los servicios marroquíes y de su importancia en la organización de los atentados”


“En el marco de las investigaciones del criminal atentado del 11 de marzo de 2004, y en respuesta a los requerimientos de la justicia española a la de Marruecos, mi cliente fue detenido en Tetuán el 17 de marzo de 2004, durante 45 días; pasado ese tiempo fue puesto en libertad, pero sin poder salir del país, ni defenderse de las calumnias de ser uno de los ejecutores de la matanza de Madrid”. Así comienza la carta enviada por Lahbib Hají, abogado colegiado en Tetuán, y dirigida al juez Juan del Olmo, encargado de la investigación de los sucesos del 11 de marzo de 2004.
Y continúa: “Pongo en conocimiento de su señoría que mi cliente se ha personado en el consulado general de España en Tetuán (...), donde ha cursado una petición de visado para poder acceder a España y presentarse ante usted o cualquier otra autoridad judicial que su señoría juzgare oportuno, para aclarar esta tenebrosa situación en honor a la verdad que todos debemos a las víctimas inocentes de los trágicos sucesos de Madrid”. Esta carta fechada el 10 de abril del presente año nunca tuvo contestación por parte del juez de instrucción de la Audiencia Nacional a quien iba dirigida.


La policía política marroquí
Mohammed Haddad figuraba como islamista en los ficheros policiales. Fue identificado como uno de los autores materiales del atentado por un testigo que dijo haberle visto junto a la furgoneta Renault Kangoo aparcada en Alcalá de Henares, vehículo que sirvió para transportar las mochilas con explosivos que se utilizarían en los atentados. Otro testigo aseguró haberle visto salir apresuradamente de su vivienda en Getafe (Madrid) el 12 de marzo de 2004. Esta identificación tuvo como consecuencia la detención de Haddad en Tetuán, su ciudad natal, seis días después de la masacre de Madrid. “El 17 de marzo de 2004 me enteré andando por la calle, a través de uno de mis vecinos, de que la policía me estaba buscando, y que se encontraban en ese momento en un café que yo frecuentaba a menudo en el centro de Tetuán. Me personé en el café y fui detenido por unos 50 agentes de policía”, declara a DIAGONAL Haddad rememorando esa fatídica fecha. “Me detuvieron y de allí fuimos a la casa de mis padres, donde me hospedaba, allí estaban ellos y mi mujer. La policía fue muy violenta, me insultaban, me llamaban terrorista mientras ponían toda la casa patas arriba”.
Luego Mohammed Haddad fue trasladado a la comisaría de Tetuán donde fue interrogado y desde ahí posteriormente conducido a la de Tánger, donde pasó esa noche “oyendo gritos de torturados”. Haddad no era consciente aún de que había sido detenido por la tristemente famosa Dirección de Vigilancia del Territorio (DST), la policía política marroquí. Tampoco imaginaba que el trapo negro con el que le taparon los ojos formaría parte de su indumentaria durante el siguiente mes y medio.
Un día después de su detención, tumbado en el suelo de una furgoneta, esposado y con los ojos vendados, Haddad llegaba a la cárcel secreta de Temara (ver cuadro de la izquierda). Los 45 días en Temara fueron, según su relato, una constante tortura psicológica. Cada vez que salía de la celda le vendaban los ojos, nunca vio a otros presos, sólo oía pasos de los carceleros, gritos y los rezos en la mezquita de la cárcel. La luz estaba encendida 24 horas y sólo distinguía el paso de los días por un ventanuco con rejas situado en el techo de su celda. “Con la cremallera de mi chaqueta escribía en la pared de la celda mi diario. En esas paredes podías leer las torturas a las que fueron sometidos otros presos”.
Los interrogatorios eran diarios, hasta cuatro veces al día Haddad era sometido a preguntas sobre su pasaporte y sobre sus relaciones en Madrid con otros islamistas. Según indica: “Diez días antes de soltarme dejaron de interrogarme. Había entrado en Temara pesando 88 kilos y cuando salí pesaba 65. No podía más, estaba derrotado física y psicológicamente, llegué a decirles a mis interrogadores que me pusieran delante la declaración de culpabilidad que les diese la gana, estaba dispuesto a firmar lo que quisieran”. El 30 de abril de 2004, 45 días después de su secuestro Mohammed Haddad era trasladado en una furgoneta hasta las inmediaciones de la estación de autobuses de Rabat, allí le quitaron la venda de los ojos, le dieron 100 dirhams (10 euros) y le indicaron que volviera a Tetuán. “Nunca pensé que fuera a salir de Temara”, concluye Haddad recordando su secuestro.
Nunca existió una orden de detención sobre Mohammed Haddad, ni de instancia judicial española ni marroquí. Según fuentes policiales españolas, las autoridades judiciales habían remitido a través de la embajada en Rabat una fotografía de Haddad para su localización. Nada más. Aunque éste ha estado en manos de la policía política del régimen alauí durante 45 días, oficialmente nunca fue detenido. Según afirma Haddad, los interrogatorios en Temara se realizaron algunas veces en castellano y otras en francés, lo que le hace sospechar la presencia de policías extranjeros en varias ocasiones. La DST le quitó el pasaporte por lo que, desde entonces, Haddad quedó inmovilizado en Marruecos.


La trama contra Haddad
Mohammed llegó al Estado español a principios de 1990. Al igual que muchos inmigrantes, llegó sin papeles, papeles que obtuvo tras el proceso de regularización de 1991. “Conozco bien los problemas de la inmigración, trabajé en los invernaderos de Almería y he dormido en las calles en Granada, mientras buscaba trabajo”, rememora Haddad. Posteriormente llegó a Madrid, allí se instaló en el madrileño barrio de Lavapiés, donde frecuentó los circuitos habituales: restaurantes árabes, teterías, bares frecuentados por inmigrantes magrebíes. De igual manera visitaba la mezquita de Lavapiés para cumplir los ritos religiosos. Según Haddad: “En Lavapiés conocí a varias de las personas que posteriormente han estado implicados en la trama del 11-M, mi relación con ellos proviene de mucho antes del 11-M, e incluso del 11-S. Jamás formé parte de las reuniones privadas que se hacían en las casas, ellos saben muy bien a qué gente invitan. Rezaba cinco veces al día, quería ser un buen musulmán pero nunca he pensado en la religión en los términos de la yihad. Incluso bebía cerveza y frecuentaba discotecas en esa época”.
Según un informe de la Unidad Central de Inteligencia Exterior (UCIE) de la Comisaría General de Información, Haddad no sólo era conocido en los medios policiales por su vinculación con integristas de Lavapiés, sino que se indicaba que éste había sido detenido en una reunión de islamistas en Estambul en octubre de 2000. Hasta el 16 de marzo de 2004 la UCIE no rectificó este grave error, reconociendo que el detenido en Estambul era Lahcen Ikassrien y no Haddad. “Conocí a Ikassrien en la mezquita, entablamos amistad. Es marroquí como yo, no tenía papeles, me contó que su madre se encontraba gravemente enferma y como consecuencia de su situación de irregular no podía ni siquiera ir a verla y hacerse cargo de sus deberes familiares. Le dejé mi pasaporte para que pudiera viajar a Marruecos, fue un acto de solidaridad. Pasaron cerca de dos meses y no sabía nada de él, fue entonces cuando me personé ante la policía española y el consulado de Marruecos para notificar la desaparición de mi pasaporte”.
Entre tanto, Ikassrien ya había sido detenido en Estambul con el pasaporte de Haddad, en una supuesta reunión de islamistas. Luego, en 2001 fue apresado por los norteamericanos en Afganistán, y enviado a la base militar de Guantánamo en Cuba (ver pág. 42). A requerimiento de la Audiencia Nacional, fue enviado al Estado español más de tres años después. El pasado 11 de octubre la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas a Ikassrien, para el que el fiscal solicitaba ocho años de prisión como autor de un delito de pertenencia a banda terrorista de índole islamista fundamentalista.
Exculpación sin resarcimiento
Más de 30 ciudadanos tetuaníes declararon que Haddad había estado el 10 de marzo de 2004 en el bar donde posteriormente fue secuestrado por la DST, viendo por televisión un partido de fútbol. En su pasaporte aparece el sello de su última entrada en Marruecos y consiguiente salida de Ceuta: el 31 de enero de 2004. Haddad explica: “Tras el fallecimiento de mi primer hijo, en 2003, un día después de su nacimiento, mi mujer ha estado sometida a tratamiento psicológico. Esto hizo que viajáramos a Marruecos en múltiples ocasiones, para buscar el apoyo familiar de nuestros padres. En enero de 2004 viajé por última vez a Marruecos; vinimos a la Fiesta del Cordero para pasarla junto a la familia. Desde entonces permanezco aquí, pensaba volver a finales de marzo para sellar mi tarjeta del paro, pero ya estaba detenido”. Haddad vive en Tetuán con su hija de año y medio en casa de sus padres. Su mujer, embarazada de 6 meses, reside en Parla junto a la hermana de Haddad y su cuñado.
Desde 2003, según Haddad, ni él ni su esposa vivían en el piso de Getafe; a pesar de mantener el contrato a su nombre, el residente de esta casa era otro inmigrante marroquí amigo suyo. Se trasladaron a Parla, por lo que difícilmente pudo ser identificado saliendo de dicha vivienda el 12 de marzo de 2004. El juez Juan del Olmo nunca ordenó su detención. Los dos testigos que habían afirmado inicialmente reconocerle, se retractaron con posterioridad. A pesar de ello, Haddad ha continuado siendo interrogado por la policía marroquí de manera ilegal. “Tras mi liberación y a lo largo de 2004, he sido sometido a una veintena de interrogatorios más. Me metían en un coche, me llevaban a un café a las afueras de Tetuán y allí me interrogaban. Después me volvían a dejar en los alrededores de mi casa. Siempre pensaba que en algún momento de los interrogatorios me devolverían el pasaporte”.
El pasado 11 de noviembre la Policía Científica española, tras analizar las huellas y el ADN de Haddad, enviadas por la policía marroquí tras la petición del juez instructor del caso, determinaba: “El ADN del marroquí Mohammed Haddad no coincide con ninguno de los perfiles genéticos anónimos recogidos por la policía en los escenarios relacionados con el 11-M”. Quedaba descartada definitivamente su participación en los atentados de Atocha.
El 18 de febrero de 2006 caducó su permiso de residencia y trabajo, permiso que no pudo renovar al no poder viajar al Estado español por no tener pasaporte. Sólo unas semanas después le fue devuelto el documento. “Me llamaron por teléfono para indicarme que al día siguiente fuera a la comisaría de Tetuán a recoger el pasaporte. Cuando llegué me encontré a uno de mis interrogadores en la puerta, no llegué a entrar; me metieron en un coche y allí me lo dieron”.
Haddad se personó en el Consulado General de España en Tetuán dos veces en marzo de este año, para entrevistarse con el cónsul. Éste no lo recibió, pero Haddad cursó una petición de visado para poder acceder al territorio español. Siete meses después, la petición no ha sido contestada. “Quiero presentarme ante las autoridades judiciales españolas, quiero que mi nombre quede limpio de todo esto. Ni siquiera me van a dejar asistir al nacimiento de mi segundo hijo”, manifiesta Haddad.
Se considera una víctima de tercer nivel de los sucesos del 11-M. “Para mí hay tres niveles de víctimas en la masacre de Atocha. En primer lugar los muertos y heridos en este brutal atentado, en segundo lugar las desdichadas familias de las víctimas, y en tercer lugar, la gente que sin tener nada que ver, nos hemos visto de una forma o de otra implicadas en esta barbaridad. Guardando la distancia y con todo respeto a las víctimas y familiares, yo también me considero una víctima del 11 de marzo”.


