jueves, 20 de marzo de 2008

Repsol miente sobre un vertido en la amazonía ecuatoriana


Decio Machado, Ecuador

El petróleo derramado en el parque Yasuní no se corresponde a 100 barriles, como declaró la multinacional, sino a unos 2.500. El Gobierno ecuatoriano interpondrá una denuncia por mentir y contaminar.

El pasado 1 de febrero, las autoridades ecuatorianas tuvieron constancia de un derrame de petróleo en los límites de la reserva natural del Yasuní causado por Repsol YPF. El viceministro de Minas y Petróleo, José Serrano, declaró públicamente que Ecuador sancionará a la transnacional española por haber tardado en informar al Gobierno sobre el vertido.

El derrame tuvo lugar al menos una semana antes de que las autoridades conocieran el vertido, pero la multinacional española lo ocultó, violando el reglamento de seguridad ecuatoriano. En su nota oficial, días más tarde de los sucesos, Repsol indicaba que “se había logrado contener un pequeño derrame de petróleo en un bloque que limita con el mayor parque tropical de Ecuador”. El portavoz de Repsol, Federico Cruz, dijo que la compañía no había determinado la causa del derrame, el cual se estima en unos 100 barriles de crudo. “Sabemos que el derrame no causó contaminación en ríos o comunidades”, aseveró Cruz.

Las investigaciones que están siendo llevadas a cabo por las autoridades de protección ambiental ecuatorianas demuestran que la compañía española, una vez más, mintió. El petróleo derramado no se corresponde a 100 barriles, como declaró Repsol, sino a unos 2.500 barriles, de los cuales unos 1.500 son de agua de formación. Esta mezcla dificulta aún más la determinación exacta del daño ecológico. Además, intentaron aprovechar el periodo de fiestas de carnaval, considerando que los funcionarios medioambientales estaban de descanso para ocultar lo sucedido, pero afortunadamente las autoridades inspeccionaron y se verificó el delito.

En este mar de falsedades vertido por la compañía española, también es importante determinar las causas del derrame. Mientras Repsol expone ante sus filiales internacionales que la extracción de crudo que ellos desarrollan en el Ecuador es un modelo a seguir en todos los países en los cuales tienen inversiones, la realidad demuestra lo contrario. Según organizaciones medioambientales, la falta de inversión en infraestructura fue la causa real del derrame en Ecuador. La tubería afectada sufre un deterioro considerable y debería haber sido cambiada hace tiempo por parte de los equipos de mantenimiento de la compañía. Lamentablemente, la legislación ecuatoriana, en materia de sanciones medioambientales, aún mantiene vigente el régimen de sanciones de los antiguos Gobiernos conservadores. La multa por la falsa información y por el impacto ambiental es irrisoria y Repsol posiblemente no sea sancionado por más de 50.000 dólares.

Según Adela Chilonango, de la comunidad indígena de los huaoranis, “es urgente que el Gobierno de la revolución ciudadana que encabeza el presidente Rafael Correa tome medidas sobre el control de las actuaciones de las multinacionales en la Amazonía, así como que aplique un régimen de sanciones severas ante la violación de la legislación vigente”.

Imagen corporativa

Un anuncio publicitario presentado en la TV ecuatoriana muestra a un colibrí tomando néctar de una flor, casi sin tocarla. Ese es el mensaje subliminal que Repsol YPF pretende transmitir en el Ecuador. Sin embargo la actividad petrolera es una de las industrias que mayores impactos produce en el ambiente y en las comunidades locales asentadas en su área de influencia. El Parque Yasuní tiene una extensión aproximada de un millón de hectáreas donde se encuentran, según autoridades locales, el 44% de las especies de aves existentes en la Amazonía, el 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica y más de 100.000 clases de insectos por hectárea. El Yasuní, que además acoge cientos de pueblos indígenas tradicionales, que han protegido estos bosques porque de ellos depende su supervivencia material y cultural, es la región con mayor diversidad biológica del mundo. Para su desgracia este incomparable parque natural tiene en su subsuelo petróleo.

Publicado en el número 74 del periódico Diagonal

domingo, 9 de marzo de 2008

La gran mentira de El País y su periodista Maite Rico sobre como sucedieron los hechos del asesinato de Raúl Reyes y otros 23 guerrilleros de las FARC


Decio Machado

Sonroja desde la perspectiva periodística que el diario “El País” se considere el periódico con mayor seriedad informativa existente en el Estado español, y también sonroja el nivel de infamia, intoxicación y falta de ética profesional que son capaces de desarrollar varios de sus articulistas.

La intoxicación mediática a la que nos somete dicho diario y el conjunto del Grupo Prisa no es nueva, y desde América Latina sorprende menos si uno tiene la ocasión de escuchar las emisiones de Radio Caracol, insigne bandera de Prisa en Colombia, convertida en el "panfleto de los panfletos uribistas" entre los medios de comunicación colombianos. Esta manipulación informativa ha sido denunciada “una y mil veces” por muchos analistas comunicacionales en diferentes medios de información alternativa, por lo tanto no voy a centrarme en ello.

