Tanto la externalización del control de fronteras norteamericanas hacia el sur de México, como la militarización de la frontera norte, están significando un notable incremento de víctimas entre los migrantes que emprenden su ruta hacia los Estados Unidos. Paralelamente a esto, el Senado norteamericano ha bloqueado cualquier posibilidad de regularización masiva de sus ya más de 12 millones de clandestinos. El camino de las políticas migratorias norteamericanas se endurece y con él el drama que ocasiona.
La ruta centroamericana de la inmigración a los Estados Unidos se está volviendo cada vez más dramática. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.
La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los “polleros” o “coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000 dólares por llevar allí a los indocumentados, una amplia fluctuación que depende del origen y de la ruta del migrante indocumentado.
El comienzo del infierno
La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México (1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice) en su intento por llegar a “El Dorado” norteamericano se hace cada vez más preocupante. Según diversas fuentes, en los últimos cinco años han muerto o desaparecido al menos 5.000 salvadoreños y más de medio millar de hondureños, al intentar atravesar uno de los cruces más difíciles del comienzo de la travesía: la frontera Guatemala-México.
La presión política a la que ha sido sometido México por parte de EE UU desde hace ya varios años en esta materia ha hecho que la frontera sur mexicana sea una zona tremendamente militarizada, convirtiéndose así en el inicio de la “pesadilla del sueño americano” para muchos de los indocumentados que la cruzan.
En México las organizaciones sociales que trabajan en la atención a los inmigrantes cada vez están teniendo mayores problemas para poder ingresar en las estaciones de inmigrantes (centros de detención). De igual manera se están viendo afectadas por una intensa campaña de criminalización por parte del Estado. Hay activistas que sufren condena de hasta seis años, bajo la acusación de pertenecer a redes de tráfico de migrantes, simplemente por haber ofrecido alimentos a los “indocumentados”. Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la república.
Según datos oficiales México detuvo entre primeros de 2005 y finales de 2006 a 422.984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. Se están realizando más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.
Felipe de Jesús Preciado, jefe del estatal Instituto Nacional de Migración de México, justifica la situación diciendo: “La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”.
En la frontera entre EE UU y México han muerto 4.235 personas desde que se implementó el Operativo Guardián en 1994, según revela un informe presentado por la Fundación Asistencia Legal de California (FALC) (ver cuadro 1).
Claudia Smith, portavoz de la FALC, denunció que sólo en el primer trimestre de 2007 las víctimas mortales alcanzaban ya las 91 personas, habiéndose casi duplicado el número de víctimas en el período de la Administración Fox. Según Arnoldo García, director de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, las cifras no son fiables, pues sólo se cuentan los cadáveres aparecidos. “La cifra de muertos debe ser cuatro veces mayor, porque creemos que por cada muerte hay otros 10 migrantes desaparecidos, de los cuales sus familias nunca supieron cuál fue su destino”.
Operativo Guardián
El 1 de octubre de 1994 el Servicio de Inmigración y de Naturalización de los EE UU puso en marcha el Operativo Guardián (Operation Gatekeeper) en la frontera entre San Ysidro y Tijuana. El objetivo del Operativo Guardián, también llamado “operación muerte” era “asegurar y proteger la frontera de los EE UU por medio de la prevención de entradas ilegales al país, y de la detección y arresto de las personas sin documentos migratorios, de los contrabandistas, y de toda persona que viole las leyes”. Ello ha significado una profunda militarización de la frontera entre México y el Estado de California. Este Operativo sirvió de modelo en otras zonas fronterizas del territorio, como el programa “Hold the Line” en Texas o “Safeguard” en Arizona.
Pero si algo caracteriza al Operativo Guardián son sus dramáticas consecuencias en materia de Derechos Humanos y las miles de muertes que acontecen en la frontera, que ha sido tomada por miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Además, al primer muro que se construyó gracias al excedente de la Guerra del Golfo de 1991, se le ha añadido otro segundo muro de pilares metálicos infranqueables, que disponen de las tecnologías más avanzadas para detectar a los candidatos al “sueño americano”: detectores con luces infrarrojas o de calor humano, y cámaras múltiples auxilian a las patrullas que están presentes las 24 horas del día.
Cada día, en la “línea” entre San Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos van a trabajar a San Diego, y miles de residentes de San Diego cruzan del otro lado para trabajar en las maquilas tijuanenses. Estos flujos económicos y humanos que integran a las dos ciudades, indican lo anacrónico del Operativo Guardián. Mientras la frontera económica desaparece, se levantan barreras insalvables a la libre circulación de las personas (derecho universal).
“El Operativo Guardián es el responsable de que se haya provocado un desplazamiento de los flujos migratorios hacia las zonas desérticas de Texas o Arizona. Los migrantes ahora intentan cruzar en zonas áridas, donde miles han fallecido de deshidratación, de hipotermia o de accidentes en los cañones”, denuncia Christian Ramírez, de American Friends Service Committee.
De igual manera, se han formado “grupos de defensa civil de la patria”, principalmente en las zonas fronterizas de Arizona. Estos grupos paramilitares de “vigilantes”, como los Homeland Defense’s Volunteers o los Minuteman, están armados para detener a los migrantes en la zona fronteriza. A través de la lucha estadounidense contra el terrorismo se justifica la actuación de estas milicias paramilitares, que cazan migrantes haciendo arrestos de perfil racial.