Temara: la cárcel secreta
"Nadie sabe la ubicación exacta de la cárcel de Temara, estimamos que su ubicación se encuentra entre 10 y 15 kilómetros de Rabat, es una cárcel secreta, ha sido utilizada por la DST para encerrar y torturar a disidentes del régimen alauita, presos políticos saharauis, y desde los atentados de Casablanca a islamistas", indican a DIAGONAL miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Según las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, posiblemente dicha cárcel también esté siendo utilizada por los Estados Unidos para torturar islamistas detenidos en Pakistán y en diferentes países europeos.


“Una situación anómala"
Según Jamal Lamarti, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Tetuán, “realizamos en su momento un comunicado denunciando el ilegal secuestro de Haddad. Pedimos explicaciones a Interior y Justicia, sin respuesta. Nuestra posición es clara, si la Justicia considera que lo tiene que juzgar que procedan legalmente, pero denunciamos la situación anómala en la que transcurre el caso”. Y continúa: “No podemos interceder ante un Gobierno que no sea el marroquí, ni hacer nada para que el cónsul de España en Tetuán le dé el visado a Mohammed Haddad, pero es evidente que es una situación anormal”.

miércoles, 17 de enero de 2007

El terrorismo como excusa






Autor: Decio Machado

Los atentados de Casablanca y el 11 M, han significado un enorme retroceso en los derechos humanos en Marruecos.

Marruecos es visto por los Estados Unidos y la UE como un modelo válido para el mundo árabe, tanto por la estabilidad de su sistema como por algunas medidas liberalizadoras que el régimen alauí ha adoptado en los últimos tiempos. Las reformas de gran calado prometidas por Mohammed VI en 1999, por las que se manifestaba un deseo del nuevo monarca por “otras formas de hacer”, distanciándose del legado de autoritarismo y abusos dejado por su padre, han quedado en nada siete años después. Los cinco atentados sincronizados en Casablanca el 16 de mayo de 2003, perpetrados por 14 suicidas, confirmaron que la “excepción marroquí” ha pasado ya a la historia. Pocos días después de los atentados, el Parlamento aprobó de forma precipitada una ley antiterrorista, la Ley 3/2003, que había estado en discusión desde el otoño de 2002, y que permite que incluso actividades políticas pacíficas puedan ser castigadas, definiendo el terrorismo a su vez de una forma amplia y vaga. La consecuencia de esto ha sido un notable aumento de la arbitrariedad con el que las autoridades proceden a las detenciones, condenas en prisión e incluso penas de muerte.

La libertad de prensa también se vio cercenada. En julio de 2003, Moustapha Alaoui, director del periódico en lengua árabe Al-Ousbou fue condenado a un año de cárcel y suspendida la edición de su periódico por tres meses, bajo la acusación de haber publicado una nota donde la organización as-Saiqa, hasta entonces desconocida, reivindicaba tres de los atentados. En agosto del 2003, también Mohamed el-Hourd y Abdemajid Bentaher, director y redactor jefe respectivamente del semanal ash-Sharq, junto con el director de la publicación al-Hayat al-Maghribiyya, Mustapha Kechnini, fueron condenados a penas hasta de tres años por publicar un texto firmado por el islamista Zakaria Boughrara, donde se supone que se “incitaba a la violencia”. Tanto Amnistía Internacional, como Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos han denunciado que desde los atentados ha habido un notable deterioro de los derechos civiles y políticos en Marruecos. En sus informes se denuncian múltiples casos de detenciones ilegales secretas, torturas, manipulación de testimonios, procedimientos arbitrarios, ausencia de testigos, falta de pruebas, negación de exámenes médicos a torturados y del derecho a la autodefensa. Todo ello bajo el discurso de la lucha contra el integrismo islámico. En agosto de 2003, la justicia marroquí dictó cuatro condenas a muerte, 39 cadenas perpetuas y otras 15 condenas a 30 años de cárcel por los atentados de Casablanca. Meses antes había muerto en la cárcel por “problemas de salud” Abdalhak Mul Sebbat, considerado el coordinador de los atentados.

El atentado del 11-M al año siguiente auspició una escalada de represión aún mayor, con el beneplácito occidental. Hace un año, cuando los juicios afectaban a más de 2.000 personas, Mohammed VI declaraba con cierta ironía: “No cabe duda de que hubo detenciones arbitrarias. Hemos detectado una veintena. Ahora estos casos están siendo examinados por los tribunales. Quiero aprovechar para alabar a las fuerzas de orden público y a la Policía marroquí”. Jordi Balta, coordinador para el Norte de África de Amnistía Internacional, nos indica: “Los casos que se investigan por parte de las autoridades marroquíes son una pequeña minoría comparado con el número de denuncias”. Según declara a DIAGONAL, Abdelhamid Amine, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH): “Han detenido a mucha gente con simpatías con Bin Laden, pero en su amplia mayoría no tenían nada que ver con el terrorismo”. Y prosigue: “Los procesos judiciales no han sido justos, ha habido secuestros, torturas, detenciones por encima del tiempo legal. No se ha permitido a la gente tener testigos de descargo para probar su inocencia, ha habido veredictos absolutamente exagerados, que van desde la pena de muerte hasta condenas a perpetuidad o a 30 y 20 años, por acusaciones que no merecían tales sentencias. Hemos pedido la revisión de los procesos y la libertad de los detenidos”.

La época de Hassan II registró graves violaciones de derechos humanos que fueron calificados de crímenes contra la humanidad por la AMDH. Sólo en diciembre pasado, fueron encontrados tres lugares secretos de enterramiento: tumbas de las víctimas que cayeron en las protestas sociales de los años ‘80, y también de los opositores militares y de la izquierda. Según denuncia Amine, “las detenciones todavía continúan. Hay mucha gente detenida, enjuiciada y pendiente de condena”. Desde que se produjeran los atentados de Casablanca hasta hoy, los servicios de seguridad han detenido a cerca de 10.000 presuntos integristas, y más de 1.200 han sido condenados a diferentes penas. Al menos tres de estas personas han perdido la vida en las comisarías.

TÉMARA: UN ABU GHRAIB EN MARRUECOS

Según el informe de Amnistía Internacional El caso del centro de detención de Témara, un número indefinido de personas han sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos en el contexto de las medidas “antiterroristas” puestas en práctica en Marruecos desde 2002. Las víctimas forman parte de los centenares de islamistas o presuntos islamistas detenidos y encarcelados por su supuesta pertenencia a “bandas delictivas” o su implicación en “actos violentos”. El centro de detención de Témara, dependiente de la Dirección de Vigilancia del Territorio, es uno de los lugares donde más casos de tortura se han denunciado. Decenas de personas detenidas en aplicación de medidas ‘antiterroristas’ han sufrido, al parecer, tortura o malos tratos mientras permanecían recluidas. Su detención en el centro se ha mantenido en secreto, habiéndose ocultado su paradero a familiares y llegándose a mantener detenciones de forma ilegal durante meses. Según estos informes, los detenidos han sido torturados para obligarles a firmar o suscribir con sus huellas dactilares declaraciones que ellos rechazan o niegan. En muchas ocasiones, estas declaraciones han sido utilizadas para condenarlos, a pesar de que en muchos de los casos los acusados se hayan retractado con posterioridad de su declaración ante el tribunal. Algunas de ellas han llegado a significar condenas a penas de muerte (aún por ejecutarse). El Comité de la ONU contra la Tortura ha señalado su preocupación en Marruecos, entre otras cosas, por el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos, especialmente las que implican a la Dirección de Vigilancia de Territorio. El Comité señaló específicamente la falta de información sobre las medidas adoptadas para la investigación de denuncias por parte de las víctimas.

Galicia sigue en la cola


Autor: Decio Machado

La extrema pobreza afecta al 5% de la población gallega. En cifras oficiales y según parámetros europeos, hay en Galicia, además, medio millón de personas que viven en la pobreza relativa. Hace 50 años salían transatlánticos repletos de trabajadores gallegos con destino a Latinoamérica. Ahora miles de jóvenes gallegos continúan marchando a Canarias, Madrid y otras zonas del Estado para trabajar en la construcción y la hostelería.


Un solo dato macroeconómico puede explicar las consecuencias de la precariedad en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida de los trabajadores gallegos a lo largo de los últimos 20 años. En 1980 las personas asalariadas representaban el 47,8% de la población activa en Galicia, y contribuían con sus rentas al 48,3% del Producto Interior Bruto (PIB). En el 2000, tras 20 años, la población asalariada representa un 68,1% de la población activa y contribuye sólo en 44,9% al PIB. En resumen, un porcentaje 20 puntos mayor de asalariados, en una población activa también mayor, participa en la riqueza generada cuatro puntos menos que antes.

Es una de las conclusiones de un informe de la Confederación Intersindical Galega (CIG), que ha vuelto a situar a Galicia como un rincón de precariedad dentro del rincón que ya supone el Estado español dentro de la Unión Europea. A comienzos de año, Ricardo Varela, conselleiro de Traballo de la Xunta, alertó de que la tasa de temporalidad en Galicia está situada en el 35%, “12 puntos por encima de la que hay en Cataluña” y más de 20 puntos superior al índice europeo.