Sin embargo en este artículo quiero denunciar la farsa descrita en el reportaje titulado “Así fue la Operación Fénix”, publicado en el día de ayer, domingo 9 de marzo por este diario y firmado por la periodista Maite Rico.

Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange, Rico ha publicado libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), sobre la figura del supcomandante Marcos, o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), los cuales son considerados en el mundo de la política como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.

Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del año pasado, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como De la Grande, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.

La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla. Todo ello con el mismo criterio invetigativo que caracterizan sus trabajos y que veremos a continuación.

Las mentiras de Maite Rico sobre la muerte de Raúl Reyes.

En el artículo elaborado por Maite Rico y publicado en el día de ayer en el diario “El País”, dicha periodista procede a cometer un alto nivel de intoxicación informativa que paso a denunciar punto por punto:

1.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “El 1 de marzo, la onda expansiva de un bombazo puso fin a la vida del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Hasta el momento las autoridades colombianas no han hecho pública la autopsia de Raúl Reyes, sin embargo las fotografías que hemos podido ver por los medios de comunicación colombianos, demuestran que el jefe guerrillero tiene entre otras heridas un orificio en la parte izquierda de su cara, lo que perfectamente podría significar un impacto de bala. De ser así, su muerte podría haber sido posterior a las cuatro bombas lanzadas por aviones no ecuatorianos que invadieron el espacio aéreo ecuatoriano. La existencia de esta incursión aérea ha sido denunciada por las autoridades locales, los colonos de la zona y las tres guerrilleras que se han encontrado vivas en el lugar de los hechos.

Los trabajos de investigación que se están desarrollando por las autoridades ecuatorianas, así como la existencia de orificios, en varios casos en la espalda, de múltiples guerrilleros muertos, indica que se ejercieron ejecuciones extrajudiciales por parte de los comandos especiales que descendieron desde los helicópteros colombianos. Raúl Reyes podría ser perfectamente uno de los ejecutados, el hecho de que su cuerpo esté en manos de las autoridades colombianas dificulta la posibilidad de investigar si los orificios de su cuerpo son de bala, y en caso de ser así, si estas se han disparado desde corta distancia.

2.) Según Maite Rico y El País, se indica que en el momento de su muerte, Raúl Reyes: “Dormía a pierna suelta. Lo último que podía imaginar era que el Ejército colombiano lo fuera a alcanzar en su santuario de Ecuador”.

Efectivamente Raúl Reyes dormía, al igual que el conjunto de guerrilleros instalados en el campamento, lo cual demuestra que Uribe y el conjunto de autoridades colombianas mintieron cuando decían que se había actuado en territorio ecuatoriano en caliente (durante un combate), y que el ejército había recibido disparos de las FARC desde territorio ecuatoriano. Pero más allá de Uribe, donde miente la reportera de El País, es en definir a la República del Ecuador como un santuario. Durante el año 2007 fueron descubiertos y desmantelados 47 campamentos de retaguardia y descanso de las FARC en territorio ecuatoriano. También hubo varios guerrilleros detenidos al ser localizados por las fuerzas armadas del Ecuador, y pasados a disposición judicial. El concepto santuario tendría sentido cuando hay connivencia entre el gobierno local y la fuerza externa que utiliza el territorio, no es el caso del Ecuador, aunque si tiene antecedentes en América Latina, recuérdese por ejemplo, las posiciones de la “contra” nicaragüense, armada y entrenada con instructores norteamericanos, que tenía sus principales cuarteles en territorio hondureño, zona a la que nunca pudo penetrar el Ejército Popular Sandinista, dado que habría podido justificar la invasión de este país por los “marines” estadounidenses.

3.) Según Maite Rico y El País: “El general colombiano Freddy Padilla extiende una enorme fotografía aérea de la región de Piñuña Blanco. Separando a los dos países, las aguas rojizas del río Putumayo discurren en meandros. Algunas manchas amarillas rompen la monotonía verde de la vegetación selvática. Son "chacras de coca" abandonadas. "Sabíamos que estaba en su campamento madre", explica, señalando a una cruz roja en el lado ecuatoriano, a 1.850 metros de la frontera”.

La periodista de El País, en un alarde de sagacidad sin igual, ni cuestiona ni se documenta sobre las palabras del general colombiano. El campamento no estaba a 1.850 metros, estaba a casi 2.500 metros, además suponer que el campamento “madre” de Raúl Reyes constaba de una infraestructura de 7 camas y en él, un dispositivo de unos 25 guerrilleros, demuestra que el nivel de documentación de la reportera o bien su capacidad intelectual, es realmente escaso. De no ser así, el hecho es más grave, pues demuestra una voluntad por manipular la noticia. Los campamentos "madre" de las FARC son innacesibles, su composición militar es enorme y el nivel de sus infraestructuras están muy lejos del que destruyeron violando las normas del derecho internacional, los operativos militares colombianos. Por si la señora Rico no se había percatado, estamos hablando de un grupo armado que lleva más de 50 años operando en la selva.