La locura llega a tal nivel que a finales del año pasado, el gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, llegó a proponer un nuevo plan para combatir la inmigración irregular en la frontera. La idea consistía en poner cámaras que estarían conectadas a un servidor de red para que cualquier persona pueda, desde Internet, convertirse en vigilante voluntario desde cualquier lugar del mundo. Un clic del ratón o una llamada a un número gratuito serán suficientes para alertar a la policía del posible “peligro”.
Para Óscar Escalada Hernández, director de la Casa MICA de Menores Migrantes, la cosa está clara: “Los éxitos del gobierno estadounidense con su Operativo Guardián para nosotros significa luto, el luto de miles de familias.
Sin embargo el flujo migratorio es imparable. Los hispanos tienen una presencia cada vez mayor en EE UU, pues ya suponen el 12,5 por ciento de la población, es decir, más de uno de cada 10 residentes en EE UU son hispanos. Se estima que en este país hay un millón de hondureños, dos de guatemaltecos y cerca de tres millones de salvadoreños. El caso de México es especial, se estiman 30 millones de mexicanos viviendo en los EE UU, de ellos 11 millones son nacidos en México y los otros 19 son descendientes de mexicanos.
Todo ello a pesar de que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EE UU, (ICE por sus siglas en inglés), deportó un record de 185.431 personas en el año 2006, un 10 por ciento más que en 2005, tras redadas a empresas que empleaban a trabajadores inmigrantes sin papeles. Situación que se está reproduciendo con asiduidad durante el 2007. Se estiman en unos 12 millones, la mayoría mexicanos, los inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos.
Fracaso de la reforma migratoria
El pasado 27 de junio el proyecto de ley de reforma migratoria quedó estancado por segunda vez en el Senado de EE UU, después de que el pleno rechazara limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.
La mayoría de los legisladores republicanos en el Senado votó en contra, algunos de ellos incluso se vincularon en debates y propaganda de emisoras de radio “antiinmigrantes”. En el caso de los demócratas, todos dijeron siempre estar a favor de la reforma, y al final, los que votaron en contra manifestaron que lo hicieron porque no era suficientemente buena para los inmigrantes.
Es la segunda vez que el pleno de la cámara alta vota en contra de limitar el debate sobre esta reforma, dado que el pasado día 7 de junio ya sufrió el mismo revés, con la mínima diferencia de 45 a favor y 50 en contra.
De esta manera el Senado ha invalidado toda posibilidad de establecer un nuevo marco legal para los más de 12 millones de indocumentados existentes y mejorar así el sistema migratorio norteamericano, que data de 1986, cuando se aprobó una amnistía para unos tres millones de clandestinos.
Las consecuencias de esta decisión son importantes. Ya no será posible retomar el proyecto hasta el 2009, cuando haya un nuevo presidente y Congreso tras las elecciones de noviembre de 2008.
George Bush, conocedor de la capacidad perdida por parte del Partido Republicano de captar una mayor cantidad de votos hispanos para los próximos comicios presidenciales, es consciente de que este fracaso puede ser su puntilla definitiva de cara a las elecciones de finales del año que viene.
“Podrá tal vez haber una ventaja política a corto plazo para los que votaron en contra de la reforma migratoria, pero en el largo plazo tendrá un efecto desastroso para el Partido Republicano en términos de voto hispano”, señala Linda Chávez, del Centro de Oportunidad Equitativa. De igual manera opina Antonio González, presidente del Instituto Latino de Investigación William Velásquez: “Me parece que va a ser sangriento para los republicanos, algunos de estos senadores que más se han significado en sus discursos antiimigrante, van a ser masacrados por el voto hispano en el futuro”.
“Definitivamente el voto hispano va a afectar al Partido Republicano a pesar de que el presidente Bush y el senador Mel Martínez apoyaron totalmente el proyecto”, manifiesta también Bettina Inclán, directora de la Asamblea Nacional de Hispanos Republicanos. Un estudio del Centro Hispano en Washington estima que los hispanos en el país representaron el 8,6 por ciento de votantes elegibles en 2006 en comparación con el 7,4 por ciento en 2000.
Las necesidades económicas del gigante americano
“La economía estadounidense necesita, absolutamente, de los inmigrantes”, hizo público Andrew Sum, director del Centro para Estudios del Mercado Laboral. Y prosiguió: “A algunos trabajadores (estadounidenses) esto les perjudica, y algunas personas se enojarán porque diga esto, pero nuestra economía se ha vuelto más dependiente ahora de la mano de obra inmigrante que en cualquier otra época en los últimos 100 años”.
Si no hubiese sido por los inmigrantes “la fuerza laboral masculina de todo el país hubiera crecido apenas marginalmente en la última década, y hubiera habido una escasez de mano de obra masculina, especialmente en el nordeste y la región del Pacífico”. Con respecto a las mujeres, tres de cada 10 nuevas trabajadoras son inmigrantes.
Además, el aporte demográfico de los inmigrantes no ha tenido impacto sólo en la mano de obra, sino que representa todo el incremento, en el ámbito nacional, de la matrícula en las escuelas públicas en los últimos 25 años.
Pero no sólo el sector empresarial saca tajada. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó desde primeros de junio un 86 por ciento el costo de los trámites migratorios. Suponiendo que uno cumpla las normativas, hacerse ciudadano cuesta ya en Estados Unidos unos 600 dólares.
Decio Machado forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.
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