Del informe sobre la contratación temporal en Galicia, elaborado por la Xunta, se desprende que en 2004 un tercio de la población ocupada de la Comunidad tenía un contrato temporal, y que la media de contratos por persona al año es de 2,1, con lo cual “hay trabajadores que tienen 13 o 14 contratos al año”. Según el propio titular de Traballo de la Xunta, el problema de la temporalidad “impide planificar el futuro” y por lo tanto dificulta también el desarrollo de la sociedad gallega, incidiendo incluso en que Galicia tenga una de las tasas de natalidad más bajas del Estado. El informe pone de manifiesto que de los 3.600.000 contratos realizados en Galicia entre el año 2000 y 2004, tan sólo 294.000 fueron indefinidos. Así, en esos cinco años, por cada contrato indefinido se firmaron 12 temporales. La tasa de temporalidad se situó en 2004 en casi un 35% para el conjunto de Galicia, aunque ese índice se superó con creces en comarcas como Barbanza, que registró un 69%; O Salnés, con un 58%; y O Morrazo, donde estuvo en un 56%.

La contratación indefinida inicial de las mujeres supuso en el mismo período el 4,14% del total de contrataciones, e igual porcentaje se dio en la conversión de los acuerdos temporales en indefinidos. Así, el total de contratación indefinida de las mujeres se situó en un 8,24%, tres décimas por debajo de la de los hombres. Las mujeres coparon el 65% de los contratos a tiempo parcial, una modalidad que afecta más a los jóvenes, ya que 36% de los acuerdos firmados entre 2000 y 2004 correspondieron a menores de 25 años, que sin embargo sólo representan el 8,7% de los ocupados gallegos. Dentro del sector más joven del mercado de trabajo, especialmente damnificado en estos 20 años, las mujeres están sufriendo los peores rigores de precariedad. Este es un dato constante en todos los sectores. Las jornadas abusivas de trabajo, contrataciones a tiempo parcial y salarios inferiores al salario legal constituyen la práctica común en gran parte de los sectores económicos gallegos. Otro grupo social que experimenta problemas de exclusión son los mayores de 40 años. La pérdida de empleo desde estas edades en adelante dificulta la reincorporación al mundo laboral, con la correspondiente pérdida de autoestima y los problemas psicológicos que afectan a una parte importante de esta población.

Tareas pendientes

Según declara a DIAGONAL Carlos Vázquez, secretario de comunicación de CC OO de Galicia, “la mayor parte de esa contratación temporal está hecha en fraude de ley, pues el empresariado gallego utiliza los contratos temporales para resolver tareas y necesidades fijas de sus empresas; la temporalidad deviene en precariedad y los contratos basura están convirtiendo el mercado laboral en un calvario”.

Para el portavoz de CC OO, “estamos ante un fracaso del anterior Gobierno gallego” para afirmar a continuación que “el actual Gobierno de Galicia -formado por la coalición PSdG y BNG- tiene buena voluntad, si bien está por ver que tenga la fuerza suficiente para encauzar a la patronal gallega por una senda real que permita atacar este problema”. Menos conciliador se manifiesta el secretario general de la CIG, Suso Seixo, el cual indica que las diferencias entre diciembre del 2004 y diciembre del 2005 han sido muy leves. Seixo mantiene que los niveles de desempleo gallegos son casi del 14%, muy por encima de la media nacional y europea. “Todo esto a pesar de que una buena parte de la juventud sigue emigrando, si llegasen a quedarse en Galicia las cifras de desempleo serían escandalosas”. Así, la radiografía sociolaboral de Galicia muestra que la precariedad se encuentra implantada en los principales sectores económicos.

COMERCIO Y SERVICIOS Incluye el comercio mayorista y el prestado directamente a los ciudadanos, así como los servicios privados prestados a través de concesiones públicas privatizadas. Ocupa en Galicia a cerca de 180.000 trabajadores, con sueldos próximos al Salario Mínimo Interprofesional y jornadas laborales a la carta, pactadas con representantes sindicales promovidos por las propias empresas, donde apenas existe libertad sindical. Destacan las tasas de temporalidad del 47% en el comercio de alimentación y del 75% en la hostelería.

CONSTRUCCIÓN Ocupa en Galicia en torno a 114.000 trabajadores, de los cuales el 60% tiene contrato temporal. La modalidad más común es la del contrato por obra y servicio.

SIDEROMETALURGIA Ocupa a unos 42.300 trabajadores, con un porcentaje de temporalidad en torno al 40%, que afecta en mayor medida a los trabajadores jóvenes. El salario medio entre provincias oscila entre 11.900 y 14.100 euros al año.

EL MAR La pesca emplea a unos 35.100 trabajadores y presenta una tasa de temporalidad del 59%, con contrataciones en fraude de ley donde predomina el contrato temporal por períodos de tres a seis meses, que son sobrepasados de forma habitual por embarques y desembarques superiores a este tiempo. En la pesca de bajura la contratación temporal se aproxima al 50%: muchos empleados llegan a trabajar uno o dos días a la semana, en una relación laboral discontinua. El salario medio es de 900 euros mensuales, y las jornadas se pueden llegar a prolongar de 16 a 18 horas diarias, a lo que se debe sumar la ida a la zona de pesca y el regreso al puerto.

SECTOR PÚBLICO Como ocurre en el resto del Estado, la Administración aporta una creciente temporalidad. El sector público ocupa en Galicia a 177.000 trabajadores, divididos entre funcionarios y personal laboral. De ellos, 42.200 son contratados eventuales en modalidades de obra, sustituciones y vacantes temporales.


MÁS PARO Y TEMPORALIDAD
35% fue la tasa de temporalidad registrada en Galicia en 2004, 12 puntos por encima de Cataluña, y 20 puntos sobre la media europea. En el caso de las mujeres, la temporalidad llega al 37%.

26% es la tasa de desempleo de la población joven, cuatro puntos por encima de la media estatal y ocho puntos más que en la UE.

45% de los jóvenes entre 30 y 34 años viven con sus p

Guadalupe, de la autogestión de la salud popular a las alarmas vecinales

Autor: Decio Machado

En el barrio de Guadalupe (Santa Fe, Argentina), no llaman a la policía si hay ladrones. El sistema de alarma comunitaria es sólo una de sus muchas prácticas de autoorganización.

Bajo el reclamo de “¡Que se vayan todos!”, en diciembre del 2001, se constituía la Asamblea Barrial de Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe, de 400.000 habitantes. Eddie Barrionuevo, miembro de la organización, recuerda los orígenes de la asamblea: “Tras 20 años dolorosos de una democracia vacía de contenido, aprendimos que debemos exigir y también hacer uso de nuestros derechos, es decir ejercer nuestra ciudadanía, y esto es mucho más que poner un voto en una urna cada dos años. Vimos que nuestros vecinos sentían lo mismo que nosotros. Y nos juntamos a debatir qué hacer, a organizarnos, a proponer soluciones concretas a nuestros problemas. Nos propusimos construir una concepción distinta del poder: desde abajo, entre todos, pero con un horizonte común: la transformación de nuestra sociedad”.

Esta asamblea es la única que queda de las nacidas durante el estallido social de diciembre de 2001 en la ciudad de Santa Fe. Desde el principio, organizó y canalizó sus actividades hacia la autogestión de las necesidades del barrio de Guadalupe.

Entre otras actividades, tiene una fuerte participación en los reclamos de seguridad barrial, exigiendo respuestas concretas a las autoridades y promoviendo un exitoso sistema de alarmas comunitarias instaladas ya en varios sectores de Guadalupe y otros barrios de la ciudad. Según Barrionuevo, “las alarmas comunitarias nacen por la inseguridad que genera la marginalidad en la que se encuentra gran parte de la población argentina. Nosotros lo primero que hicimos fue crear juntas vecinales de seguridad autogestionadas, creamos a partir de ahí las manzanas solidarias, donde denunciamos la complicidad de la Policía con las bandas delincuentes que estaban saqueando el barrio”. En Guadalupe, como en muchos barrios populares de Argentina, la propia Policía pasa la información a los delincuentes de a qué hora las casas no tienen gente o cuándo alguien se va de viaje. Barrionuevo habla de “todo un nudo de complicidades entre Policía, jueces corruptos y abogados con determinados delincuentes” que situaba en la más absoluta indefensión a los vecinos del barrio. De ahí el sentido de las alarmas comunitarias, un sistema de timbres intercomunicado en toda la manzana, con un costo de 60 pesos por vivienda, con lo cual cada vez que suena una alarma, toda la manzana sale a la calle en un ejercicio de apoyo mutuo y autodefensa del barrio por sus propios habitantes. “Lo habitual es que el ladrón, cuando oye 50 alarmas sonando al mismo tiempo y el conjunto de vecinos saliendo a la calle al mismo tiempo, salga corriendo. La delincuencia ha bajado un 40 % en el barrio”, asegura Barrionuevo.

Autogestión de la seguridad, seguridad de la autogestión

La Asamblea Barrial de Guadalupe participó a su vez en el plebiscito que impidió el aumento de tarifas de la privatizada Aguas Provinciales, en las protestas de la iglesia de Guadalupe que culminaron con la expulsión del arzobispo Storni por abusos sexuales sobre seminaristas, y en la fiscalización de las obras públicas que se hacen en el entorno. Cuenta también con una feria artesanal que funciona en plazas y espacios públicos de Guadalupe, emite un boletín informativo mensual que se distribuye a domicilio en el barrio y que, además de opinar sobre temas de actualidad de la política municipal, socializa las cuentas de las actividades de la asociación al conjunto de vecinos del barrio. La asamblea ha creado también una página web, emite un programa de radio FM barrial, y ha fundado una asociación civil sin fines lucrativos llamada Asociación Paz y Esperanza de Guadalupe.

A través de ella ha concretado uno de los logros más transcendentes del barrio: la construcción de un centro comunitario de mediana complejidad para Guadalupe. El Centro Comunitario Padre Edgardo Trucco realiza una verdadera actividad comunitaria en todos los órdenes: asistencia médica, con fuertes acciones en promoción y prevención, biblioteca popular, capacitación y organización de micro-emprendimientos productivos, y otras actividades culturales, deportivas y de integración de los vecinos, en defensa de la salud comunitaria y del desarrollo humano y social.

“Nuestro ámbito de actuación es un área de 20.000 vecinos que pueblan este distrito. La financiación para la construcción del centro se consiguió tras muchas movilizaciones y acciones protagonizadas por los vecinos de Guadalupe. En la actualidad, la municipalidad financia el salario de una parte de los médicos que aquí actúan laboralmente, siendo otra parte trabajo voluntario de los implicados e implicadas. Atendemos a unas 250 personas diarias, de manera gratuita y con un horario de apertura diaria de 12 horas consecutivas”, indica Eddie, y prosigue: “Para nosotros la actuación sanitaria no solamente consiste en la atención médica, sino en atacar las causas de la mala salud: la mala alimentación de los pibes, la falta de educación sexual, el alto número de embarazos de chicas jóvenes -14 o 15 años-, anemias, la insalubridad de muchas viviendas, insuficiencia alimentaria...”.