4.) Según Maite Rico y El País: “Ecuador ha denunciado que las aeronaves penetraron 10 kilómetros y bombardearon el campamento de las FARC. "No entramos en su espacio aéreo", asegura el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. "El recorrido está registrado en los sistemas de navegación. Y hay un enorme radar ecuatoriano a 46 kilómetros del lugar, que los hubiese detectado". Quito esgrime que su radar no funcionaba. "¡Qué casualidad!", ironiza Padilla, y dibuja parábolas y flechas en un papel para explicar que es posible atacar sin traspasar la frontera. "¿Sabe qué entró? Cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, para registrar y verificar si estaba Reyes".”

Las investigaciones que están siendo desarrolladas por las autoridades ecuatorianas demuestran que los aviones que bombardearon el campamento de las FARC atacaron por el sur (lado opuesto a la frontera con Colombia), entraron en el espacio aéreo del Ecuador haciendo una maniobra de media luna para no ser escuchados por la vigilancia guerrillera del campamento, y este es el motivo que explica que se hubiesen introducido hasta 10 km sobre territorio ecuatoriano. Para cualquier experto en investigación militar no es difícil deducir la orientación desde donde se lanzaron las bombas, así como la posición de los árboles derribados.

La República del Ecuador se caracteriza por ser un territorio de paz. Efectivamente desde el año 2000 existe en ese sector un radar, un grupo antiaéreo y armas antiaéreas, pero el sistema de defensa aéreo no funcionó. Ecuador como país de paz, carece de recursos para mantener de forma permanente su sistema operativo de defensa fronterizo. Colombia no era considerado por las autoridades ecuatorianas como un país agresor, los operativos militares y de protección aérea estaban dedicados a trabajos de ayuda humanitaria en la costa del Ecuador, donde las fuertes lluvias han asolado a la población, motivo por el cual Ecuador se ha visto en la necesidad de solicitar cooperación humanitaria a la comunidad internacional.

No poner en cuestión las palabras del colombiano general Padilla, demuestra una vez más un escaso interés en informar debidamente por parte de una reportera que pretende contarnos que sucedió realmente en la madrugada del 1 de marzo. Los orificios encontrados por doquier en la arboleda destrozada entre la que se encontraba el campamento demuestra que una infinidad de disparos procedieron de los helicópteros colombianos y a través de los cuales se continuó asesinando a los guerrilleros que pudieron haber quedado heridos tras el bombardeo.

5.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “A la una de la mañana, Uribe telefonea a su homólogo Rafael Correa. Le comenta que ha habido un enfrentamiento que ha rebasado la frontera. Han muerto un soldado y una veintena de guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes. Correa se inquieta: "¿Dónde cayó Reyes?". "Estoy casi seguro que en territorio de Ecuador", responde Uribe. "Con algún rubor", el colombiano admite que no le dijo que era una operación planificada. "Asumo mi responsabilidad. Pero si lo hubiera comunicado antes, estoy seguro de que todo hubiera fracasado".”

La llamada de Álvaro Uribe ha Rafael Correa se da a entorno a las ocho horas de la mañana, esto justifica que el ejército ecuatoriano no llegara hasta después a la zona de la masacre. Uribe no podía avisar antes al mandatario ecuatoriano, pues según confirman los testigos y colonos de la zona, el bombardeo duró hasta altas horas de la madrugada en diferentes fases de incursiones aéreas. El mero hecho de que se encontraran camillas fabricadas artesanalmente en el campamento guerrillero, indica que tras el bombardeo con armamento pesado, posiblemente los guerrilleros que quedaron vivos en un primer momento, o los que se encontraban de guardia en la periferia del campamento, intentaron rescatar a sus compañeros heridos, siendo masacrados cuando llegaron los helicópteros colombianos, entorno a una hora después según indican los testimonios de los moradores de la zona. Testimonios por cierto, ignorados por la corresponsal de El País.

Si tanto Maite Rico, como el diario El País, no están dispuestos a ponerle oído a los testimonios de las guerrilleras que quedaron vivas tras la masacre desarrollada por operativos militares colombianos bajo beneplácito del presidente Álvaro Uribe; serán los informes de balística los que demostrarán a la comisión de la OEA, que varios de los guerrilleros muertos, especialmente los que tienen disparos por la espalda, fueron asesinados a quemarropa.

Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos que la veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fiabilidad.

lunes, 3 de marzo de 2008

Toda la verdad sobre la muerte de Raúl Reyes.

Por Decio Machado

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades ecuatorianas van arrojando luz sobre lo que realmente sucedió en la madrugada del pasado 1 de marzo, donde fuerzas armadas colombianas abatieron entre 20 y 22 guerrilleros en territorio ecuatoriano. Emboscada en la que fue abatido, el comandante Raúl Reyes, número 2 en la estructura de mando de las FARC.



Las imágenes, los testimonios de los colonos de la zona, las declaraciones de tres guerrilleras que se encontraron aun con vida, los informes de balística e inteligencia militar ecuatoriana, vienen a demostrar el montón de mentiras declaradas por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, tanto al presidente Rafael Correa, del Ecuador, como al conjunto de la comunidad internacional y los medios de comunicación.


