Aunque la investigación sobre el asesinato de los diputados salvadoreños se encuentra empantanada, el escándalo está haciendo aflorar la incidencia del narcotráfico en las estructuras del Estado.
Desde que el pasado febrero tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer fueran asesinados en Guatemala por policías de este país (ver DIAGONAL nº 52), el Gobierno guatemalteco ha obstaculizado las investigaciones y escondido mucha información fundamental.
Es lo que afirma la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, que ha elaborado un informe preliminar acerca de lo sucedido desde los asesinatos. Este documento, que fue presentado al Congreso de la República, concluye que el Ministerio de Gobernación ha ocultado información. Aunque la Procuraduría sostiene que “existen intereses ocultos en el caso que obstaculizan el trabajo de investigación”, este organismo ha reafirmado su voluntad de esclarecer el crimen incluso sin contar con el apoyo del Gobierno.
Según este informe, los congresistas salvadoreños solicitaron protección a la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca cinco días antes de entrar en el país. Aunque anteriormente habían entrado en varias ocasiones, nunca habían solicitado esta protección. También recoge que hubo una orden para que los agentes de la División de Investigación Criminal (DINC) borraran evidencias y destruyeran información de los archivos de los agentes asesinados y que ninguna autoridad hizo nada por detenerlos. El informe de la Procuraduría pone también en cuestión el relato oficial sobre la muerte de los cuatro primeros policías guatemaltecos detenidos por su participación en el asesinato de los parlamentarios. Las autoridades sostienen que en la cárcel de alta seguridad de El Boquerón hubo un motín, y que en las reyertas entre presos se produjeron las muertes. La Procuraduría indica que en la inspección que realizó poco después a la cárcel todos los reos estaban en sus celdas sin indicios de amotinamiento, y añade que los internos conocen con exactitud los detalles de lo sucedido a los policías, pero que no hablarán por temor.
Implicación del Gobierno
Por otro lado, ahora se ha empezado a conocer la participación de la PNC salvadoreña en la captura de los cuatro policías guatemaltecos. A pesar de que el ex ministro de Gobernación guatemalteco, Carlos Vielmann, quiso capitalizar sus detenciones, éstas no fueron fruto del trabajo de la policía guatemalteca. También se ha confirmado que William Pichinte, uno de los diputados asesinados, llevaba una fuerte cantidad de dinero “para sus negocios”, aunque sigue sin esclarecerse la naturaleza exacta de esos “negocios”.
Vielmann, el entonces ministro de Gobernación de Guatemala, que tuvo que dimitir ante la presión social tras el asesinato de los policías, ha manifestado que hay una conspiración contra el Gobierno y las autoridades de seguridad. Lo cierto es que están circulando vía electrónica comunicados de un grupo autodenominado ‘Comité de Dignificación de la PNC de Guatemala’ en los que se denuncia la participación directa de Gobernación en la limpieza social y en escuadrones de la muerte. Este Comité también afirma que el dinero que Pichinte llevaba consigo provenía del narcotráfico y que iba a ser entregado al candidato presidencial Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), muy posible ganador de los próximos comicios presidenciales previstos para septiembre.
Durante sus últimas apariciones en el Congreso, antes de dimitir, Vielmann tuvo que asistir a la proyección de tres vídeos en los que testigos denunciaban la existencia de grupos de exterminio dentro de la PNC, dirigidos por Víctor Soto y Javier Figueroa (ex director y ex subdirector del DINC) y Víctor Rivera (asesor de Gobernación). Uno de los testigos, que se identifica como agente de la DINC y que aparece con el rostro oculto, acusa a estos grupos paralelos de ser responsables de la muerte de los diputados salvadoreños y de la ejecución de los policías en El Boquerón. También denuncia que “ese asesinato se planificó durante una reunión en el Ministerio de Gobernación (...); el ministro sabe de todo eso”. Algunos de los policías detenidos por estos hechos -entre ellos dos de los asesinados en la cárcel de El Boquerón- han sido identificados por una víctima bajo protección de la Procuraduría como miembros de los escuadrones de la muerte de la PNC.
Presión empresarial
Las respuestas del Gobierno son vagas. El vicepresidente Eduardo Stein manifiesta que “este crimen es similar al de J.F. Kennedy, que al final no se resolvió”. Los empresarios y los medios de comunicación han cerrado filas en apoyo al gobierno. De hecho, varias organizaciones políticas han denunciado haber recibido presiones de empresas que los financian para que no agiten más la problemática de la corrupción en la cúpula del Estado. Incluso la Fiscalía General de Guatemala ha reconocido estar lejos de poder identificar a los autores intelectuales del asesinato de los diputados.
La narcopolítica tiene muchos tentáculos. De muestra, un botón. Marvin Enrique Zepeda González es el más influyente candidato a alcalde por el Comité Cívico El Progresano. Cuenta con el apoyo masivo de su pueblo, Jutiapa, un municipio de 22.000 habitantes. Pero Zepeda está siendo investigado por la PNC por su relación con una organización de narcotraficantes que opera en Jalpatagua implicada en la muerte de los diputados. Aunque hace dos años que Zepeda inició sus actividades preelectorales en Jutiapa, a base de regalar dinero se ha convertido en padrino y ‘benefactor’ de gran parte de la población.
“No importa de dónde viene el dinero”
Javier Figueroa, ex subdirector de la DINC y hoy en busca y captura, ha hecho pública una carta a Óscar Berger, presidente de Guatemala. “Espero que no se le haya olvidado el comentario que nos hizo en su despacho, sobre que el dinero, que procedía del pago de cualquier trabajo honrado, era igual al billete que procedía de algún secuestro, robo, asalto o narcotráfico, puesto que billete era billete. Moraleja: no importa de dónde viene el dinero, lo que importa es que llegue constante y abundante. (...) Le recuerdo que la situación que ‘se salió de las manos’ con lo ocurrido a los diputados salvadoreños, usted en persona delante de mí y de Sperisen fue debida y directamente informado, y luego, junto a Carlos Vielmann se instruyó al respecto de lo que se tenía que hacer para ‘borrar cualquier huella’ por la ‘burrada’ cometida por los policías. El asesinato en El Boquerón [de los policías] se planificó y se ordenó en las altas esferas del Gobierno”.
Autor: Decio Machado desde Ciudad de Guatemala. Publicado en el Diagonal n| 54
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