Para Eddie, todo el trabajo desarrollado a la fecha de hoy, tras tres años y medio de la existencia de la asociación, “es sólo una muestra de lo que es posible cuando los vecinos y vecinas participan, proponen, debaten y se organizan para concretar los sueños colectivos”.

La Nueva Orleans austral

Santa Fe, de más de 400.000 habitantes y capital de la provincia, vivió el 28 de abril de 2003 la crecida del río Salado, que inundó casi la mitad de la ciudad. Veintitrés personas murieron. Días antes se había inaugurado un muro de contención de aguas sobre el río Salado, donde se dejó un paso abierto de casi un kilómetro de amplitud para la circulación de los vehículos 4x4 de las clases adineradas que practicaban el golf en un campo cercano al río. Investigadores, meteorólogos, ecologistas y periodistas alertaron sobre el riesgo de graves inundaciones, pero los funcionarios los ignoraron y se produjo la peor catástrofe de la historia del lugar. Aparte de las muertes producidas por la inundación, las pérdidas de cosechas, mercaderías y obras de infraestructura se calcularon en 300 millones de dólares. El gobernador provincial, Carlos Reutemann, y el intendente de la capital, Marcelo Álvarez, negaron haber recibido alerta de la catástrofe. Pero la Universidad del Litoral, el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) afirmaron lo contrario. Ningún político se ha sentado en un banquillo para dar explicaciones sobre lo ocurrido, contra lo demandado por la Asamblea Barrial de Guadalupe.

El plan de atención le cuesta a Fomento un tercio más que el capital inicial de Air Madrid



Autor: Decio Machado

El alto coste público de la operación de rescate de los clientes abandonados por la compañía contrasta con la baja inversión inicial destinada por sus promotores.


Si el Ministerio de Fomento hubiera querido montar una aerolínea de bajo coste como Air Madrid, podría incluso haberse ahorrado dos millones de euros con respecto a lo que le han costado los 16 vuelos y 4.000 repatriaciones que, tan sólo en diciembre, ha tenido que atender tras la suspensión de las actividades de la aerolínea.

Según informaba el periódico económico Negocio, Air Madrid se constituyó con un capital social de 4,5 millones de euros. Los operativos de rescate ya le costaban al erario público al cierre de esta edición un tercio más de esta cantidad: hasta seis millones y medio de euros, tal y como anunció la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

A finales de 2004, cuando renovó su licencia de explotación como compañía de transporte aéreo de categoría A, Air Madrid tan sólo disponía de 2,4 millones de euros. Una cifra insuficiente para acometer un nuevo ejercicio fiscal e inferior a su deuda en ese momento. Al cierre del ejercicio de 2004, Air Madrid podría haber quedado liquidada con la ley en la mano si no realizaba con urgencia una ampliación de capital. A pesar de ello, la dirección de Aviación Civil dependiente del Ministerio de Fomento le concedió la licencia por otros cinco años más.

En ese momento, la compañía aérea contaba con un capital social suscrito de 4,5 millones de euros, aunque sólo estaban desembolsados 1,5 millones. Con ese capital inicial Air Madrid ya había conseguido la licencia que le permitió operar, según fuentes de la compañía citadas por el citado diario.

Con semejantes vaivenes, resulta poco extraño que la compañía haya tenido una trayectoria fugaz. Inició operaciones en mayo del 2004 con una flota de dos aviones. Entre sus planes se encontraba terminar 2007 con 17 aeronaves, además de cotizar en bolsa a mediados de este recién iniciado año.

Como parte de su estrategia de combinación de negocios, el grupo Optursa, propietario de la compañía y cuyo presidente es José Luis Carrillo, planeaba comprar un hotel en cada una de las localidades de destino de los vuelos de Air Madrid. En noviembre de 2006, el grupo turístico hotelero contaba ya con 51 propiedades, tras una operación en junio donde se hizo, por 150 millones de euros en subasta, con 10 establecimientos de la cadena hotelera británica Acorn situados en Baleares, y poco después con otros tres situados en Managua, Buenos Aires y Brasil. Así la red de hoteles abarcaba Suiza, Bélgica, Nicaragua, Argentina y Brasil, más allá de los situados en el Estado español.

Los 4.500 empleados bajo el paraguas del conglomerado empresarial de Optursa carecen de representación sindical. Según han declarado a diferentes medios de comunicación algunos de sus empleados, la afiliación sindical es motivo de despido.

El corto trayecto de la aerolínea no pudo tener peor final. La compañía deja colgados a 300.000 viajeros con reservas de billetes, de los cuales 130.000 ya estaban en sus destinos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a finales del pasado mes una investigación por posible fraude en la venta de billetes “con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar”. Las denuncias, desde Europa, América Latina o el propio Estado español arrecian, mientras los bancos consideran a Air Madrid en situación técnica de insolvencia.

El promotor Jesús Ger expande su imperio de la mano del PP de Castellón


Autor: Decio Machado









Entre los términos municipales de Oropesa y Cabanes, en la comarca castellonense de La Plana, está prevista la construcción de un megaproyecto urbanístico-recreativo de tamaño equivalente al de la propia ciudad de Castellón. Con sus casi 19 millones de metros cuadrados, la construcción del complejo Marina D’Or Golf supondría la guinda de un proceso que grupos ecologistas e Izquierda Unida consideran como un ejemplo de política puesta al servicio de los intereses inmobiliarios.

El promotor Jesús Ger ha levantado un imperio urbanístico a partir del complejo Marina D’Or, la ‘ciudad de vacaciones’ con 100.000 metros cuadrados, 5.000 apartamentos, 30 restaurantes, campo de golf, un balneario y tres hoteles. Y una de las 273 ‘banderas negras’ colocadas por Ecologistas en Acción al litoral español en su último informe sobre la contaminación de las costas.

Según señala la consultoría inmobiliaria internacional Richard Ellis, la legislación urbanística valenciana -cuyo modelo resultante ha sido puesto en entredicho por Bruselas- ha favorecido crecimientos desorbitados de muchos promotores.

Entre ellos destaca Jesús Ger, dueño y señor del emporio Marina D’Or, la empresa que da nombre a una macrourbanización turística ubicada entre los municipios castellonenses de Oropesa del Mar y Cabanes. Este promotor y gestor inmobiliario lleva comprando suelo desde los ochenta, pero ha sido hace apenas tres años cuando su complejo turístico inmobiliario ha experimentado una explosión en toda regla y el lema publicitario “Marina D’Or, ciudad de vacaciones” bombardea a todas horas los medios de comunicación.

Cuesta creer que hace 20 años la zona donde se ubica Marina D’Or estuviera prácticamente desierta. Por entonces Jesús Ger apenas había construido en ella unos cuantos apartamentos y un hotel de tres estrellas. Los que conocen a este empresario dicen que sabe contentar a los vecinos (por Navidad regala juguetes a los niños de Oropesa y Cabanes) y que está muy bien conectado con la cúpula del PP castellonense. El resultado no ha podido ser más efectivo, Marina D’Or crece a un ritmo vertiginoso y sus datos económicos del 2005 son contundentes: una facturación de 410 millones de euros (un 105% más que el año anterior) y un beneficio, antes de impuestos, de 108 millones de euros. En 2004, se vendieron 1.500 apartamentos y medio millón de visitantes hicieron noche en sus hoteles.

Con todo, la ciudad -100.000 metros cuadrados, 5.000 apartamentos, 30 restaurantes, campo de golf, balneario y tres hoteles- será pronto sólo la hermana pequeña. Junto a ella se está erigiendo Marina D’Or Golf, un gigante urbanístico de 18.800.000 metros cuadrados (una dimensión de ciudad comparable a Castellón, la capital de la provincia).

Adjudicación irregular

En septiembre de 2005, los ayuntamientos de Oropesa del Mar y Cabanes adjudicaron al Grupo Marina D’Or la realización del megaproyecto Marina D’Or Golf, en un proceso de adjudicación plagado de irregularidades. Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida, denunció la más llamativa: “Dos de los seis concejales del PP de Cabanes que votaron a favor del proyecto trabajan para el dueño de Marina D’Or, dos hijas de los máximos dirigentes del PSOE de Cabanes también. La secretaria general del PSOE de Oropesa está en la nómina de Marina D’Or”.

En este proceso de adjudicación Ger se enfrentó a otros promotores locales y no tuvo piedad: contrató dos páginas en los periódicos locales para arremeter contra sus competidores. Ger ha contado también con ayuda de sus importantes contactos políticos. “En Castellón es vox populi que los negocios de Jesús Ger han crecido a la sombra de Fabra (presidente de la Diputación de Castellón)”, hizo público un promotor de la zona. “Muchos proyectos que ha impulsado Carlos Fabra, como el cuestionado aeropuerto de Castellón o la carretera que unirá este aeródromo con Marina D’Or, se han hecho a la medida del empresario”, también denunció Carles Mulet, concejal de Izquierda Unida en Cabanes.

El fastuoso complejo, muy criticado por colectivos ecologistas, será el principal beneficiario del aeropuerto que se construye a sólo 15 kilómetros y que se conoce popularmente como el aeropuerto de Marina D’Or.

La política de la especulación

A pesar del oscurantismo oficial, un simple repaso a la historia del proyecto muestra diversas actuaciones de dudosa legitimidad que han beneficiado al imperio Marina D’Or. En septiembre de 1999, el Ayuntamiento de Oropesa aprobó la exención del 95% de la licencia de obras para la construcción de un hotel, un apartahotel y un complejo de ocio, todo ello dentro del complejo Residencial Marina D’Or Park. La condonación supuso para Ger un ahorro de unos 500 millones de pesetas. Esta licencia de obras fue concedida a pesar de que el Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA) presentase hasta tres escritos ante el ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento en los que denunciaba que el proyecto incumplía varias leyes.

Según denunció el diario El País en noviembre de 2000, tras una reunión entre el entonces alcalde de Oropesa, Francisco Garrido, y Jesús Ger, el Ayuntamiento solicitó al Ejército de Tierra que instalase y Defensa que financiase un puente sobre el río Chinchilla hasta el complejo urbanístico Marina D’Or, con la finalidad de sustituir al que fue arrasado por la gota fría a finales de octubre del mismo año. Obra que se llevó a cabo inmediatamente.

El presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, admitió públicamente haber mediado ante la Secretaría de Estado para el Deporte para conseguir que los mundiales juveniles de ajedrez se celebrasen en Marina D’Or. Las gestiones realizadas por Fabra fueron definidas por el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, como “presiones”. En el momento de celebrarse el mundial, Ger y la esposa de Fabra, Amparo Fernández, eran socios de la empresa Aparthoteles La Coma, SL.