La versión colombiana.

Según la versión colombiana, se venía persiguiendo al frente 48 de las FARC, en base a una información que indicaba que el líder guerrillero, Raúl Reyes, haría presencia en un poblado denominado Granada, cerca de los límites fronterizos con Ecuador, pero aun en territorio colombiano.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que durante dicha operación, las fuerzas armadas colombianas habían sido atacadas desde un campamento de las FARC situado a 1.800 metros de la frontera, en el interior del territorio ecuatoriano.
Se indica que entonces la fuerza aérea colombiana procedió a localizar y atacar el campamento guerrillero, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano; indicando que luego entró la fuerza armada colombiana para asegurar la zona y dejando a la Policía colombiana a cargo del campamento atacado, hasta la llegada del ejército ecuatoriano.

La verdad de los hechos.

Las investigaciones que se están desarrollando por parte de las autoridades ecuatorianas demuestran que nunca hubo combate por parte del comando atacado de las FARC. Con excepción de tres de ellos que cumplían funciones de vigilancia, los 18 fallecidos estaban durmiendo en ropa interior, ninguno del comando guerrillero tuvo ocasión de entrar en combate o rendirse.
El armamento existente en el campamento estaba apilado, no tuvieron la ocasión ni siquiera de acceder a sus fusiles y granadas, fueron masacrados mientras dormían.
Los testimonios de los colonos de la zona, así como los socavones desarrollados sobre el piso de tierra del campamento demuestran que se dispararon cuatro bombas desde aviones colombianos que incursionaron sobre territorio ecuatoriano. Según las investigaciones de inteligencia militar, estas se dispararon desde el sur del campamento, lo que quiere decir que los aviones habían incursionado a más de 10 kilómetros al interior del territorio ecuatoriano cuando se procedió al ataque.
Tras el lanzamiento de bombas desde estos aviones, incursionaron varios helicópteros “Supertucanes”, pertenecientes a la fuerza aérea colombiana. Desde ellos se continúo atacando el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. De dichos helicópteros descendieron comandos especiales que remataron a los guerrilleros que quedaron heridos en el campamento, según se demuestra por las balas que tienen en sus cuerpos gran parte de los cadáveres de los guerrilleros, muchos de ellos apilados en una zona determinada del campamento y asesinados por la espalda. Incluso las fotografías enseñadas por el gobierno colombiano del cadáver del comandante Raúl Reyes, muestra como este tiene un disparo en la parte izquierda de su cara.
Las informaciones que provienen de inteligencia militar ecuatoriana, indican que el espacio aéreo del Ecuador no solo se violó en la madrugada del 1 de marzo, si no que en la madrugada del 2, hay una nueva penetración de helicópteros con visores nocturnos para sacar a miembros de las fuerzas armadas y policía colombiana que aún se mantenían sobre territorio ecuatoriano.
La posición de los árboles derribados en el bombardeo, los múltiples orificios de disparos en los árboles, así como la posición de los cadáveres, viene a demostrar que mientras las FARC vigilaban el campamento en su posición norte, la que mira hacía la frontera con Colombia, la incursión aérea sobrevino del sur, lo que indica que la fuerza aérea colombiana invadió sin permiso, sin notificar y contraviniendo todo tipo de normativa internacional el espacio aéreo ecuatoriano.
Los testimonios de los moradores de la zona, indican que el ataque se prolongó desde aproximadamente pasada la media noche hasta las seis de la mañana del 1 de marzo.
La precisión del ataque demuestra también la utilización de una importante tecnología militar que también pone sobre la mesa, la posibilidad de la participación de los Estados Unidos en la masacre, al menos en tareas de información y localización del comando guerrillero.
Los testimonios de los pobladores hablan de la posibilidad de que los helicópteros colombianos se hayan llevado cuatro cadáveres y no dos, los correspondientes a Raúl Reyes y Julián Conrado, como indican las autoridades del país agresor.
Por su parte el ejército ecuatoriano no descarta la posibilidad de localizar algún cadáver más en la frondosa zona selvática donde se dio la matanza.
La reacción del presidente Correa.
En un acto de soberanía y dignidad, el gobierno de la República del Ecuador ha retirado a su embajador en Bogotá, ha expulsado al embajador de Colombia en Quito, y movilizado a las tropas hacia la frontera, a la vez que ha solicitado la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, la CAN y el MERCOSUR.
Rafael Correa llamó mentiroso al presidente Uribe, denunciando que había sido notificado por parte de este sobre las 8,30 horas y engañado por su homólogo colombiano, el cual justificó la incursión en territorio ecuatoriano por el calor del combate.

Acusaciones desde Colombia.

