Nuevos testimonios y pruebas demuestran la conexión entre Uribe y los paramilitares

Autor: Decio Machado

Cuatro senadores y cuatro diputados uribistas han sido detenidos por vínculos con los ‘paras’. Un ex integrante del servicio de inteligencia colombiano denuncia continuas relaciones entre ‘paras’, políticos y cargos públicos para cometer asesinatos, negocios ilícitos y fraude electoral. Un ordenador perteneciente al paramilitar ‘Jorge 40’ puede complicar enormemente la legislatura de Uribe, a cien días de haber sido elegido.

COLOMBIA: EL ESCÁNDALO, CONOCIDO COMO “8.000 DE LOS PARAS”, COMIENZA A AFECTAR A LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE

El reciente testimonio de Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -principal agencia de inteligencia de Colombia, que también desarrolla funciones de policía secreta- ante la Corte Suprema de Justicia sobre la penetración del paramilitarismo en el Estado, ha puesto en jaque a buena parte de la clase política colombiana.

Al cierre de esta edición y en cuestión de dos semanas han sido detenidos cuatro senadores y cuatro diputados, se ha emitido orden de captura contra un ex gobernador de Sucre, ha sido llamado a interrogatorio un ex director del DAS y han trascendido los nombres de decenas de congresistas, alcaldes, gobernadores, policías y militares que figuraban en los archivos de las ‘autodefensas’ o que han sido denunciados por paramilitares confesos. Ante la Corte Suprema de Justicia, García denunció fraudes electorales, contratos ilícitos y reveló múltiples alianzas entre paramilitares, políticos y cargos públicos. En la búsqueda de beneficios por colaboración con la Justicia, García denunció entre otros a su antiguo jefe, Jorge Noguera, por colaboración con los grupos paramilitares. El ex director del DAS no sólo habría facilitado las acciones paramilitares en la Costa Atlántica, sino que habría constituido una alianza entre altos funcionarios del DAS y el Bloque Norte de las Autodefensas, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para asesinar a dirigentes populares en la zona.

Ya el pasado abril, un año y medio después de haber sido detenido por borrar los antecedentes judiciales de varios narcotraficantes, Rafael García rompió su silencio ante la Fiscalía y denunció las relaciones entre el DAS y los ‘paras’. Al mismo tiempo, García también detalló el fraude cometido en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2002 en múltiples departamentos de la costa, en favor de determinados candidatos uribistas, manipulando los resultados a través de un programa informático elaborado por él mismo. Según García, de este hecho tuvo conocimiento entre otros Jorge Noguera, entonces director de campaña de Uribe en Magdalena.

Según las declaraciones realizadas por este ex funcionario de la inteligencia colombiana, el DAS filtró información a los paramilitares para asesinar sindicalistas. Incluso llegó a hablar de un plan fraguado desde la Seguridad del Estado colombiano para desestabilizar al Gobierno venezolano. Salvo el plan contra Venezuela -aún sin hacerse públicas las pruebas incriminatorias-, todo lo declarado por García se ha ido confirmando.

El testimonio del ‘arrepentido’ es sólo la punta del iceberg del affaire colaboracionista del Gobierno colombiano con el terror paramilitar en departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar. En el Departamento Atlántico, hubo hospitales públicos que fueron controlados por los ‘paras’, convirtiéndose en una especie de caja menor para los ‘señores de la guerra’; en el departamento de Guajira, los subsidios de salud fueron desviados para financiar la compra de armas; en el departamento de Córdoba, los notarios eran utilizados para legalizar tierras robadas, los contratos públicos utilizados para financiar la guerra sucia, los registradores regionales canalizados para alterar los resultados electorales, los alcaldes y gobernadores empleados para consolidar su poder regional, y los congresistas, para defenderse del poder nacional y de las investigaciones de la Fiscalía.

Declaraciones como las realizadas por el senador Amílkar Acosta al diario El Tiempo en noviembre de 2005, donde cuenta cómo tuvo que retirar su candidatura al Senado en La Guajira por las amenazas de los paramilitares, van poco a poco desvelando toda la trama.