En septiembre de 2005, la comisión informativa de Urbanismo de Castellón aprobó un dictamen que denegó la cédula de urbanización solicitada por el Ayuntamiento de Oropesa para que Marina D’Or pudiera ampliar el desarrollo de esta zona. La superficie afectada abarca más de 350.000 metros cuadrados y se encuentra en la zona denominada Les Amplàries, situada al norte del complejo ya existente. El Ayuntamiento de Oropesa adjudicó el programa a una de las empresas del grupo Marina D’Or, pese a que la zona ya estaba catalogada y las propuestas presentadas no cumplían las condiciones.

La adjudicación salió adelante con los votos a favor del edil del PSPV, posteriormente expulsado del partido, y los del PP entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat (PP), que comparte propiedades con una empresa de ese mismo grupo.

Políticos a sueldo de Marina D’Or

A finales de 2003 se detectó que el entonces alcalde de Castellón, José Luis Gimeno (PP), compartía a su jefe de gabinete, Juan Enrique Mas, con la empresa constructora Marina D’Or. Este cargo de confianza que actuaba como funcionario de empleo en el Ayuntamiento, cobraba alrededor de 45.800 euros brutos al año, sueldo al que hay que sumar complementos de productividad y horas extras. Según la Ley de Incompatibilidades el personal contratado por administraciones públicas “no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas (...) sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento (...) donde estuviera destinado”. En febrero de 2004, el diputado del PP en el Congreso, Juan José Ortiz, no informó al Ayuntamiento de Oropesa sobre la inclusión en el presupuesto de 2003 de la regeneración de las playas de Oropesa, mejora de la que sí dio cuenta a Jesús Ger. El diputado popular usó información del ministerio de Medio Ambiente para redactar una carta dirigida a Ger en donde le informaba sobre el estado del proyecto. Este escrito, con membrete del Congreso de Diputados, fue utilizado por el empresario para “convencer” a sus clientes de la ejecución de próximas obras en la playa.



Intereses inmobiliarios 3, vecinos 0

Jesús Ger manifestaba su agradecimiento a los “concejales del PP, PSOE y GIO (agrupación independiente de Oropesa) por apostar por una opción de futuro que nos permitirá construir la mayor ciudad de vacaciones y ocio de Europa”. Las irregularidades en la adjudicación fueron muchas: sus competidores habían presentado ofertas hasta un 50% más económicas y al presentar su candidatura Marina D’Or ni siquiera tenía como objeto social el desarrollo urbanístico ni la presentación o gestión de propuestas de urbanización, según datos que constan en el Registro Mercantil. Las asociaciones de vecinos de los pueblos afectados, ignoradas en el proceso, solicitaron que se descartase cualquier propuesta que “por sus dimensiones, implicase un excesivo riesgo y no fomentase la participación de los pequeños y medianos promotores”, que no contemplase la preservación del patrimonio natural y que no respetase las viviendas consolidadas en la zona. Nada de esto se ha cumplido.



Apropiación indebida de terrenos públicos

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Oropesa aprobó en la comisión de Urbanismo iniciar los trámites para legitimar la concesión de suelo público (casi 10.000 metros cuadrados) donde se ubican unas pistas de tenis y pádel que el grupo Marina D’Or explota desde hace cinco años. La comisión desarrolló con posterioridad un estudio de viabilidad del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de pistas deportivas con elementos terciarios. Marina D’Or cobra por el alquiler para el uso de las pistas pero, hasta ahora, no ha pagado ningún canon al Ayuntamiento por la ocupación de este espacio. Resulta paradójico de que el estudio de viabilidad considere “idóneo” unas parcela sobre la que ya se desarrolla el uso que ahora se pretende legalizar.







Los altos vuelos de los Fernández Espina






Autor: Decio Machado


La familia asturiana que controló el 20% de Air Madrid ha sido investigada por presuntas relaciones con los narcos Jorge Luis Ochoa y Juan Ramón Matta . La empresa familiar Celuisma se constituyó con seis millones de pesetas y en dos años hizo inversiones hoteleras por 1.600 millones . Los Fernández Espina son ahora propietarios de Air Asturias, compañía que cubrirá las mismas rutas y que cuenta con el mismo director general y un consejero delegado de Air Madrid.


Un mes antes de que Air Madrid suspendiera sus actividades, abriendo paso al escándalo político- financiero de las navidades, comenzaba a operar Air Asturias. La aerolínea de bajo coste y touroperadora comparte con Air Madrid idéntico mercado e idénticos apellidos entre sus socios fundadores de referencia. Los Fernández Espina vendieron sus inversiones en Air Madrid dos años antes del escándalo, pero diversos periódicos latinoamericanos y españoles ya habían publicado varios reportajes sobre las presuntas conexiones de estos hermanos asturianos con el narcotráfico.

Según publicó en su día el diario El País en una serie de reportajes firmados por Peru Egurbide, Celso Luis y Manuel Celestino Fernández Espina han sido investigados por brigadas de estupefacientes a raíz de que la policía española interceptara una serie de cartas dirigidas a Luis Fernández Espina por Jorge Luis Ochoa, destacado miembro del Cártel del Medellín, cuando éste fue detenido en el Estado español, en noviembre de 1984. Estas cartas fueron remitidas desde Panamá hasta el hotel Florida Norte, también propiedad de la familia.

Las relaciones con los Matta

Los Fernández Espina también estuvieron implicados en la década de los ‘80 en diversas operaciones mercantiles con la familia del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, extraditado en abril de 1988 y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas y el asesinato de un agente de la Drug Enforcement Agency (DEA) en México.

Matta Ballesteros residió en el territorio español entre 1979 y 1985, donde movió, según la Fiscalía española Anticorrupción y la DEA, millones de dólares y realizó múltiples inversiones empresariales. Desde aquí dirigió durante años una importante organización para llevar cocaína desde Colombia a EE UU, a través de México.

La vivienda en que Juan Ramón Matta Ballesteros residió en la urbanización Las Lomas, entre Majadahonda y Boadilla del Monte, adquirida en 1979 por su esposa Naney Marlén Vázquez Martínez, pasó en 1982 a manos de la empresa Celuisma SA, de los Fernández Espina.

Esta relación continuaría en mayo de 1983 cuando los Fernández Espina, la esposa de Matta y un hermano por parte de madre de éste, José Nelson Ballesteros Matta, se asociaron en la empresa Briocar, entonces concesionaria de BMW en A Coruña. Desde octubre de dicho año, Briocar, cuya presidenta era la mujer de Matta, contaba con Manuel Celestino como vicepresidente y Celso Luis como uno de los vocales.

Por otro lado, el diario centroamericano El Siglo denunciaba en agosto de 1990 las relaciones del banquero panameño Guillermo Ronderos Durán con los Fernández Espina, ampliando sus informaciones hacia la adquisición del hotel Panamá, donde según este diario ambos se asociaron para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En octubre de 1990, el periódico The Sun, de Baltimore, EE UU, aseveró que la DEA había informado a las autoridades panameñas de que Ronderos, entonces director general del Banco Interoceánico de Panamá, participaba en el lavado de dinero del narcotráfico. La DEA informaba el 12 de enero de 1990 a la justicia panameña del depósito de 12 millones de dólares en el Banco Interoceánico a nombre del narcotraficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, muerto en combate con el Ejército colombiano en diciembre de 1989.

También indicaban que desde 1984 la DEA conocía las relaciones del Interoceánico con los cárteles colombianos, y la revista La Prensa de Panamá denunciaba a su vez que Ronderos, propietario del 98% de las acciones de dicho banco, mantenía importantes relaciones económicas con Celso Luis Fernández Espina; de hecho su hermano César se llegó a afincar en Panamá.

Hechos a sí mismos

La historia de los Fernández Espina va unida al grupo empresarial Celuisma, el mayor accionista fundacional de Air Madrid junto al grupo Hotusa, con un capital accionarial del 20%. Los hermanos fundaron Celuisma -acrónimo de sus nombres de pila- en Gijón en febrero de 1981, con un capital social de sólo 6 millones de pesetas. Hijos de un fogonero de Mieres, emigraron a Latinoamérica, para volver al país a finales de los años ‘70. En junio de 1981 constituyeron en Medellín (Colombia) la sociedad Asesorías e Inversiones César Fernández Espina- otro hermano del clan-, y dos días más tarde fundaron en esa misma ciudad Asesoría e Inversiones Manuel Fernández Espina.

Sólo entre 1981 y 1983, los Fernández Espina compraron hoteles en el Estado español por un valor escriturado próximo a los 800 millones de pesetas. La cifra se dobla si se le suma el valor de los hoteles que compraron en América Latina en la misma época. Y se triplica al añadirle otras inversiones no hoteleras.

En 1984 fundaron en Madrid la inmobiliaria Meca 2, que presidió Celso Luis. Así comenzaba la andadura de un grupo que en la actualidad posee múltiples hoteles en Madrid, Galicia, Asturias y Cantabria, pero que también goza de importantes inversiones en Latinoamérica, donde el pequeño imperio de los Fernández Espina ha levantado hoteles y otros negocios en numerosos centros turísticos de Colombia, México, Panamá, Venezuela y República Dominicana.

De Air Madrid a Air Asturias

En diciembre de 2004, Celuisma vendió su 20% de Air Madrid al grupo inmobiliario Optursa Management, pero los hermanos Fernández Espina nunca abandonaron su aspiración de dotarse de una línea aérea propia. A finales de 2005 vuelven al sector como socios mayoritarios de la compañía Air Asturias, otra compañía de bajo coste y touroperadora, donde Celuisma posee el 78% del accionariado. La compañía opera desde el 16 de noviembre de 2006, y entre sus planes de desarrollo, más allá de las rutas que actualmente está realizando, se encuentra cubrir las rutas intercontinentales a Venezuela, Colombia, México y Panamá, con lo cual ocuparía claramente el espacio dejado por Air Madrid. Javier Taibo, ex director general de Air Madrid, asumió la dirección general de Air Asturias, de la que es consejero delegado José Antonio Fernández, que también ocupa esa misma responsabilidad en Celuisma. La pesadilla amenaza con repetirse.

El empresario monárquico

A finales de 1997 varios empresarios de las Islas Baleares se confabulan con la intención de regalar al rey Juan Carlos I un yate, el nuevo Fortuna. Éstos constituyeron para tal fin una fundación destinada globalmente a la promoción turística de las islas: la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares. El yate costó 3.000 millones de pesetas y le fue entregado en el año 2000. Entre la veintena de iniciales promotoras de la fundación, destacan José Luis Carrillo, en nombre de Hoteles Globales, y su esposa Susana Carrillo Szymanska, en nombre propio. El nuevo Fortuna dobló las dimensiones del antiguo yate del monarca: con 70 metros de eslora, y realizado totalmente en aluminio, tiene cinco camarotes dobles, además de los destinados a la tripulación, y alcanza una velocidad punta de 70 nudos.