Que las FARC operan en Ecuador, es una denuncia que ha sido permanente desde la cancillería y la presidencia de Colombia, versión que se vio agravada tras la liberación el 27 de febrero de cuatro ex congresistas colombianos por parte de las FARC. Uno de ellos, Luis Eladio Pérez, declaró a Radio Caracol que al comienzo de su cautiverio estuvo retenido en territorio ecuatoriano, añadiendo que las FARC se suministran de productos provenientes de Ecuador, Brasil y Venezuela. “Yo dormí en el Ecuador: con eso digo todo. Usábamos botas de marca ecuatoriana, desodorantes, drogas brasileñas y jabones venezolanos”, declara al día siguiente de su liberación Luís Eladio Pérez.
Por su parte el ejército ecuatoriano en el transcurso del año pasado descubrió varios campamentos de avituallamiento y descanso de las FARC en territorio del Ecuador, siempre cercanos a la frontera, y en un territorio muy difícil de controlar debido a lo frondoso y extenso que es esta zona selvática que abarca ambos países.

Antecedentes en las relaciones entre Ecuador y Colombia.

Las relaciones entre Ecuador y Colombia se habían caracterizado hasta ahora, por un bajo nivel de conflictividad desde el ascenso a la presidencia de Ecuador del economista Rafael Correa Delgado, el 15 de enero del año pasado.
Esta realidad no fue siempre así, habiendo habido situaciones muy tensas durante gobiernos anteriores al de Correa. Así, en el año 2005 se dieron un conjunto de situaciones que cuestionaron la soberanía del Ecuador. En julio de ese año durante el mandato de Alfredo Palacios, Parra Gil, entonces canciller del Ecuador, luego de una reunión con Carolina Barco, entonces canciller de Colombia, cuestionó las fumigaciones de las plantaciones de coca ordenadas desde Bogotá en la línea fronteriza común. A pesar de dicho cuestionamiento y sin tener respuesta positiva por parte de Colombia, Ecuador votó a favor del colombiano Luís Moreno como presidente del BID a solicitud del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Precisamente Luís Moreno había sido embajador de Bogotá en Washington y fue cuestionado por participar en la gestación del Plan Colombia.
Otro hecho que ha evidenciado una postura de ambigüedad en la relación histórica del Ecuador con respecto a Colombia, sucede cuando el 31 de julio del 2005, un reportero ecuatoriano denuncia que “…el ejército de Ecuador se unió a la operación contra los frentes 21, 13 y 48 de las FARC, que estarían escoltando al guerrillero Raúl Reyes y que tienen bloqueado en el departamento del Putumayo”. Esta información fue confirmada por el Mayor General ecuatoriano Reinaldo Castellanos Trujillos.
Pero la violación más grave realizada por el anterior gobierno de Alfredo Palacios, con respecto a la histórica neutralidad del Ecuador ante el conflicto armado en el país hermano se dio cuando ese mismo año, un operativo coordinado de inteligencia de las policías de Ecuador y Colombia ubican y capturan en Quito a presuntos guerrilleros de las FARC que estaban internados en una clínica. Esa coordinación existe, y el hecho más significativo de esta realidad se dio cuando durante la presidencia del Lucio Gutiérrez, en el año 2004, una operación conjunta entre fuerzas del orden colombianas, ecuatorianas y estadounidenses, permitió la captura en Quito de Ricardo Palmero, más conocido por Simón Trinidad, ahora procesado y preso, con una condena de 60 años, en Estados Unidos por la extradición que facilitó el gobierno de Uribe.

Crisis regional.

La pretensión del Álvaro Uribe de aplicar en la lucha contra lo que él define como “terrorismo”, la misma estrategia que utiliza Israel en su combate contra el mundo árabe, puede tener repercusiones impredecibles en el continente latinoamericano.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, ante la posibilidad de que el gobierno de Colombia incursione y viole la soberanía de Venezuela, tal y como lo hizo con Ecuador, ha ordenado el cierre definitivo de su embajada en Bogotá, así como el reforzamiento militar de toda la zona fronteriza con Colombia. Se espera en las próximas horas la expulsión del embajador colombiano en Caracas.
“Señor ministro de Defensa muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro el presidente Uribe y la oligarquía colombiana que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar, no lo vamos a permitir”, ordenó el mandatario venezolano.
Chávez ofreció todo el respaldo necesario, en su conflicto diplomático con Colombia, a Ecuador, indicando: “Pongo a Venezuela en alerta y apoyaremos a Ecuador en cualquier circunstancia”.
Por su parte, el presidente Correa se ha puesto en contacto durante el domingo 2 de marzo con una decena de países con el fin de recabar su apoyo y hacerles partícipes de la gravedad de los hechos ocurridos en la incursión y masacre colombiana en territorio del Ecuador.
La respuesta del ejecutivo colombiano no se ha hecho esperar, y en la misma noche del 2 de marzo, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, reveló documentos preliminares por los cuales se pretende demostrar que Raúl Reyes tenía contactos con el Ministro Coordinador de Defensa Interna y Externa del Ecuador, Gustavo Larrea. Estos documentos, fueron supuestamente hallados en tres ordenadores incautados por el ejército colombiano en el campamento donde fue asesinado Reyes.

Los objetivos de Uribe.