Este escándalo narco-político-paramilitar se ha concentrado hasta ahora en el territorio correspondiente a la Costa Atlántica, dado que el testimonio de García hace referencia a denuncias en esta zona. También porque el incautado ordenador personal de Jorge 40 contenía información de sus operaciones en esta zona; y porque la Fiscalía ya venía investigando el caso de los políticos de Sucre desde hacía cinco años. Sin embargo, ya asoman la cabeza escándalos de la misma envergadura en el resto del país. En los Llanos y los Santanderes ya hay varios alcaldes y ex gobernadores salpicados. Lo mismo en territorios como el Eje Cafetero y Antioquia, que estuvieron bajo la égida militar de los líderes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco o Diego Murillo, alias Don Berna.

Crisis política

Coincidiendo con los cien días del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, estallaba la crisis política en Colombia. En medio del escándalo conocido popularmente como caso “8.000 de la Costa” u “8.000 de los paras”, se convocaba en el Palacio Presidencial un encuentro de todos los partidos que componen la bancada uribista para enfrentar la crisis. El Gobierno buscaba tranquilizar a sus aliados, buscar la normalidad en el Congreso para evitar la parálisis legislativa, y poner obstáculos a la posibilidad de que la polémica llegue a afectar a Uribe.

Pocos días después todos los noticieros y periódicos colombianos recogían la filtración de las frases comprometedoras realizadas por el senador uribista Álvaro Araújo, del partido Alas-Equipo Colombia, en una reunión con el titular de Interior, Carlos Holguín. Según la prensa colombiana, exaltado y descompuesto, Araújo afirmó que si la Corte Suprema lo afectaba con alguna decisión -“si rueda mi cabeza”, fueron sus palabras- quedarían salpicados su hermana, la canciller Consuelo Araújo; el ex esposo de su tía, el procurador Edgardo Maya; su primo Jaime Araújo, magistrado de la Corte Constitucional y, en última instancia, su propio jefe: el presidente Álvaro Uribe. Según la revista Semana, el medio informativo de análisis y opinión más importante de Colombia, “se ha fortalecido la percepción de que la bola de nieve del ‘8.000 de los paras’ se volvió imparable. Se difundió el temor de que habrá más decisiones de la Corte y de la Fiscalía contra algunos políticos.

Hemos podido confirmar que tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía hay méritos para que más políticos terminen en los estrados judiciales. Se producirá entonces una expansión horizontal: más congresistas y ex funcionarios serán llamados para que expliquen hasta dónde colaboraron con los grupos paramilitares. Pero la mención del senador Araújo a su hermana la Canciller, y a su jefe el presidente, alimentó además la hipótesis de que la crisis puede crecer hacia arriba”. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Yezid Ramírez, declaró públicamente que la institución seguirá adelante con sus investigaciones.

El ordenador de Jorge 40

El ordenador del paramilitar Jorge 40, que la Fiscalía incautó el pasado marzo a su segundo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, ya desveló varios episodios de corrupción. Se sabe que Don Antonio pagó 300.000 pesos por una identidad falsa y también que desembolsó medio millón de pesos para que robaran del Registro de Bogotá su tarjeta ‘decadactilar’ original.

Pero la investigación más importante que se desprendió de la captura de este ordenador es la que salpica a políticos costeños, entre los cuales figuran cuatro diputados de Sucre, varios congresistas y al menos una decena de alcaldes. El alcalde del municipio de Coveñas (Sucre), Rafael García Garay, ha sido acusado de pertenecer al paramilitarismo.

En el caso de los diputados, la Fiscalía comprobó que a principios de enero éstos participaron en una reunión con los ‘paras’ con el fin de acordar la participación en las elecciones de marzo del movimiento Frente Social por la Paz, fundado por Jorge 40. La información contenida en el ordenador detalla otro de los nuevos negocios que los paramilitares han desarrollado para blanquear sus fortunas ilegales: la compra de nóminas y carteras a entidades públicas. Así, otro jefe paramilitar, el sanguinario Rodrigo Mercado, alias Cadena, maneja una casa de cambio donde compra nóminas de entidades públicas del orden municipal y nacional, dirigida por la esposa de Oswaldo Ayala Bertel, quien fuera gobernador de Sucre y secretario de Educación Departamental.