La mejor iniciativa económica

En junio del pasado año, cuando ya eran patentes las voces de protesta contra Air Madrid, un jurado en el que participaban numerosos e importantes periodistas tuvo el honor de otorgar a la compañía aérea de José Luis Carrillo Benítez el premio Madridiario. es a la Iniciativa Económica de 2006. Este tribunal estaba formado por Fernando Jáuregui (Diariocrítico. com), Nieves Herrero, María López y Víctor Arribas (Telemadrid), Susana Rodríguez (Localia), Maria Luisa Roselló (diario Metro), Pilar Cernuda (Fax Press), José Luis Semprún (La Razón), Arturo Larena (EFE), Sara Medialdea (ABC), Rafael Martínez Simancas y Pedro Blasco (El Mundo), Antonio Naranjo (Diario de Alcalá), Nino Olmeda (Servimedia) Ángel del Río (Cope), Jesús Frías (Europa Press), José Cañaveras (Radio Intercontinental), Martín García Vega (RTVE), y Curro Castillo (Onda Madrid). En el momento de fallarse el premio las pérdidas de la aerolínea ya superaban los cuatro millones y medio de euros que formaban parte de su capital fundacional.

¿Y las normas de seguridad?

Técnicos de la Subdirección General de Control del Transporte Aéreo certificaron en los informes del 11 y 12 de diciembre que los aparatos de Air Madrid arrastraban un sinfín de deficiencias con las que nunca debieron haber operado. Fomento consintió a Air Madrid volar con motores “no aptos para servicio”, toboganes de emergencia cuyos sistemas de despliegue estaban caducados, extintores donde “no consta el intervalo de caducidad”, botellas de oxígeno “no listas para el servicio” y botiquines donde se encontraron “elementos caducados”, chalecos salvavidas sin pasar las revisiones periódicas, y estabilizadores de la cola en estado defectuoso. Fomento tiene como norma reducir la duración de los vuelos de las compañías que han sufrido paradas en sus motores. En el caso de Air Madrid nunca se han producido los citados recortes. La decisión de recortar la duración de los vuelos no es obligatoria, permite la discrecionalidad de Fomento a la hora de aplicar tal medida. En el caso de Air Madrid, ésta ha sido palpable.

Plan África: impedir las migraciones





Autor: Decio Machado

El ministerio de Asuntos Exteriores desembarca en África con una ofensiva diplomática sin precedentes. El objetivo es el control de flujos migratorios a cambio de una cuestionada cooperación para el desarrollo. El Ejecutivo español desarrolla, desde el verano de 2005, una importante iniciativa diplomática en el marco comunitario, con el objetivo de que la UE brinde ‘apoyo logístico’ para el control de los flujos migratorios llegados desde África, y despliegue infraestructura militar, tanto marítima como aérea, para el control de las fronteras en la zona. Especialmente en los países que han sido definidos como ‘zonas calientes’ (países de origen y de paso en las rutas migratorias).

Los responsables de Exteriores plantean un giro, sin precedentes en los últimos 28 años, en su política exterior con respecto a los países del África negra. La ofensiva diplomática española basa su estrategia en dos pilares: el Plan de Acción para África Subshariana (Plan África), aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 19 de mayo. Y la Conferencia Euroafricana de Rabat, que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio en la capital marroquí.

La elaboración del Plan África se inició tras los sucesos acaecidos en las vallas de Ceuta y Melilla durante el segundo semestre del año pasado. El plan ha sido aprobado apresuradamente, coincidiendo con la llegada de cientos de inmigrantes a Canarias. Llegada que se ha ido incrementando paulatinamente desde el inicio de esta primavera.

El Plan África se articula en torno a siete objetivos generales: colaborar en el afianzamiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en África, la atención especial a la lucha contra la pobreza, la cooperación para regular adecuadamente los flujos migratorios, la participación activa española en el desarrollo de una estrategia de la UE hacia África, la intensificación de intercambios económicos y de inversiones en el continente negro y el fortalecimiento de la cooperación cultural.

La declaración de intenciones recogidas en el Plan África, así como las declaraciones del ministro Moratinos a mediados de junio en Mozambique, donde indicó que: “Quien tenga catadura moral y compromiso ético, comprenderá lo importante que es acercarse a ellos, identificar los obstáculos y modestamente, tratar de ayudarles”, resaltan el carácter solidario que el Gobierno socialista pretende dar a su nueva empresa.

Carácter que, sin embargo, no es asumido por múltiples organizaciones de inmigrantes, que entienden que de los siete objetivos esbozados en el plan, sólo tiene prioridad el del control de los flujos migratorios, girando en torno suyo todos los demás.

Militarización

A propuesta española, la Agencia de Control de Fronteras de la UE (Frontex) aprobó a finales de mayo un nuevo sistema de vigilancia militar, tanto naval como aéreo, que ha permitido que desde primeros de junio ocho países de la UE (Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Letonia, Noruega, Suecia y Reino Unido) hayan desplegado patrullas y operativos policiales y militares para el control de las costas de las Islas Canarias, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, con el objetivo de frenar la llegada de cayucos con inmigrantes al archipiélago canario.

En el Consejo Europeo del 15 y 16 de junio, en Bruselas, se acordó la incorporación de otros cinco países comunitarios a esta operación. Ésta, en una segunda fase (2007), abarcaría también las costas de Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Además, este operativo militar se extenderá en breve a las costas de Malta, con la consiguiente intensificación de la militarización de la zona este del Mediterráneo. Por su parte, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, dio luz verde a la implementación de la vigilancia vía satélite para fotografiar los movimientos de población en la ruta africana occidental.

Estas políticas de militarización de las fronteras ya fueron puestas en marcha por el Ejecutivo español con las medidas adoptadas tras los incidentes en las vallas de Ceuta y Melilla. Allí constan oficialmente 14 muertes -aún sin aclarar- de inmigrantes por desmanes de las autoridades españolas y marroquíes.

Los ministros de Interior del G-6 (Alemania, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido y Estado español), reunidos en Heiligenddamm (Alemania) a finales de marzo, ya aprobaron la propuesta del entonces titular español, José Antonio Alonso, de crear, en el África Occidental, una Red de Oficiales de Enlace dedicada exclusivamente a la lucha contra la inmigración irregular. Este operativo, integrado por militares de los países del G-6, se desplegó en abril en países como Mauritania, Nigeria, Senegal, y Ghana, entre otros, teniendo su centro coordinador en las Islas Canarias.

Estos operativos consolidan los planes militares Seahorse y Atlantis. El primero, financiado por la UE, está gestionado por la Guardia Civil. Tiene como objetivo la creación de una red de información sobre el terreno que permita la prevención y el control de las rutas de los migrantes, actuando policialmente sobre las costas africanas. Por su parte, el programa Atlantis se centra en la vigilancia marítima conjunta entre la Guardia Civil y las autoridades mauritanas, así como en la formación y en la cesión de embarcaciones a la Gendarmería de dicho país.

Convenios de repatriación

El titular español de Justicia, López Aguilar, ya había anunciado cuál sería la estrategia española en relación a las políticas de cooperación: “Creemos que es sensato vincular el incremento de la cooperación al desarrollo de convenios de repatriación”. Según declaraba Moratinos en mayo, en Bruselas, “estos países, que van a recibir fondos europeos, deben comprender el desafío que todos estamos viviendo y deben ser corresponsables de la gestión de flujos migratorios”. Así, la diplomacia española se ha marcado como objetivo fundamental la firma de acuerdos de repatriación -y su cumplimiento- por parte de todos los países afectados. Para ello, los responsables de la política exterior española se han reunido con casi una treintena de países pertenecientes al África Subsahariana en los últimos dos meses.

La importancia dada a estos acuerdos es tal, que el presidente Zapatero, durante el debate sobre el Estado de la Nación, anunciaba a ‘bombo y platillo’ que Senegal había aceptado las repatriaciones y que Guinea Bissau estaba a punto de hacer algo similar. Doce días después, Cabo Verde, Camerún, Guinea Conakry y Sierra Leona acordaban negociar acuerdos de colaboración frente a la inmigración ilegal y aceptar los acuerdos de repatriación a cambio de ayudas a la formación y al empleo.

El esfuerzo económico, aunque insignificante ante la magnitud de los males de África, es importante para el presupuesto español. El total de la Ayuda Oficial al Desarrollo para la región ha pasado de 123 millones de euros en 2003 a 450 millones en 2005. También las partidas que gestiona directamente la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se han incrementado de 33 millones en 2003 a 70 en 2005. Antes de la aprobación del Plan África, el Gobierno español ya tenía firmados convenios de repatriación con Marruecos, Guinea Bissau, Níger, Mauritania, Nigeria y Ghana (el principal destino de las exportaciones españolas de munición), aunque el único que aplicaba con regularidad era el contraído en Rabat.

Cumbre euroafricana

A primeros de junio tuvo lugar en Dakar (Senegal, país donde se concentran hoy los medios, burocracias e infraestructuras que todos estos planes conllevan) un encuentro respaldado por representantes de varios organismos internacionales entre diplomáticos europeos (españoles y franceses sobre todo). El objetivo: preparar la Conferencia Ministerial Euroafricana sobre migración y desarrollo que tendrá lugar en Rabat los días 10 y 11 de julio.

A pesar de su confidencialidad, algunos de los párrafos de la futura declaración final ya han salido a la luz. “La Conferencia (sobre inmigración clandestina) debe traducirse en la adopción de medidas concretas, a corto y medio plazo, a lo largo de las rutas migratorias; (hace falta) un plan de acción pragmático y audaz (...), acciones rápidas y tangibles para responder a la urgencia de la situación”.

El documento, que debería ser firmado por una docena de estados africanos, preconiza medidas drásticas en la “lucha contra la inmigración irregular”. Se trata de poner en marcha sistemas “eficaces” de readmisión “en el conjunto de los países concernidos”, de dotarse de medios para identificar “la nacionalidad de los inmigrantes en situación irregular”, y de reforzar “la capacidad de control de las fronteras nacionales de los países de tránsito y de partida”.

El texto privilegia asimismo el “refuerzo de la cooperación en materia judicial y policial contra las redes de inmigración clandestina”. Sin embargo, para la cooperación económica, el desarrollo del comercio y la prevención de conflictos no se especifican dotaciones económicas. Se trata más bien de “reforzar y optimizar los medios institucionales ya existentes”.