A pesar de que las FARC han hecho público un comunicado por el cual indican que el asesinato de Raúl Reyes no afectará a las negociaciones por el intercambio humanitario, lo cierto es que los objetivos del presidente Uribe son claros: bloquear el proceso de entrega de rehenes de tal manera que quede bloqueada la posibilidad de devolución por parte de las FARC de Ingrid Betancourt.
Si bien la voluntad del ejecutivo colombiano de que Betancourt no regrese viva es una realidad difícilmente cuestionable, lo cierto es que tras las declaraciones de los cuatro ex congresistas liberados el pasado 27 de febrero, donde se indicaba la voluntad de la secuestrada de presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia con un programa de paz para este país, ha puesto muy nervioso a Uribe.
Paralelamente a esto, la intervención colombiana en el Ecuador, pretende claramente convertir al país vecino, en una suerte de Camboya, con respecto al conflicto militar colombiano.
La finalización del acuerdo suscrito por 10 años entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, para la utilización por parte de las fuerzas armadas norteamericanas de la base de Manta, el cual expirará a finales del presente año, y sobre el cual ya se ha posicionado el presidente Correa, con respecto a su voluntad de no renovarlo, también es un elemento a tener en cuenta en la escalada de la crisis diplomática en el área andina.
La base de Manta es una herramienta fundamental dentro de la estructura y estrategia del Plan Colombia, y aunque el gobierno norteamericano no ha hecho declaraciones en firme sobre su salida de la base a finales del 2008, es evidente que forma parte de su agenda de preocupaciones con respecto a la nueva política desarrollada en el Ecuador a partir de la llegada al poder de la llamada “Revolución Ciudadana”.

Artículo elaborado en la noche del 2 de marzo de 2008, publicado en Rebelión, Vamos a cambiar el Mundo y Kaos en la Red, entre otros.

jueves, 21 de febrero de 2008

Prisa y Planeta blanquean la imagen de Uribe

Decio Machado, Bogotá

La concentración del 4 de febrero “contra las FARC” es la última expresión de la estrategia comunicativa del presidente colombiano Álvaro Uribe. Los medios españoles y sus contrapartes en Colombia se han lanzado a una campaña de lavado de imagen tras un año en el que se han destapado las intensas relaciones entre el narcotráfico y los paramilitares con los colaboradores y familiares de Uribe. La diplomacia española se adhiere a las tesis de Bush y las imagenes de Chávez y Uribe reciben un tratamiento mediático en sintonía con la posición del Gobierno y las empresas españolas ante la crisis entre Colombia y Venezuela.

Según los medios de comunicación del Grupo Caracol Radio, en información ofrecida el pasado 23 de enero, Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el presidente más popular de toda América Latina. El índice de popularidad del 80% que se le atribuye, es similar al que tenía cuando llegó al Gobierno en 2002. La noticia procede de una encuesta solicitada por Prisa a la empresa Invamer-Gallup, multinacional encuestadora habitual en el panorama político colombiano. La encuesta, realizada por entre el 17 y el 19 de enero, abarca tan sólo mil consultas telefónicas distribuidas en cuatro ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los trabajos de investigación de Invamer-Gallup han sido cuestionados en varias ocasiones por falta de imparcialidad y de posicionarse al lado del proyecto uribista. Como ejemplo, la multinacional mantuvo durante toda la campaña a la alcaldía de Bogotá el que la victoria sería del candidato conservador y ex alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa. Sin embargo, los resultados finales fueron apabullantes. Samuel Moreno, candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo, se imponía con 43,7% de los votos frente al 28,1% que obtuvo Peñalosa.

Según Vicente Martínez, miembro de la Asociación Colombiana de Sociólogos: “Las encuestas políticas en Colombia no se han caracterizado precisamente por su imparcialidad. Gallup es un fiel ejemplo de esta realidad”. Las declaraciones realizadas hace unos meses por Jorge Londoño, gerente de Invamer-Gallup, al prestigioso diario francés Le Monde, parecen reafirmar lo anterior: “La gente se está endureciendo frente al diálogo y le está pidiendo más al presidente y al Ejército”, asumiendo más un papel de asesor de Uribe que el correspondiente a su profesión.

El epicentro del terremoto

Prisa, accionista mayoritaria de Radio Caracol, ha difundido la encuesta de popularidad de Uribe no sólo en Colombia. Se ha utilizado también Unión Radio, la mayor red de emisoras radiales en lengua española con 28 millones de oyentes repartidos, además de Colombia, en el Estado español, EE UU, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Diarios españoles como El País, Cinco Días, Diario Jaén, El Correo de Andalucía, Odiel Press en Huelva o La Voz de Almería se han hecho eco de la noticia al igual que se han utilizado las plataformas de Prisa en México (Radiópolis), Chile (Padahuel) o Bolivia (El Nuevo Día), entre otros. En junio de 2005, el presidente Álvaro Uribe agradecía la “fe y confianza” de los inversionistas extranjeros en Colombia, al inaugurar la nueva sede de emisoras de Caracol Radio, y condecorar con la Orden Nacional al Mérito al fallecido presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco. “Esta nueva inversión de Caracol en Colombia, en esta ocasión liderada por el Grupo Prisa, es una muestra de confianza en nuestra patria”, dijo Uribe en la ceremonia.