La operación consiste en comprar los sueldos a los empleados por un 70% del valor y, a cambio, pagar antes de la quincena. Además, se adquieren las carteras morosas a menor precio y se compran a nombre de los jefes ‘paras’. Similar práctica es indagada en Montería y en Puerto Libertador (Córdoba), en donde los ex ‘paras’ Salvatore Mancuso y Macaco, habrían negociado carteras de empresas de limpieza y de entidades locales. Algunos patrimonios ocultos de los ‘paras’ también han sido desvelados por la información contenida en dicho ordenador. El diario El Meridiano de Sucre publicaba, por ejemplo, que Cadena tiene una finca de 1.800 hectáreas en Puerto Viejo (Coveñas), seis taxis, una lujosa gallera (para la pelea de gallos) en San Onofre, una farmacia en Sincelejo; una carnicería, la finca El Despeje en San Antonio del Palmito, la hacienda La Pita, un restaurante y dos cabañas en Rincón del Mar, una mansión frente a la casa del senador Álvaro García Romero, y tres casas en Medellín y Sincelejo.

Muchas preguntas aún se mantienen sin respuesta. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, congresistas, militares y funcionarios están o han estado al servicio de los señores de la guerra? ¿Cuántos candidatos tuvieron que abandonar sus candidaturas por temor a los ‘paras’? ¿Cuánto dinero destinado a obras y salud se desvió para la compra de armas y las arcas de los líderes paramilitares? Difícilmente saldrá todo esto a la luz, pero el Gobierno del recién elegido Uribe está perdiendo legitimidad tanto ante la sociedad colombiana como ante la comunidad internacional.

---

‘BUENOS AMIGOS’

La violencia y las consecuencias derivadas del conflicto interno han conferido a Colombia el estatus de “País de Atención Especial” para el Estado español. A pesar de esta situación, a mediados del año pasado, el titular de Justicia español, López Aguilar, no tuvo recelo en anunciar “un eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista entre España, Estados Unidos y Colombia”. Esto significó que el Estado español pone a disposición de su “aliado estratégico” todo su activo en influencias, participaciones e inversiones transatlánticas para contribuir a la derrota de la insurgencia, contemplada como el principal enemigo y el peor obstáculo para la inversión y expansión de las grandes corporaciones multinacionales.

A pesar de las declaraciones de más de 80 organizaciones sociales colombianas, entre las que destacan la Comisión Colombiana de Juristas, diversos colectivos de abogados, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos o la Organización Nacional Indígena de Colombia, en la que se denuncia al Gobierno de Uribe por “violaciones de derechos humanos contra poblaciones específicas” y por la “militarización de la sociedad”, del Gobierno español no ha salido ninguna protesta oficial o petición de explicaciones al Gobierno de Colombia.

La última perla de Rodríguez Zapatero fue durante el encuentro que ambos mandatarios mantuvieron a primeros de noviembre en la Cumbre de Montevideo, donde el mandatario español mostró su acuerdo de que no exista ninguna aproximación entre el Gobierno y la insurgencia. Allí manifestó que consideraba a Uribe un amigo y respaldó la posición dura del Gobierno colombiano ante las FARC: “Con violencia no se puede negociar”, dijo Zapatero.

Los intereses económicos entre el Estado español y el colombiano no han dejado de crecer. A partir de 1996, el Estado español comienza a mostrarse como fuente importante de recursos de inversión extranjera directa en Colombia. En los últimos diez años, el Estado español ha sido origen del 14,3% de la inversión en Colombia, proporción sólo superada por EE UU. Los rubros más importantes de esta inversión han estado ubicados en primer lugar en los sectores energético, financiero y de comunicaciones.

En los sectores de inversión más importantes destacan las inversiones de empresas como BBVA, BSCH y Mapfre en el sector bancario y de seguros; Endesa, Repsol, Iberdrola y Gas Natural en el energético y Telefónica en telecomunicaciones.