Indefensión y precariedad


Autor: Decio Machado

Los inmigrantes tienen un notable efecto sobre el crecimiento de la economía española, al haberse convertido en las tropas de choque de la explotación. Sus salarios son entre un 30 y un 40% más bajos que los de los españoles, según datos del Banco de España.

La Seguridad Social cerró 2005 con una cifra record de afiliaciones, casi un millón más que el año anterior. Dos tercios de los nuevos cotizantes son extranjeros. Este dato muestra la importancia que han asumido los inmigrantes en el mercado laboral español. Los salarios de los inmigrantes son actualmente entre un 30 y un 40% inferiores a la media española, según datos del Banco de España. Según la entidad, “parte de ese diferencial es atribuible al hecho de que los extranjeros concentran su presencia en sectores económicos de baja productividad (construcción, agricultura y servicio doméstico), para los que no se requiere un alto nivel educativo y formativo” y prosigue, “eliminando estos dos elementos (el sectorial y el educativo- formativo), seguirían existiendo diferencias entre los sueldos de los inmigrantes y de los nacionales, una distancia que puede tardar tiempo en desaparecer”.

El llamado boom migratorio de los últimos años ha tenido notables efectos sobre el crecimiento de la economía española. De hecho, y según las mismas fuentes, el sorprendente incremento de la población española está detrás, junto a factores como los bajos tipos de interés, del intenso crecimiento que ha experimentado la economía española, en fase expansiva desde hace 12 años. La población extranjera en el Estado español ha aumentado a una tasa media anual del 28,7%, de manera que, mientras que en 1998 representaba el 1,6% de la población, ahora supone el 8,5%. Esto ha hecho que los principales motores de la economía española (principalmente, la construcción y el consumo) se refuercen, alimentando el crecimiento del PIB.

El fenómeno migratorio ha impulsado también el empleo, si bien bajo la forma de víctima de los mecanismos de flexibilidad en el mercado de trabajo, tanto en el ámbito de la contratación como en el salarial. Los inmigrantes están siendo los principales protagonistas de la precariedad laboral y de un alto porcentaje de la siniestralidad laboral (el Estado español dispone de la tasa más alta de siniestralidad laboral de la UE). Tras el proceso de regularización de 2005, sindicatos y organizaciones sociales estiman en un millón el número de personas sin papeles en territorio español, lo que implica un alto porcentaje de trabajadores indefensos ante los abusos patronales y en una situación desregulada dentro del mercado laboral. Estos son los resultados indirectos de una legislación de extranjería cuyo perfil coercitivo bloquea la posibilidad de regularizaciones de estos trabajadores.

En el caso de las mujeres inmigrantes, su actividad laboral se concentra en dos tipos de actividades: el trabajo doméstico y la prostitución. La falta de regulación de estas actividades acrecienta su vulnerabilidad, convirtiendo a las trabajadoras inmigrantes en la expresión más radical del proceso de precarización laboral. La utilización intensiva y abusiva de esta mano de obra hace imprescindible, según los sindicatos, el cambio del actual modelo productivo, basado en los bajos costes laborales y en la precarización cada vez mayor del mercado laboral.

Una economía de servicios


Autor: Decio Machado











La transformación de la economía española en las dos últimas décadas ha supuesto un importante desarrollo que no tiene una contrapartida en la mejora de las condiciones y derechos laborales.

Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 838.672 millones de euros y una renta per capita de 24.690 dólares (datos de 2005), el Estado español se ha convertido en términos absolutos en la quinta economía más grande de la Unión Europea y en la octava mundial, según la clasificación del Banco Mundial para 2004. Sus tasas actuales de crecimiento se estiman oficialmente en un 3,5% anual. Aunque moderadas, estas cifras superan de momento las de sus socios europeos.

La entrada en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 obligó a que se abriera la economía, se modernizara la base industrial, mejoraran las infraestructuras y se revisara la legislación económica conforme a las pautas del Tratado de Maastricht y la UE. Las significativas aportaciones de capital de la UE (fondos de la Política Agraria Común y fondos de cohesión) han contribuido de forma notable al llamado “milagro económico español”. Los datos revelan desde entonces un acelerado crecimiento del PIB, una reducción de la tasa de desempleo del 23% al 8,7% al cierre de 2005 (un dato de lectura discutible, debido a los cambios hechos en la Encuesta de Población Activa para suavizar sus resultados), y un menor recorte de la inflación, que se sitúa en el 3,9% actual (2005).

La transformación de la economía española

En las últimas décadas, la estructura productiva ocupacional de la fuerza de trabajo se ha modificado. Son varios los motivos que han contribuido a esta transformación. Por un lado, la intervención del Estado en la economía se ha transformado radicalmente. Frente a la concepción productiva del pasado, que generó un tejido industrial importante, hoy el Estado es un mero gestor de las privatizaciones y de la subvención al sector privado. Por otro, destaca una importante reconversión del sector agrícola y pesquero, y de las industrias tradicionales: la fabricación de piezas industriales, los astilleros, el acero y los textiles, que sufrieron duramente los ciclos de recesión económica. El Estado español dispone de una economía industrializada con la particularidad de tener un sector agrícola bastante grande. La agricultura aporta el 3,5% del PIB y ocupa al 5,3% del mercado de trabajo. El crecimiento de la productividad en la agricultura se mantiene especialmente competitivo en frutas, hortalizas, aceite de oliva y cereales, si bien corre el riesgo de la dependencia de las importaciones, ante una política agraria común europea de selección destructiva de las bases productivas agroganaderas y pesqueras.

El sector industrial aporta el 28,5% del PIB y ocupa un 30,1% del mercado de trabajo (industria, minería y construcción). Dentro de este sector, hay que destacar la severa crisis sufrida por la industria ligera o industria de bienes de consumo, que ha sido prácticamente pulverizada. La reconversión industrial y el efecto de las deslocalizaciones hacia países asiáticos, del Este y del Magreb se ha hecho sentir con fuerza. La política en el terreno industrial se ha encaminado, en las dos últimas décadas, a desmantelar el sector público empresarial; a implantar una política de liberalizaciones indiscriminada y una política tecnológica que, lejos de converger con la UE, nos ha alejado de los primeros puestos en competitividad tecnológica en los mercados internacionales.

Sin embargo, se ha conservado de manera relativamente estable el peso de la ocupación en las ramas dedicadas a los medios de producción intermedios y básicos, con especial interés por el crecimiento de la ocupación en la construcción y la fabricación de equipo. Por el contrario, el sector servicios ha disfrutado de un crecimiento sin precedentes, con un 68% del PIB y un 64,6% del mercado de trabajo. La transformación de la estructura empresarial fordista ha significado importantes procesos de externalización y subcontratación, lo que ha ocasionado que multitud de departamentos técnicos internos hayan engrosado empresas de servicios auxiliares, de consultoría, de contabilidad, distribución, entre otros. La especialización del Estado español se orienta al capital comercial (país de consumo de turistas con gran potencial hostelero) y con un tipo de consumo dual -subconsumo de austeridad en bienes duraderos y estilos de vida ostentosos en bienes de distinción- y financiero (prácticamente la única rama en manos nacionales).


Baja productividad

El índice de productividad es clave para medir la solidez y potencia de las economías. La española muestra una extrema debilidad en esto: es el país de la UE que más ha retrocedido en los últimos 15 años. Las organizaciones empresariales reclaman un esfuerzo mayor a los trabajadores, incrementando los ritmos de trabajo y la jornada laboral para elevar las tasas de productividad. Sin embargo, bastan unos datos para visualizar sobre quién recae la responsabilidad de la escasa competitividad de la economía española: España, Italia y Portugal aportan el 22% del PIB comunitario y suponen casi la cuarta parte de la población de la UE-25, pero tan sólo ejecutan el 12% del gasto en I+D de la UE y sus investigadores son menos del 16% del total.

Burbuja inmobiliaria

La construcción acapara el 60,6% de las inversiones y representa casi el 12% del empleo total. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso no genera confianza económica: la burbuja inmobiliaria ha alcanzado dimensiones descontroladas en el Estado español. La afluencia masiva de capital al sector ha alimentado la sobrevaloración del precio de las viviendas en más de un 35% (datos del Banco de España, 2004). El boom inmobiliario no tiene bases sólidas, se sustenta en un notable endeudamiento de las unidades familiares que se sitúa en un 110% de la renta bruta disponible (Banco de España). El riesgo de un endeudamiento masivo para una economía cuyo PIB depende de un 60% del consumo interno es un riesgo notable.

Congelación salarial

Estudios sobre el mercado de trabajo de la UE estiman que los trabajadores españoles trabajan hasta 2,3 horas por encima de la media europea. Si sumamos el desempleo, el empleo temporal y a tiempo parcial, casi el 50% de la población activa trabaja en precario. El Indicador Laboral de Comunidades Autónomas realizado por IESE-Adecco el pasado mes de febrero indica que el salario medio ha descendido por quinto trimestre consecutivo. El informe indica que en junio de 2006 el salario medio se situará en 1.541 euros, que tras descontar el efecto de la inflación, supone estar en los mismos niveles de 1997. Es decir, en nueve años el salario medio no habrá crecido nada, mientras que los beneficios empresariales se han multiplicado por 200%.

Nuevos testimonios y pruebas demuestran la conexión entre Uribe y los paramilitares



Autor: Decio Machado

Cuatro senadores y cuatro diputados uribistas han sido detenidos por vínculos con los ‘paras’. Un ex integrante del servicio de inteligencia colombiano denuncia continuas relaciones entre ‘paras’, políticos y cargos públicos para cometer asesinatos, negocios ilícitos y fraude electoral. Un ordenador perteneciente al paramilitar ‘Jorge 40’ puede complicar enormemente la legislatura de Uribe, a cien días de haber sido elegido.

COLOMBIA: EL ESCÁNDALO, CONOCIDO COMO “8.000 DE LOS PARAS”, COMIENZA A AFECTAR A LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE

El reciente testimonio de Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -principal agencia de inteligencia de Colombia, que también desarrolla funciones de policía secreta- ante la Corte Suprema de Justicia sobre la penetración del paramilitarismo en el Estado, ha puesto en jaque a buena parte de la clase política colombiana.