Caracol Radio está integrada en el Grupo Latino de Radio (GLR), un holding de más de 1.200 radios que el grupo Prisa controla en América Latina, además de televisiones, varios diarios de prensa, portales de internet y encuestadoras. Bajo la cadena Caracol operan más de 10 cadenas de emisoras de AM y FM en distintas frecuencias de todo el país.

Imagen controvertida

El año 2007 fue crítico para el Gobierno de Uribe. La parapolítica estuvo durante meses en todos los medios de comunicación. 40 parlamentarios del arco político uribista fueron investigados y varios de ellos detenidos. Igualmente, salieron a la luz las relaciones familiares y políticas de Uribe con el cártel de Cali, una realidad silenciada durante mucho tiempo. Relación que se ponía de manifiesto con el descubierto vínculo de su principal asesor José Obdulio Gaviria con el narcotráfico. Gaviria acompañó personalmente a su primo, Pablo Escobar, durante la campaña ‘Medellín sin Tugurios’ financiada por el cártel de Cali. Fue importante también el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, quien coordinaba las acciones del grupo paramilitar denominado ‘Los Doce apóstoles’, también con vínculos con Pablo Escobar. Otro caso famoso es el de William Vélez, primo del presidente, que acompañó a Escobar en una campaña, y que es compañero de partido de Mario Uribe, otro primo del presidente en el Senado, quien presentó el proyecto de ley Justicia y Paz que otorga el perdón y el olvido a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por paramilitares.

Con la famosa marcha contra las FARC se ha diseñado una nueva campaña, para eliminar de los medios de comunicación y de un solo plumazo las vinculaciones de Uribe con el narco-paramilitarismo o los cuestionamientos a la ineficacia del Plan Patriota (un proyecto contra insurreccional, disfrazado de lucha contra el narcotráfico), al tiempo que se ha habilitado un nuevo debate nacional sobre un cambio constitucional que permita a Uribe presentase a las presidenciales en 2010.

Tanto Prisa como Planeta cuidan la figura de Uribe con imágenes e informaciones donde predominan sus abrazos con el rey, Zapatero o Rajoy, por encima de denuncias internacionales por represión social y sindical, violación de derechos humanos, atentados contra las comunidades indígenas, o sus ya referidas relaciones con el narco-paramilitarismo.

LOS ‘MASS MEDIA’, ALIADOS INDISPENSABLES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN COLOMBIA
“Los medios de comunicación españoles en Colombia están desarrollando el papel de legitimación de la peor crisis humanitaria existente en los países de occidente”. Así denuncia Edgar Robledo, experto en comunicación social de la Universidad de Simón Bolívar, el papel de los grupos mediáticos españoles. También denuncia a DIAGONAL que “la presencia de más de 136 multinacionales españolas en territorio colombiano marca no sólo la actuación internacional del Gobierno español en la reciente visita de Uribe a Madrid, sino también el papel que desarrollan sus multinacionales mediáticas en Colombia, ¿o es que acaso existen dudas sobre el papel financiador a través de la publicidad, y en algunos casos incluso de la participación indirecta en el accionariado, por parte de estas corporaciones en los grupos mediáticos españoles?”. En ese sentido, BBVA, SCH, Gas Natural, Unión Fenosa, Cepsa o Repsol, por enunciar algunas, son fácilmente identificables como clientes del departamento de publicidad no solamente de Caracol (Prisa) o del diario El Tiempo (Planeta) en Colombia, sino de sus múltiples empresas mediáticas a lo largo y ancho del continente, así como en el Estado español. El conservador Grupo Planeta, que a finales de julio de 2007 se hizo con el 55% del accionariado del diario más importante de Colombia, El Tiempo, también se ha posicionado claramente en la rehabilitación política de la figura de Uribe. Para ello no solamente utiliza el principal medio de comunicación colombiano, sino también su influencia en los medios españoles (Antena 3, donde es accionista de referencia junto a De Agostini, Onda Cero, Radio España, La Razón, el gratuito ADN o el Avui catalán donde coparticipa en su accionariado con Godó). Pero lo más sorprendente de esto no es solamente la manipulación mediática de los índices de popularidad de un presidente vinculado al paramilitarismo y al narcotráfico. Los grupos de comunicación españoles en América Latina están siendo la fuente de propagación de declaraciones como la emitida por Zapatero tras la entrevista con Uribe el 23 de enero: “El gobierno español está y estará con el Gobierno de Colombia cuando deba enfrentar un problema de soberanía”, palabras con las que se alineó con las tesis de Bush respecto a Colombia y la actual crisis diplomática que este país vive con Venezuela.

Fuente: Publicado en el periódico Diagonal nº 72, el 21 de febrero de 2008

jueves, 7 de febrero de 2008

Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’

Decio Machado, desde Barranquilla (Colombia)

“España está con Uribe y con Colombia”. Con estas palabras se resume el contundente apoyo brindado por José Luis Zapatero a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en su visita a Madrid el 23 de enero.