Al cierre de esta edición y en cuestión de dos semanas han sido detenidos cuatro senadores y cuatro diputados, se ha emitido orden de captura contra un ex gobernador de Sucre, ha sido llamado a interrogatorio un ex director del DAS y han trascendido los nombres de decenas de congresistas, alcaldes, gobernadores, policías y militares que figuraban en los archivos de las ‘autodefensas’ o que han sido denunciados por paramilitares confesos. Ante la Corte Suprema de Justicia, García denunció fraudes electorales, contratos ilícitos y reveló múltiples alianzas entre paramilitares, políticos y cargos públicos. En la búsqueda de beneficios por colaboración con la Justicia, García denunció entre otros a su antiguo jefe, Jorge Noguera, por colaboración con los grupos paramilitares. El ex director del DAS no sólo habría facilitado las acciones paramilitares en la Costa Atlántica, sino que habría constituido una alianza entre altos funcionarios del DAS y el Bloque Norte de las Autodefensas, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para asesinar a dirigentes populares en la zona.

Ya el pasado abril, un año y medio después de haber sido detenido por borrar los antecedentes judiciales de varios narcotraficantes, Rafael García rompió su silencio ante la Fiscalía y denunció las relaciones entre el DAS y los ‘paras’. Al mismo tiempo, García también detalló el fraude cometido en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2002 en múltiples departamentos de la costa, en favor de determinados candidatos uribistas, manipulando los resultados a través de un programa informático elaborado por él mismo. Según García, de este hecho tuvo conocimiento entre otros Jorge Noguera, entonces director de campaña de Uribe en Magdalena.

Según las declaraciones realizadas por este ex funcionario de la inteligencia colombiana, el DAS filtró información a los paramilitares para asesinar sindicalistas. Incluso llegó a hablar de un plan fraguado desde la Seguridad del Estado colombiano para desestabilizar al Gobierno venezolano. Salvo el plan contra Venezuela -aún sin hacerse públicas las pruebas incriminatorias-, todo lo declarado por García se ha ido confirmando.

El testimonio del ‘arrepentido’ es sólo la punta del iceberg del affaire colaboracionista del Gobierno colombiano con el terror paramilitar en departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar. En el Departamento Atlántico, hubo hospitales públicos que fueron controlados por los ‘paras’, convirtiéndose en una especie de caja menor para los ‘señores de la guerra’; en el departamento de Guajira, los subsidios de salud fueron desviados para financiar la compra de armas; en el departamento de Córdoba, los notarios eran utilizados para legalizar tierras robadas, los contratos públicos utilizados para financiar la guerra sucia, los registradores regionales canalizados para alterar los resultados electorales, los alcaldes y gobernadores empleados para consolidar su poder regional, y los congresistas, para defenderse del poder nacional y de las investigaciones de la Fiscalía.

Declaraciones como las realizadas por el senador Amílkar Acosta al diario El Tiempo en noviembre de 2005, donde cuenta cómo tuvo que retirar su candidatura al Senado en La Guajira por las amenazas de los paramilitares, van poco a poco desvelando toda la trama.

Este escándalo narco-político-paramilitar se ha concentrado hasta ahora en el territorio correspondiente a la Costa Atlántica, dado que el testimonio de García hace referencia a denuncias en esta zona. También porque el incautado ordenador personal de Jorge 40 contenía información de sus operaciones en esta zona; y porque la Fiscalía ya venía investigando el caso de los políticos de Sucre desde hacía cinco años. Sin embargo, ya asoman la cabeza escándalos de la misma envergadura en el resto del país. En los Llanos y los Santanderes ya hay varios alcaldes y ex gobernadores salpicados. Lo mismo en territorios como el Eje Cafetero y Antioquia, que estuvieron bajo la égida militar de los líderes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco o Diego Murillo, alias Don Berna.

Crisis política

Coincidiendo con los cien días del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, estallaba la crisis política en Colombia. En medio del escándalo conocido popularmente como caso “8.000 de la Costa” u “8.000 de los paras”, se convocaba en el Palacio Presidencial un encuentro de todos los partidos que componen la bancada uribista para enfrentar la crisis. El Gobierno buscaba tranquilizar a sus aliados, buscar la normalidad en el Congreso para evitar la parálisis legislativa, y poner obstáculos a la posibilidad de que la polémica llegue a afectar a Uribe.

Pocos días después todos los noticieros y periódicos colombianos recogían la filtración de las frases comprometedoras realizadas por el senador uribista Álvaro Araújo, del partido Alas-Equipo Colombia, en una reunión con el titular de Interior, Carlos Holguín. Según la prensa colombiana, exaltado y descompuesto, Araújo afirmó que si la Corte Suprema lo afectaba con alguna decisión -“si rueda mi cabeza”, fueron sus palabras- quedarían salpicados su hermana, la canciller Consuelo Araújo; el ex esposo de su tía, el procurador Edgardo Maya; su primo Jaime Araújo, magistrado de la Corte Constitucional y, en última instancia, su propio jefe: el presidente Álvaro Uribe. Según la revista Semana, el medio informativo de análisis y opinión más importante de Colombia, “se ha fortalecido la percepción de que la bola de nieve del ‘8.000 de los paras’ se volvió imparable. Se difundió el temor de que habrá más decisiones de la Corte y de la Fiscalía contra algunos políticos.

Hemos podido confirmar que tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía hay méritos para que más políticos terminen en los estrados judiciales. Se producirá entonces una expansión horizontal: más congresistas y ex funcionarios serán llamados para que expliquen hasta dónde colaboraron con los grupos paramilitares. Pero la mención del senador Araújo a su hermana la Canciller, y a su jefe el presidente, alimentó además la hipótesis de que la crisis puede crecer hacia arriba”. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Yezid Ramírez, declaró públicamente que la institución seguirá adelante con sus investigaciones.

El ordenador de Jorge 40

El ordenador del paramilitar Jorge 40, que la Fiscalía incautó el pasado marzo a su segundo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, ya desveló varios episodios de corrupción. Se sabe que Don Antonio pagó 300.000 pesos por una identidad falsa y también que desembolsó medio millón de pesos para que robaran del Registro de Bogotá su tarjeta ‘decadactilar’ original.

Pero la investigación más importante que se desprendió de la captura de este ordenador es la que salpica a políticos costeños, entre los cuales figuran cuatro diputados de Sucre, varios congresistas y al menos una decena de alcaldes. El alcalde del municipio de Coveñas (Sucre), Rafael García Garay, ha sido acusado de pertenecer al paramilitarismo.

En el caso de los diputados, la Fiscalía comprobó que a principios de enero éstos participaron en una reunión con los ‘paras’ con el fin de acordar la participación en las elecciones de marzo del movimiento Frente Social por la Paz, fundado por Jorge 40. La información contenida en el ordenador detalla otro de los nuevos negocios que los paramilitares han desarrollado para blanquear sus fortunas ilegales: la compra de nóminas y carteras a entidades públicas. Así, otro jefe paramilitar, el sanguinario Rodrigo Mercado, alias Cadena, maneja una casa de cambio donde compra nóminas de entidades públicas del orden municipal y nacional, dirigida por la esposa de Oswaldo Ayala Bertel, quien fuera gobernador de Sucre y secretario de Educación Departamental.

La operación consiste en comprar los sueldos a los empleados por un 70% del valor y, a cambio, pagar antes de la quincena. Además, se adquieren las carteras morosas a menor precio y se compran a nombre de los jefes ‘paras’. Similar práctica es indagada en Montería y en Puerto Libertador (Córdoba), en donde los ex ‘paras’ Salvatore Mancuso y Macaco, habrían negociado carteras de empresas de limpieza y de entidades locales. Algunos patrimonios ocultos de los ‘paras’ también han sido desvelados por la información contenida en dicho ordenador. El diario El Meridiano de Sucre publicaba, por ejemplo, que Cadena tiene una finca de 1.800 hectáreas en Puerto Viejo (Coveñas), seis taxis, una lujosa gallera (para la pelea de gallos) en San Onofre, una farmacia en Sincelejo; una carnicería, la finca El Despeje en San Antonio del Palmito, la hacienda La Pita, un restaurante y dos cabañas en Rincón del Mar, una mansión frente a la casa del senador Álvaro García Romero, y tres casas en Medellín y Sincelejo.

Muchas preguntas aún se mantienen sin respuesta. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, congresistas, militares y funcionarios están o han estado al servicio de los señores de la guerra? ¿Cuántos candidatos tuvieron que abandonar sus candidaturas por temor a los ‘paras’? ¿Cuánto dinero destinado a obras y salud se desvió para la compra de armas y las arcas de los líderes paramilitares? Difícilmente saldrá todo esto a la luz, pero el Gobierno del recién elegido Uribe está perdiendo legitimidad tanto ante la sociedad colombiana como ante la comunidad internacional.



‘BUENOS AMIGOS’

La violencia y las consecuencias derivadas del conflicto interno han conferido a Colombia el estatus de “País de Atención Especial” para el Estado español. A pesar de esta situación, a mediados del año pasado, el titular de Justicia español, López Aguilar, no tuvo recelo en anunciar “un eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista entre España, Estados Unidos y Colombia”. Esto significó que el Estado español pone a disposición de su “aliado estratégico” todo su activo en influencias, participaciones e inversiones transatlánticas para contribuir a la derrota de la insurgencia, contemplada como el principal enemigo y el peor obstáculo para la inversión y expansión de las grandes corporaciones multinacionales.

A pesar de las declaraciones de más de 80 organizaciones sociales colombianas, entre las que destacan la Comisión Colombiana de Juristas, diversos colectivos de abogados, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos o la Organización Nacional Indígena de Colombia, en la que se denuncia al Gobierno de Uribe por “violaciones de derechos humanos contra poblaciones específicas” y por la “militarización de la sociedad”, del Gobierno español no ha salido ninguna protesta oficial o petición de explicaciones al Gobierno de Colombia.

La última perla de Rodríguez Zapatero fue durante el encuentro que ambos mandatarios mantuvieron a primeros de noviembre en la Cumbre de Montevideo, donde el mandatario español mostró su acuerdo de que no exista ninguna aproximación entre el Gobierno y la insurgencia. Allí manifestó que consideraba a Uribe un amigo y respaldó la posición dura del Gobierno colombiano ante las FARC: “Con violencia no se puede negociar”, dijo Zapatero.

Los intereses económicos entre el Estado español y el colombiano no han dejado de crecer. A partir de 1996, el Estado español comienza a mostrarse como fuente importante de recursos de inversión extranjera directa en Colombia. En los últimos diez años, el Estado español ha sido origen del 14,3% de la inversión en Colombia, proporción sólo superada por EE UU. Los rubros más importantes de esta inversión han estado ubicados en primer lugar en los sectores energético, financiero y de comunicaciones.

En los sectores de inversión más importantes destacan las inversiones de empresas como BBVA, BSCH y Mapfre en el sector bancario y de seguros; Endesa, Repsol, Iberdrola y Gas Natural en el energético y Telefónica en telecomunicaciones.