El mandatario colombiano fue recibido entre otras personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno José María Aznar y Felipe González, así como por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE, quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza en él… y tiene todo nuestro apoyo”.

La relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta, y de manera especial por las que actúan y sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además, viola todas las cláusulas internacionales que los países de la UE tienen establecidas para no colaboración con Gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.

Narcoparamilitarismo y Uribe

La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80, cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28 meses como director del Departamento de Aviación Civil, apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona (considerado el número dos del cártel de Medellín en aquella época), según denunció el escritor colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.

Los negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló cómo se había extraído 43 millones de pesos (aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato fantasma” que Uribe estableció con la entidad Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por el Banco Real de Colombia.

Otro episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el 15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos, muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el actual presidente colombiano se desplazó a la finca Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, como el clan de los Ochoa.

En su libro Mi confesión, el difunto líder narco-paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.

Uribe fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, todo ello con dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose en grupos punitivos, que terminaron asesinando y secuestrando. Fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión fascista del Estado, con fundamental aplicación en las zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.

Fue amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40 congresistas por vínculos con la “parapolítica”.

El ‘entorno’ de Uribe

Con Uribe están alineados políticamente la mayoría de los congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al presidente de la República.

El primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado a Uribe en temas específicos de su campaña electoral. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.

También destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”, pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico), cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario) en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.

El empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista Clinton’, tampoco puede entrar en territorio norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se desplaza a estos territorios.

Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato de potasio. Las investigaciones demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de Moreno Villa. Según denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor del libro El Señor de las Sombras – Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001, Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue el más grande importador de permangánato de potasio en Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico global de cocaína procesada”.

Según la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de Medellín.

Según Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el entonces presidente Betancur detectó su presencia en una cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.

El 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado, durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se decomisó un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X. El 21 de abril, Uribe se entrevista con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia, para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero, no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente “lo habían prestado a un amigo”.

ENTRE 7.000 Y 15.000 DESAPARECIDOS DESDE 1977

El Gobierno de Uribe representa la necesidad de centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra contra la insurgencia y contra cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su modelo económico se caracteriza por una gran acumulación y concentración de capital y tierras en pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de los colombianos viven por debajo de la línea de miseria, y el 10% en condiciones de indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los dos primeros años de su mandato, dos de los más grandes grupos económicos del país ya habían triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como centralización del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Según la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977. Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta asociación, indica que la cifra real podría superar los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias no denuncian por miedo a las posibles represalias. Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen organizado.

Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal, el pasado 7 de febrero de 2008

viernes, 25 de enero de 2008

El Salvador: Detenciones vinculan a Arena con los ‘narcos’

DECIO MACHADO

Las últimas detenciones en el caso del asesinato de los tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chófer el pasado 19 de febrero en Guatemala complican al partido salvadoreño en el poder, Alianza República Nacionalista (Arena). La policía guatemalteca detuvo el 3 de enero a Carlos Gutiérrez, alias ‘Montaña 3’, y giró orden internacional de captura para Manuel Castillo, ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y alcalde electo de Jutiapa, considerando a ambos autores intelectuales de los crímenes.

Las declaraciones de las autoridades salvadoreñas y en especial del presidente Tony Saca, planteando que los asesinados habían sido confundidos con traficantes colombianos, han quedado definitivamente desacreditadas tras las últimas investigaciones y la detención de ‘Montaña 3’. Entre los diputados muertos, se encontraba Eduardo D’Aubuisson, hijo de Roberto d’Aubuisson, fundador de Arena y de los escuadrones de la muerte en El Salvador. El móvil del asesinato fue el robo de droga o dinero vinculado a la droga, indican las declaraciones de los sindicados. Pese a que las autoridades salvadoreñas han intentado por todos los medios descartar que los diputados de Arena transportaran sustancias ilícitas, esta versión se ha hecho insostenible. Tony Saca ha negado siempre la vinculación de salvadoreños en el crimen, otra cuestión que ha quedado en entredicho según han ido avanzando las investigaciones.

Las últimas informaciones indican que los autores del crimen llamaron en múltiples ocasiones a El Salvador el día de los asesinatos. Entre las llamadas aparece en tres ocasiones el ex diputado conservador salvadoreño Horacio Ríos. La preocupación en los medios ‘areneros’ es patente: la complicidad en las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y El Salvador ha cambiado con la toma de posesión de Álvaro Colom, y la posibilidad de que se destape todo un entramado delictivo que vincule a Arena con el narcotráfico en Centroamérica no beneficiaría en nada al Gobierno salvadoreño, tan sólo a un año de las elecciones presidenciales que registran un alto índice de posibilidades de triunfo del opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En Guatemala, seis civiles y dos policías se encuentran en este momento detenidos por el asesinato de los diputados ‘areneros’ del Parlacen.

A ellos hay que sumar los cuatro policías autores directos del crimen que fueron asesinados con la complicidad de la policía guatemalteca en el penal de alta seguridad El Boquerón, para que no declarasen.

Fuente: Este artículo fue publicado en el periódico Diagonal el pasado 24 de enero de 2008